Trabajadores temen achique del Estado y privilegios al capital

El director del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, Milton Castellanos, sostuvo a Caras y Caretas, que hay amplias chances de que el próximo gobierno busque dejar sin efecto a las empresas estatales. “Si el Estado privatiza a las empresas públicas, hay pérdida de soberanía y posible aumento de tarifas; no hay que olvidar que en estos casos se está privilegiando a las empresas transnacionales en detrimento de la inversión nacional”, reflexionó.
Sostuvo que los riesgos de las privatizaciones o del achicamiento del Estado son “grandes”, ya que los servicios que tenían muchas veces un carácter social pasan a manos privadas, las cuales lo único que buscan es el “lucro”.
El anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración tiene 457 artículos y, entre ellos, se plantea la «desmonopolización» de la importación, exportación y refinación del petróleo.

Para el cumplimiento de estas actividades, Ancap «podrá constituir una sociedad comercial» que actuará «bajo los mecanismos de contralor regulados» en la ley de sociedades anónimas con participación de entes autónomos y servicios descentralizados.

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo a LA República Radio que Lacalle Pou pretende “desmonetizar” las empresas públicas como Antel, señalando que en su momento “estuvo la idea de eliminarlas; ahora se busca limarlas”.

“Viene otra vez un Lacalle al gobierno, eso lo debemos visualizar. En su momento estuvo la idea de eliminar las empresas públicas; ahora eso tan grueso no se puede hacer, pero se hace lo mismo, se busca hacer lo mismo con la lima, limarlas de modo de desmonetizarlas. Es muy penoso, lo mismo que las modificaciones de las unidades reguladoras. Nosotros en su momento no las votamos cuando se quedaron en el presupuesto del gobierno del presidente Jorge Batlle, porque Uruguay no tenía tantas petroleras, tantas empresas de agua, como para que se justificara un ente regulador”, agregó.

Por su parte, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, negó que esto fuera cierto y sostuvo que reforzará las unidades reguladoras.

«Entre otras cosas, vamos a reforzar unidades reguladoras. Ustedes saben lo que pasó este año con las unidades reguladoras, ¿verdad?. Las absorbió el gobierno, les sacó de alguna manera las potestades, entonces no se podía controlar y regular independientemente. Lo que nosotros queremos es una reguladora, ya sea la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) o la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que realmente tengan las potestades de hacer mejor a esas empresas públicas», afirmó Lacalle, informó El País.
Por su parte, Castellanos dijo a esta revista que “cree” que Lacalle no quiere directamente privatizar las empresas públicas. “El plan que tiene es la reducción de la competencia de las empresas públicas. Yo puedo limar una empresa pública con la competencia y sin darle inversión se queda en una organización pequeña a la que van invadiendo las empresas transnacionales en el mercado”, explicó.

Sostuvo que Ancap puede seguir estando vigente como una “empresa testimonial” para que el gobierno diga “yo no privaticé”. “Pero en los hechos, vacío a las empresas de contenido. Esa es la orientación del proyecto. No las estás eliminando, lo que hacés es quitarles poder real en el territorio. Por un lado, pongo a una empresa estatal en  libre competencia con una empresa privada, pero a la privada no le doy las mismas obligaciones que tiene el Estado. Es necesario que el pueblo uruguayo haga un análisis en profundidad de esta ley para que busquemos entre todos alternativas a la misma”, agregó.

En el período de gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) se anunció un conjunto de medidas que implicaban la acentuación de transformaciones de la economía otorgando prioridad a la reducción del déficit fiscal mediante una política de shock.

Además, se propuso promulgar leyes como la del ajuste fiscal, la venta de los bancos gestionados por el Estado, la reforma del aparato estatal, la desmonopolización de varios servicios públicos y la reglamentación del derecho de huelga.

El gobierno buscaba “revisar y reformar las actividades industriales y comerciales del Estado”. Sin embargo, el domingo 13 de diciembre de 1992 la ciudadanía le dijo que no a los planes del gobierno de privatizar las empresas públicas.

¿Por qué son importantes las empresas estatales?

Castellanos dijo a esta revista que las empresas públicas se construyeron en este país por dos grandes motivos. En primer lugar, para proteger aquellos servicios que son “importantes y estratégicos” en la vida del país, como son los recursos naturales, la energía y las comunicaciones.

“Deben estar en manos de la sociedad y del Estado, porque si no es así, se corre el peligro de que por el tamaño y la importancia de estos servicios, sean capitales extranjeros los que se hagan cargo de ellos, lo que supone que muchas veces las empresas privadas piensen en su beneficio en detrimento de la población”, agregó.
Además, dijo que el objetivo de las empresas públicas es tener soberanía para que el país tenga el control sobre sus recursos estratégicos. “Lo primero que tiene que hacer una empresa pública es dar un buen servicio. Además, son una gran palanca para el desarrollo en países pequeños como el nuestro”, señaló.

Con respecto a la Ley de Urgente Consideración, señaló que tiene una “matriz conservadora”, que busca en muchas aspectos el “achicamiento del Estado”.

“También puede buscar, peligrosamente, que se pierdan condiciones salariales, de trabajo, de poder adquisitivo y de beneficios. Es un proyecto que tiene una mirada conservadora y regresiva en muchos aspectos”, advirtió.
Sostuvo que hay algunos sectores de la sociedad, como el caso del herrerismo, que aspiran a un “modelo neoliberal” de la gestión pública. “Ellos buscan que el Estado sea reduccionista y que solo atienda las cosas primarias, como puede ser la seguridad”, agregó.

“En Uruguay hay algunos que sueñan con eso, el ejemplo más claro con ese modelo fueron las comparaciones que se hicieron con Chile, diciendo que era la panacea del modelo a desarrollar, cuando la vida ha demostrado los resultados nefastos que han tenido los modelos donde el Estado no existe. Los trabajadores somos partidarios de un Estado fuerte”, reflexionó.

¿Cuáles son los riesgos de achicar al Estado?

Castellanos dijo que los riesgos de las privatizaciones o del achicamiento del Estado son “grandes”. “¿Cómo se va a determinar qué protección puede hacer Uruguay sobre los valores de los combustibles? Es decir que los combustibles de Uruguay no son solo la nafta, hay combustibles sociales que son subsidiados por el Estado, como por ejemplo el gas. El Estado tiene una mirada diferente porque atiende políticas sociales que una empresa privada jamás va a medir”, explicó.

Sostuvo que lo único que miran las empresas privadas es la rentabilidad. Además, dijo que el mismo problema que se presenta en Ancap sucede en Antel. “Una cosa es Antel compitiendo con una fibra óptica que la trae en forma soberana y otra es que tenga que competir con las grandes empresas de igual a igual cuando sabemos que no son iguales. Es lo mismo que me digan que un almacén de barrio puede competir con un gran supermercado. La distancia entre una empresa nuestra de combustible con una transnacional es la misma que puede haber entre un almacén y un supermercado”, agregó.

Advirtió que las empresas transnacionales hacen “políticas agresivas”. Uruguay no tiene cómo defenderse; el objetivo de toda empresa privada es su lucro, lo cual es “razonable” en el sistema capitalista que vivimos, explicó Castellanos.
“Una empresa estatal puede y debe tener políticas sociales. En cambio, yo no le puedo pedir a una empresa privada que haga políticas sociales. ¿Usted se imagina? Si UTE no fuera estatal, no llevaría la luz hasta las casas más alejadas en el interior, porque no podría recuperar toda la inversión. Eso son las políticas sociales. El gas es uno de los elementos más importantes en la calefacción durante el invierno en Uruguay. Sin embargo, si fuera una empresa privada, no se importaría gas porque no es rentable. Por muchas lados que lo miremos el mantenimiento de las empresas públicas es un punto estratégico para el país”, reflexionó.