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Sociedad hogar | riesgo |

"Caos" en dispositivo del Mides

Hogar de madres El Zorzal: "Trabajamos en una frustración permanente"

Problemas de convivencia, violencia, vandalismo y falta de herramientas para abordar estas situaciones afectan la gestión de este hogar inaugurado como modelo para la autonomía de familias vulneradas.

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Como refugio y nueva oportunidad para madres de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inauguró en 2021 el hogar El Zorzal, ubicado en el barrio Buceo de Montevideo.

El ministro que cortó la cinta de este espacio en aquel entonces fue Martín Lema, quien en la ceremonia inaugural destacó que el dispositivo representaría un cambio en el paradigma del modelo de atención, promoviendo estrategias específicas para cada familia orientadas al egreso y a una mayor autonomía. Pero en los últimos años este centro fue noticia en varias oportunidades por denuncias de sus usuarias, quienes reclamaron por malos tratos y deficiencias en la alimentación. Sin embargo, poco se conoce sobre la realidad que enfrentan los equipos de trabajo de este centro, que son parte de una cooperativa integrada por unas 40 personas que asiste a más de 130 personas, entre madres e hijos.

Un sistema "mezquino"

Un grupo de exfuncionarios del hogar accedió a brindar su testimonio a Caras y Caretas, bajo la condición de anonimato, por temor a represalias. Según relataron, además de los desafíos inherentes a su trabajo, enfrentan riesgos de seguridad, frustración profesional y un sistema que, aseguran, no les brinda las herramientas necesarias para desempeñar su labor de manera efectiva. Describieron un entorno laboral exigente y emocionalmente desgastante: "Cumplimos un turno como cualquier trabajo, pero con la diferencia de que no es un trabajo de escritorio ni de fábrica; se trabaja con personas emocionalmente lesionadas, y la demanda es continua", ya que el perfil de las usuarias es diverso, desde mujeres que enfrentan vulnerabilidades recientes hasta aquellas con una "cronicidad de calle", incluyendo familias que han transitado por múltiples dispositivos del Mides. "El sistema muchas veces es mezquino. Ves mujeres con hijos adolescentes que de niños pasaron por la misma situación; se les da otra oportunidad, pero la historia se repite y se repite. Y si bien es un centro de diagnóstico y derivación de calle, los equipos terminan abordando otros temas, como la violencia doméstica o la salud mental".

Por otro lado, explicaron que si bien los equipos de trabajo de este centro tienen una “pata educativa” que trabaja cotidianamente sobre los hábitos de higiene, alimentación, etc., no son un equipo represivo, por lo cual tienen determinados límites a la hora de trabajar. “Nosotros intentamos, por ejemplo, que bañen a sus hijos, que los atiendan, pero no somos del Ministerio del Interior ni usamos la fuerza. Entonces, hay mujeres que se adaptan y cumplen, que incorporan los hábitos, que intentan salir adelante, así como otras que llegan tan dañadas que nos ven como enemigos. Te aman y te odian de la misma forma. Entonces el trabajo se vuelve muy complejo. Por más que tengamos la formación y las ganas que requiere este trabajo, trabajamos con la frustración permanente, la de las usuarias y la que genera no lograr determinados avances”.

Con respecto a la denuncia que realizaron semanas atrás las usuarias del programa, alegando malos tratos y comida en mal estado, expresaron: “No hay malos tratos hacia ellas, sino que muchas veces el maltrato lo recibe el trabajador. Desde la agresión física hasta la amenaza de muerte. Dos por tres amenazan con cuchillos. Se trata de que no tengan nada que pueda lastimar a otra persona, pero eso es muy difícil porque es un sistema abierto y ellas tienen salidas a determinados horarios”.

Sobre la alimentación, contaron que se sirven cuatro comidas diarias, que las usuarias tienen que colaborar con los encargados de cocina en la elaboración, pero que “la mayoría de las veces no van”. Explicaron que no se come lo mismo en el almuerzo que en la cena: “En la casa de cualquier trabajador, muchas veces se cocina una comida sola porque no da el presupuesto, pero en el hogar se hacen dos comidas diferentes”.

Una de las fuentes explicó que los menús del centro son elaborados en conjunto con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), quien entrega todos los productos secos, y reconoció esfuerzos por mejorar el servicio. Según relató, "es la misma comida que comíamos nosotros, porque cuando terminaban de comer las mujeres, sobraba comida y no comprábamos otra".

No obstante, mencionó que también enfrentaron algunas dificultades con el suministro del frigorífico: "A veces pasaba que tenían que venir bolas de lomo y mandaban otra carne, pero se reclamaba y se resolvía”. Aunque señaló que ocurrieron algunas irregularidades con la calidad de los alimentos, como el estado de ciertas carnes, afirmó que esto se soluciona gestionando reemplazos y comparó la situación con experiencias cotidianas: "Eso ha pasado, pero te pasa a vos cuando vas al supermercado". Asimismo, destacó que, a pesar de las complicaciones, se lograba incluso coordinar adelantos de pedidos para garantizar el suministro de alimentos, dado que "sin comida no te puedes quedar".

Trabajo de riesgo

Uno de los puntos más críticos que enfrentan los trabajadores es la inseguridad, tanto en el interior del hogar como fuera. El centro funciona 24 horas, por lo cual algunos turnos cambian a las 00, lo que implica que se muevan en horarios “complejos”. Entre las principales dificultades, mencionaron la existencia de una boca de drogas que funciona al lado del centro, lo que es motivo de múltiples problemas. "Hay muchas usuarias que tienen consumo problemático de drogas y están constantemente expuestas a todo lo que les sucede a las mujeres que frecuentan estos lugares, donde muchas veces las violentan o abusan. En determinado momento hicieron un boquete en la puerta para pasar droga; lo arreglamos, pero volvieron a hacerlo", señaló una de las fuentes.

Consultada por el accionar de las autoridades ante esta situación, expresaron: “Cuando descubrimos la boca, quienes la manejan vinieron y nos amenazaron en la puerta del centro, por lo que se le planteó la situación al Mides. En ese momento nos dijeron que nosotros debíamos hacer la denuncia, a lo que respondimos que no nos correspondía. Después, cuando el presidente (Lacalle Pou) estaba de viaje, (Beatriz) Argimón visitó el centro y se le informó sobre la boca. Hubo algún movimiento policial, la cerraron, pero en un par de días estaba abierta nuevamente”.

Además, mencionaron reiterados episodios de amenazas directas hacia el equipo de trabajo por parte de las mujeres que viven en el hogar y un grave caso de filtración de datos personales de los trabajadores. “Muchas veces hay incidentes y agresiones entre las usuarias, hacia sus hijos o hacia integrantes del equipo de trabajo, o también vienen los agresores de las mujeres a la puerta del centro y ellas se van con ellos, lo que puede implicar un riesgo para las madres o los niños, son todas situaciones muy normales. La violencia campea en la sociedad, y con la población que trabajamos nosotros mucho más, sumado a que en los últimos años se recrudeció. Como tenemos muy pocas herramientas para enfrentar estas situaciones de riesgo, terminamos haciendo una denuncia policial que la puede hacer la institución o los médicos que constatan las lesiones, cuando es el caso. Lo que sucedió en un par de oportunidades es que cuando hicimos la denuncia por parte de la institución, que piden datos personales de quien radica la denuncia, filtraron nombres, teléfonos y dirección a las usuarias, lo que conllevó a amenazas hacia las denunciantes, incluso amenazas de muerte. Esto fue en la seccional especializada de Cufré”.

Estas situaciones llevaron a los trabajadores a tomar medidas drásticas: “Decidimos no hacer más denuncias hasta que el Mides y el Ministerio del Interior garantizaran nuestra seguridad. Sabíamos que estábamos incumpliendo el convenio, pero no podíamos seguir en riesgo. Entonces, hubo una reunión con el Ministerio del Interior donde se acordó que al hacer denuncias se daría el teléfono y la dirección del hogar y no las direcciones particulares de trabajadores y trabajadoras. Además, siempre que vamos a hacer una denuncia se avisa al Mides para que tome cartas en el asunto”.

Definieron la actual gestión del Mides como “un caos” y señalaron la necesidad de cambios urgentes en la gestión del centro, con especial énfasis en el rol que debería desempeñar el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau): "La desvinculación no es lo más lindo, pero en algunos casos es lo que queda, porque el bien mayor es el niño". En esos escenarios, sugirieron trabajar con las madres en otros dispositivos para abordar problemáticas específicas, especialmente cuando hay antecedentes de agresión hacia los menores.

Asimismo, señalaron que las soluciones no pueden ser uniformes, ya que "no todos los casos son iguales". También criticaron ciertas actitudes asistencialistas que se perciben en el centro, así como el vandalismo que afecta las instalaciones. "Rompen cosas y ensucian espacios a propósito porque total es gratis", afirmó, y añadió que esto supone un desafío debido a los presupuestos acotados para reparaciones.

Mencionaron también la dificultad de promover responsabilidades parentales entre algunas mujeres, quienes a veces delegan completamente el cuidado de sus hijos al personal del centro. "Te dicen que son sus hijos, pero después pretenden que vos se los bañes y se los alimentes, cuando el trabajo es otro", concluyó.

Frustración profesional

A pesar de la dedicación del equipo, explicaron que la desarticulación de otros programas del Mides —como los programas de mujeres solas, los ETAF y los SOCAT— complicó el trabajo. Según relataron, la actual Administración “desmanteló” equipos técnicos y redujo personal en otros dispositivos, dejando a trabajadores sin capacitación adecuada frente a situaciones complejas. "A veces es frustrante para quienes tienen formación profesional, imagínate para los que no la tienen", enfatizó. "Trabajamos con la frustración constante, tanto la de las participantes como la nuestra al no poder lograr determinados avances", añadió.

El hogar El Zorzal, único centro diagnóstico y de derivación del país, opera con sobrecupo, atendiendo a más de 130 personas incluidos niños, niñas y adolescentes. Los trabajadores destacan la importancia del programa, pero insisten en la necesidad de condiciones laborales dignas y mayor apoyo institucional para enfrentar los desafíos diarios. “Los equipos trabajan desde el humanismo, respetando los derechos humanos, de lo contrario iríamos en contra de nuestros principios. Las agresiones, mayormente, se las llevan los trabajadores”.

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