Organizaciones sociales y sindicales, como la Federación de funcionarios de OSE (FFOSE), han expresado su oposición frontal. Alegan que los argumentos técnicos y ambientales presentados por el gremio fueron desestimados, calificando la decisión gubernamental como apresurada e irresponsable. Además, advirtieron que el impacto negativo del proyecto se reflejará tanto en la calidad del agua como en su costo para los usuarios.
Entre las voces críticas se encuentra la de Gianbattista Gavazzi, ingeniero mecánico y vocero de la Intersocial Montevideo Oeste, quien elaboró un informe analizando los fundamentos del proyecto. El documento aborda temas como las necesidades de agua potable de Montevideo, las inconsistencias en los datos proyectados en la argumentación del proyecto y las posibles consecuencias económicas y ambientales para OSE y el país. En diálogo con Caras y Caretas, el experto aseguró que la concreción del proyecto implicaría costos elevados y una afectación significativa al ecosistema, mientras que problemas estructurales, como las pérdidas de agua, permanecen desatendidos. En la entrevista que sigue, el autor profundiza sobre estas observaciones y propone alternativas más sostenibles para enfrentar la crisis hídrica.
Según su análisis, ¿cuáles son las principales problemáticas que enfrenta OSE actualmente en relación con el agua potable?
Analizando el proyecto Arazatí-Neptuno que se conoce en los medios, tal cual está formulado, la principal pregunta que nos hicimos fue cuál es la necesidad de tal proyecto. Entonces, hicimos un análisis de lo que está pasando en Montevideo con el agua, buscamos los datos de los últimos 22 años y constatamos que la problemática que plantean las empresas involucradas para justificar este proyecto no coincide con lo que muestran los números. La cantidad de agua que se le suministra a Montevideo, en los últimos 22 años, no cambió. Hablamos de 600.000 metros cúbicos por día, mientras que este proyecto está justificado sobre una base de que se van a precisar 840.000. ¿Por qué aumentaría en los próximos 20 años? cuando, incluso, datos demográficos de la región metropolitana muestran que la población se redujo.
La problemática está en otro lado. Si miramos el agua facturada, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, el promedio en los últimos 22 años pasó de 250.000 metros cúbicos a 200.000 en 2023. Es decir, OSE cada vez factura menos. Calculamos que las pérdidas actuales, a nivel financiero, son del 65 %. Esas pérdidas son por caños rotos, por conexiones ilegales y por agua social que tiene que suministrar de forma gratuita, por ejemplo, a la Anep. Como OSE no está midiendo nada de eso, no saben cuánto tienen en pérdidas. Lo que se constata también es que OSE suministra, aproximadamente, unos 950 metros cúbicos de agua potable por día. Dos tercios corresponden a Montevideo y un tercio al interior. A nivel del interior, se factura no 35 %, sino 65 %. Y, desde hace tres años, a OSE le entra más plata con lo que paga el interior que con lo que paga Montevideo, aunque al interior le dé la mitad de agua. El sistema de Montevideo llegó a un nivel que, si no se hace algo, las pérdidas van a aumentar. Por eso, les pedimos al Gobierno que se va, y al Gobierno que viene, que examinen la necesidad de este proyecto.
¿Por qué seguimos mandando agua a un caño agujereado? Es como si en un hogar que tiene pérdidas en el tanque de agua caliente, resuelvan meterle otro caño y alimentarlo con más agua. Las pérdidas van a ser mayores. La plata que se va a perder en este proyecto no tiene sentido, sobre todo en un país donde tenemos otras problemáticas por las que luchar, como la primera infancia, jubilaciones y salarios mínimos dignos o frenar los homicidios y suicidios.
¿Y cuál sería la mejor alternativa para resolver esta problemática si no es el Proyecto Neptuno? ¿Casupá?
Las dos alternativas son completamente diferentes. En el proyecto Arazatí-Neptuno la fuente de abastecimiento es agua del Río de la Plata y en Casupá son reservas de agua dulce. Si se construye Casupá, vamos a tener una gran reserva, pero el problema es que la planta potabilizadora de Aguas Corrientes tiene un límite de 740.000 metros cúbicos por día, por lo que sería imposible duplicar la cantidad de agua que llega a Montevideo. La razón del Proyecto Neptuno sería tener otra fuente para traer agua a Montevideo, pero esta nunca podría traer agua dulce porque la toma es de agua salada, lo que va a afectar los caños que la transportan. Entonces, el Proyecto Neptuno, con los costos y problemas ambientales que traería, definitivamente no se debe hacer. Van a destruir todo si concretan este proyecto.
Tener otra fuente de agua como propone el plan de Casupá sería algo bueno, pero no existe tal urgencia. En América Latina no existe una sola ciudad que tenga dos fuentes de agua por si pasa algo. Primero, es necesario que pase por el mecanismo de consulta ciudadana. OSE debe trabajar en reducir las pérdidas en un 15 %. Y otra cosa que se debe hacer, que se hizo en otros países, es educar la ciudadanía, y eso empieza por las escuelas. Fomentar sistemas de economía de agua y reducir la cantidad de agua potable que consume Montevideo. Esto la OSE no lo está haciendo bien. Si Montevideo fuera un país, sería el segundo consumidor más grande de agua por persona en el mundo. Tenemos que parar de pensar que el agua es gratis y que se puede gastar sin medir.
¿Por qué el Proyecto Casupá se presenta como una alternativa más sostenible en comparación con el Proyecto Neptuno?
En primer lugar, lo que hace sostenible un proyecto es lo que se llama kilómetro cero. Esto significa que, mientras menos energía se usa para transportar algo, más sostenible es. Además, la fuente de agua en el caso de Casupá es dulce, y se transporta por los ríos mediante gravedad, como sucede con Paso Severino. Eso contribuye a que sea un proyecto más sostenible. No obstante, también tiene problemas ambientales, como la inundación de las zonas afectadas por la construcción de la represa. Además, es necesario analizar cuestiones como los cambios climáticos. Por ejemplo, en Valencia, cuando las represas comenzaron a desbordarse, provocaron la llegada de grandes cantidades de agua. Esto es un riesgo inherente a cualquier represa. Por lo tanto, es crucial evaluar bien los posibles impactos, como si se produjeran lluvias excesivas que llenaran el embalse y aumentaran los costos asociados.
Hay muchas preguntas que deben responderse. Por eso, la participación del público y la sociedad es esencial. A pesar de ello, en términos generales, Casupá es un proyecto mucho más sostenible, principalmente porque utiliza agua dulce como base.
Varias organizaciones han calificado el Proyecto Neptuno como inconstitucional. ¿Qué aspectos legales considera más relevantes en este debate?
Este proyecto no es constitucional porque las empresas privadas no pueden estar en el comercio del agua. Además, la Constitución es muy clara en lo que refiere a la planificación y elaboración de un proyecto sobre el agua: la sociedad civil tiene que estar incluida. Y con el proyecto de Casupá vamos a cometer el mismo error al llevar a cabo una obra que no fue consultada a los usuarios. Ambos proyectos no están siguiendo las líneas que traza la Constitución.
El informe alerta que el Proyecto Neptuno podría afectar gravemente el ecosistema de Arazatí y el humedal de Santa Lucía.
El costo que va a traer a nivel del medioambiente es muy grande. La discusión gira en torno al ataque a nivel de Arazatí, pero en Montevideo, por ejemplo, el impacto que va a tener sobre el humedal no está calculado. No tiene sentido cortar el humedal para pasar un caño de esa dimensión. Todo es bajo tierra y no hay estudios que garanticen que no van a existir afectaciones.
Ha mencionado que con el Proyecto Neptuno las pérdidas económicas para OSE serían significativas, ¿están calculadas?
Como en todos los grandes proyectos, a la ciudadanía no se le dice la verdad de los costos. Este proyecto, en realidad, está calculado en 20 años, tres de construcción y 17 años y medio en los que la empresa transportará el agua. La construcción de la planta Arazatí, el polder y los caños entre Arazatí y Melilla están a cargo de la empresa privada y a OSE le costarán casi 46 millones de dólares. Potabilizar el agua, transportarla a los lugares a los que tiene que llegar, facturar, cambiar los caños, etcétera está a cargo de OSE y le costará 124 millones de dólares por año. Teniendo en cuenta que solo el 35 % será facturado, OSE facturará 80 millones de dólares, lo que representa una pérdida promedio de 90 millones de dólares. Esto, en 20 años, significaría un déficit acumulado de 1.800 millones de dólares. Y gran parte de esa pérdida la va a pagar el interior. Estos números están basados sobre el promedio de lo que gasta OSE actualmente. Nosotros hicimos un pedido de información pública para que nos digan exactamente el costo del agua, hace más de 40 días, y OSE aún no respondió.
¿El Proyecto Neptuno refleja una falta de planificación estratégica en la gestión de los recursos hídricos del país?
Sí, es el reflejo de la falta de planificación, tanto del ámbito político como de OSE. Esto es algo que debe manejarse con cuidado. Es evidente que este proyecto está vinculado con decisiones pasadas. Cuando se aprobó la ley en 2004, a la empresa que gestionaba el agua potable en Maldonado se le permitió explotar la concesión por 15 años. Ese plazo terminó en 2019, y esas empresas tuvieron que dejar de operar. Curiosamente, esas mismas empresas forman parte del consorcio que ahora impulsa el Proyecto Neptuno. Uno de los involucrados, el ingeniero Francisco Gross, trabaja para ese grupo y luego pasó a desempeñarse en el proyecto Arazatí, además de haber sido candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente. El gerente general de OSE también había trabajado con estas empresas y ahora está vinculado a este proyecto. Es decir, al finalizar su contrato en 2019, esas empresas y sus asociados propusieron este nuevo proyecto apenas comenzó este gobierno, en 2020. Todo esto debe ser examinado con detalle.
Estamos utilizando una ley del 2002 que permite a empresas privadas participar en obras como la construcción de edificios, rutas y otros proyectos, lo cual está bien para esos casos. Pero cuando hablamos del agua, debería seguir siendo responsabilidad de la empresa estatal, que es OSE. Creemos que es necesario hacer una autocrítica y no solo de este gobierno. El agua está mal gestionada desde hace años. La crisis del 2023 creó una sensación de que necesitamos un proyecto con urgencia, que si hubiéramos hecho el de Casupá no hubiéramos tenido problemas de agua. El problema lo hubiéramos tenido igual porque no se hizo una buena gestión de la crisis. Cuando empezó a faltar agua, OSE apostó a la lluvia en lugar de comenzar un plan de urgencia, por ejemplo, evitando que 450 embalses ilegales en el río Santa Lucía intercepten el agua. No hubo ningún plan y después de 90 días ocurrió que no teníamos más agua.
¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la ciudadanía respecto a este debate?
Creemos que falta mucha información y que se dicen cosas que no están claras, como el tema de la cantidad de agua que se precisa en Montevideo. Me gustaría que la gente entienda que la crisis de 2023, que en algunos lugares llamaron “sequía”, en realidad no lo fue. Fue una mala gestión del agua. Hubo un déficit hídrico muy importante en los últimos años, pero no fue técnicamente una sequía. La ONU no incluyó a Uruguay entre los países en situación de sequía, porque tenemos un acuífero del cual podríamos extraer agua en caso de una emergencia grave. No somos un país con sequía estructural, aunque sí enfrentamos problemas que afectan a los animales y a los cultivos.
La ciudadanía debe entender que la falta de agua también depende de nosotros, de cómo la consumimos. Por ejemplo, OSE provee en promedio 15 metros cúbicos de agua al mes por un hogar de cuatro personas. Eso equivale a 200.000 metros cúbicos por día para todo Montevideo. Sin embargo, con solo un tercio de esa cantidad, podríamos cubrir las necesidades básicas de todos los habitantes de la región. Es importante tomar conciencia de eso. Por supuesto, también están las empresas, que es otro tema. Lo positivo de este proyecto es que la gente empiece a escuchar y a comprender que todos tenemos un rol que cumplir. Nuestra principal conclusión y el mensaje que queremos dar es que el Proyecto Neptuno no es necesario.
* Gianbattista Gavazzi es ingeniero mecánico e hidráulico, graduado en la Universidad Laval, Québec (1983-1989). Trabajó como ingeniero mecánico en GENIVAR (1988-2000) y fue senior project manager para el Gobierno de Canadá (2000-2011). Consultor en energía e infraestructura (2011-2017), está jubilado desde 2018 y es portavoz de la Intersocial Montevideo Oeste desde 2022.
