El derrotero de la coalición, subordinada al herrerismo, en poco menos de un año y medio ha sobrepasado los límites de lo turbio, patético, abusivo y escandaloso. Los medios afines minimizan lo que pueden; pero tampoco pueden hacer milagros.
Ya nadie habla del exintendente de Soriano Agustín Bascou, condenado a cinco años de inhabilitación para ejercer actividades comerciales y/o manejar bienes propios o ajenos. En 2020 fue formalizado por haber vendido ganado que se encontraba prendado debido a un proceso concursal y renunció al Partido Nacional.
También de Soriano y del Partido Nacional era Ángel Humberto García Francia, destituido del BPS en 2015 por ineptitud para el ejercicio del cargo, ya que había tramitado jubilaciones de manera fraudulenta. El escándalo no le impidió volver a ser edil por dicho partido mucho tiempo después. Entre bomberos…
En noviembre fue formalizado el exdiputado por Colonia Edmundo Roselli (Partido Nacional) por cuatro libramientos de cheques sin fondo y nueve violaciones a la ley de prendas.
En abril de 2020, la Policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos y comprobó que tanto el alcalde del Municipio Rincón de Valentín (por el Partido Colorado) como su hijo eran integrantes de aquella. ¿Grandes titulares? ¡Naaah! Ni lo sueñes.
Ya nadie recuerda el caso del diputado suplente Nicolás Ortiz (Ciudadanos) que fuera imputado en mayo de 2020 por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano. También se olvidó rápidamente que, en julio de 2020, la Junta Departamental de Río Negro aprobó el pase a la Fiscalía de Fray Bentos y a la Jutep de las actuaciones en torno a las acciones del diputado blanco Omar Lafluf, ya que cuando era intendente compraba combustible en forma directa en una estación de servicio perteneciente a su propio hermano y al arquitecto Guillermo Bordoli, director de Obras de la intendencia y que también fuera candidato a diputado por el Partido Nacional.
En Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional) fue reelecto, pese a estar pendientes de resolución judicial las denuncias por corrupción, nepotismo e irregularidades en licitaciones; pero ya pasó, no es tema para los grandes medios. Entre las acusaciones, figura la de beneficiar al constructor Rodrigo Jiménez. Ahora, tenemos documentos que demuestran que una de las empresas del constructor tiene como contacto (entre los datos fiscales) a Felipe Caram, hijo del intendente, cuyo estudio contable (Guruciaga) le llevaba la contabilidad a Jiménez, ganador de varias licitaciones. Para colmo, el socio de Felipe es Martin Guruciaga… ¡director de Hacienda de la intendencia de Pablo Caram!
Igual de rápido dejó de ser noticia el exedil del Partido Colorado y candidato a diputado en 2019 por el Partido de la Gente, Mauricio de Benedetti, condenado en agosto de 2021 por haber contrabandeado 25.000 cajillas de cigarros, traídos en lancha desde Argentina por el río Uruguay. El operativo realizado por personal de la Armada Nacional se realizó en el campo del político en Paysandú, quien intentó huir junto a otros cómplices, siendo detenido junto al propietario de la embarcación y otra persona que manejaba un tractor para trasladar la mercadería. Los disparos de los marineros no pudieron evitar que otros huyeran.
En Lavalleja, la Junta Departamental derivó a la Justicia el caso del edil Javier Urrusty, quien en el mes de febrero pretendió estafar a la Junta Departamental pasando boletas de combustible por un viaje realizado en su vehículo desde José Pedro Varela a Minas, cuando en realidad viajó en el vehículo de una colega. El edil logró su banca (ahora perdida) por medio de la lista 58 del Partido Nacional, la lista del actual intendente.
Lo más bochornoso es el monto de dinero por el cual una persona arriesga su posición y reputación; pero cosas peores han de pasar. Ni siquiera fue noticia.
Tres ediles de tres departamentos diferentes (todos del Partido Nacional) fueron condenados en agosto por la Justicia: Óscar Daniel Fracuelli Fernández (de Mercedes), condenado por “dos delitos de atentado violento al pudor, ambos en reiteración real”, delito cometido contra su hijastra desde que tenía siete años; el edil blanco Darwin Correa (de Maldonado), condenado por “lesiones personales dolosas” tras agredir al edil frenteamplista Nelson Lages en la Junta Departamental y un exedil blanco (de Paysandú) cuyo caso fue informado por Subrayado, sin dar el nombre, por haber agredido a puñetazos y puntapiés a su expareja.
En febrero de 2021, Pablo Gallo, que fuera edil por el Partido Colorado en Maldonado, fue condenado a 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por haber maniobrado con terrenos en La Juanita. El político colorado tenía antecedentes por contrabando (1997), violencia doméstica (1999) y violencia privada (2012). Protagonizó otros escándalos, como el intento de evitar pagar una multa cuando conducía borracho y la agresión al edil frenteamplista Roberto Airaldi. Por los mismos días fue procesado el edil suplente del Partido Nacional Santiago Pettuto, por agredir a funcionarios de la Intendencia de Durazno por no cargarle nafta gratis.
En octubre, en Cerro Largo, Pablo Cáceres Pereira, que encabezaba la lista 195 del Partido Nacional a la Junta Departamental, fue enviado a prisión por amenazar, agredir y lesionar a su pareja. El dirigente ya tenía un antecedente penal por apropiación indebida. A fines de noviembre murió Ariel Blanco, quien conducía una moto llevando a un acompañante y fue embestido por el vehículo del edil del Partido Nacional Hugo Suárez, quien tenía, exactamente, el doble de alcohol en la sangre que el diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, a quien se le requisaría el auto en diciembre por conducir con 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Al principio se negó a que le realizaran la espirometría, metiendo por delante su condición de diputado; pero finalmente pudieron hacerla.
A fines de marzo, en Dolores, el arquitecto y alcalde por el Partido Nacional Juan Andrés Oronoz (apoyado pública y fervorosamente por Sergio Puglia) fue condenado por haber contactado a un menor para obtener fotografías de contenido sexual por WhatsApp. También era del Partido Nacional el presidente de la Junta de Cerro Largo, Gustavo Viera, condenado en diciembre por pagar a un menor de edad para tener sexo.
Ya no se habla de que, en setiembre de 2020, el general (r) Guido Manini Ríos (que había prometido no ampararse en ninguna clase de fueros) tras ser convocado por la Justicia por no haber informado los crímenes confesados por un camarada de armas ante un tribunal de honor, se atrincheró en su banca.
Eso sí, ha vuelto a saltar un tema publicado por Caras y Caretas en agosto del año pasado. En abril de 2020, el diputado Gerardo Núñez Fallabrino elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior con relación al Servicio de Seguridad Presidencial; pero jamás obtuvo respuesta. El hecho es que el jefe del SSP, Alejando Andrés Astesiano Severgnini, habría sido procesado por estafa en el año 2002 y tiene no menos de 30 anotaciones por delitos de estafa, hurto y apropiación indebida, habiendo dado buen trabajo a innumerables reparticiones policiales.
Y aparte, esto…
Raúl Batlle (hijo del expresidente) dice que nunca le interesó la política ni tuvo aspiraciones políticas ni sabe cómo funciona el Parlamento, cosa que cuenta riéndose ante las cámaras. Que alguien me explique, como si fuera un niño de cinco años, por qué y para qué el Partido Colorado lo puso de senador. Mientras los apellidos sigan teniendo peso en las decisiones, tendríamos que dejar de vanagloriarnos de nuestra cultura cívica.
La coalición saca chispas por todas partes. Cabildo Abierto ha pedido la destitución de Sandra Etcheverry, representante del Partido Nacional en el directorio del Inisa.
Ni en el minúsculo Partido de la Gente hay paz. Edgardo Novick impugnó ante la Corte Electoral la elección del diputado Daniel Peña como presidente de tal agrupación. Peña es el mismo que continuó construyendo una vivienda en Punta Ballena de manera irregular pese a que se había dispuesto la detención de la obra. A diferencia de lo que se hizo con Óscar Andrade, su caso pasó como una golondrina por los medios de comunicación.
En menos de un año y medio, los que estaban preparados para gobernar han tenido cinco cambios en el gabinete. Uno no cuenta, ya que se ocasionó por el fallecimiento de Jorge Larrañaga, dejando la cartera del Interior a Luis Alberto Heber, que venía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de defender los intereses de la empresa belga Katoen Natie. Ernesto Talvi, del Partido Colorado, “renunció” el 1° de julio de 2020 al Ministerio de Relaciones Exteriores. En realidad, el presidente aceleró su alejamiento un nanosegundo después de que el canciller se pusiera a husmear en los gastos de la CARP y la CARU, que manejan más dinero que todo el ministerio. Curiosamente, los medios hegemónicos nunca comentaron nada de semejante coincidencia.
El 1° de mayo de este año Lacalle cesó a Pablo Bartol, titular del Mides. El 27 de junio cayó acribillado por fuego amigo Carlos María Uriarte, quien debió renunciar por exigencia del Partido Colorado, al cual pertenece. Tanto Uriarte como Talvi eran figuras del sector Ciudadanos y Sanguinetti se los comió en dos pancitos.
El 20 de agosto “renunció” Germán Cardoso al Ministerio de Turismo y en su lugar asumió Tabaré Viera, exintendente de Rivera y senador por el Partido Colorado, que debe saber de turismo lo mismo que yo de microbiología. La debacle de Cardoso comenzó cuando destituyó al director Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, por entorpecer la gestión del ministro; pero este ventiló que las diferencias surgieron cuando se negó a aprobar con su firma compras directas de publicidad de manera irregular.
Las remociones continúan batiendo récords. El ministro del Interior sustituyó hace unos días a los directores de las cárceles de Libertad, de Mujeres, Punta Rieles y del Polo Industrial Santiago Vázquez. No cuestionamos la decisión de Heber; pero es llamativa la cantidad de renuncias, cambios y destituciones realizadas por este gobierno en tan poco tiempo.
Como sea, por lo menos una de esas destituciones ha generado una razonable inquietud periodística y es la de Omar Vera, quien había asumido la dirección de la Unidad 6 de Punta Rieles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en marzo de 2021 y elevó a la dirección del INR los resultados de una investigación sobre el tráfico de drogas en esa unidad. Las medidas adoptadas por Vera para combatir las ilicitudes (requisas, cierre de emprendimientos productivos utilizados para actividades irregulares, prohibición de entrada de determinados alimentos y aumento del control en las visitas) terminaron en un conflicto con los reclusos, que reclamaron su destitución. La exigencia se planteó al director del INR, Luis Mendoza (a quien Vera había elevado el informe) y al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González. No mucho después se cumplen las aspiraciones de los internos. La pregunta es si todo “volvió a la normalidad” y ahora pueden traficar sin ser molestados.
Por si fuera poco, Vera presentará una denuncia por homofobia contra el director de Seguridad Santiago González, argumentando que ese el verdadero motivo de su remoción.
En tanto, la motosierra no para. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) dispuso el cierre de Timbó Biblo, una plataforma que permitía a los universitarios acceder a libros y otros elementos digitales didácticos. También se rescindió el contrato del Mides con los cubanos que hacían prótesis de brazos, piernas, zapatos especiales y sillas de ruedas para personas sin recursos. Cuba proporcionó profesionales que solo entre 2015 y 2019 realizaron 15.000 intervenciones en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt).
Tenía razón Gustavo Zubía: se terminaron el amor y la solidaridad. Ese tiempo ya pasó. Este es el tiempo del herrerismo.
—————————————
![]() |
ResponderReenviar
|