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Política

Delitos económicos de la dictadura cívico militar

¿A quién protege el ministro de Defensa?

El ministro de Defensa, Javier García, tomó la decisión de declarar la “totalidad de las actuaciones del Tribunal de Honor del Teniente Coronel en situación de retiro, Armando Méndez Caban, por un período de 15 años desde su clasificación”. De esta manera impide acceder al contenido de sus declaraciones hasta el año 2036.

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Lo resuelto por el Ministro clausura el acceso a la información solicitada por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Javier García puso como excusa que los testimonios de Armando Méndez en el Tribunal de Honor tratan sobre un tema comercial.

En declaraciones a varios medios de comunicación, García argumentó que “tribunales de honor hay de muchas características. Los hay por deudas entre oficiales, de los 1980-1990. Los hay por problemas comerciales y este es por un tema comercial. También por opción de género, por infidelidades. Me parece que sería una cosa que no corresponde a un tribunal de honor, que ya no existen más, ahora están los tribunales de ética, que se hacían en virtud de cánones de otras épocas vinculados a temas personalísimos. Yo no tengo derecho, porque tengo que protegerlo a usted por un tema que es vinculado a su opción sexual o a su vida familiar. No corresponde que yo lo divulgue”, afirmó.

Sin embargo, desde la organización de Madres y Familiares sostienen que existen antecedentes de Tribunales de Honor a los que se convocaron militares por temas personales, que terminaron abordando aspectos vinculados a crímenes de la dictadura.

Entre las varias preguntas que el ministro de Defensa, Javier García, debe aclarar, se destacan al menos dos: a qué negocios comerciales refieren las actas y si allí hay datos o pruebas de delitos económicos perpetrados por los militares o los empresarios involucrados.

Todas las informaciones de estos días aluden a que los “temas comerciales” en los que se escuda el ministro García en realidad refieren al Operativo Conserva, una de las mayores estafas al Estado realizada por el Goyo Álvarez y el Grupo Alori, empresarios de la industria frigorífica que además controlaban el Banco Pan de Azúcar, además de otros negocios (ver aparte).

 

Armando Méndez y su papel contra el Operativo Conserva

 

Para que la operación se concretara no solo bastaba la participación del MGAP, que garantizaba la operación asumiendo cualquier pérdida, además era necesaria la aprobación formal del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director en ese momento era el Mayor de la Marina, Armando Méndez, quien concluyó que el operativo era inconveniente porque “el precio final de adquisición del corned beef era superior al de su posible colocación internacional. El Goyo lo destituyó de INAC, que pasó a estar dirigido por un coronel del ejército afín a Álvarez, quien cumplió fielmente las órdenes.

Si el testimonio de Armando Méndez refiere a ese delito cometido por militares y civiles enriquecidos durante el régimen dictatorial, podría aportar elementos para la actuación de la Justicia.

Y si no se refiriere a ese caso, entonces es que había otros “temas comerciales” en los que Armando Méndez actuó cuando todavía era un militar en activo de la dictadura, mucho antes de transformarse en un poderoso empresario de los negocios de la seguridad.

 

Militares y negociados

Se sabe que durante la dictadura, la casta militar disputaba intereses particulares o en alianza con grupos económicos para llevar adelante negocios y negociados amparados en el poder militar que detentaban.

Un ejemplo compartido con Argentina fue que los frigoríficos argentinos intervinientes en la operación pertenecían a un grupo estrechamente vinculado con el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps. No fue la única inserción de los líderes de los comandos operativos capturando parcelas en el negocio frigorífico. de este lado del río, Gavazzo y Arab estuvieron implicados en el escándalo del caso del empresario Angelopoulos y el frigorífico Comargen.

Otro de los encontronazos fue el que enfrentó, por un lado, a la facción del Goyo Álvarez en contra de la dirigida por el coronel Juan Vicente Queirolo, quien se había vinculado a los negocios de Licio Gelli en Uruguay al mando de Umberto Ortolanni. Queirolo había crecido siendo la mano derecha del general Cristi, el fundador de la logia Tenientes de Artigas, quien denigraba a Álvarez, y también no ocultaba sus ambiciones de liderar el régimen.

Gelli era el máximo dirigente de la Logia Propaganda Due (P2) de Italia, de corte masónico y fascista, quien se había fugado de Europa para no pagar por sus múltiples estafas, chantajes, negocios financieros con el Banco Vaticano (de la Iglesia Católica) y hasta actos terroristas como la bomba en la Estación de Bolonia en 1980. Gelli se había camuflado tras la caída del fascismo de Mussolini para pasar a ser un puntal en las actividades anticomunistas de la CIA en Italia y toda Europa. Así fue que a mediados de los años 70 conformó una trama vinculando el poder político, militar y judicial con el poder empresarial y financiero. Cuando el escándalo de la logia salió al descubierto, huyó a Sudamérica, siendo particularmente protegido en Argentina y Uruguay para desarrollar múltiples negocios.

A tal punto fue la lucha por el poder y los buenos negocios militares en “temas comerciales” que el operativo que desbarató a la esta logia masónica italiana en Uruguay, como lo contó Samuel Blixen en Brecha en 2018, lo ordenó el Goyo con un allanamiento que comandó el Inspector Víctor Castiglioni en la mansión de Licio Gelli en Carrasco, de donde se llevaron la lista de todos los nombres integrados a la logia en Uruguay. Un botín que fue utilizado para encaramarse al poder.

Ese fue el golpe de gracia que incluso terminó con el control de los italianos en el Banco Financiero Sudamericano (Bafisud) y su posterior quiebra, donde estaban asociados a entrañables familias de la rosca uruguaya arrimada a la logia. Allí figuraban Julio Aznárez, los Strauch, los Santayana y la inefable familia Peirano Facio. Pero, sobre todo, semejante golpe de audacia fue el que entronizó a Gregorio Álvarez en la presidencia en setiembre de 1981, en detrimento de Queirolo y otros militares que aspiraban a conducir el poder.

 

El manto sagrado de la impunidad

 

Impedir el acceso a la información pública respecto de estas actas bien puede mantener en la impunidad delitos que expresamente fueron incluidos en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

A tal punto que fue el propio Wilson Ferreira Aldunate quien expresamente incluyó el artículo 4 para poder juzgar a los militares y civiles que cometieron delitos económicos a la sombra del régimen.

Durante los gobiernos de coalición blanqui-colorada, tras la caída de la dictadura, la alianza rosada  (en los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti, el de Luis Alberto Lacalle y el de Jorge Batlle) impidió sistemáticamente cualquier avance de las investigaciones sobre esos delitos económicos, tanto parlamentarias como en la Justicia, no aplicando el artículo cuarto y violando la propia ley por ellos creada, traicionando incluso su propios argumentos en la campaña por el voto amarillo.

Un ejemplo es que, en 1987, el alto dirigente del Partido Nacional Alberto Zumarán intentó investigar desde el Parlamento, pero ante el impedimento por mayoría de colorados y algunos blancos, decidió entregar los datos a la Justicia, donde la investigación también naufragó.

Antes, desde el Poder Ejecutivo, Julio María Sanguinetti había ordenado clausurar la investigación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, orden que fue ejecutada inmediatamente su ministro Pedro Bonino.

Al asumir el Frente Amplio el gobierno, en 2005, se declaró abierta la posibilidad de aplicar el famoso artículo cuarto, pero algunas posibles investigaciones se frenaron por la cultura de la prescripción de los delitos económicos que se imponía en la Justicia uruguaya. Sin embargo, en caso de resolver favorablemente la postura de que no se deben contar los años donde se impidió investigar, se podrían abrir algunas causas que involucran a más de un militar y a más de un grupo económico que fue beneficiado por los negociados de la Dictadura.

Quien se ha llenado la boca más de una vez con el wilsonismo podría aclarar si acaso pretende proteger a empresarios que tuvieron enormes ganancias fraudulentas gracias a la protección militar o, acaso, seguir brindando la impunidad a militares que hoy se han incrustado en la estructura estatal a través de Cabildo Abierto, su socio en la coalición de gobierno y tan presente en el ministerio que dirige.

 

Corre con tu alcurnia

Pero en el Poder Ejecutivo, el ministro de Defensa no es el único que puede ayudar a descubrir delitos y complicidades. El actual ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, es sobrino del exministro del mismo ministerio durante la dictadura. Precisamente el Ing. Carlos Mattos Moglia fue designado por el Goyo Álvarez para actuar en complicidad con los Alori en la trama que involucró al MGAP en la mayor estafa de la industria frigorífica, el Operativo Conserva.

El actual ministro, cuyo currículum familiar fue tan bien esquivado por la gran prensa al asumir el cargo, cuando lo común suele ser exponer tan alta alcurnia enraizada con las tradiciones basadas en el poder terrateniente, comparte con su tío los mismos antecedentes en la presidencia de la Asociación Rural del Uruguay. Eso no lo equipara ni por asomo con la vergonzosa actuación de Carlos Mattos Moglia. Aquí también vale desear que la fruta no caiga cerca de aquel árbol. Sin embargo, vale preguntarse si acaso se animará el actual ministro a arrojar algo de luz sobre aquellos negocios que tanto daño hicieron al ministerio y al Estado uruguayo o se sumará al ocultamiento impuesto por su par de Defensa, Javier García, para la protección de tan redituables temas comerciales.

 

El Operativo Conserva

Consistió en la venta de  carne faenada a la vez que también ganado en pie a Argentina para su industrialización, retornando como corned beef enlatado para su posterior exportación. Una de las sospechas fue que la calidad del ganado que cruzaba no era la misma que después venía enlatada; ya que los frigoríficos argentinos reexportaban esa carne, industrializando ganados de menor calidad para enviarlos como corned beef a Uruguay.

El acuerdo se selló en Uruguay por el representante de los frigoríficos argentinos envueltos en la trama. Un canoso y elegante Sr. Vizental vino a Montevideo representando a un pool de empresarios frigoríficos y selló el acuerdo en las oficinas de Inversur en la calle Rincón.

Inversur firmó un contrato con el Ministerio de Ganadería en junio de 1982. El acuerdo implicaba cuatro etapas: la exportación a la Argentina de carne vacuna uruguaya y ganado en pie, la elaboración de corned beef, la venta del mismo y la prestación de “servicios especiales” por parte de la empresa Inversur.

El único estudio serio sobre el operativo conserva fue el que expuso el Economista Miguel Carrió en su libro País vaciado. dictadura y negociados, publicado por Monte Sexto en 1987. Carrió fue integrante de la Comisión Banca y Financiamiento del FA y pertenecía al Partido Comunista. El libro marca a fuego la corrupción del régimen y de Álvarez en concreto.

Según el autor, el convenio obligaba al Estado uruguayo a pagar los costos de la operación y a comprar el producido. Explica que el MGAP quedó como propietario de la partida de corned beef a un costo promedio de 22 dólares la caja, 25 % por encima del precio internacional del producto, y con una deuda por 12 millones de dólares con el Bank of América, que generosamente, en confabulación con los Alori, había financiado la operación.

Además, una parte de la conserva fue reexportada por Alori a 16 dólares la caja, perdiendo el Estado la diferencia y ganando Alori las comisiones que INAC pagó por la venta. Una segunda parte de esa partida fue utilizada para la campaña electoral del último intendente municipal de la dictadura en el departamento de Montevideo, Juan Carlos Paysée (Partido Nacional), y el resto fue comprado por el frigorífico Lipena SA, también vinculado a los Oyenard Alori del frigorífico Carrasco, que nunca las pagó.

Por último, los “servicios especiales” del acuerdo consistieron en una gestión ante el Bank of América para que otorgara a la dictadura un préstamo de 27.3 millones de dólares; previa compra por parte del Estado de su cartera de deudores incobrables, y que fue parte de otro de los negociados multimillonarios del régimen beneficiando a la banca extranjera y a connotados grupos económicos nacionales, la famosa compra de carteras.

A nivel parlamentario, la propuesta de investigación presentada por senador Alberto Zumarán se estrelló contra un muro de silencio cerrado a cal y canto por el Partido Colorado con complicidad de los parlamentarios no wilsonistas del Partido Nacional. En el año 1987, el Ministerio de Ganadería realizó una investigación administrativa. Aunque su actuación fue parcial y plagada de carencias y frenos, incluso así determinó que el Estado uruguayo perdió más de 12 millones de dólares en el negocio, que se violó la ley de contabilidad y administración financiera, y que la empresa de Alori ganó cientos de miles de dólares más las comisiones que le pagó el INAC, aparte de todo lo que se pudieron haber repartido por otros conceptos con los asociados extranjeros. A pesar de ello, el ministro Pedro Bonino ordenó la clausura y el archivo de las investigaciones.

El Dr. Zumarán insistió y realizó la denuncia penal correspondiente y tuvo el orgullo de ser el primero en sentar al Goyo en un banquillo ante un juez, pero el caso fue archivado.

Las complicidades coloradas no eran pocas. Alori fue en una época miembro del directorio de Efcsa, cuyo abogado y representante ante INAC era Edison Rijo, connotada figura del Partido Colorado. Por si faltara, el Dr. Julio María Sanguinetti era un colaborador que escribía en la revista de Alori. El herrerismo también hizo la vista gorda. Ahora Javier García, que bien podría ayudar a echar luz sobre el mayor negociado de la dictadura, opta por guardar secreto y sumarse a la ley, no de la Justicia sino de la omertá.

 

El grupo Alori

 

Se trata de un grupo económico dominado por José María Alori y su hermano Antonio María. que creció vertiginosamente durante la dictadura. Antes contaban con participación en la industria frigorífica en el Frigorífico Matadero Carrasco, con sus parientes del Grupo Oyenard. Poseían tierras y con SAS (Sociedad Agropecuaria de Servicios), cuyo eslogan era “Campo abierto para cerrar buenos negocios”, manejaban varias grandes estancias y 200.000 cabezas de ganado.

En la Banca, integraban el directorio del Banco Pan de Azúcar de la época, “una institución bancaria con todos los recursos”. El marketing a veces es ironía pura. Tenían inversiones inmobiliarias (Prosur e inmobiliarias Concorde y Capri) una empresa de taxis aéreos (Cotasa) en la que solía viajar el Gral. Gregorio Álvarez, una consultora técnica (Cotec) que desarrollaba proyectos ingenieriles en frigoríficos, pero también en otras áreas, megaproyectos como Country Río Uruguay o el nunca concretado Proyecto Aeropuerto, pues el grupo oficiaba también como contacto con dudosos capitales foráneos, en particular el Grupo Francés Salomon AG.

También Cotec llevó adelante un pequeño emprendimiento arquitectónico. Se trató de la casita de veraneo del Sr. José María Alori en Punta del Este, cuyo costo estaba expresamente topeado en apenas un millón de dólares. Pero no hubo manera de ajustarse el cinturón y terminó costando 1.300.000. Hay que entender, eran tiempos duros. El grupo Alori tenía una empresa que administraba todas las compañías del grupo, aparte de otros clientes, Alopra, acrónimo de Alori y Pravia. Pero la joyita del conglomerado fue Cfusa (Central Frigorífica del Uruguay SA) un frigorífico nuevo que en una planta intervenida a Efcsa por la dictadura (también habían usufructuado la planta estatal en el Cerro), montó un frigorífico en Santa Bernardina, Durazno, un enclave con fuerte impronta militar que hizo sentir su marca.

En su inauguración se la presentaba como la punta de lanza de la modernización de la industria frigorífica del país. La cabeza del grupo era José María Alori, secundado por su hermano Antonio. Pero aparte del apellido Alori, la Triple A uruguaya estaba integrada por Arigón, un terrateniente asociado con los Alori y amigo del Goyo, de la época en que estuvo al frente del Regimiento Nº 7 de Caballería en Santa Clara de Olimar. La tercera A la aportaba el general Álvarez. Pocos años después, la empresa era clausurada y desapareció del panorama nacional, pero sus verdaderos objetivos ya los había cumplido.

 

Inversur

La empresa que también oficiaba de pantalla para la otra gran estafa, el Operativo Conserva; fue Inversur Trading Company Ltda. Esta empresa en realidad oficiaba como Departamento de Ventas y Exportaciones de Central Frigorífica del Uruguay. En Inversur figuraba como único dueño José María Alori y sus hijos. Esa era la pantalla que impidió vincular al Goyo, tan solo quedaron sospechas de tráfico de influencias y de protección. El dato que no se sabía es que el Goyo era accionista de Cfusa e integraba su directorio junto con los Alori y Arigón.

El vínculo entre las dos empresas, que eran administradas por Alopra, como el resto de las del grupo económico, se puede comprobar porque la firma del gerente de Inversur figura en todos los documentos de trámites de las exportaciones de Cfusa ante el MGAP, INAC, Cámara de Comercio, BROU, Aduana y la ANP.

Inversur empezó funcionando en el segundo piso de Rincón 422, compartiendo oficina con Cotec.

Luego se mudó a Misiones 1361, oficinas 10 y 11, que era donde operaba Cfusa antes de mudarse a mejores oficinas en la misma calle. Luego Inversur se trasladó a Rincón 541, un primer piso que compartía con SAS, que además tenía su local a la calle en el 539. La oficina del capo, José María Alori, a la que accedían unos pocos, estaba enfrente, cruzando la calle.

Desde su revista Hoy, cuyo director era Danilo Arbilla, los Alori imprimieron un discurso revestido de la retórica neoliberal en boga, como auténticos paladines de la modernización de la industria frigorífica y el cambio de paradigmas en el empresariado nacional que habían comenzado con una prédica que en realidad era una forma directa de hacer lobby.

Otro tema en el que hicieron punta de lanza fue que el Estado ingresara en el mercado internacional de conservas. Lo consiguieron cuando al frente del MGAP entronaron a un viejo amigo de ellos y del Goyo, un expresidente de la oligárquica Asociación Rural. El Ing. Carlos Mattos Moglia fue un operador político clave en la trama para que el Estado perdiera millones de dólares mientras sus amigos enfundaban la ganancia.

La dictadura no solo fue un proyecto político, es inseparable de un proyecto económico a gran escala con intereses y objetivos. La corrupción fue la otra cara de la moneda del fascismo vernáculo.

 

Fragmentos de este artículo reproducen lo publicado por el mismo autor en febrero de 2007 en el semanario Voces del Frente.

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