La irresponsabilidad de usar políticamente el miedo

Lo quiero fundamentar en detalle para que los lectores lo comprendan y para que Larrañaga reflexione sobre esta barbaridad, que es hija de la mala política.

La historia, “maestra de la vida”, según Cervantes, abunda en experiencias y en opiniones muy calificadas sobre el tema del control que la sociedad debe ejercer sobre su aparato militar, el instrumento (que en nuestro país reconoce su origen en el general José Gervasio Artigas) al que ha confiado, junto con las armas, la custodia de la soberanía nacional y otros fines igualmente nobles, pero no las funciones policiales, para lo que no tiene formación.

“Mi autoridad emana de vosotros” es parte de lo mejor del acervo cultural de los orientales y la máxima que empoderaba a la sociedad civil.

Reiteremos que, por definición, las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía, de los recursos naturales y la integridad territorial de la nación. Han sido formadas para combatir al enemigo externo, sin perjuicio de colaborar en muy valoradas tareas en casos de emergencias como las provocadas por desastres naturales. En el caso de los cuerpos policiales, su objetivo es usar la fuerza de forma controlada para imponer el orden y hacer cumplir la ley, incluyendo, obviamente, la represión del delito y sus ejecutores.

¿Qué ocurre cuando se recurre a las FFAA para solucionar temas internos del país, incluso dejando de lado la terrible instancia de la dictadura cívico militar 1973-1985?

Al general Juan Domingo Perón, estratega militar, seguidor de Karl von Clausewitz y sempiterno conspirador, se le atribuye la frase “Sacar los militares a la calle es fácil, lo difícil es hacerlos volver a los cuarteles”. Mao Tse Tung, el máximo dirigente del Partido Comunista Chino (PCCh), conductor de la revolución que llevó a la fundación de la República Popular China en 1949, tuvo entre sus máximas principales que “el Partido manda al fusil”; su “mano derecha”, el mariscal Lin Piao, ministro de Defensa y jefe de los Guardias Rojos que hicieron la “revolución  cultural”, fue uno de las que experimentó las consecuencias de su incumplimiento cuando su avión (de acuerdo a las versiones más recibidas) se estrelló en Mongolia, en 1971, mientras huía tras haber tramado una conspiración militar para desalojar a Mao del poder.

Charles-Maurice de Talleyrand, considerado “el padre de la diplomacia moderna” (que tuvo el récord de desempeñar los más altos cargos políticos durante el reinado de Luis XVI, en la Revolución francesa, en la era del Imperio Napoleónico y finalmente en la etapa de la restauración monárquica, con el reinado de Luis Felipe I, fue quien definió más gráficamente el rol que existe entre el Estado y la sociedad y las FFAA, al aconsejarle a Napoleón: “Con las bayonetas se puede hacer cualquier cosa menos sentarse sobre ellas”.

Ulteriormente, Napoleón aprendería en carne propia que quien quiera sentarse sobre el poder de las bayonetas será agredido o derribado por ellas.

Entre nosotros, la prueba clara está en lo que les ocurrió a Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry. Pacheco Areco dejó la lucha antisubversiva en manos de las FFAA en 1971 y su inconstitucional campaña reeleccionista de 1971 fue hecha mientras recorría unidades militares. La cúpula de las FFAA aprovechó su victoria sobre el MLN para sumarse a la marea negra dictatorial que venía cubriendo América Latina. Se dio el lujo de derribar al delfín de Pacheco, Juan María Bordaberry Arocena, cuando este les envió un memorándum en el cual planteaba su aspiración de implantar un Estado corporativo al estilo franquista, reduciendo el poder de las FFAA.

De esas bayonetas sobre las que se sentaron Pacheco y Bordaberry, bueno es recordarlo, no salimos con las conversaciones que cuenta el Dr. Sanguinetti en esos libros en los que se ríe de la lucha interna y de la realizada desde el exterior. Tuvimos que salir con once años de dura lucha popular y con una carga terrible y aún no saldada de sufrimientos, muertes y desapariciones.

Contexto del proyecto de reforma de Jorge Larrañaga

El proyecto de reforma constitucional presentado por el senador de Alianza Nacional (Partido Nacional) Jorge Larrañaga autoriza, como veremos, que los  militares salgan a las calles a cumplir tareas de seguridad interna que están hoy asignadas a las fuerzas policiales y, como demostraremos, sienta las bases que hacen posible un régimen semimilitar que constituye un enorme peligro para nuestra democracia, régimen que -y eso lo aprendimos los que luchamos contra la última dictadura- es una forma de vida que se conquista y se perfecciona todos los días.

Aunque resulte antipático, es justo y necesario decir que interpretamos esta disrupción de Larrañaga -uno de los pocos políticos de los partidos tradicionales que votó el “voto verde” contra la impunidad- como un desesperado esfuerzo de recuperar electorado, que comenzó cuando Luis  Lacalle Pou dominaba 57% del Partido Nacional según la mayoría de las encuestas, y se presenta ante la Corte Electoral en momentos en que Pompita ostenta, según Factum en su encuesta a abril pasado, 50% de la intención de voto dentro del partido, seguido por Juan Sartori, con 23% (con tendencia creciente), Jorge Larrañaga con 19%, Enrique Antía con 8% y Carlos Iafigliola con 0%.

Debemos decir también que el proyecto de reforma de Larrañaga, si bien no es apoyado por otros candidatos blancos, comenzando por Pompita, se enmarca en el brutal giro a la derecha (en lo político, lo económico, lo social y en políticas militares, entre otras) que comenzó con la muerte de Wilson Ferreira el 15 de marzo de 1988, se acentuó notablemente durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera y no se ha detenido, alcanzando a todos los sectores partidarios. Vale la pena resaltar que el sector que se consideraba wilsonista y progresista, que es el liderado por Jorge Larrañaga, se ha incorporado totalmente al discurso económico neoliberal. El principal lugarteniente de Larrañaga, el diputado Jorge Gandini, afirmó recientemente, en un acto organizado por la Presidencia de la Cámara de Representantes, que “la dictadura hizo cosas muy buenas”, sin que nadie se molestara en corregirlo.

La negación conceptual del wilsonismo que declaman tuvo lugar el pasado 3 de abril, cuando la Asamblea General realizó una sesión extraordinaria para conmemorar los 100 años del nacimiento de Wilson y los 30 de su fallecimiento. Nos relata gente que asistió a dicho acto, y consta en las actas parlamentarias correspondientes, que en el curso del mismo -presidido por la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky-, las intervenciones del Partido Nacional (los diputados Pablo Iturralde y Omar Lafluf y el senador Javier García) fueron no sólo las más pobres, sino que no hicieron referencia al proyecto económico y social del caudillo blanco.

Lo más asombroso fue que estaban presentes en el acto el senador Jorge Larrañaga, el diputado Jorge Gandini y el principal precandidato presidencial del PN, Luis Lacalle Pou, más conocido como Pompita, quienes no se molestaron en honrar al último gran caudillo blanco en un acto de homenaje que, por lo que sabemos, no tiene antecedentes en los anales de la política uruguaya por la lejanía temporal de las circunstancias conmemoradas. Los discursos más brillantes, repletos de referencias a la CIDE y al proyecto económico y social de Wilson (opuesto en forma explícita al neoliberalismo) estuvieron a cargo del senador Ruben Martínez Huelmo (MPP), el diputado Alfredo Fratti (Espacio 609), el diputado Hermes Toledo (Partido Socialista) y el diputado de Asamblea Popular que ocupó la banca de Eduardo Rubio.

Lamentablemente, todo el Partido Nacional es hoy monolíticamente de derecha y sus líderes están tan cuestionados y desprestigiados, que un desconocido con la billetera llena les está pisando los talones en todas las encuestas cuando todavía faltan 45 días para las elecciones internas.

Militares a la calle

El proyecto de reforma constitucional presentado por Jorge Larrañaga intenta incluir cuatro artículos: el primero levanta la prohibición de realizar allanamientos nocturnos en viviendas; el segundo impone el cumplimiento efectivo de las penas por parte de los condenados por delitos graves, que no podrán recibir el beneficio de la libertad anticipada; el tercero crea una nueva figura, que es la reclusión permanente (revisable a los 30 años de condena) para delitos especialmente graves como la violación, el abuso sexual seguido de muerte, el sicariato y la comisión de homicidios múltiples; y el cuarto prevé la creación de una guardia nacional compuesta por 2.000 efectivos de las FFAA especialmente entrenados para participar en tareas de seguridad pública. En realidad, creo que todas las propuestas, excepto esta última, se podrían haber resuelto por ley y sin modificaciones de la Constitución. Es más, me animo a afirmar que podrían haberse adoptado con los votos del Frente Amplio. El huevo de la serpiente está en la creación de esta guardia nacional, que tendrá por competencia “participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo, y realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad públicos que le encomiende el Poder Ejecutivo; dependerá del Ministerio de Defensa, en coordinación operativa con el Ministerio del Interior”.

En verdad, si lo que Larrañaga quiere es un destacamento militarizado para enfrentar a los delincuentes, eso ya existe en la Policía Nacional. Es la Guardia Republicana, resultado de la fusión de las Guardia Metropolitana y de Coraceros, que cuenta con 1.400 efectivos que operan en todo el territorio nacional y posee armamento sofisticado, carros blindados, entrenamiento adecuado y capacitación para la represión de las diversas modalidades del delito. Si no hubiera un propósito político subyacente, Larrañaga podía haber procurado también aquí un acuerdo interpartidario para  mejorar su equipamiento, ampliar el número de efectivos o fortalecer su presencia en el territorio en el que actúa.

Las implicancias del proyecto

Nada de lo que ocurre en un proceso electoral tan complejo como el nuestro puede ser descontextualizado ni es inocente en política.

Esta eventual aparición de los militares como “salvadores de nuestra seguridad” tiene lugar gracias a Larrañaga cuando el capitán Jair Bolsonaro comienza a cumplir su programa neoliberal y de gatillo fácil en Brasil y mientras Mauricio Macri reprime sin contemplaciones todas las manifestaciones contra su cada vez más impopular gobierno. La extrema derecha seguramente tendrá un enorme crecimiento en las próximas elecciones del Parlamento Europeo y Estados Unidos, conducido por un neofascista como Donald Trump, amenaza con intervenir Venezuela e instala bases militares en Colombia y otros países de América del Sur con el propósito de ejercer su poder en todo el continente.

Hay un resurgimiento del militarismo muy visible en todos los continentes, pero muy particularmente en Latinoamérica, alentado por el imperialismo estadounidense.

Los militares de la dictadura uruguaya no han dejado nunca de reivindicar esa terrible etapa de nuestra historia que fue la década infame de la dictadura. En 2017, el entonces presidente del Círculo Militar y ex comandante en jefe del Ejército, general Raúl Mermot, fue acusado de hacer apología de la tortura. Afirmó que no se debe “confundir tortura con apremio físico” en su discurso, pronunciado el Día de los Caídos, pero fue absuelto gracias a la defensa que hizo el abogado Andrés Ojeda, diputado suplente bordaberrista y hoy panelista en varios programas de opinión. Ojeda, que milita actualmente en el sanguinettismo, fue también el abogado defensor de Héctor Amodio Pérez y de uno de los empleados de Cutcsa imputados por el estupro de una menor discapacitada.

Bien conocemos la historia del ex comandante en jefe general Guido Manini Ríos con los Tribunales de Honor y la negativa inicial del actual comandante, general Claudio Feola, a condenar hechos sobre desaparecidos porque “no sé si están confirmados o no”, concepto del que rápidamente tuvo que desdecirse.

El propio Manini Ríos pilotea un claro intento de crear un partido militar y he visto mensajes de WhatsApp sistemáticamente enviados a soldados y aspirantes a soldados en los aparecen proclamas como las del video que subió a la web del Ejército cuando su renuncia; las firma como El Comandante.

En este contexto, resulta especialmente innecesario y contraproducente crear una guardia militar para actuar policialmente.

Cuando se tiene miedo, las cosas siempre parecen peor de lo que son. Por eso el miedo es una mala plataforma desde la que construir algo bueno.

El miedo es enemigo del amor, la belleza, la inteligencia, la tolerancia, la verdad y la solidaridad. Después del miedo, solo hay lugar para la desesperación y, al final, el miedo -como he leído alguna vez- elige expulsar del hombre la humanidad misma.

La irresponsabilidad de utilizar el terror como instrumento para lograr unos pocos votos más (que no van a ir para Larrañaga, sino a los candidatos más directamente militaristas) tiene efectos altamente nocivos para nuestra salud democrática.

Porque sacar a los militares de los cuarteles es fácil, hasta Larrañaga puede hacerlo. Lo difícil es hacerlos volver a los cuarteles. Y el día que haya que hacerlo, hay que ver si Larrañaga le pone el pecho a las balas.