Además, contrario a lo que establece la Constitución, el Estado ofreció “muy poca participación” a la sociedad civil, “lo que ha sido una constante de todos los últimos proyectos”, sentenció. Actualmente, luego de haber recibido el documento de formalización de la negociación entre los privados y el Estado, la Clínica se encuentra comenzando a analizar su contenido, ya que “en caso de merecer los mismos reparos que el anterior, se va a continuar con el juicio”, manifestó (1).
Por su parte el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Carlos Larrosa, señaló a Caras y Caretas que “muchos de los recursos legales” que se presentaron en años anteriores “eran sobre sobre la obra en sí, sobre la calidad del agua” que se tomaba del Río de la Plata “y no tenían ninguna base científica sólida”, recordó. Los recursos “que podrían perdurar en este momento serían los que iban sobre la inconstitucionalidad misma del contrato”, reflexionó.
“Lo más importante es conocer los detalles para saber si al finalizar la obra”, y el período de pago, la propiedad “pasa a manos del Estado, o si sigue siendo privada”, se preocupó. “También es importante recalcar que el área metropolitana no es el único servicio del país que necesita necesita inversiones urgentes”, matizó. En el interior “se precisan obras de infraestructura y nuevos servicios, más que nada de saneamiento”, y el contrato del Proyecto Neptuno “no debe quitar la posibilidad a la OSE de realizar otras inversiones”, evaluó. “Aunque este negocio sobrevalúa la obra”, denunció.
Desde “el punto de vista contractual, el tema más controversial sería la propiedad de las obras”, y “hay que ver también cómo afectan en la nueva localización, si hay un Estudio de Impacto Ambiental”, eso es “otra discusión que todavía no empezó”, aclaró.
Por su parte María Selva Ortíz, vocera de Redes-Amigos de la Tierra e integrante de la CNDAV, señaló a Caras y Caretas que, si bien aún no habían tenido oportunidad de analizar en profundidad el nuevo contrato, “su nulidad sigue existiendo”, adelantó. Además recalcó que la “planta potabilizadora no es necesaria”. Reclamó que “hay otras urgencias mucho más grandes para OSE” como la represa de Casupá o “solucionar lo que son las líneas de bombeo que están con problemas de pérdidas y deben reforzarlas”.
“En realidad esto es un favor que se le está haciendo a la empresa por un contrato que había firmado el Gobierno anterior” y mantiene “el mismo plan de negocios de pago por disponibilidad que es inconstitucional”, sostuvo. Por este motivo, “el contrato no tiene por qué ser respetado, y su nulidad no tiene ninguna consecuencia para el Estado”, argumentó. “No estamos hablando de nada extraño, es lo que el Gobierno actual había expresado cuando era oposición”, señaló.
“También algo muy importante es que estas negociaciones hechas entre OSE y las empresas fueron a puerta cerrada”, y no incluyeron “ingenieros especialistas en agua”, criticó. “Había economistas, abogados, profesores de historia, entonces la empresa les comió la cabeza”, fustigó.
La organización Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), también accedió al nuevo contrato. El vocero de Movus, Raúl Viñas, comentó a Caras y Caretas que estuvieron haciendo un primer análisis comparativo entre ese contrato y el anterior, y “hay algunos cambios importantes”. El primer cambio “es la ilegalidad que se manifiesta en el cambio del objeto del contrato tal cual lo estableció el Tribunal de Cuentas de la República (TCR)”, subrayó. Algo que fue rechazado por las autoridades, respaldándose en diferentes informes jurídicos que amparan la decisión. Lo que el Gobierno definió es “hacer una potabilizadora en el río Santa Lucía” que cuando esté funcionando “va a agregar 200 mil metros cúbicos diarios de agua a un sistema que pierde 400 mil por día”, cuantificó.
Por otro lado, “el consorcio no se hará cargo del mantenimiento total del sistema más allá del primer año de operaciones, de puesta en marcha”. En la versión anterior, “el mantenimiento de todas las líneas y de todo lo demás era por parte del consorcio durante los 17 años y medio que se les iba a estar pagando”, acusó. El mantenimiento antes “era total”, y con el nuevo contrato, “una parte importante, todo lo que tiene que ver con las líneas de bombeo” es decir, todo lo que no es la potabilizadora, “pasa a estar a cargo de OSE”, observó.
“A pesar de que este contrato dice que se pagarán alrededor de 40 millones de dólares anuales, o sea, más de $100.000 dólares por día a la empresa”, reduciendo en 10 millones de dólares anuales el costo, “en realidad, la empresa está ganando más que antes”, expresó. Las obras anteriores tenían un costo previsto de 294 millones de dólares y se le iba a pagar al consorcio constructor 850 millones de dólares. “Eso da una relación directa entre el pago y el monto original invertido de 2,9”, calculó. Con las modificaciones, las obras tienen un valor de 213 millones de dólares “y se les va a pagar 700 millones, lo que da una diferencia entre ambos montos de 3,3”, informó. “Por cada dólar que la empresa coloque en la obra, ahora recibe un 12 % más”, por eso “el pedido desde el Movus es que no negocien más”, criticó.
El problema con este contrato “ es que no fue algo que surgiera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no fue la OSE, ni ningún ministerio; es una iniciativa privada”, remarcó. La planificación “no la pueden hacer empresas privadas”, y en este caso “con este esquema de pagos termina siendo un gran negocio financiero más que de construcción”, cuestionó. “Este gasto no le genera a la OSE ni un peso de ganancias”, no aumenta la facturación y “seguramente va a redundar en un aumento de tarifas”, advirtió. A principios de año “el Gobierno dijo que la mitad del aumento que hubo fue para pagar obras”, comentó.
Caras y Caretas intentó ponerse en contacto con OSE y el Ministerio de Ambiente, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuestas.
Acciones internacionales conjuntas
Entre el 21 y el 24 de abril tendrá lugar en Nassau, Bahamas, la cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional de acceso a la información pública, a la participación y a la justicia en materia ambiental que integra el sistema de las Naciones Unidas (ONU). Uruguay ratificó el acuerdo en 2019, y actualmente preside la mesa directiva por segundo período consecutivo. Desde Redes informaron a Caras y Caretas que en conjunto con otras organizaciones sociales van a colocar en la agenda de la COP4 “el agua y la prospección sísmica en el mar para la búsqueda de petróleo”.
“El Estado en su totalidad, pero particularmente el Poder Ejecutivo y la Justicia uruguaya están violando el convenio suscrito”, acusó Ortiz. Particularmente “el juez Federico Tobías”, a cargo del juicio por la prospección sísmica, pero también de una parte del proceso judicial con el Neptuno, “está desconociendo tratados internacionales en materia de derechos humanos y ambiente”, fustigó.
“Los jueces que negaron el recurso de amparo de la Institución Nacional de Derechos Humanos” presentado contra la búsqueda de hidrocarburos en el mar “están desconociendo el tratado internacional”, lamentó. “Reiteradamente no reconocen los compromisos que el país ha asumido”, y en ese sentido “la Justicia está en un gran debe”, analizó. “Por temas de forma no han ido al fondo del asunto en ninguno de los juicios que se han interpuesto: le han sacado el culo a la jeringa”, profundizó.
La mirada de un abogado constitucionalista
El Dr. Emanuel Pintos, docente de la Universidad Católica del Uruguay, en diálogo con Caras y Caretas manifestó que en varias ocasiones “los requerimientos formales suelen ser el impedimento para ingresar a las cuestiones de fondo” cuando hay litigios legales. A su vez, como “coincide que suele tratarse de temáticas neurálgicas a nivel de la República”, la sociedad espera “el razonamiento de los jerarcas de los sistemas orgánicos”, explicó. Ya sea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) o la Suprema Corte de Justicia, “cuando los requerimientos formales terminan siendo las válvulas de escape para no ingresar al fondo de la cuestión, al ciudadano a pie le queda gusto a poco”, evaluó.
Aunque “es una presunción que perfectamente se puede tener, es muy duro señalar que un jerarca de un sistema orgánico no quiere abordar determinado tema”, matizó. Aún así, desde que el Gobierno de la Coalición Republicana impulsó el Proyecto Neptuno, se han sucedido numerosas instancias de recursos administrativos en las oficinas del Poder Ejecutivo y ante el TCA, así como en el Poder Judicial. Por eso las jerarquías tuvieron “la oportunidad de ingresar al fondo del tema”, pero como “primero se hizo el chequeo de las formalidades, y no estaban cumplidas”. esa falta “primó, y terminó siendo la excusa para dar por cerrada la diferencia”, apuntó.
A nivel constitucional, el artículo 47 de la Constitución “prevé la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos” que el proyecto Neptuno original “no tuvo”, y por lo que el docente observó, “el proyecto de aguas corrientes, como Neptuno 2.0, tampoco lo tiene”, advirtió. Pese a que el Gobierno renegoció el contrato durante casi un año, recién luego de dos semanas de firmadas las modificaciones comenzó a circular el documento entre los interesados. Para Pintos, que tampoco pudo analizar a fondo el texto, esto significa que la población aún “no sabe exactamente qué es lo que se contrató”.
El plebiscito de 2004, que estableció la actual redacción del artículo 47 de la Carta Magna,
“fue una gran lucha que tuvo Ffose y realmente está muy bien hecho, la redacción es muy minuciosa”, reconoció. Si no fuese por el agua, él “sería muy cauto en que la Constitución tuviera un artículo que regule tanto” algún tema, porque a veces “eso encorseta y puede terminar siendo peligroso”, expuso. “En 2004 esto fue revolucionario, de vanguardia a nivel internacional, nadie hablaba sobre esto”, apuntó. Por ello “ahora hay que hacerlo valer, fue respaldado por la ciudadanía y tiene valor y fuerza constitucional, hay que aplicarlo”, remarcó.
Por otro lado, el TCR “también observó la renegociación”, porque se afectó “la igualdad de los oferentes”, por lo que en el marco del “derecho a la libre competencia” y la transparencia de la contratación pública “había que hilar fino”, reflexionó. “Por lo pronto, las condiciones dadas para la licitación original cambiaron y habría que ver si eso no desnaturaliza el contrato”, mencionó.
*El Dr. Ceretta, además de ser docente de la Udelar, también es edil por el Partido Socialista en la Junta Departamental de Montevideo, y el acceso a las modificaciones al contrato coincidió con la votación del presupuesto quinquenal de la Intendencia, que ocurrió entre el miércoles y la madrugada del jueves, por lo que al cierre de esta edición aún estaban realizando los primeros análisis junto al Dr. Pedro Riera.
Texto: Agustín Büchner
