El Poder Ejecutivo decidió no ajustar los precios de las tarifas de combustible en diciembre. De esta forma se llega al tercer mes consecutivo en que el gobierno ignora la regla que creó para marcar el precio de los combustibles. Según explicaron varios jerarcas a la prensa, la decisión se debe a que se mantiene el negocio extraordinario de venta de gasoil a UTE, que lo usa para prender sus centrales térmicas y exportar energía a Brasil, que atraviesa una de las sequías más importantes de su historia.
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La decisión del Ejecutivo levantó polémica en la oposición. El senador por el Frente Amplio, Mario Bergara, consideró que la determinación por parte del Poder Ejecutivo de no subir los combustibles responde a “un cálculo político”. “Reafirma nuestra visión de que es una decisión basada en el cálculo político, porque hubo 800.000 firmas” para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la ley de urgencia (LUC).
Bergara aseguró que algunas autoridades de Ancap ya lo han dicho de manera “transparente”. “Esa sobreganancia, decían las autoridades, permitiría mantener el precio hasta abril o mayo (de 2022), inmediatamente después de lo que va a ser el referéndum”, planteó.
En setiembre, desde el gobierno se explicó que no se subirían los precios de los combustibles a raíz de los resultados favorables que tuvo Ancap, principalmente por la energía de UTE exportada hacia Brasil. Sin embargo, según la versión de Bergara, estas ganancias extras que obtuvo el ente responden a la inversión que se hizo en las administraciones de la ahora oposición.
“En los gobiernos del Frente Amplio se hizo la conversora de ciclo de frecuencias en las fronteras. En aquel momento todos gritaban que era un despilfarro”, opinó. Según estimó el senador de Fuerza Renovadora, una vez que se celebre el referéndum, y si se mantienen los artículos de la LUC, habrá una fuerte suba de los combustibles.