A la búsqueda de un caudillo militar

La cómoda situación de los parlamentarios de la oposición, permitió, además, una fuerte demagogia de quienes, con total irresponsabilidad sobre las cuentas públicas, ven en los militares una pecera en donde pescar votos. Parece obvio que a blancos y colorados, hoy día, sólo les importa ganar.

Este fenómeno ha sido muy evidente, porque políticos y medios de comunicación han pretendido construir un caudillo militar insubordinado en la figura del comandante del Ejército, el general Guido Manini Ríos, sobre todo a partir de su arresto por declaraciones políticas.

La actitud responsable de Manini al aceptar sin protestar la sanción y la energía y mesura de Tabaré Vázquez han hecho fracasar esta provocación. Sin embargo, asombra ver a políticos como el blanco Felipe Bruno, presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, que dijo nada menos que “quizás debería volver la dictadura para que los sabandijas se terminen de una vez” porque “la gente está pidiendo a gritos que alguien ponga orden”.

O al “wilsonista” Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Diputados, diciendo a voz en cuello ante decenas de personas, tras una conferencia en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, que “la dictadura hizo cosas buenas”.

Bruno es partidario de Lacalle Pou y Jorge Gandini un alto dirigente que responde a la corriente de Jorge Larrañaga.

Las declaraciones de contenido político de Manini Ríos fueron apoyadas por el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana (que dijo que iría a esperar al comandante al aeropuerto, como fue a esperar a Wilson al Puerto de Montevideo), y el expresidente del Directorio del Partido Nacional, el herrerista Luis Alberto Heber, afirmando en su cuenta de Twitter que “no hay mayor condecoración para un jefe que se lo sancione por defender a su tropa. Murro miente y era necesario dejarlo en claro. Siguen los ataques a las Fuerzas Armadas”. Por su parte, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, se pasó de listo y declaró a los medios que si él triunfara en las elecciones, designaría a Manini como ministro de Defensa.

Mientras los políticos y los medios hablaban, otros, más audaces, actuaban: en estos mismos días fueron vandalizadas las placas de la memoria ubicadas frente al Hospital Militar y el ex Centro de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), en Eduardo Víctor Haedo y República, y en la casa del difunto capitán de navío Óscar Lebel. Asimismo se dañó el Memorial de los Desaparecidos en el Cerro de Montevideo.

Lo peor, acaso, fue el reportaje efectuado al presidente del Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva por el periodista César Bianchi (que también había reporteado elogiosamente a Héctor Amodio Pérez); el militar insultó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y al FA, diciendo que no hubo dictadura ni terrorismo de Estado y sosteniendo que “hay condiciones para que los militares vuelvan a tomar el poder”.

Esto motivó que el abogado Daoiz Uriarte señalara que esos dichos “constituyen una verdadera apología del delito, negando la dictadura, las desapariciones y alabando a Gregorio Álvarez”, violando el artículo 148 del Código Penal, que pena con entre tres y 24 meses de prisión a quien hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos. Esto motivó una denuncia por apología e incitación al delito que será presentada por Uriarte, con patrocinio de las organizaciones Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer y el Pit-Cnt.

Uriarte enfatizó que esas declaraciones atentan contra la Constitución, ya que “justifican el golpe de Estado y niegan la existencia del terrorismo de Estado y de los desaparecidos”.

Todo esto es muy grave, porque las Fuerzas Armadas han mantenido, especialmente en los tres últimos gobiernos del Frente Amplio, una conducta leal y respetuosa de las instituciones y muy particularmente el general Manini parece una garantía de respeto a la Constitución y de lealtad al presidente de la República, que además es su comandante en jefe.

Por otra parte, en las redes sociales e incluso en algunos dirigentes frenteamplistas, se nota un poco de confusión y cierta simpleza al reclamar la destitución del militar. Se hace necesario, en esta coyuntura, respaldar el propósito de la institución militar de mantenerse respetuosa de la Constitución y las leyes, alejada de las circunstancias electorales y de la seguridad interior, cumpliendo con las funciones que la ley asigna a las Fuerzas Armadas, de defensa de la soberanía nacional, protección de las fronteras y defensa de los recursos naturales.

Finalmente, en este contexto fue aprobado el jueves en la madrugada el proyecto que reforma el sistema previsional militar, iniciativa que diera pie a las declaraciones que llevaran a la sanción de Manini. El proyecto sancionado, y que ahora volverá al Senado, contempla cambios respecto al original, en particular en lo referido al personal subalterno. En este caso se contempla que no se afecte a los nuevos ingresos y a quienes computen hasta cinco años de servicio. Para los casos de los funcionarios que lleguen a la edad de retiro obligatorio sin haber computado los años requeridos, se permitirá que puedan seguir en servicio hasta lograr los años para poder retirarse.

A partir de ahora los militares se someterán a nuevas reglas en cuanto al cálculo de sus pasividades, algo reclamado de manera insistente desde el FA para equilibrar el creciente déficit de la denominada Caja Militar.

Falta ahora el tratamiento a fondo de la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la que traerá cambios en su estructura y misiones.