El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur se negocia desde 1999 y apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con unos 780 millones de habitantes. Para la UE, representa una oportunidad de expansión para sectores industriales y de servicios; para el Mercosur, una puerta de acceso privilegiada a uno de los mercados más grandes y exigentes del planeta.
Sin embargo, cada vez que el acuerdo parece acercarse a su firma definitiva, resurgen con fuerza las protestas del sector agropecuario europeo. Tractores bloqueando rutas, manifestaciones frente a ministerios y advertencias políticas se repiten, sobre todo en Francia, pero también en Bélgica, Irlanda, Austria, Polonia y España.
La “competencia desleal”
El principal reclamo de los agricultores europeos es que el acuerdo permitiría el ingreso de productos agropecuarios del Mercosur (carne vacuna, azúcar, aves, soja) a precios más bajos, con aranceles reducidos o eliminados. Para los productores europeos, esto supone una competencia difícil de sostener.
La acusación de “competencia desleal” no se refiere únicamente a los precios, sino a las condiciones de producción ya que en la Unión Europea rigen normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal más estrictas.
Cumplir con esas reglas eleva significativamente los costos de producción de los agricultores europeos. El reclamo se resume en una consigna repetida en las protestas francesas: “No queremos importar lo que aquí está prohibido”.
Agricultura familiar bajo presión
El impacto potencial del acuerdo se percibe con especial fuerza en la agricultura familiar, que sigue siendo la base del modelo rural europeo. Se trata, en muchos casos, de explotaciones pequeñas o medianas, con márgenes estrechos, altamente dependientes de los precios internos y de los subsidios de la Política Agrícola Común (PAC).
La entrada de productos más baratos puede empujar los precios a la baja, reduciendo aún más ingresos que ya son frágiles. Para muchos agricultores, el temor no es solo perder competitividad, sino directamente no poder sostener la actividad.
El problema tiene una dimensión social relacionada con el envejecimiento de la población rural y las dificultades para el recambio generacional; el endeudamiento creciente de explotaciones familiares; el despoblamiento del interior y el cierre de pequeños establecimientos productivos.
El acuerdo con el Mercosur se percibe, desde ciertos sectores, como una amenaza adicional sobre un sector que ya se siente al límite.
Las alarmantes cifras del problema en Francia
Los datos más recientes (2024-2025) consolidan una estadística alarmante que se ha mantenido durante la última década: en relación a la frecuencia se estima que en Francia se suicida un agricultor cada dos días (alrededor de 370 decesos al año). Algunas fuentes del sector elevan la cifra a uno por día en periodos de crisis aguda.
Existe además un sobre-riesgo ya que un agricultor tiene un 77% más de riesgo de suicidarse que la población general. Este riesgo se dispara hasta el 82% en agricultores mayores de 65 años, quienes a menudo enfrentan la soledad y la imposibilidad de jubilarse dignamente. Por último también hay datos sobre el género: el suicidio afecta predominantemente a los hombres, aunque los intentos de suicidio y los cuadros depresivos son más frecuentes en las mujeres del sector.
Un malestar que va más allá del Mercosur
Aunque el acuerdo con Sudamérica concentra la atención, el malestar del campo europeo no es nuevo ni exclusivo de este tratado. Un ejemplo reciente fue el ingreso masivo de productos agrícolas desde Ucrania, tras la invasión rusa.
Para apoyar a la economía ucraniana, la UE flexibilizó aranceles y cuotas, lo que provocó un aumento de importaciones de granos y otros productos. Agricultores en países del este y del centro de Europa denunciaron entonces los mismos problemas que hoy se señalan con el Mercosur: precios deprimidos, competencia desigual y falta de protección.
La agricultura europea siente que paga el costo social de una política comercial orientada a otros sectores económicos.
Las demandas del sector
Entre los principales reclamos de los agricultores europeos se destacan:
Cláusulas espejo (mirror clauses): exigir que los productos importados cumplan las mismas normas ambientales y sanitarias que rigen para los productores europeos; Salvaguardias automáticas: mecanismos que permitan frenar importaciones si se detecta daño grave a los mercados locales; controles más estrictos en frontera, para verificar estándares de producción y protección explícita a la agricultura familiar, evitando que sea utilizada como moneda de cambio en negociaciones comerciales.
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El rechazo al acuerdo UE-Mercosur también expone divisiones dentro de la propia Unión Europea. Mientras algunos gobiernos priorizan las oportunidades industriales y estratégicas del tratado, otros temen el impacto social y económico en el campo y en la producción local.
El debate plantea algunas preguntas como: ¿qué modelo agrícola quiere sostener Europa? Uno orientado a competir en un mercado global con reglas desiguales, o uno que priorice la producción local, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, incluso a costa de limitar acuerdos comerciales. Lo mismo debería plantearse el Mercosur y toda América Latina, más aún en este contexto.
Si bien es un hecho histórico el acuerdo comercial, luego de tantos años de negociaciones, y si bien las autoridades insisten en que hay en él muchas cláusulas de desgravación arancelaria progresiva para no generar un impacto negativo en la producción local, especialmente en ciertos sectores; deja planteada la interrogante sobre qué mundo estamos construyendo con este modelo productivo y de intercambio, no digo a largo, sino a mediano plazo.
