El gobierno insiste con los juegos online

Frente a este problema en diversos países se ha actuado con disposiciones más o menos regulatorias según su cultura, tradición y de acuerdo a las diversas opciones ideológicas.

El desarrollo de los juegos online y la posibilidad creciente de la expansión de los mismos ha incrementado la necesidad de regularlos de manera de controlar su evolución, evitar desviaciones y atenuar los riegos sobre la sociedad y la población, especialmente sobre quienes participan en estos juegos.

La competencia comercial entre los operadores, las fuentes de trabajo generadas por esta actividad y el papel del Estado como regulador y recaudador impositivo aportan complejidad al problema, máxime que es cada vez más conocida la aparición de una patología médica, la ludopatía, que ha convertido la expansión descontrolada de los juegos de azar en un problema de salud pública en el que el Estado tiene una alta cuota de responsabilidad.

Los estudios más reciente revelan que en nuestro país hay una población cercana a las 200.000 personas que de una u otra manera están afectadas por esta afección que la padece el 1,3% de los uruguayos y la sufren sus familiares y allegados más cercanos.

El juego online aumenta el riesgo de ludopatía y el número de usuarios y el dinero que invierten en esta actividad supera al de otros juegos que pueden provocar adicción.

Los juegos por internet son muy accesibles, y ofrecen una 'recompensa' inmediata. Sobre todo el póquer y las apuestas se han incrementado significativamente a nivel mundial y en la actualidad el número de usuarios y el dinero que invierten en esta actividad supera al de otros juegos que pueden provocar adicción, como los que se desarrollan en los casinos convencionales.

Estudios comparativos han demostrado que mientras que con el juego convencional se suele tardar entre seis y ocho años en desarrollar ludopatía, jugar a través de internet puede generar adicción en tan solo uno o dos años

Según los expertos, la popularidad de este tipo de juegos, y lo que los hace tan peligrosos, es su accesibilidad y la inmediatez de la recompensa, al igual que ocurre en el caso de las máquinas tragamonedas que en nuestro país han sido tan difíciles de controlar y regular.

Se estima, además, que un alto porcentaje de las personas que utilizan las llamadas “tragaperras” online terminan por desarrollar alguna clase de adicción al juego.

Algunos expertos afirman que el perfil del jugador también es diferente, y que afectaría muy particularmente a personas muy jóvenes, alrededor de los 20 años, y advierten de que el manejo de las nuevas tecnologías a edades cada vez más precoces puede suponer un riesgo más para que los adolescentes puedan incurrir en conductas adictivas de este tipo.

En estos días, en la Cámara de Diputados se está considerando un proyecto de ley que habilita múltiples plataformas online para los juegos de azar.

La coalición de gobierno y más particularmente el presidente de la República han promovido esta ley que ya ha merecido una media sanción del Senado, aunque ya han surgido en la oposición frenteamplista y en algunos legisladores de Cabildo Abierto, legisladores que se proponen introducir modificaciones a este proyecto de ley.

En la academia, en los trabajadores de los Casinos del Estado e incluso en operadores empresariales, dicha ley ha merecido severas críticas, señalándose que es apresurada, imprecisa y hecha sin tener en cuenta las experiencias internacionales que han fracasado, justamente por no haber sido lo suficientemente rigurosas y restrictivas, por no haber destinado recursos suficientes al contralor y monitoreo y no haber optado por una plataforma única que evite o aminore la competencia comercial y eventualmente limite o prohíba la propaganda y el marketing -particularmente sobre la población en riesgo-, cuyas acciones estimulan y promueven el juego.

Recientemente el Dr. Oscar Coll, médico psiquiatra y especialista en ludopatía, ha advertido que la liberalización de los juegos online que habilita esta ley no solo no controla los efectos adversos, sino que podría incrementar el daño hasta casi duplicar la población agredida.

Recientemente, Roberto Palermo, presidente de La Banca de Quinielas, dijo que “el liberalismo aplicado al juego es un grave error” y abrió un debate con ribetes ideológicos sobre los casinos online.

Palermo sabe de lo que habla, los uruguayos apuestan por US$ 500 millones anuales y se entregan en premios US$ 300 millones, según señaló en una entrevista realizada para El Observador.

“El gasto bruto en las apuestas, sin embargo, no es un indicador. Se deben tomar las apuestas menos los aciertos, que son los premios abonados”.

La venta bruta en juegos es de US$ 500 millones anuales y el consumo efectivo, restando los aciertos, es de US$ 200 millones anuales. De la ganancia, el Estado se lleva el 76% y los concesionarios el 24%.

La Banca de Quinielas tiene 80 años de experiencia y Palermo hace varios años advierte sobre el problema de la ludopatía a la que señala como uno de los perjuicios más notables del juego.

En la Banca de Quinielas -agrega- hay una base de datos que detecta los límites de juego y la plataforma puede sacar a un jugador si se advierte que está en problemas.

Más allá de lo que afirma, lo cierto es que en lo que Palermo denomina acertadamente “un mercado en competencia” se promueve el juego y el mismo causa un daño a la sociedad y hay consenso en que si se quieren acotar los riesgos, debe estar limitado con una regulación muy restrictiva.

El juego, sin duda, produce adicción como la droga.

Es conocido que mucha gente juega para aliviar la ansiedad. Los juegos en plataformas digitales, de alta frecuencia y muy intensos, pueden adquirir efectos adictivos que llevan al jugador a continuar en una evasión permanente.

El juego genera poco valor en la economía porque es esencialmente una transferencia (de dinero) de los que pierden a los que ganan.

Al no generar tanto valor como otros bienes o servicios de la economía, no produce un efecto multiplicador.

Se suma a este hecho de la teoría del valor, el de que es una actividad que puede producir daño social como lo ha comprobado fehacientemente el mundo científico, por lo que no puede ser considerado una actividad de ocio convencional y por tanto no debe regirse por las leyes del libre mercado.

Internacionalmente hay experiencias de legislar el juego desde, al menos, dos marcos ideológicos.

Uno es el monopolio del Estado que otorga concesiones, este es el caso de Uruguay.

Los concesionarios son mandatados por el Estado para cuidar y proteger a la sociedad sin exacerbar la publicidad, sin otorgar beneficios para aumentar el consumo y cuidando que la competencia no afecte la salud del participante. Hay una actividad responsable. El otro marco ideológico es un mercado en competencia.

En cambio, en un mercado en competencia, se promueve el juego, que puede causar adicción como la droga. Hay que actuar con mucha responsabilidad inclusive a la hora de legislar estos temas. Lo cierto es que el juego causa un daño a la sociedad y debe estar limitado.

En el proyecto de ley a estudio del Parlamento parece optarse por un sistema de múltiples plataformas que desencadenaría una libre competencia entre los diferentes operadores.

Si se aprobara, al menos como está ahora, sería un retroceso y se dejaría atrás la historia regulatoria de Uruguay para la explotación del juego. Estarían conviviendo la regulación y el libre mercado para los casinos online. En realidad, como parece sugerir el Dr. Óscar Coll, los 50.000 uruguayos que se benefician de alguna manera con los juegos “se matarían” por obtener el concurso de los 70.000 jugadores ludópatas que se generarían con el impulso de los juegos online.

El modelo liberal de lo que el presidente llama “la libertad responsable” en este caso parecería un traslado dogmático con riesgos muy evidentes para la salud pública.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Estado no debería resignar su responsabilidad en la protección de sus ciudadanos y las empresas operadoras debieran asumir su cuota parte.

En Inglaterra, en donde se ha adoptado el modelo más liberal y hay un marco de competencia, el 5% de los jugadores generan el 80% de las ventas y las empresas se disputan ferozmente a esas personas con beneficios, bonos, promociones, telemarketing, etc.

El Parlamento debería analizar muy bien lo que está legislando y escuchar muy atentamente a todos los involucrados porque los problemas con el juego afectan socialmente, ocasionan problemas de salud mental y alteran el bienestar económico de un sector muy vulnerable de la población.