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Economía

BID: retos y oportunidades para países del Cono Sur

Uruguay necesita una nueva agenda social

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, “el pico de contagios todavía no ha llegado a los países del Cono Sur, pero los temas relacionados a la transición y recuperación ya son parte del debate de política”. En un documento titulado Retos y oportunidades para países del Cono Sur, el organismo analiza el contexto y el escenario que se presenta en esta región.

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Señala que “también es importante discutir sobre la fase siguiente a la transición, la de recuperación económica. La fase de recuperación durará meses y años y desde ahora se debe internalizar el profundo cambio de contexto que emergerá tras la pandemia”.

Agrega que “la forma en que los gobiernos aborden las fases de emergencia y transición tendrá importantes implicancias para la recuperación, fomentando u obstaculizando el desempeño económico, la cohesión social y la estabilidad política”.

El organismo advierte que “las medidas inmediatas deben centrarse en salvar vidas y abordar las necesidades humanitarias que afectan a los que tienen pocos mecanismos para amortiguar el shock y a los más vulnerables. Evitar daños extensos e irreversibles a las capacidades productivas también es fundamental para preservar la capacidad de generar riqueza. Sin embargo, la epidemia no debe ser tratada como una oportunidad para buscar soluciones de corto plazo para los cuellos de botella estructurales en la región”. Además, “se debe prestar especial atención a la economía política de la crisis para evitar comportamientos oportunistas de grupos influyentes que buscan obtener beneficios bajo el paraguas de la emergencia”.

Destaca “incuestionable que el Estado deberá jugar un mayor papel estratégico en los próximos años, pero esto no debería chocar con la necesidad de que los agentes económicos puedan adaptarse al nuevo contexto poscovid. Paralelamente, será esencial perseguir una agenda social renovada que coloque la acumulación de capital humano y la solidaridad en el centro de la inclusividad y el desarrollo de resiliencia. Las políticas públicas tienen un papel esencial para construir una fuerza laboral en sintonía con los nuevos contextos, mientras apoyan la adaptación productiva y la protección social”.

 

Estabilidad macroeconómica

Para el BID los marcos de política macroeconómica en el Cono Sur se están utilizando al máximo a fin de mitigar el impacto económico y social de la pandemia. Esto se considera positivo, pero señala que una macroeconomía presionada será un legado difícil de manejar.

Constata que el nuevo presidente de Uruguay fue elegido sobre la base de una plataforma que incluía una consolidación fiscal muy necesaria, ya que los niveles de deuda y las presiones fiscales estaban aumentando.

 

El sector real

La covid-19 interrumpió mecanismos de mercado y redes de producción al golpear las estructuras de costos y los patrones de demanda de sectores y empresas. Esto se agregó a distorsiones preexistentes y a un crecimiento pobre de la productividad en la región. El sector privado en el Cono Sur ha enfrentado graves cuellos de botella de eficiencia y una capacidad limitada para adaptarse a los shocks durante muchas décadas, lo que ha llevado a relaciones de financiamiento y empleo frágiles.

 

Una agenda social renovada y fortalecida

El documento subraya que “el riesgo de un deterioro significativo y duradero de las condiciones sociales en el Cono Sur es real dado el desafiante panorama económico y los niveles actuales de capital humano, pobreza, desigualdad e informalidad en la región. La dislocación sectorial inducida por la covid-19 acelerará y/o catalizará tendencias del mercado laboral como la automatización, el teletrabajo, el aprendizaje a distancia y otros. Como resultado, es posible que algunos tipos de trabajos destruidos no se vuelvan a crear debido a transformaciones fundamentales de la industria, mientras que nuevos empleos con diferentes requisitos de habilidades estarán disponibles”.

 

Conclusión

El BID concluye que la región enfrentará momentos decisivos durante las fases de transición y recuperación. “La covid-19 debería funcionar como un catalizador para transformaciones importantes que serán mediadas por los gobiernos actuales a través de sus decisiones políticas. Estos elementos darán forma a la vida económica y social de la región en los próximos años. La estabilidad social y las instituciones democráticas dependerán de manera crítica de la capacidad para proporcionar servicios públicos de calidad y oportunidades justas para la clase media y los más vulnerables. Aprovechar las transformaciones tecnológicas de manera inclusiva y apalancar las demandas emergentes de los ciudadanos será clave para brindar cohesión social y confianza en el Estado como elementos facilitadores para lograr mayor productividad y sostenibilidad. La fase de recuperación, en especial, confrontará a los países del Cono Sur con opciones de modelos económicos que definirán los fundamentos de la estabilidad macroeconómica de largo plazo y la relación entre la sociedad civil, el sector privado y el Estado”.

 

Uruguay

En el análisis de cada país del Cono Sur, tomamos las apreciaciones sobre nuestro país.

“El covid-19 impone importantes desafíos a nivel fiscal, productivo y social, dice el documento.

Luego agrega que “la nueva normalidad representa una oportunidad para acelerar la transformación digital del sector empresarial, que se encontraba rezagada en Uruguay. Por último, será necesaria una nueva agenda social, basada en la adaptación productiva de los trabajadores desplazados y en una mayor focalización de los programas sociales. Las políticas públicas enfocadas a la capacitación y actualización laboral van a ser muy relevantes para que las poblaciones más vulnerables, especialmente los jóvenes, puedan participar en las oportunidades económicas que surgirán en el mediano plazo, en el que será esencial aumentar las capacidades para una digitalización acelerada”.

 

Etapa de transición

Con el levantamiento de las medidas, el costo económico y social de las acciones de mitigación hace necesario examinar el regreso paulatino a una nueva normalidad. Antes de la crisis de la covid-19, se proyectaba un crecimiento entre 1,5%-2,5% para 2020, comparado con 0,2% en 2019. Pero según las estimaciones más recientes del FMI, el producto caería 3% en 2020, para luego crecer 5% en 2021. La caída en el nivel de actividad se verá reflejado en mayores tasas de desempleo y pobreza. En marzo y abril, se presentaron aproximadamente 150.000 solicitudes de desempleo, comparado con cerca de 11.000 por mes en meses anteriores. Los sectores más afectados hasta el momento son la industria manufacturera, comercio, restaurantes y hoteles. Según una encuesta de la Cámara de Industrias del Uruguay realizada a fines de marzo, 69% de las empresas encuestadas redujo sus ventas producto de la crisis de la covid-19 y 68% redujo o discontinuó su producción (especialmente las pymes y las empresas orientadas al mercado interno). Además, los trabajadores informales, que representan aproximadamente 25% del total y son los más vulnerables, se verán particularmente afectados por esta situación, impactando sobre mayores tasas de pobreza e indigencia.

 

Etapa de recuperación

La situación fiscal de Uruguay representa un factor de creciente vulnerabilidad y el gobierno anunció su compromiso de llevar adelante su agenda electoral de consolidación fiscal, aunque con retraso debido a la crisis de la covid. El déficit fiscal del Sector Público No Monetario (SPNM) fue 4,3% del PIB en los doce meses a febrero de 2020 (ajustado por factores extraordinarios), y la deuda pública ha mostrado una dinámica creciente desde 2014, situándose en 63% del PIB en 2019. Además, el 50% de la deuda pública es en moneda extranjera, lo cual suma vulnerabilidad en el escenario actual de volatilidad cambiaria. El nuevo gobierno que asumió en marzo llegó con una agenda que incluía la mejora de la eficiencia de las empresas públicas, la no renovación de algunas vacantes, la implementación progresiva de una regla fiscal, la creación de una comisión para discutir la reforma del sistema de seguridad social, y medidas para priorizar la eficiencia del gasto.

Muchas de estas medidas fueron incorporadas en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), cuyo envío al Parlamento se realizó en abril.

El FMI estima que el déficit fiscal del SPNM alcance 5,6% del PIB en 2020, comparado con una proyección de -4,1% a inicios de año. Esto, junto con la suba del tipo de cambio, eleva las necesidades de financiamiento del país a aproximadamente 11% del PIB, lo cual podrá ser financiado con créditos contingentes que el país ya tenía con organismos multilaterales, nuevos créditos que están siendo negociados con estos organismos y el posible acceso al mercado de capitales. Además, el Banco Central enfrenta un escenario desafiante para contener presiones inflacionarias en medio de mayores presiones sobre el tipo de cambio, lo que a su vez podrá impactar sobre la suba de salarios nominales dados los mecanismos de indexación que existen en el país.

 

Sector productivo

Según el BID, “Uruguay acumula cinco años con caídas en los niveles de empleo e inversión, bajos niveles de productividad y pérdida de competitividad. La covid-19 impone nuevos desafíos a este escenario, en el que muchos sectores enfrentan bajas significativas de la demanda y problemas de financiamiento. El principal problema que enfrentan las mipymes en el contexto actual es la ausencia de liquidez para cubrir costos fijos y mantener el empleo ante la reducción abrupta de sus ingresos. La pérdida de empleos formales podría afectar fuertemente las posibilidades de recuperación económica, dado que estos empleos suelen ser los más productivos y los que aportan a la seguridad social”.

 

Sector social

Si bien la pobreza y la desigualdad son menores para Uruguay que para el promedio de los países de América Latina y el Caribe, parte de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, especialmente niños y jóvenes, reporta el organismo internacional. La crisis del covid podría amplificar estas vulnerabilidades. “En 2019, el total de personas bajo la línea de pobreza fue 8,8% y 0,2% bajo la línea de indigencia, pero Uruguay registra un ratio entre pobreza infantil y pobreza en adultos mayores que lo ubica entre los países con mayores niveles de desigualdad entre grupos de edad, en perjuicio de las generaciones más jóvenes. A esto se le suma que la desvinculación educativa de los jóvenes es una de las más elevadas de América Latina y el Caribe; aproximadamente 40% no culmina la secundaria. Además, un cuarto de los asalariados trabaja en el sector informal, alcanzando este porcentaje a más de la mitad de los trabajadores del primer quintil, y siendo mayor para los jóvenes. Las medidas de mitigación implementadas hasta el momento podrían amplificar estas vulnerabilidades, aumentar la pobreza y desencadenar o aumentar tensiones sociales. En particular, el sector informal, los jóvenes y los menos capacitados han sido los más perjudicados y proclives a perder el empleo.

En la etapa de recuperación, será necesaria una nueva agenda social basada en la adaptación productiva de los trabajadores desplazados y en una focalización de los programas sociales”, concluye el documento.

 

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