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El fallo de Recarey desató en su momento una catarata de reacciones y declaraciones contrarias de parte de autoridades del gobierno, dirigentes de la oposición política, asociaciones profesionales de la salud y comunidades científicas.
A través de la resolución del 7 de julio pasado, el juez ordenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) suspender la vacunación infantil contra el Covid-19 “con carácter provisional y temporario”, hasta que el gobierno cumpliera con “los niveles de transparencia” que se le imponían.
Entre estos, figuraba la divulgación de “la composición de las sustancias que se inoculan, así como los “riesgos y efectos adversos” de la vacuna.
Una vez conocido el fallo, el gobierno se aprestó a preparar la apelación, al tiempo que se calificó la sentencia de “disparate” que “pone en riesgo la salud de los menores”, de acuerdo con las palabras pronunciadas por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.
Daniel Salinas agregó a su información que “se comunicará a la brevedad la reanudación de la Campaña (de vacunación contra el Covid-19) en niños de 5 a 13 años”.
Por su parte, Delgado consideró que la decisión del Tribunal de Apelaciones es un “alivio” y aseguró que se retomará la vacunación, la cual “no debió haberse frenado”.