Uruguay se pone al día con la lucha antiterrorista

El Parlamento demoró tres años en tratar la normativa, que fue enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2016. La iniciativa durmió en un cajón hasta que el agua llegó al cuello y la bancada del Frente Amplio (FA) realizó un resumen del proyecto de ley para tratarlo lo antes posible. Así fue que en el Senado se aprobó sin demasiadas dilaciones el pasado martes.

En esa sesión, el miembro informante fue el oficialista Ruben Martínez Huelmo, quien sostuvo: “Uruguay ha reforzado el compromiso con el combate al terrorismo” y aseguró que no será “ni la primera ni la última vez que el país deba asumir” esta clase de exigencias internacionales.

Dijo, además, que se debe “sostener esta ley en un eje que conjuga la seguridad mundial con la plena vigencia de los derechos humanos, el derecho internacional y las garantías que emergen del Estado de derecho que rige nuestras democracias”.

Senadores del FA dijeron a Caras y Caretas que la ley implica un control de la transparencia en materia financiera para las transacciones presuntamente hermanadas con la ilegalidad y que el país ha dado muestra de su compromiso tras eliminar en los comienzos del año 2010 las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Esto, explicaron, alejó al país del mundo de “los paraísos fiscales”.

Un punto destacable en la normativa es que en el caso que se detecten operaciones vinculadas al narcotráfico o al terrorismo el Poder Ejecutivo tiene la potestad de realizar un congelamiento de la cuenta bancaria y enviar todos los antecedentes al Poder Judicial como garantía para que no se cometan fallas a la hora de las culpabilidades.

El proyecto que el martes analizará Diputados dice que su objetivo es “la implementación de  las sanciones financieras en materia de personas físicas o jurídicas relacionadas con el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva, en virtud de lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer la “estructura y autoridad coordinadora en materia de lucha contra el terrorismo, con la finalidad de promover una coordinación horizontal entre las entidades competentes y fortalecer los lineamientos generales en la materia, incluyendo aspectos relativos a la prevención”. “La mencionada autoridad deberá informar anualmente a la Asamblea General de las actuaciones cumplidas”, agrega.

En el 4º artículo se sostiene que “los sujetos obligados deben notificar de inmediato a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay que han efectuado un congelamiento preventivo (…) esta le comunicará al tribunal penal competente, el que dispondrá de un  plazo de hasta 72 horas para determinar si dicho congelamiento corresponde a una persona física o jurídica o entidad mencionada por las Naciones Unidas”.

Más adelante, indica lo siguiente: “La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en coordinación con la Unidad de

Información y Análisis Financiero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y otras autoridades competentes que dicha Secretaría convoque, tendrán a su cargo la implementación de los procesos para la identificación de personas o entidades que cumplan los criterios de designación establecidos en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los procesos para recibir las

solicitudes de congelamiento de terceros países de acuerdo a lo establecido en la S/RES/1373, la exclusión de dichas listas cuando corresponda y asimismo el proceso de comunicación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el que será canalizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Los artículos finales abonan una ampliación del acto terrorista. Martínez Huelmo informó que se declaran de naturaleza terrorista “los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, informáticos o tecnológicos de cualquier naturaleza, o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas”.