A poco más de una semana de decretada la emergencia hídrica a raíz de la "falta de lluvias" por Presidencia de la República y en un escenario de agotamiento sostenido de las reservas de Paso Severino –que se encuentra al 2% de su capacidad total–, la gravedad de la situación se volvió evidente para el área metropolitana. Pero ¿Qué sucede con el resto del país? ¿Hay antecedentes de una sequía como esta?
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En diálogo con Caras y Caretas, el ingeniero agrónomo Alfredo Bruno, especializado en Ciencias Ambientales, destacó que en el correr de los años hubo sequías importantes, "pero no como esta, de casi 3 años sin lluvias". En ese sentido, se refirió al Proyecto Producción Responsable (PPR), realizado entre 2005 y 2012, con actividades que llegaron a todo el país y con una parte dedicada específicamente a la sequía que tenía como público objetivo los pequeños productores rurales de algunos departamentos del interior del país –Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Maldonado, Treinta y Tres, Flores, Rocha, Florida y Canelones–.
El proyecto inició en 2005, siendo Alfredo Bruno uno de los fundadores y quien redactó el mismo; designado por el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en su momento, el ingeniero Ernesto Agazzi. "Agazzi me conocía de toda la vida, desde facultad y después fuimos compañeros en el penal de libertad. No nos vimos durante la etapa del exilio y para cuando volví él ya era legislador", contó Bruno y explicó que ya se venían haciendo las gestiones con el Banco Mundial "para financiar mediante subsidios a los pequeños y medianos productores agropecuarios", para el cual fue designado como "encargado de armar el proyecto y dirigir al equipo".
Construyendo desde la confianza
Según recordó el ingeniero, en su momento el monto que se logró conseguir el PPR "sorprendió a todos", fueron 40 millones de dólares destinados en total. La mayor parte como fondos reembolsables del Banco Mundial, otra parte de una donación del Fondo Mundial del Medioambiente (Global Environment Facility, GEF) por 7 millones, y por último, los fondos de contrapartida del MGAP de 3 millones. La condición era que los pequeños productores fueran subsidiados por buenas prácticas.
Respecto a quiénes comprendía el proyecto, Bruno explicó que el mismo estaba dirigido a pequeños productores exclusivamente, entendiéndose como tal que las personas vivieran en el campo que trabajaban y dependieran de él. Es decir, que no fueran inversionistas o dueños que vivieran en la ciudad y estuvieran en la industria.
La dinámica fue que cada pequeño productor propusiera un "subproyecto". "Es decir, si quería mejorar sus pasturas, mejorar sus bebederos y sus efluentes de Tambo o mejorar aspectos del manejo de los pesticidas o todo eso", explicó el ingeniero. Una vez aprobado, se subsidiaba el 80% del costo y el otro 20% era aportado por el productor de alguna manera. Esto último, según explicó el profesional fue abierto a aceptar trabajo u otras formas de retribuir ese porcentaje de acuerdo con las posibilidades.
La gran dificultad, que llevó cerca de un año superar, fue restablecer la confianza. Tal y como describió el ingeniero:
Los acuerdos fueron brindando el subsidio de a poco, a medida que los proyectos iban avanzando, midiéndose a través de técnicos locales que integraron el equipo del Proyecto. "Así fuimos ganando la confianza y terminamos con más de 5 mil beneficiarios", expresó y contó que el proyecto además incluía cursos, materiales divulgativos y reuniones con los productores de cada zona.
La tecnificación permitió más adelante ir sumando a otros productores, mediante la muestra de los proyectos anteriores. En ese sentido, el ingeniero a cargo del proyecto destacó que si bien era un proyecto a término –se pensó para 6 años, extendido a 7 luego de considerar que el primer año fue de divulgación–, fue pensado para obtener resultados de larga duración.
¿Qué sucedió en el sur del país?
Consultado respecto a la inclusión del sur del país en este proyecto u otros, el ingeniero explicó que en el sur del Uruguay no se habían sufrido sequías tales como las que azotaron al norte del país. "En el sur en aquella época no hubo sequía grandes, así que la falta de agua en el Río Santa Lucía no nos pasó", detalló.
Se trabajó en el Santa Lucía desde otros aspectos vinculados a mejorar las prácticas y hacer uso responsable de los recursos con los que se disponía. "Lo que sí trabajamos mucho en la Cuenca del Santa Lucía con dos rubros. Por un lado, con mejorar la producción hortícola y frutícola, y por otro, la producción lechera; en Canelones y Florida. Pusimos foco en esos productores y en esa Cuenca en particular, porque es y siempre fue una Cuenca fundamental para dos tercios de la población del país", detalló.
Sin embargo, la capacidad y posibilidades eran limitadas, y en el caso del agronegocio, quien regula debe ser el Estado. En ese aspecto, considerando la gran contaminación que se denuncia de las cuencas principales y consultado respecto a la prevención de que vuelva a ocurrir una crisis o se vuelvan a agotar recursos, insistida en gran parte por la Academia, Bruno manifestó:
Por último, teniendo en cuenta el éxito del Proyecto Producción Responsable y la reciente crisis hídrica vinculada al largo periodo de sequía, consultado por si podría aplicarse proyectos similares para mitigar los efectos de la sequía o prevenir una crisis hídrica, Bruno cuestionó: "Podría, pero tiene que haber voluntad política y presupuesto. Ya estamos viendo cómo se maneja ahora, que todo lo que implica una inversión, se mira como un gasto y da urticaria, da alergia".