Wilder Tayler, presidente de la INHH: «el desborde del poder no se previene con silencio»

Tyler aclara que no se refiere a todo el Estado, pero sí a algunas partes del Estado, porque no esperaban un grado de virulencia tan. De acuerdo a Tayler, «la Institución ha dictado resoluciones, que con frecuencia son urticantes», particularmente cuando se refieren a «algún desborde de poder, lo que con frecuencia genera molestias y reacciones».

Wilder Tyler admite que «tan fuertes como ahora no habían conocido y mucho menos con dos elementos que aparecen. Uno nos llama la atención y tiene que ver con un grado importante de desconocimiento de lo que es la institución en algunos actores políticos y lo otro es una forma de ataque a la persona o a la institución, pero desprovista de fundamento. Eso ha hecho que esto sea muy intenso en las últimas dos semanas».

Preguntado acerca de las repercusiones internacionales que pueden tener ciertas declaraciones por parte de actores políticos acerca de la ilegitimidad de algunos pronunciamientos de la INDDHH, Tayler respondió que en lo que se refiere al «debate acerca de las resoluciones no, ya que por su naturaleza son orientadas a generar debate. Lo que sí puede acarrear consecuencias es el pronunciamiento de que todas las resoluciones, todas, serían desconocidas».

Por otro lado, preocupa «el cuestionamiento a la legitimidad de una institución que fue votada por unanimidad. Hace doce años, cuando se votó la creación de la INDDHH, esto se hizo después de un largo proceso, porque estas instituciones no son el resultado de un pacto político, sino de una lucha popular, de lo que hace la comunidad. Se votó al final de un largo proceso de reflexión, de intercambio, de análisis comparativo de lo que se hace en otros lados».

En consecuencia, para Tayler, ese tipo de generalizaciones «dispara la alarma de la comunidad internacional y de sus órganos de control, como las Naciones Unidas, la Convención Interamericana y otros».

Repreguntado acerca de si un organismo como la INDDHH podía ser calificado de inconstitucional desconociendo a priori sus atribuciones, Wilder Tayler afirmó que sí, que podía ser cuestionado como efectivamente se ha hecho, «pero que no debería. Somos una institución del Estado, al igual que un ministerio o el Tribunal de Cuentas, que son creados por ley». Agregó que «tenemos una institucionalidad muy fuerte, porque la dirección de la Institución está elegida luego de un proceso competitivo, con un escrutinio bastante pronunciado. Hay entrevistas, nuestros CV se publican, hay llamados públicos e incluso se puede oír a quienes cuestionen nuestras credenciales… Decir que somos una institución inconstitucional debilita la institucionalidad, no sólo la de la INDDHH, sino a toda la institucionalidad. Debilita incluso un concepto de la democracia moderna que incorpora como parte del juego natural del Estado de Derecho la existencia de órganos de control como este».

Tayler agrega que «son órganos que emiten pronunciamientos generales, que son tribunales de conciencia y que son el general respetadas en todo el mundo. Hay 120 INDDHH en todo el mundo. La región latinoamericana las conoce desde la década de los 80. En otros lados ya hace más de dos siglos que están funcionando y lo único que han hecho es expandirse como instituciones».

Wilder Tayler es preguntado acerca de si se incrementaron las denuncias de abuso policial en este período, a lo que el presidente de la INDDHH  responde afirmativamente: «En la primera semana más que se cuadruplicaron. Se trataba sobre todo de gente joven, artistas callejeros o en situación de calle. Luego ese pico no se mantuvo. Como institución no llegamos a manifestarnos sobre el tema ya que la gente hablaba con los medios sobre esas situaciones y eso generó una de las primeras reacciones en el MI. Pero mi impresión es que hay un aumento en las denuncias por el accionar policial. Pronto vamos a tener las estadísticas al respecto. Pero además debemos tener en cuenta que en seis meses no podemos extrapolar todo».

A Tayler le resulta significativa la cantidad de consultas que llegan a la institución acerca de si tal o cual cosa es legal o no en materia de DD.HH., «lo que evidencia un clima más crispado que está en el discurso público».

«Un dato no menor es que se haya querido asociar a la INDDHH a la delincuencia, Se dice: «prácticamente están apoyando a los criminales». Pero la gente que viene a denunciar situaciones de abuso no ha estado presa. Recibimos bastante gente joven. Hay una tendencia en esa materia que es preocupante».

En cuanto a la asociación de ese clima con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Wilder Tayler respondió que «cuando se dio el cambio de gobierno no teníamos esa inquietud, pero con la aprobación de la LUC ciertas cosas cambiaron, porque esta ley contiene un paquete de debilitamiento de garantías de todo tipo. Fundamentalmente las vinculadas a las garantías al momento de la detención, lo que va acompañado de una profundización punitiva asociada a la creación de nuevos delitos, algunos de ellos referidos a la interacción cotidiana entre los ciudadanos con la policía, como por ejemplo la figura de respeto a la autoridad o la resistencia al arresto».

«Nosotros dijimos en el Parlamento en los tres documentos analíticos sobre la LUC, dónde se tratan temas muy cercanos a los derechos humanos que esos 113 artículos iban a generar más tensiones sociales, más rispideces entre la comunidad y las fuerzas del orden, que debilitaba garantías y podía generar violencia».

Respecto a la posibilidad de que en el Parlamento se discuta la propia existencia de la INDDHH, Tayler respondió: «Supongo que no. Sería un mensaje regresivo tremendo teniendo en cuenta el desarrollo democrático del país. Esto no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con la sociedad y el Estado».

Acerca de una serie de episodios recientes que muestran un incremento del accionar punitivo de la fuerzas del orden sobre la ciudadanía, Wilder Tayler admitió que le preocupan esos episodios, que acumulados son serios, «pero también me preocupa el mensaje que falta».

«Hace poco vivimos un episodio vinculado al uso de una picana eléctrica por un efectivo policial. El mensaje que se dio fue que una picana se compra en cualquier lado, que fue un error, que era una linterna…Cierto, los rebenques y los ganchos de carnicería también, pero me temo que nos estén induciendo a una suerte de distorsión argumentativa en el momento en el que lo que teníamos que escuchar era: «La tortura no será tolerada y lo decimos desde los más altos mandos». Ese es el mensaje que para y previene la tortura».

«Cuando el mando que opera en una estructura jerárquica dice que algo no pasa, eso no pasa y si pasa hay sanción. Pero el mensaje que se emitió fue demasiado ambiguo como para dejarnos tranquilos».

«Porque el desborde del poder organizado y el uso de la fuerza no se contienen ni previenen con silencio. Para eso se requiere de una política constante, perseverante, que involucre a la formación de los cuadros encargados de hacer cumplir la ley y también la actitud del jerarca, que tiene que apoyar a la fuerza, pero también marcar líneas rojas que no se pueden traspasar en ningún momento, Esa falta de mensaje es lo que nos está preocupando mucho».