Sociología de la corrupción

En realidad, la traducción literal de la operación es “carne débil” (o, de forma más contundente, “carne podrida”), pero el sentido del nombre está más en consonancia con el adagio “la carne es débil”, que da cuenta tanto de la adulteración de alimentos realizada por un conjunto de empresas frigoríficas como de la corrupción que se ha instalado en Brasil, cuyo devenir es preciso observar atentamente, ya que presenta algunas características insospechadas. Por ejemplo, el alineamiento, por un lado, del Poder Judicial y la Policía Federal (PF) y, por el otro, del gobierno de Michel Temer, los grupos políticos que lo respaldan y algunos de los más poderosos consorcios del mundo, como los gigantes de la industria alimenticia JBS y BRF.

El diagrama de la corrupción

La operación es el punto culminante de una investigación iniciada dos años atrás por la Justicia del estado de Paraná, con sede en Curitiba, que fue la misma que hizo estallar el escándalo del Lava Jato. Involucró a 1.100 efectivos de la PF desplegados en siete estados brasileños. Su resultado inmediato fue la expedición de 309 órdenes judiciales, el envío a prisión de 38 imputados, el mandato de “conducción coercitiva” para otros 77 y la orden de averiguación de paradero para 194 implicados. Entre los acusados hay 33 funcionarios del Ministerio de Agricultura de los estados de Goiás, Minas Gerais y Paraná, que recibían coimas para falsificar las fechas de vencimiento de los productos u omitían las inspecciones correspondientes para la habilitación de la puesta en el mercado de productos adulterados. Los mandatos judiciales abarcaron a un total de 21 empresas, 18 de ellas en el estado de Paraná, dos en Goiás y una en Santa Catarina.

La operativa de adulteración de productos se realizaba mediante un sofisticado esquema de sobornos, con los que se permitía autorizar la venta en el mercado interno –y en algunos casos en el sector exportador– de productos elaborados con ganado muerto por enfermedades, reses en estado de descomposición y embutidos fabricados con productos no autorizados por las normativas bromatológicas, entre los cuales se encontraban ácidos (sórbico y ascórbico, por ejemplo) y productos químicos potencialmente cancerígenos, los que incluso eran destinados a la alimentación de niños en escuelas públicas del sur de Brasil. Concretamente, se probó la sustitución de carne de peru por soja en las salchichas enviadas por el frigorífico Souza Ramos (perteneciente a la Central de Carnes Paranaense) para la merienda escolar.

Además, la maniobra puesta al descubierto no se limitaba a la utilización de productos químicos cancerígenos para maquillar el color y el olor de la carne vencida. También se inyectaba agua en los alimentos para que pesaran más cuando los vendían, cuando la legislación prohíbe que la presencia de este elemento supere el 8% del peso del producto. Para colmo, se verificó que los derivados del pollo estaban mezclados con cartón y los chorizos con cabezas de cerdo, un elemento no autorizado entre los insumos de los chacinados.

Até as mãos

De acuerdo a Mauricio Moscardi, jefe de la PF, “la investigación deja bien en claro que una parte del dinero de las coimas iba para partidos políticos”. Si bien no lo manifestó a texto expreso ni mencionó a ninguno de los grupos políticos involucrados, está claro que en el esquema de corrupción participaban el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, liderado por el presidente Michel Temer, y su aliado, el Partido Progresista. Sin embargo, pese a que el diagrama de la estafa es similar a la desmantelada en Petrobras y a que los protagonistas son los mismos, es dable observar algunas alteraciones del original y presencias desconcertantes. Una de tantas es la implicación de figuras como Paulo Roberto Spósito, propietario del frigorífico Larissa, que posee instalaciones en Paraná y San Pablo. Más conocido como Paulinho Larissa, Spósito fue candidato a diputado por San Pablo en las listas del Partido Popular Brasileño, heredero en línea directa del desaparecido Partido Comunista Brasileño. La implicación de Paulinho es tan directa e indefendible que en la prensa brasileña aparecen transcripciones literales de escuchas telefónicas en las que coimea desenfadadamente a inspectores del Ministerio de Agricultura para que falsifiquen los certificados de vencimiento de los productos de su frigorífico. Además de Paulinho, fueron conducidos directamente a prisión jerarcas de grandes grupos de la industria de la carne, como el gerente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de BRF Brasil, Roney Nogueira dos Santos (detenido al llegar al país el sábado pasado; el director de BRF, André Luiz Baldiserra Nogueira y el gerente de Seara (empresa del grupo JBS), Flávio Evers Cassou.

Los pesos pesados

Para tener idea de la enjundia de las empresas afectadas por la operación, basta reseñar la escala en la que operan. Fundado en 1953, JBS SA es el mayor frigorífico de América Latina. Opera en 110 países y tiene 125.000 empleados. Por añadidura, es el mayor productor de proteínas a nivel mundial. Entre sus marcas más afamadas se encuentran Swift (marca líder, adquirida a la argentina Swift Armour en 2005), Big Frango, Seara, Friboi, Maturatta, Cabaña Las Lilas, Pilgrim’s, Gold Kist Farms, Pierce y 1855, entre otras. JBS tiene presencia en 24 de los 110 países en los que plantó bandera. En 2012 registró ingresos del orden de los 76.000 millones de reales, lo que implicó un incremento de 22,5% respecto del año anterior. Entre 2001 y 2006 operaba 21 plantas en Brasil y cinco en Argentina.

El otro gigante golpeado por el operativo fue el grupo Brasil Foods SA (BRF), una de las seis mayores productoras de alimento del mundo (al día de hoy comercializa cuatro millones de toneladas de alimento por año). BRF surge a partir de la fusión de Sadia SA y Perdigão SA. Entre sus marcas emblemáticas se encuentran Sadia, Dánica, Vienísimma y Paty. Cuenta con 105.000 operarios distribuidos en 54 fábricas instaladas en siete países. En Uruguay es una firma conocida. Sus oficinas están instaladas en la calle Miraflores, en Carrasco, y tiene fuerte presencia en el mercado uruguayo con los jamones Sadia y las hamburguesas Paty. Las acciones de esos dos grupos se derrumbaron: JBS cayó 10,59% y BRF 7,25% en la Bolsa de San Pablo, cuyo índice Bovespa retrocedió 2,39%.

El horno no está para bollos

Para tener una idea de la corrida que provocó la operación Carne Fraca, basta con abrir el sitio web correspondiente a Peccin. Si inadvertidamente internet nos conduce a la página de la fábrica de golosinas del mismo nombre, aparecerá en la primera plana una advertencia que expresa que la firma de marras, que remite a una tradicional firma de golosinas gaúcha del mismo nombre (entre cuyos productos sobresale la línea de chocolates Trento), “nada tiene que ver con el frigorífico del mismo nombre”. Una evidencia más de que el horno no está para bollos.

Los interdictos

El Ministerio de Agricultura clausuró tres de los 21 frigoríficos allanados: un frigorífico de BRF en Mineiros, estado de Goiás; otro de la firma Peccin (dueña de la marca Italli), en Curitiba, capital del estado de Paraná; y el tercero, también de Peccin, en Jaraguá do Sul, en el estado de Santa Catarina. La fábrica de BRF produce pollo, chester y peru (ambas, marcas registradas por BRF, obtenidas a partir de superpollos y gallinas modificados genéticamente). Los frigoríficos clausurados pertenecientes a Peccin producían salchicha y mortadela. En los tres establecimientos los productos fueron requisados y la producción paralizada.

Por otra parte, el Carne Fraca no se limitó al rubro de frigoríficos cárnicos propiamente dichos, sino que alcanzó a algunas empresas que no se desempeñan en el ramo de manera directa. Tal es el caso de la planta de Betânia Leites, industria de laticinios (lácteos), con sede en el estado de Paraná y con una filial en el interior del estado de Bahía; o la de Breyer y Cía, ubicada en el linde de Paraná y Santa Catarina, principal empresa brasileña entre las que se desempeñan en el rubro apícola.

Los mercados internacionales

Las repercusiones internacionales del operativo hecho público por la PF fueron enormes. El lunes, la Unión Europea (UE), China y Corea del Sur, que concentran 27% de las exportaciones cárnicas brasileñas, anunciaron restricciones temporarias a la entrada de productos de esa procedencia en sus respectivos territorios. Lo propio hicieron Hong Kong, Japón, México y Chile.

Si se tiene en cuenta que Brasil es el mayor exportador mundial de carne, y que por concepto de venta de proteína animal ingresaron al país 13.940 millones de dólares en 2016, el golpe infligido por la operación al flujo exportador brasileño es difícilmente sobreestimable (ver recuadro adjunto).

Todo esto debe ser leído, además, en un contexto interno y externo sumamente complejo. En el plano político, el alicaído Partido de los Trabajadores (PT) insinuó una discreta contraofensiva al gobierno de Temer, solicitando la instrumentación de una Comisión Parlamentaria de Investigación para indagar el tema al nivel del Congreso. Pero mucho mayor gravitación tiene el pronunciamiento de la poderosa Confederación de Agricultura (CNA), contrapeso del poder que tienen la Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC) y la Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). La CNA exigió que las acusaciones a los implicados en el operativo sean investigadas. Desnudando el eje de su posicionamiento, expresó en un comunicado hecho público que “no es justo que la imagen de los productores rurales se vea manchada por la acción irresponsable y criminal de algunos”. Se entiende bien de quiénes.

La sumisión académica

Paralelamente, las corporaciones incriminadas recurrieron a sus adeptos en la academia, que minimizaron las acusaciones con argumentos pretendidamente científicos. Por ejemplo, Pedro Eduardo de Felício, especialista en carnes de la Facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Estatal de Campinas, afirmó que la utilización de cabezas de cerdo en la fabricación de chacinados está permitida en el mundo entero: “Es materia prima. Cuando usted industrializa, hace embutidos para aprovechar materias primas de menor costo”, expresó.

Por la reversa, los técnicos en la materia que asesoran al Poder Judicial y a la PF replicaron que el uso de la cabeza de cerdo está permitido sólo para algunos productos y en determinada proporción. La ley permite su uso en productos como cocidos o enlatados. Pero en la linguiça (salchicha) de churrasco, llamada linguiça fresca, ese tipo de carne está prohibido, ya que el producto no pasa por ningún proceso de cocción.

Similar polémica se estableció en torno al uso del ácido ascórbico y del ácido sórbico, así como sobre la interpretación de las escuchas telefónicas, en las que los empresarios aducen que la referencia al cartón no estaba vinculada a intrusiones realizadas en los insumos, sino a materiales para su embalaje.

El gobierno en la cuerda floja

En cuanto al gobierno, se puede decir que su cabeza tiene precio. Al carácter ilegítimo de su condición suma la fragmentación de sus apoyos, que se encuentran pura y exclusivamente en los sectores empresarial y financiero. La composición elitista de su gabinete está escindida entre los intereses de la ABIEC y la ABPA, y el convidado de piedra que representa la CNA. El encargado de dar la cara es el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, también conocido como “rey de la soja”, que por su misma condición empresarial expresa esa contradicción presente en el poder. El tenor de sus declaraciones intenta bajar los decibeles del escándalo. El desprestigiado Temer hace lo propio: en un patético intento por apagar el incendio, minimiza la importancia de la operación, alegando que en Brasil existen 4.837 unidades frigoríficas sujetas a inspecciones federales y apenas 21 están supuestamente involucradas en eventuales irregularidades. Lo mismo sucede –de acuerdo con las afirmaciones de Temer– con los funcionarios del Ministerio de Agricultura, que cuenta con 11.000 efectivos en su plantilla, y apenas 33 de ellos son investigados.

Pero el frente más complejo para el gobierno de Temer es el externo. El affaire sale a luz pocos días antes del inicio de la ronda de negociaciones que se realizará a partir del lunes en Buenos Aires y que procurará articular los términos para un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur.

El frente externo

Ya de por sí, antes de que estallara el escándalo, el acuerdo tenía impugnaciones en la UE. Algunos países que componen el bloque han expresado su preocupación por su impacto en el sector agrícola. A ello se suman las presiones corporativas en el seno de la Unión, como la que expresa el principal sindicato de agricultores europeos (COPA-Cogeca), que el lunes pidió que en el acuerdo se garanticen “las normas de seguridad de la UE”. Para la suscripción del acuerdo el tema cárnico es crucial, y en las conversaciones previas a la ronda ya se ha decidido posponer el tema hasta la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas en Francia, previstas para el período abril-junio. Asimismo, los representantes europeos admitieron su preocupación por el “resurgimiento de tendencias proteccionistas”, en alusión directa al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Mirando al sur

Paulo Schilling, quien fuera secretario político de Leonel Brizola, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, durante su exilio en Uruguay solía decir: “Cuando levanta la cabeza el sur, la levanta todo Brasil”. La sentencia parece apropiada como hilo conductor para comprender en profundidad la significación y los alcances del Lava Jato y de la operación Carne Fraca.

Efectivamente, la historia de Brasil no puede comprenderse sin una adecuada visión de su geopolítica interna. Los grandes quiebres que se han producido en el curso de esta están vinculados a la insumisión del sur y a la lucha por la hegemonía territorial. Notoriamente atrasado en su desarrollo capitalista, Brasil tuvo durante mucho tiempo dos capitales: San Salvador de Bahía y Río de Janeiro, ambas ciudades ejes del imperio esclavócrata que dominó su configuración hasta el siglo XX.

La primera fractura manifiesta está dada por la confrontación entre el secretario general del PCB y líder del “tenentismo”, Luis Carlos Prestes, y el presidente de Brasil y fundador del “Estado Novo”, Getúlio Vargas. No es casual que ambos fueran gaúchos –Prestes era portoalegrense y Vargas de São Borja, también en el estado de Río Grande do Sul–. En definitiva, desde perspectivas antagónicas, ambos expresaban una misma tendencia en materia de geopolítica interna.

El traslado de la capital a Brasilia, en el Eestado de Goiás, en el centro oeste de Brasil, marca un punto de inflexión a esa contradicción aún no resuelta. El artífice de esa centralización territorial fue Juscelino Kubitschek, presidente entre 1956 y 1961, que no por azar había nacido en Diamantina, estado de Minas Gerais.

En esa pulseada por la hegemonía territorial, el péndulo parece virar al sur con el gobierno de João Goulart, tampoco por casualidad nacido en São Borja, al igual que su predecesor Getúlio Vargas.

El golpe de Estado del 1º de abril de 1964 llevó a la cúspide a un nuevo actor social, la burguesía paulista. Con la dictadura, la geopolítica de Brasil se redirigió, en un eje que postergó al sur, privilegiando la línea centro-nordeste. Es el período en que se genera el ABC paulista, uno de los conglomerados industriales más poderosos del mundo, sacando provecho del hambre nordestina, que aportó la mano de obra barata que paulatinamente se proletarizaría, para dar origen a la Central Única de los Trabajadores y al PT.

Lo que la historia reciente demuestra es que el modelo centralizador en el polo industrial paulista, iniciado por la dictadura militar, continuado por las administraciones desarrollistas de las décadas de 1980 y 1990 y continuado por el populismo petista, ha llegado a un punto de agotamiento. En otras palabras, se podría decir que todo aquello que prohijó la dictadura nació contaminado y dio lugar a un modelo que naufragó en la corrupción dura y pura.

Si encontramos una causalidad en los acontecimientos históricos que reseñamos, volvemos a encontrarla en el desenvolvimiento del Lava Jato y de la operación Carne Fraca. No es azaroso que ambos tengan su sede y su usina operativa en el estado de Paraná, es decir, en el sur. Paradójicamente, el sostén de ese impulso está dado por la Justicia y por la PF, instituciones que desde una perspectiva ortodoxa son auxiliares del poder real, pero no poderes en sí mismos. En la vereda de enfrente, se encuentra la poderosa burguesía paulista, un sistema político carcomido por la corrupción, y una izquierda que ya ni siquiera se compadece de su condición de tal.

El péndulo de la historia de Brasil vuelve a virar hacia el sur, y hasta parece surrealista que los destinos del continente estén en las manos de una coalición jurídica y policíaca. Demostración de que los caminos de la historia no saben de apriorismos ni de ortodoxias, y que pueden discurrir por geografías insospechadas.

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Principales compradores de carne brasileña

• Cifras aportadas por el Ministerio de Industria y Comercio Exterior
• China US$ 1.750 millones (13% del total)
• Hong Kong US$ 1,510 millones (11,2% del total)
• Arabia Saudita US$ 1.270 millones (9,4% del total)
• Rusia US$ 1.030 millones (7,6% del total)
• Japón US$ 747 millones (5,5% del total)
• Países Bajos US$ 715 millones (5,3% del total)
• Egipto US$ 690 millones (5,1% del total)
• Emiratos Árabes Unidos US$ 585 millones (4,3% del total)
• Chile US$ 441 millones (3,2% del total)
• Reino Unido US$ 389 millones (2,9% del total)
• Argentina No se aportan cifras