Sin embargo, el camino de quienes migran a Uruguay está lejos de ser sencillo, con dificultades para regularizar su situación y un sistema que muchas veces no está preparado para recibirlos. Las políticas públicas deben adaptarse para facilitar una integración efectiva, evitar la precarización y la discriminación. Además, en un contexto global donde los discursos xenófobos cobran fuerza, nuestro país debe promover narrativas basadas en la convivencia y el respeto por los derechos humanos.
Para abordar el tema desde la sociedad civil, en Caras y Caretas conversamos con Hendrina Roodenburg. Rinche —conocida así por muchos— es activista y referente en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Desde la Red de Apoyo al Migrante y otras organizaciones, es testigo de los obstáculos que enfrentan quienes llegan al país buscando una oportunidad.
¿Qué significa hoy migrar a Uruguay? ¿Cómo afectan los recortes de financiamiento internacional a la asistencia que reciben estas personas? ¿Qué pasa con la trata y la explotación laboral en este contexto? Rinche responde a estas preguntas con una mirada crítica, y también con la convicción de que la solidaridad y la creatividad son imprescindibles para transformar la realidad.
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Según lo que ha podido apreciar desde el trabajo que realiza dentro de la sociedad civil, ¿cómo valora la situación de las organizaciones que vienen abordando el fenómeno migratorio en nuestro país?
Creo que todo lo que tiene que ver con movilidad humana en estos tiempos, en esta coyuntura reciente, está en un momento muy extraño. De repente, un día desde EEUU se cortan muchos fondos para agencias internacionales que todo el mundo pensaba que iban a estar siempre. No es que vayan a desaparecer las agencias, pero sí muchas de las cosas que están haciendo, muchos de los programas. Y esto ya se está sintiendo con una rapidez que creo que nos sorprendió a todos. Aquí hay gente a la que le dicen "no te vamos a renovar el contrato", que se queda afuera, o que tal programa no se va a poder hacer.
Hemos trabajado varias veces con estas agencias y con mucha de su gente, nos conocemos, y aunque perder un empleo en Uruguay no es fácil, hay que tratar de no dramatizar porque es gente muy capaz, con muchas habilidades, que de alguna manera encontrará algo bueno para hacer y generar ingresos.
Además, considero que para la sociedad civil es un momento de reinventarse, porque siempre podemos mejorar. También es una alerta. ACNUR, OIM son organizaciones internacionales que siempre mencionan el dinero de donantes, pero mucho de ese dinero viene de EEUU. Me doy cuenta de que no había visualizado hasta qué punto en América Latina dependíamos de ese financiamiento.
Seguramente, tendremos que buscar otros aliados y ser más creativos. Gran parte del trabajo que se estaba haciendo no podrá continuar; si no hay trabajadores para llevarlo adelante, es imposible. Las oficinas quedan reducidas y con equipos más pequeños.
Ya que menciona los recortes de financiamiento para programas sociales por parte de la nueva Administración estadounidense, hablemos también de las consecuencias del cierre de fronteras y la expulsión de migrantes de su territorio. ¿Cómo vislumbra el impacto de estas políticas en Uruguay?
Sí, yo creo que todo es muy relativo. Obviamente, hay terribles vulneraciones de derechos, como siempre. Me parece triste que, en un mundo donde creemos estar tan globalizados, de repente, porque un Gobierno —o incluso una sola persona— se mete ciertas ideas en la cabeza, pueda haber tantas implicancias en la vida de miles de personas.
En Uruguay solemos decir: "Ah, pero en Uruguay estamos bien con los derechos, estamos bien en esto y en lo otro". Y sí, seguramente estamos mejor que muchos países, pero desde la sociedad civil nunca estamos conformes, porque siempre hay mucho por hacer.
No sé qué va a pasar, y creo que nadie lo sabe. He escuchado que hay venezolanos que están siendo deportados y que algunos volverán a salir hacia otros países, mientras que otros se quedarán. Son incógnitas para las que hoy no tenemos respuesta, porque no podemos ponernos en la cabeza de personas que jamás imaginaron estar en esta situación. Sin duda, va a ser complejo, pero ya sin este escenario, la situación no era fácil. Y Uruguay —tú lo sabes también— no es un país fácil ni para los uruguayos ni para quienes vienen a vivir aquí. Es un país donde cada paso que quieres dar para avanzar implica una lucha. Se puede lograr, muchas cosas se pueden hacer, pero regalado no hay nada.
Antes venían cubanos y cubanas a Uruguay con la idea de quedarse un tiempo y luego seguir camino hacia EEUU en busca del "sueño americano". Ahora eso no creo que se pueda hacer, y eso va a cambiar muchas cosas. Pensamos que el flujo de migrantes desde Cuba seguirá, pero veremos qué ocurre, porque es muy difícil planificar sin conocer la magnitud del fenómeno. Ecuador, por ejemplo, está en una situación complicada, y aunque hay personas que emigran, la distancia hace que no sea un destino masivo para Uruguay. No es que de repente todos los migrantes ecuatorianos vendrán aquí.
Imagino que lo que tendremos que hacer es fortalecer el contacto con otros países para coordinarnos mejor. Me duele ver que, en muchos países de la región, cuando hay una gran afluencia de migrantes, la respuesta inmediata es imponer una visa. En la sociedad civil uruguaya estamos en contra de la visa, porque entendemos que siempre es una limitación del derecho a migrar y, además, crea más problemas de los que soluciona. Me parece extraño que limitemos la entrada de migrantes cuando muchos países —incluido Uruguay— reciben una enorme cantidad de turistas sin inconvenientes. Tenemos una gran escasez de vivienda, tanto para uruguayos como para migrantes, pero aún así podemos recibir a miles de turistas que llegan y luego se van. Me pregunto qué pasaría si los flujos migratorios fueran similares a los flujos turísticos. Quizás encontraríamos alguna solución. Creo que la clave está en tener voluntad y, sobre todo, ser solidarios. La solidaridad es la base de todo en la sociedad civil.
También creo que debemos ser honestos. Me llama la atención cuando algunos migrantes llegan y llaman diciendo: "Estoy complicada, llevo 15 días aquí y todavía no tengo trabajo". Pero hay personas que llevan un año o más y apenas consiguen algún trabajo esporádico. Entonces, ¿es una cuestión del imaginario del migrante, que cree que otro país será mejor, o es que no recibió información clara antes de venir? Porque esto también es un problema complejo. Muchas veces hablamos con migrantes de distintas nacionalidades, y cuando cuentan su experiencia a sus familias, no siempre dicen la verdad. A veces dicen: "Sí, sí, estamos bien", pero en realidad están sufriendo. Pueden estar viviendo en condiciones difíciles, pero no lo cuentan para no preocupar a sus seres queridos. Este tipo de situaciones generan una percepción equivocada para quienes están pensando en venir. Alguien escucha a un familiar decir que "todo está bien", pero cuando llega, la realidad es otra. Es un tema muy complejo.
¿El marco regulatorio está bien instrumentado para recibir más migrantes de los que comúnmente se verían o de los que se han venido recibiendo en los últimos años?
Sí, en realidad hay aspectos que se han ido complejizando. Sabemos que hay personas que entran sin visa como solicitantes de refugio y, una vez instaladas en Uruguay, quieren cambiar su categoría migratoria y obtener la residencia. Primero solicitan la residencia temporal, luego la permanente y, con el tiempo, pueden optar por la ciudadanía. Eso es completamente legítimo. Las personas podían ir al consulado uruguayo en la frontera a solicitar una visa. Debían acudir dos veces, una para presentar la documentación y otra para estampar la visa en su pasaporte. Con ese trámite, lograban una entrada regular al país y podían iniciar la solicitud de residencia. En enero de 2023, el Gobierno de turno, que ya no está, emitió una circular en la que estableció que las personas que hubieran ingresado a Uruguay sin visa, provenientes de países donde se exige este requisito, ya no podrían regularizar su situación.
La normativa tuvo un impacto realmente negativo. Conocí a muchas personas angustiadas porque ya no podían solicitar la residencia y, por lo tanto, no tenían posibilidad de reunificación familiar. Eso generó mucha incertidumbre y preocupación.
A mediados del año pasado, el Gobierno aprobó un decreto que habilitaba la "residencia por arraigo" para migrantes en situación irregular. Las autoridades señalaron que había más de 20.000 personas en esa situación, aunque no sabemos cuántas de ellas siguen en el país.
Ahora, en ciertas condiciones, se puede solicitar la residencia por arraigo, pero se debe presentar toda la documentación al mismo tiempo.
En un principio, se prometió que la residencia se otorgaría en un mes, pero actualmente demora entre tres y cuatro meses. Habrá que ver cómo evoluciona con el cambio de administración, ya que en general los nuevos gobiernos buscan mejorar la gestión. Espero que eso ocurra.
De todas formas, hay situaciones que siguen sin resolverse. Por un lado, se intenta reducir la cantidad de solicitudes de refugio pendientes, pero al mismo tiempo sigue llegando gente de países que requieren visa, quienes, al no poder tramitarla, solicitan refugio. Actualmente hay más de 3.000 solicitudes nuevas, y seguramente el número sea mayor.
Por lo tanto, seguimos acumulando expedientes en lugar de encontrar una solución clara y eficiente. Ese es uno de los problemas que persisten, porque el sistema actual no parece lógico. Ahora habrá que ver qué sucede. ¿Vamos a seguir generando angustia durante un año y medio para luego implementar un nuevo plan de arraigo? No lo sé. Desde la sociedad civil siempre hemos visto esta solución como un parche. Es positivo que se haya logrado regularizar a algunas personas, pero no fue suficiente, ni de cerca.
Sabemos que la población migrante, en general, es la más vulnerada en cuanto a sus derechos y puede caer en redes de trata. ¿Qué está ocurriendo en Uruguay en este sentido? ¿Cómo lo ve la sociedad civil?
Creo que estamos muy atrasados en todo lo que se debería hacer. La sociedad civil tiene que estar muy atenta, con los ojos bien abiertos y los oídos dispuestos a escuchar. Porque nadie va a decir directamente: "Ah, mira, soy fulana y soy víctima de trata". No se presentan de esa forma.
Nosotros tenemos que saber escuchar, y eso es complicado. A veces, me ha pasado que, al estar aprendiendo más sobre este tema, he detectado situaciones que me generan sospechas, algo que no me cierra. Por ejemplo, alguien que llama y dice: "Me vine de la frontera porque no me fue bien". Y luego, en la misma conversación, menciona que tenía trabajo desde que llegó. Entonces me pregunto: "¿Cómo es eso? Si tenías trabajo, ¿por qué te fue mal?". Ahí es donde uno puede leer entre líneas y detectar una posible señal de alerta.
Hay de todo. Muchas veces se piensa solo en la trata con fines de explotación sexual, pero también existe la trata laboral, y a menudo se olvida.
El SUNCA está trabajando mucho en esto y es un gran defensor de los derechos de los trabajadores. No distingue entre si una persona es uruguaya o de otra nacionalidad; simplemente es un trabajador que necesita protección. Por ejemplo, están abordando un caso de más de 100 trabajadores chinos que fueron sometidos a condiciones de explotación extrema mientras realizaban obras en el interior del país. Fue una situación terrible. Pero, como era una empresa china, el caso se cortó ahí, como si no se pudiera hacer nada más, cuando en realidad no se puede permitir ese nivel de explotación en Uruguay. Entonces, sí, hay de todo.
Creo que uno de los grandes temas pendientes es la asistencia a los hombres víctimas de trata. Se ha trabajado bastante en el caso de las mujeres, desde el Mides y otras organizaciones, aunque nunca es suficiente. Pero en el caso de los hombres, el vacío es enorme. También sabemos que hay niños, niñas y adolescentes afectados por la trata. Es un problema mucho más amplio de lo que parece.
Lo esencial es entender que cualquiera de nosotros puede estar frente a una persona en esta situación. Eso es lo que más me costó ver al principio, cuando estás con un grupo de 50 migrantes que recién llegaron, te preguntas cómo llegó cada uno. Y después de escuchar muchas historias, cuando se genera cierta confianza, empiezas a notar patrones.
Muchas veces, las víctimas han pasado por organizaciones y ni siquiera reconocen que fueron víctimas de trata. Lo cuentan como: "Me fue mal", "tuve mala suerte", "lo pasé mal", pero en realidad es mucho más grave de lo que dicen.
No se reconocen en esa situación.
Exacto. Y, además, la asistencia a las víctimas en Uruguay es muy complicada. Hay poco presupuesto y, en la mayoría de los casos, no se confiscan los bienes de los responsables de la trata. Hay muchas cosas que se deberían mover, y desde la sociedad civil intentamos presionar para que se haga algo. Porque este es un problema gravísimo, es terrible. Hay mucho por hacer.
