Al inicio, señaló que uno de los principales desafíos es la dificultad para comparar las realidades de diferentes países debido a sus variaciones demográficas y sociales. Por ejemplo, comentó que "lo mejor que se puede hacer es pedir indicadores", como la pobreza y el hacinamiento, para intentar encontrar puntos en común. Sin embargo, destacó que las formas de definir y medir la situación de calle varían considerablemente no solo entre países, sino también entre ciudades de un mismo país, lo que complica las comparaciones.
El investigador se refirió a la evolución de las políticas públicas en los países mencionados con excepción de Uruguay, señalando que, en muchos casos, las iglesias fueron las primeras en intentar abordar la problemática, mientras que los Estados llegaron tardíamente, generalmente a fines de los años 90 o principios de los 2000. En este contexto, expresó que "hay una dificultad muy grande para pasar de un enfoque asistencialista basado en la urgencia a una lógica de política integral de derechos".
En cuanto a los déficits compartidos, destacó la falta de presupuesto y recursos materiales como uno de los problemas más evidentes. Aunque los presupuestos destinados a las políticas sociales han crecido desde la década del 90, siguen siendo insuficientes para abordar la cantidad de personas en situación de calle. Además, observó que "los sistemas no colapsan porque hay un porcentaje de gente que se niega a acceder a los recursos", lo que pone en evidencia la ineficacia de las políticas actuales.
Otro déficit común es la precariedad laboral de quienes gestionan los programas para personas en situación de calle. Según Bachiller, en todos los países analizados se encontraron contratos inestables y salarios inadecuados, lo que lleva a una alta rotación laboral y afecta la eficacia de las intervenciones. Aseguró que este fenómeno es especialmente problemático en Montevideo, donde los equipos de trabajo están "quemados" debido a la falta de espacios de cuidado y capacitación.
Bachiller también mencionó la lógica de la necesidad como un enfoque predominante en las políticas públicas, que se centra en la provisión de techo y comida, dejando de lado otras necesidades y derechos, como el ocio y la cultura. Criticó que, en muchos casos, las políticas se limitan a ofrecer refugio nocturno sin considerar la calidad de los espacios y sin abordar la falta de centros diurnos, con acompañamiento psicosocial.
El investigador subrayó la falta de políticas habitacionales adecuadas como un déficit estructural que perpetúa la situación de calle. Según su análisis, en muchos países el Estado interviene cuando las personas ya se encuentran en la vía pública, en lugar de implementar políticas preventivas. Asimismo, señaló la ausencia de programas de inserción laboral efectivos, lo que perpetúa la exclusión de las personas en situación de calle del mercado laboral formal y, por ende, de la ciudadanía plena.
¿Nadie es ilegal?
España abordó la problemática de la situación de calle desde una perspectiva jurídica crítica. Destacó la importancia de entender este fenómeno a través del concepto de "justicia espacial", un enfoque que integra aportes de la sociología jurídica, el urbanismo crítico y la geografía. Esta perspectiva, según la experta, hace referencia a las injusticias o desigualdades producidas por la localización de las personas y colectivos en el espacio, y permite cuestionar cómo se estructura y aplica la normativa vigente en Uruguay, particularmente en relación con la situación de calle y los derechos de las personas afectadas.
Uno de los primeros temas de su exposición fue la noción de "extranjerización" de las personas en situación de calle, un concepto que, según comentó, surgió en diálogo con los miembros del colectivo Nitep. Este término se refiere a la forma en que las personas que habitan Uruguay, independientemente de su origen, enfrentan procesos de exclusión que las colocan en una situación similar a la de los “refugiados”. En sus palabras, este proceso enseña "a no ser ciudadano, y afrontar un proceso de refugiosidad, en el que el Estado no sólo no se hace cargo de forma integral de la restitución de derechos, sino que va despojando progresivamente su agencia", lo que carga con un fuerte simbolismo sobre la pérdida de derechos básicos.
Por otro lado, cuestionó la visión sacralizada del Derecho y subrayó la importancia de acercar la Constitución a la ciudadanía. En tal sentido, señaló que la Constitución uruguaya, aunque reconoce ciertos derechos sociales como el derecho a la vivienda, presenta contradicciones al equiparar estos derechos con la lógica del mercado. "Hay una dimensión contradictoria en la forma en que está estructurado el concepto de vivienda, porque está pensado entre el derecho social y la mercancía", afirmó, subrayando cómo este enfoque limita la efectividad de las protecciones constitucionales.
La experta también criticó la criminalización de la pobreza en Uruguay, señalando que la ley de faltas y la Ley de Urgente Consideración (LUC) reforzaron los procesos de criminalización de las personas en situación de calle. Según España, estas normativas no solo sancionan la ocupación de espacios públicos, sino que además “naturalizan la violencia institucional, dando lugar a lo que Achille Mbembe denomina necropolítica, es decir, políticas que, en lugar de proteger, dejan morir a las personas más vulnerables”. Y añadió: "Estas leyes modificaron el Código Penal (...) se sanciona la ocupación indebida de los espacios penales públicos".
Finalmente, hizo un llamado a revisar y reformar estas normativas para proteger verdaderamente los derechos de las personas en situación de calle, proponiendo una mirada crítica y comparativa con otros países. "Es necesario recuperar el estatus de sujetos de derechos, de las personas que han sido excluidas de ese 'nosotros' colectivo".
Articular para erradicar
A su turno, Eissmann abordó la evolución del enfoque hacia la situación de calle en Chile durante los últimos 50 años, destacando la influencia de la dictadura y la reforma neoliberal en la formulación de políticas sociales. “Nosotros estamos muy marcados por lo que fue la dictadura, no sólo por la violación de los derechos humanos, sino por lo que fue la reforma neoliberal, que también dejó una forma de mirar las políticas sociales muy centrada en la persona (…) Cualquier programa social funciona a partir de una madre, una abuela o jefa de hogar, que va articulando el trabajo con la familia, con los niños, etc. Eso hizo que las personas en situación de calle nunca estuvieran presentes en el mapa de la focalización de la política”. Agregó que recién a principios de los 2000, con la presión de organizaciones civiles como la Red Calle, se logró que el Gobierno incluyera a las personas en situación de calle en programas de protección social como Chile Solidario. A pesar de las críticas sobre la insuficiencia de estos programas, Eissmann reconoció el crecimiento progresivo en la atención a este grupo, especialmente con un enfoque en el derecho a la vivienda.
El profesional también comentó sobre la articulación de esfuerzos para abordar la situación de calle, destacando la experiencia de la Red Calle como un primer intento de trabajo colaborativo en Chile. Sin embargo, mencionó que el poder político de estas redes se debilitó cuando las organizaciones civiles comenzaron a depender del financiamiento estatal, lo que comprometió su capacidad de demanda y acción política.
Respecto al trabajo del centro CISCAL, explicó que se trata de un centro de investigación y acción orientado a superar la situación de calle en América Latina, inspirado en experiencias europeas. CISCAL busca articular a diferentes actores, incluyendo la academia, la sociedad civil y el Estado, en un esfuerzo interdisciplinario e intersectorial. Entre sus actividades, destacó la promoción de diálogos y conferencias internacionales, como las realizadas en Buenos Aires, Ciudad de México y próximamente en Bogotá, que posibilitaron un intercambio de conocimientos y experiencias en la región. Además, CISCAL impulsó la creación de la revista Situación de Calle, destinada a la divulgación científica sobre el tema, y colaboró con gobiernos locales, como la asesoría brindada a la Municipalidad de Arica para el desarrollo de una política comunal de atención a personas en situación de calle.
Eissmann cerró su intervención enfatizando en la importancia de pensar más allá de las fronteras nacionales, conectando iniciativas y generando conocimiento y experiencias que puedan contribuir a la erradicación de la situación de calle en la región. “Hay un trabajo por hacer para presionar a los Estados a que se comprometan por el fin de la situación de calle, por garantizar efectivamente la protección. Y ahí no sólo se necesitan las leyes, las leyes hay que hacerlas, pero también hay que cumplirlas. Hay que cumplir los tratados internacionales. Y en ese sentido, el trabajo articulado, internacional y regional, es más potente”.
Un fenómeno multicausal
"¿Qué nos trae hasta acá? Algunos apuntes sobre el problema de la situación de calle en Montevideo", fue el título que eligió Ciapessoni para su presentación. En su análisis, destacó que el problema de la situación de calle “ha explotado como un problema social”, donde las narrativas simplificadas y estigmatizantes predominan en el discurso público y mediático. Según Ciapessoni, expresiones como "consumo problemático", "problemas de salud mental" o "no quieren ir a los refugios" se utilizan como justificaciones incuestionadas que terminan por criminalizar cada vez más a las personas que viven esta experiencia.
La experta subrayó que las causas que conducen a la situación de calle y la mantienen son complejas y múltiples, y que estos factores suelen silenciar cualquier intento de simplificación que se busca imponer. Además, sostuvo que las distintas gestiones a lo largo de los años no solo no han logrado revertir los niveles de personas en situación de calle, sino que aumentaron sostenidamente. “Más de 5000 personas sin hogar, esto es, en refugios, intemperie y otras respuestas habitacionales de mediana, corta o larga estadía. En Montevideo hubo en 2023, en calle y en refugios, 2756. En 18 años el problema aumentó un 272 %. Y si miramos la película, más de 11.000 personas pasaron por el sistema de refugios entre 2014 y 2023, según datos del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] publicados en El Observador”.
También destacó que la situación de calle es el resultado de una serie de factores interconectados, como la ruptura de vínculos familiares, la victimización temprana, la falta de recursos, la precariedad habitacional, la falta de soporte social, mecanismos institucionales fallidos y expulsivos e injusticias y vacíos institucionales. "La situación de calle se presenta muchas veces como la solución a una situación traumática que se vive en el hogar", señaló Ciapessoni.
En cuanto a la violencia basada en género, explicó que es una de las principales causas por las que las mujeres se quedan sin hogar. Afirmó que las experiencias de violencia en el hogar de procreación, especialmente para mujeres que comienzan sus transiciones a la vida adulta a los 15 años, las empujan a abandonar el hogar debido a los episodios de abuso hacia ellas y sus hijos. "La pérdida de los hijos aparece muchas veces como una transición traumática que aumenta los problemas de salud mental y consumo", aseguró.
Finalmente, la socióloga hizo hincapié en la relación entre la situación de calle y el sistema penal. Señaló que la institucionalización prolongada o repetitiva y la salida de instituciones, como cárceles, contribuyen significativamente a la situación de calle. "El aumento sostenido de los niveles de personas en calle, la altísima tasa de encarcelamiento y el número de personas en calle con experiencias en el sistema penal adulto, muestran que el sistema penal y el sistema de refugios están lejos de ser eficaces para reducir el número de personas en esta situación", afirmó.
Como afirmó en su tesis de doctorado, Ciapessoni considera que “el problema de situaciones de calle es preocupante, y cada vez más es reconocido por una parte de la comunidad que implica graves violaciones a los derechos humanos que deben denunciarse, erradicarse y abordarse mediante métodos preventivos y asistenciales innovadores. Las necesidades de reinserción, intervenir estratégicamente en prevención de experiencias de calle parece ser uno de los desafíos que en la actualidad enfrenta la política pública”.
Solucionar sin criminalizar
Humberto, integrante del colectivo Nitep, aportó una perspectiva crítica sobre la situación de calle, cuestionando que se suele vincular a la violencia cuando “resulta que la violencia es lo que lleva a la situación de calle”. A su entender, "es más fácil repetir todos los discursos punitivos que pensar en otro discurso, pensar en el amor, no paliativo".
Criticó duramente los refugios, afirmando que no cumplen con su propósito original. Según Humberto, algunos trabajadores (aclaró que no todos) están allí solo para realizar tareas básicas, en sus palabras para “pasar jabón”, sin mostrar una verdadera empatía hacia quienes buscan ayuda. En tal sentido, exhortó a quienes estudian y trabajan en áreas sociales a reconsiderar su enfoque y a pensar críticamente sobre el impacto de sus acciones en la vida de las personas en situación de calle: “Los invito a reflexionar sobre si de verdad están estudiando solo para lavar la ropa o para tener más empatía con la persona que llega ahí”.
Además, manifestó su desacuerdo con las posturas y políticas diseñadas para "solucionar" la situación de calle mediante la expulsión o la criminalización, ya que "habitar la calle es un derecho”. Humberto no cree que una política pública pueda realmente resolver este problema y, a modo de ejemplo, describió la experiencia frustrante y deshumanizante que enfrenta esta población al intentar acceder a los refugios, donde en lugar de recibir un apoyo adecuado, es sometida a un proceso burocrático y humillante. "¿Y por qué no van a los refugios? (…) ¿Te gustaría que te hicieran ir a anotar de un lugar para otro, pasar desde las 6 de la tarde a las 11 de la mañana, y que te manden a otro lugar y después llegás allá y que te acuestes a la una o dos de la mañana? Lo digo porque lo viví”. A la situación narrada se suma, prosiguió el integrante de Nitep, “la respuesta indiferente de algunos trabajadores sociales y educadores, quienes, en su opinión, se limitan a decir ‘no sé qué hacer’ o ‘es lo que hay’”.
En diálogo con Caras y Caretas, profundizó su postura de pensar la situación de calle como un derecho y la posibilidad de que esta idea entre en tensión con la consigna que sostiene el colectivo Nitep respecto a que “la calle no es un lugar para para vivir ni para morir”, Humberto aclaró: “Estoy de acuerdo con el planteo del colectivo de que nadie debe vivir en la calle, porque en Uruguay todas las personas tienen derecho a tener una vivienda, un techo digno, que el Gobierno debería garantizar, aunque no lo hace. Con lo que no estoy de acuerdo es con las soluciones actuales que plantean porque creo que desconocen el derecho a habitar la calle, que es el espacio común”.
