A nueve meses del Plan Dignidad, la rehabilitación sigue siendo marginal

También planteó la complejidad ocasionada por el consumo de drogas. Aún no había llegado el coronavirus a las cárceles ni se había incrementado la población carcelaria.

Las imágenes entregadas a la Comisión Legislativa fueron ampliamente difundidas por la toda la prensa durante días, y así, por breves instantes, la opinión pública uruguaya pudo acceder al horror.

En el medio de las imágenes de espanto, el chicaneo político adjudicándose responsabilidades de gestión por parte de las respectivas autoridades.

De los 26 establecimientos con los que contaba el INR en aquel momento, los que parecían padecer las peores condiciones son los que desde siempre captan la atención noticiera.

El Penal de Libertad, el Compen en Santiago Vázquez y la Cárcel de Canelones ostentan los primeros lugares en ser uno de los círculos del infierno de Dante.

En ese escenario, y sin desconocer las honestas voluntades de revertir la situación, el solo efecto de pintar una celda parece un logro maravilloso.

En octubre de 2020, Caras y Caretas realizó una entrevista al director de Convivencia, Santiago González, quien sintetizó el objetivo del Plan Dignidad con la frase “que las celdas dejen de ser cavernas”. Qué tanto de celda y qué tanto de caverna tienen las principales cárceles de nuestro país es lo que intentamos despejar en función de denuncias que hicieron llegar a Caras y Caretas desde el fondo de las cuevas, mientras esperamos la publicación del informe del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.

Punitivismo

“Necesitamos mas policías para dar más seguridad en las cárceles”, nos decía en octubre el director Santiago González, sobre los nuevos objetivos trazados, pero lo que nuestras fuentes nos han indicado es que la mayor presencia policial no se refiere tan solo a un aspecto cuantitativo, sino a un cambio de orientación con una impronta fuertemente punitiva, una mayor represión policial, con lo que genera ambientes sobrepoblados y ahora aterrados por la presencia del coronavirus.

Las denuncias de estar recibiendo un trato más imperativo por parte de los guardias penitenciarios, en lo que parece ser una apuesta a un restablecimiento de la autoridad dentro de las cárceles, recuerdan circunstancias históricas en las que debieron tomarse medidas contra el abuso y la corrupción policial.

Sin llegar a determinar si la situación generalizada es la de la implementación del Plan Dignidad o la de las denuncias recibidas, se parece estar transitando la situación también definida por González en su momento: “El camino es lento, el camino tiene frustraciones y no se ven resultados rápidamente”.

No todo es una papa

El 11 de marzo los grandes medios televisivos difundieron la presencia del presidente Luis Lacalle en la cosechas de papas en el Penal de Libertad.

Junto a los ministros de Interior, Jorge Larrañaga, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y la intendenta de San José, Ana Bentaberri, el mandatario se hizo presente en esta iniciativa del proyecto Chacras, del Plan Dignidad. Agradeció al presidente a la Asociación de Semilleristas y Cultivadores de Papa por involucrarse en el proyecto, así como a los reclusos.

Felicitó por la iniciativa a los ministerios y a los internos, a quienes les dijo: “Depende mucho de ustedes que esto se siga haciendo; si se hace bien, otros compañeros suyos van a poder entrar en esto; confiamos en que van a saber usar estas herramientas”.

En esta cosecha serán recolectados 60.000 kilogramos de papas, que integrarán los insumos alimenticios destinados a las 13.300 personas privadas de libertad en Uruguay. En declaraciones a la prensa, Lacalle calificó este trabajo como un ejemplo incipiente hacia el autoabastecimiento de las cárceles, señaló que forma parte de la redención de la pena y, además, es una actividad que ayuda a evitar el ocio.

Sin embargo, las peripecias de los “obligados productores” no es tan armoniosa como lo que mostraron las cámaras.

Primero, porque poder acceder a trabajar en las dos hectáreas de la Unidad Penitenciaria destinada a este proyecto se convirtió en una moneda de canje, utilizada discrecionalmente por parte de algunos funcionarios penitenciarios sobre los reclusos.

Las denuncias cuentan de funcionarios que imponen su autoridad equipados con su arma de reglamento y azuzando a los perros guardianes contra algunos presos.

La tónica de funcionamiento habla de amenazar con suspender la presencia en el trabajo realizando un informe y enviándolos al calabozo, donde luego son “flauteados” (cambio de celda sin previo aviso ni comunicación).

La incomodidad de un mameluco verde utilizado durante la tarea también fue motivo de tensión. Las fuentes indican que para poder trabajar deben atarse las mangas del mameluco a la cintura y trabajar con el torso desnudo, ya que si bien el largo de piernas es adecuado, no así de la cintura para arriba. Pero como no ponerse el mameluco en su totalidad va contra las reglas, ha sido motivo de sanciones.

Como trabajar en la papa es una oportunidad, muchos presos con situaciones delicadas de salud prefieren no evidenciarlas para evitar ser enviados a los calabozos.

El sistema reproduce viejas prácticas, en las que acceder a poder trabajar no solo implica evitar ser sancionado, sino poder aportar algunas “comisiones”.

Buscando la reacción

La mayoría de las denuncias, algunas de la cuales han llegado al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, enfatizan que a partir de la práctica más represiva de los últimos tiempos dentro de algunas cárceles, hay una constante actitud por parte de algunos guardias de “buscar la reacción”.

No parece ser una situación generalizada según nuestras fuentes, pero se van sumando elementos.

En el lenguaje interno estas situaciones de “pijeos” pasan por hacer un mal uso de los protocolos sanitarios impidiendo, con el argumento de la restricción de personas de afuera, la visitas de abogados defensores o familiares, hasta el uso tendencioso del escáner, sobre todo con las mujeres, acusadas de ingresar droga.

El no acceso a algunas medicinas, que puede ser un problema no resuelto de abastecimiento, también se transforma en una moneda de cambio.

Al guardia penitenciario parece haberle sido asignado un rol más preponderante en su vínculo con los personas privadas de libertad (PPL), por encima de los operadores penitenciarios, agentes centrales en las políticas de rehabilitación.

Pequeño para el mundo

Algunas situaciones denunciadas, que dan la sensación de ser elementos aislados, anécdotas ocasionales, en las actuales condiciones de algunos centros penitenciarios del país se convierten en eje del mundo.

Guardias penitenciarios realizando su labor y utilizando picanas eléctricas contra algunos PPL; manejo extorsivo por parte de algunos “llaveros”; demoras en servir la comida una vez salida de la cocina; desorganización en la aplicación del plan de vacunas contra el coronavirus, que hace que presos ya detectados como positivos convivan con otros que no fueron hisopados o no manifestaron síntomas; vacunas dadas al barrer sin mayores criterios de priorización de las franjas por edades; preventivos que son alojados en el Penal de Libertad; demoras o suspensión de traslados a los centros hospitalarios son algunas de las denuncias que entregaron a Caras y Caretas.

La falta de recursos de la Dinali (Dirección Nacional del Liberado) está impactando en algunos centros con la no entrega de canastas y, en algunos casos, aportando cifras ínfimas para el transporte.

Esperando el informe

Si algunas de estas denuncias son muy puntuales o forman parte de una situación más generalizada producto de un desborde institucional, de un descontrol que no esta pudiendo ser encauzado, lo sabremos en su versión oficial cuando se publique el informe del comisionado parlamentario.

Los elementos denunciados que Caras y Caretas recibió en esta oportunidad van desde prácticas de desidia y poco apego, hasta apremios físicos con el uso de picanas eléctricas, por fuera de cualquier situación de procedimientos de requisas o en el intento de sofocar un intento de motín.

Las denuncias también hablan de la falta del suministro de agua potable, energía, alimentación y medicamentos, del cobro de comisiones y de la existencia de un mercado interno basado en el acceso a algunos beneficios de alojamiento, celulares o droga.

Por encima de las responsabilidades de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio del Interior, las fuerzas políticas democráticas deben poner el foco sobre la situación carcelaria. No solo para colaborar en la tarea asignada al comisionado parlamentario de fiscalizar la gestión del sistema penitenciario; también para que no lo tome desprevenido el surgimiento, aún en estado larvario, de elementos de la extrema derecha que, haciendo causa en la justicia de denunciar arbitrariedades, van ganando terreno y militantes.