Vivir con miedo como política sanitaria

Los spots publicitarios hablaban de una distancia mínima de dos metros como distanciamiento social, algo imposible de cumplir en el viaje en  varios ómnibus y en otros pasajes de la vida cotidiana; de hecho, en las escuelas se ha implementado el metro y medio, distancia que ahora se reduciría para permitir mayor presencialidad en las clases.

Si ridículo es pensar que la Policía actúe con un metro de albañil para medir las distancia de los “aglomerados”, tan ridículo es el criterio dispar, sobre lo que se considera aglomerado y que no. Alegremente por Pocitos en horas de la noche se  pueden observar grupos de 30 o más personas trasladándose en patines, aglomeración que parece respetar para el gobierno las medidas sanitarias, y no diez botijas tocando el tambor y tomando unos vinos.

¿Por qué se consideran aglomeración violatoria de las medidas sanitarias las marchas de las organizaciones sociales y los trabajadores y no la Expo Rural del Prado?

¿Por qué se considera aglomeración que se tiene que dispersar un grupo de gurises en un espacio público en horas de la noche cuando en ese mismo lugar durante el día se aglomera el triple de gente?

¿Por qué es un riesgo sanitario ser joven y tener como una posibilidad de distracción juntarse a tocar unos tambores y no un refinado almuerzo entre diplomáticos?

Tanta disparidad de criterios, además de generar desconfianza sobre la conducción de las políticas sanitarias en una población mundial ciertamente hastiada de escuchar sobre la covid y el aislamiento, empieza a generar resistencias, sobre todo por parte de aquella población que viene por su condición recibiendo un hostigamiento, en menor o mayor medida, desde tiempos históricos.

Población que siente en la sola presencia policial una actitud de atropello de sus derechos porque las autoridades consideran que ellos violentan lo que a otros se les permite, recibiendo como mucho una amable sugerencia a mantener las medidas sanitarias.

Y aunque el ministro Larrañaga asegure que es un fogoneo de la oposición política que lo llamará a sala y no hay represión, debería visitar cada tanto el “cadáver en su ropero” del jefe de Policía de Flores, que se negó a apelar a disolver por la fuerza una concentración de gente frente a su jefatura.

¿Que cambió en el gobierno que lo obliga a apelar a una medida tan radical contra su propio discurso?

Gustavo Penadés lo dice claramente: se viene el verano y la posibilidad de recuperar un poco de la economía mediante la promoción del turismo interno. En ese turismo interno, como dice el editorial del diario El País, no hay espacios públicos que se permitan ocupar por el “hippismo”, al decir del candidato de Cabildo Abierto en Rocha, Martín Rodríguez.

Mucho palo pa’ que aprenda

La crónica del portal El Eco Digital de Colonia, sobre lo ocurrido en Juan Lacaze, habla de la Policía dispersando jóvenes por la fuerza y corriéndolos por la ciudad.

Los jóvenes aglomerados durante la noche se encontraban sobre la rambla sabalera de donde fueron dispersados, luego de la playa Charrúa y finalmente de la plaza principal.

La crónica también consigna que en los mismos lugares se aglomeró más gente durante el día, pero no hubo represión.

Algunos jóvenes que entendían estaban respetando las medidas sanitarias se negaron a retirarse y el jefe del operativo pidió refuerzos policiales; entonces llegaron los grupos de choque que corrieron a los jóvenes, empujándolos con los escudos y se oyeron algunos tiros de armas con munición no letal.

Otros incidentes que ese domingo 1º de noviembre se produjeron en mayor o menor medida en todo el país se suscitaron con mayor violencia en la plaza Liber Seregni de Montevideo, donde hubo varias personas golpeadas y once detenidos.

Desde el movimiento Bloque Antirracista indicaron, en declaraciones a TV Ciudad, que los efectivos llegaron a la plaza y sin previo aviso, sin dar palabra de disuasión, «se bajan a reprimir». “Llegaron, se bajaron violentos a reprimir y no hablaron con nadie”, según indicaron.

«A partir de eso tomaron a un compañero afro, lo violentan entre cinco policías y las personas comienzan a acercarse al lugar a ver qué estaba pasando y ahí se desencadena lo que sucedió. Reprimieron a varias compañeras femeninas, no agentes femeninos, y fue muy violento todo. Hay compañeras afectadas emocionalmente, hay heridos también porque abrieron fuego con balines de goma y tenemos compañeras con heridas», contó una de las testigos.

Además, les pareció importante aclarar que algunos hechos se están tergiversando ya que no eran 200 personas las que estaban en la plaza, sino que había un número reducido de personas que «estaban haciendo uso del espacio público».

Causó tanta molestia que en el feriado del lunes, los vecinos se volvieron a juntar por unas horas en la plaza en forma de protesta contra el accionar de los efectivos policiales

El Ministerio del Interior, en su versión, sostiene que tres funcionarios policiales resultaron heridos y fueron dañados algunos móviles.

Demos por cierto lo declarado por el ministerio en esa suerte de relato en el que los agredidos fueron los funcionarios potenciales.

Un elemento que genera dudas de cómo se opera es el famoso llamado al teléfono para denunciar aglomeraciones.

Uno debería tener la seguridad de que esos llamados tienen un filtro natural con un protocolo claramente establecido y que, pasado a la actuación policial, existe una primera avanzada que chequea la información recibida.

Sin embargo, esto no es lo que parece estar sucediendo, tomando en cuenta que la Policía arriba al lugar con las fuerzas de choque.

Salvo que, y de esto sí estamos convencidos, se actúe buscando la reacción para justificar este concepto que se esta imponiendo en la opinión pública sobre la “chilenización de la protesta”, a partir de lo ocurrido en la plaza Liber Seregni.

Larrañaga, que nunca será casco azul, que en vez de interponer colchones para amortiguar la violencia, tira nafta, debería saber que desde que se abrió la brecha en el muro de Jericó, la violencia genera violencia.

Vivir con miedo

La Comisión Inter Americana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los operativos policiales y allí le salió al cruce el ministro Bustillo, disparando desde cancillería acusando al organismo internacional de falta de imparcialidad.

Hace un tiempo el ministro Larrañaga disparó fuerte contra la actuación de la Institución Nacional de Derechos Humanos en lo que parece una política tendiente a debilitar y desprestigiar la imagen de las instituciones que pueden abogar por la defensa de derechos civiles.

El Bloque Antirracista da voz a la gente joven que estuvo en la represión en la plaza Liber Seregni; muchas de esas personas, consultadas por Caras y Caretas y otros medios, prefirieron guardar silencio, algunas se recuperan del shock emocional, otras sufren ataques de pánico y el miedo a la represión y a las represalias se instaló allí, donde no era moneda corriente.

Siente miedo la gente de denunciar a los narcos de sus barrios, aunque los desalojen de sus viviendas, y ahora, al decir de un joven de Juan Lacaze, sentimos miedo de quienes deberían cuidarnos.

La militarización de las políticas sanitarias está logrando el objetivo de instalar el miedo, al que se suma ahora que cualquier acto de resistencia es promover la “chilenización de la protesta”.

El pretexto de combatir las aglomeraciones para detener la cifra de contagios -otro elemento para sembrar temor en vez de revisar las políticas sanitarias- está instalando en los espacios públicos el escenario para la confrontación.

Los contagios, al dispararse en la frontera y en los sectores más acomodados de la sociedad, no sirvieron de argumento para evitar la movilización de los trabajadores y las organizaciones sociales.

El Poder Ejecutivo, mediante el ministro Larrañaga, está jugando la carta que venía anunciando: la represión.

Los grandes medios de comunicación y en particular el órgano oficial del gobierno, el diario El País, lo expone claramente en su editorial refiriéndose a estos hechos: “La gente de a pie está podrida de vivir agachando la cabeza ante los delincuentes, ante los patoteros, y ante los parásitos que se apropian de los espacios públicos, y se creen con un derecho natural a imponer su visión al resto. El tipo que labura 10 horas por día, y espera el ómnibus para irse a su casa en la plaza Seregni, o en cualquier plaza del país, no banca más que cuatro patoteros lo incomoden, le pidan plata de pesados, y le impidan disfrutar del espacio público para cuyo mantenimiento ni siquiera aportan. Y la gente quiere que el Estado imponga autoridad y haga valer el derecho de las grandes mayorías, frente a la prepotencia de una minoría violenta.
A eso respondió la Policía el pasado domingo. Y pese al escandalete en las redes sociales, pese al grupo de ’40 organizaciones’, que representan a 10 personas, la mayoría de la sociedad uruguaya está del lado de la Policía, del orden, de la gente que trabaja, y busca un país mejor. Lo dicen las encuestas, lo dijeron las urnas, y si la cosa sigue así, lo gritarán todavía con más fuerza la próxima vez.