Uruguay y la Ley de Urgente Consideración desde la perspectiva del diario español El País

Varios capítulos de la reforma incluyen el refuerzo de las potestades de las fuerzas del orden y endurecen el código penal, especialmente para los menores de edad. En el plano económico, la LUC establece una nueva regla para el gasto público (o regla fiscal) más estricta que la actual, disminuye el número de funcionarios del Estado y cambia el funcionamiento de las empresas públicas que controlan sectores clave como la electricidad, el agua, los combustibles o las telecomunicaciones.

En cuanto a los cambios en materia económica, se señala la necesidad de imponer “un debido control del gasto público, generando ahorros sobre la base de la disminución del mismo”. “No se sostiene más la situación imperante por la cual el ajuste es realizado por el sector privado. Quien debe ajustar los costos es el Estado”, señala el texto.

Pero sin lugar a dudas la gran estocada según el diario es “la derogación de más de 60 leyes adoptadas durante los 15 años de gobierno del izquierdista del Frente Amplio. Así, cambia normas que regulan el sistema de educación pública, se abre un debate sobre las jubilaciones, se cambia la ley de inclusión financiera y se abarcan temas tan dispares como la creación de un registro de violadores o la modificación de la política de áreas protegidas por razones medioambientales.

“La oposición del izquierdista Frente Amplio (FA) rechaza la tramitación de urgencia y en bloque de las reformas gubernamentales. Los legisladores van a plantear que la LUC es inconstitucional por su extensión y porque no se justifica el mecanismo de aprobación tácita que requieren los momentos de emergencia”, afirma la autora del artículo Magdalena Martínez.

Desde su punto de vista “la oposición tiene pocas o nulas posibilidades de frenar la ley, ya que el oficialismo tiene mayoría en las dos cámaras” y señala que “Sectores del Frente Amplio plantean hacer una campaña de recolección de firmas para convocar un referéndum revocatorio y anularla en bloque una vez sea aprobada”.

Por otro lado organizaciones de todo tipo han expresado sus críticas hacia la LUC. “Por ejemplo, Unicef considera que el proyecto de ley contradice los principios internacionales de protección de los derechos humanos y de los niños, ya que aumenta las penas de prisión para los menores de 2 a 10 años y elimina el régimen de semi libertad, entre otros. Según un documento de Unicef enviado a los parlamentarios, el oficialismo no tiene en cuenta la clara disminución de la participación de los adolescentes en los delitos que se viene registrando en los últimos años”.

Fuente: Con información de El País