Wilder Tayler: “Al gobierno le falta educación en derechos humanos”

El ministro dice que la Institución es un “club político”, mas específicamente un comité de base frenteamplista.

Su director, Wilder Tayler, es un abogado que fue  director legal de Human Rights Watch desde 1997 hasta marzo de 2007. Anteriormente trabajó como consejero legal de Amnistía Internacional, donde también actuó como Director del Programa de las América y, entre 2007 y 2014, fue miembro y vicepresidente del subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura.

La Dra. Mariana Motta fue durante los gobiernos frenteamplistas trasladada por las autoridades judiciales.

María Josefina Plá es una destacada personalidad comprometida con las causas cristianas.

La presidenta de la institución, Mariana Blengio, es de filiación nacionalista y acaso el Dr. Faroppa podría ser la herencia frenteamplista dentro de la Institución, pero catalogar al organismo de “club político”, habiendo sido votados sus integrantes por mayorías especiales en la Asamblea General,  es sin dudas un exabrupto.

En una entrevista con el ministro Larrañaga, molesto por una resolución de la Inddhh sobre la actuación policial en Malvín Norte, calificó de club político y de no tomar en cuenta las recomendaciones del organismo.

Sí, algunas cosas ya había dicho, pero lo que nos preocupa mucho genuinamente es que diga que no va a tomar en cuenta nuestras recomendaciones; nosotros somos una entidad del Estado y si otra entidad del Estado o uno de sus jerarcas desconoce a la otra, se erosiona el funcionamiento institucional. Es como que cada vez que el Tribunal de Cuentas emita resoluciones que a mí no me gustan, las desconozca. La institución toma resoluciones que son recomendaciones y es entendible y aceptable que no todas puedan ser compartidas; lo que es problemático es que se diga que ninguna resolución va a ser tomada en cuenta y rechazadas todas nuestra recomendaciones durante el período, sobre todo por que pone el énfasis en cómo está integrada. Violenta el funcionamiento del Estado de derecho y empaña la imagen internacional del país, como país de funcionamiento democrático desde 1985 a la fecha y de compromiso con los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de la niñez, de la desaparición forzada.

Los miembros que integramos este organismo fuimos electos por la Asamblea General por mayorías especiales, luego de un largo proceso de escrutinio en que se analizaron nuestros CV, una suerte de concurso en el que había muchísimos candidatos, y en tanto todos abogados, tenemos un perfil mas académico que político.

También fuimos criticados muy duramente y públicamente por el gobierno anterior, pero nunca este nivel de críticas personalizadas.

¿Usted cree que las críticas del ministro del interior responden a ubicar a la Inddhh en un lugar donde no entorpezca las nuevas políticas públicas en materia de seguridad?

Me consta que hay una molestia con la institución que viene desde nuestras recomendaciones sobre la campaña “Vivir sin miedo”. Siguiendo el dictado de la ley que nos regula, debíamos pronunciarnos sobre ese proyecto de reforma constitucional y nuestras expresiones fueron sujetas a lo que la ley establece, pero se nos criticó muy duramente.

Yo creo que hay un problema de exposición y falta de experiencia del nuevo gobierno en materia de derechos humanos.

El actual gobierno llega y se encuentra con un organismo nuevo y que no existía cuando ellos gobernaban, antes de la década y media de gobierno frenteamplista.

Esta institución existe en 120 países del mundo, en realidad llegó tarde a Uruguay. No todas las resoluciones que toma la Inddhh son de carácter público, pero se toman todos los días; algunas son sobre denuncias y otras sobre actuaciones que colaboran con el Estado en materia de promoción de derechos.

Hay algunos artículos aprobados en la LUC que consideramos van a acarrear problemas con la sociedad, con el Estado y van a generar problemas de derechos humanos, pero aún es muy nuevo, falta experiencia.

Todas nuestras resoluciones son fundadas y argumentadas jurídicamente, pero me parece que no están acostumbrados a funcionar como gobierno con instituciones de este tipo. Pasa en otros lado del mundo también.

¿La institución actuá solo por denuncia o puede actuar de oficio también?

Actuá de las dos maneras; la gente viene por consulta o denuncia sobre un abuso contra sus derechos por parte del Estado. Ahí hay un protocolo muy reglado que da garantías a ambas partes del proceso, no son pesquisas secretas, pero a veces se opta por la reserva de identidad porque el individuo se enfrenta al Estado y queda en una situación de vulnerabilidad. Nosotros no tomamos denuncias anónimas y a veces concluimos que en determinadas denuncias no hubo violación de sus derechos humanos.

Larrañaga dice que la Inddhh no actuá en el caso de violación de los derechos humanos de los funcionarios policiales.

La institución tiene un ámbito de competencia en que desarrolla sus facultades y ese ámbito de competencia es el Estado o instituciones privadas que trabajan para el Estado y a ellas les hacemos recomendaciones.

A nosotros nos horroriza cuando matan a un policía que iba o venía de su trabajo como cualquier trabajador, padre de familia, pero no le podemos hacer una recomendación al crimen organizado o a un asesino que es capaz de matar a cualquiera en una carretera. Acá no somos insensibles, pero nos lo han dicho y eso es un golpe bajo.

¿Qué pasos se siguen luego de una recomendación si esta no es tomada en cuenta?

Las recomendaciones de la institución quedan en la recomendación. Se dice, para declarar la inconstitucionalidad de nuestras acciones, que somos un Poder Judicial paralelo, pero el Poder Judicial resuelve y tiene imperio, tiene a la Policía para ejecutar su resolución. Nosotros no podemos hacer ejecutar nuestras decisiones.

Pero si se desconocen sistemáticamente las recomendaciones, por ejemplo, en el abuso del accionar policial, ¿no cabe el planteo de la situación a nivel internacional?

Nuestra Inddhh es categoría A en las Naciones Unidas, esto implica ser una de las más reconocidas y los órganos políticos de Naciones Unidas podrían tomar en cuenta una pauta constante de desconocimiento a nuestras recomendaciones, pero no queremos exponer al país a una situación de erosionar la imagen pública de Uruguay.

Ust edes están en funciones hasta setiembre-octubre de 2022. Insistiendo voceros del gobierno con la dificultad que encuentran en la actual integración, ¿piensa que puede venirse una digitación de los nuevos integrantes en sintonía con las políticas de este gobierno?

Para 2022 hay un integrante que cumple dos períodos y debe retirarse; el resto podemos ser reelectos, pero vamos a ver si queremos. He escuchado hablar de que es una integración poco balanceada, pero nadie dice qué quiere decir eso o dicen que está politizada, pero no dan argumentos ni plantean por qué discrepan con nuestras resoluciones, y cuando lo dan, no convencen.

¿Cuáles son los principales problemas en materia de derechos humanos que visualizan ustedes en Uruguay?

Personalmente pienso que Uruguay por su estructura democrática podría resolverlos por si solo, pero hay dos temas que me tienen preocupado. Uno es el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y, pasados tantos años, pienso que es algo que la comunidad internacional va a tener que abordar, que nuestros gobiernos van a tener que solicitar una mano aunque sea técnica, pero evidentemente nos faltan cosas, crear una comisión de la verdad real, abierta participativa, etc. El otro tema que me parece no estamos resolviendo bien es el tema de la violencia intrafamiliar y los homicidios y creo que un tercer problema, por ahora en potencia, son las puestas en práctica de las resoluciones de la LUC, en cuanto a la legítima defensa y la presunción, ese concepto cargado de verbos que habla de la falta de respeto a la autoridad. Eso va a traer problemas en el actuar de las instituciones que aplican la fuerza, debilitando los derechos humanos de la sociedad.

¿Cómo vienen las partidas presupuestales?

Nuestro proyecto presupuestal se presenta y define primero en la comisión Administrativa del Parlamento y luego del Senado. Seguimos aspirando a poder tener una pequeña ofician en Tacuarembó pero el gobierno anterior no lo votó. Nos preocupa este clima adverso contra la Institución y las políticas de austeridad. En esa partida hay que recordar la importancia del financiamiento en la búsqueda de los detenidos desaparecidos.