Casos Penadés, Lafluf, Ghione, Cardama, Bermúdez, 62 ediles y otros

En la misma causa también está imputado el profesor Sebastián Mauvezin, con una solicitud de condena de 6 años por varios delitos de abuso sexual. Permanece en prisión preventiva.

A mediados de diciembre pasado, la jueza Marcela Vargas, la fiscal Isabel Ithurralde, los abogados de las víctimas, Soledad Suárez y Juan Raúl Williman, los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, y de Sebastián Mauvezin, Rossana Gavazzo, se reunieron para acordar los detalles del juicio que, casi con seguridad, comenzaría sobre fines de este año.

Este juicio promete ser muy extenso en el tiempo, ya que hay por lo menos 40 personas, entre víctimas y testigos, que serán llamadas a declarar.

Por este caso ya fue condenado y estuvo en prisión Carlos Tarocco, oficial de policía que cumplía tareas en el INR y realizó espionaje a las víctimas a solicitud del exsenador acusado.

Alicia Ghione

En febrero del año pasado, la fiscal Alicia Ghione, que fue la responsable de la investigación penal a Penadés, fue denunciada en la Fiscalía de Delitos Económicos por los abogados del exsenador. La acusan por un presunto delito de omisión. “Queda clara la gravedad de la omisión de la fiscal interviniente, quien —con pleno conocimiento del contenido del celular— no solamente no denunció los graves delitos de naturaleza sexual de los que tomó conocimiento por razón de su cargo, estando legalmente obligada a hacerlo, sino que retardó, sin ningún fundamento jurídico, que esta defensa accediera a su contenido”, dice el texto de la denuncia presentada en febrero del año pasado, al que accedió Caras y Caretas.

El celular que se refiere es propiedad de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de Penadés.

A mitad de año Ghione solicitó licencia médica, y luego pidió ser apartada del caso. Sus abogados defensores son María Eugenia Cháves y Gastón Cháves. Fiscalía aún no inició la investigación.

Guillermo Besozzi

El intendente de Soriano, Guillemo Besozzi, fue imputado por la Justicia, acusado de 7 delitos vinculados a corrupción. Un tribunal de Apelaciones mantuvo las imputaciones.

La fiscal Stella Alciaturi investigaba un incendio ocurrido en la sede local de Adeom, ubicada junto a un teatro propiedad de la comuna. Cuando se descubrió que el incendio fue intencional, la fiscal formalizó a varios dirigentes gremiales. Pero al periciar sus celulares descubrió los intercambios y las acciones desarrolladas por el intendente.

Aún con medidas cautelares, Besozzi fue reelegido como intendente. En el transcurso de este año se desarrollará el juicio oral y público. Si el jefe comunal fuera condenado, deberá abandonar su cargo.

Roberto Lafluf

El pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset se podría convertir en el problema judicial más grave el único por ahora que enfrente el expresidente Luis Lacalle Pou.

La saga comenzó en noviembre del 2021 cuando, estando preso en Dubái, el narcotraficante gestionó un pasaporte uruguayo a través de su abogado, Alejandro Balbi.

Entonces, una conversación vía whatsapp entre el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller, Carolina Ache, reveló que en el Gobierno sabían que Marset “era un narco peligroso”.

Luego vino una interpelación promovida por el Frente Amplio en el Senado contra los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo. Previamente, y en una casona del Ministerio del Interior ubicada en el Prado, legisladores blancos y jerarcas de gobierno se organizaron para mentirle al Senado. Este hecho fue señalado por el fiscal Alejandro Machado, quien investigó una denuncia de la bancada del FA. Una de las citadas a declarar fue Carolina Ache. Los audios con sus declaraciones fueron difundidos el mismo día por Búsqueda y, en esa misma jornada, Lacalle destituyó a Heber, a Bustillo y a Lafluf. Este último se desempeñaba como asesor en comunicaciones del expresidente.

El chat entre Maciel y Ache había sido protocolizado por ésta ante una escribana, y luego una copia fue entregada a la Cancillería para ser incluida en una investigación administrativa. Pero ese documento desapareció de la carpeta y Ache dijo en Fiscalía que durante una reunión realizada en el piso 11 de Torre Ejecutiva, antes de la interpelación, Lafluf les había dicho que “él lo había destruído”.

Los ministros y subsecretarios no fueron acusados por Fiscalía. Pero muy diferente es la situación de Lafluf y eventualmente de Lacalle.

Una nueva investigación realizada por la Cancillería, ahora a cargo de Mario Lubetkin, concluyó que “el documento formaba parte de un expediente”, algo que Lacalle había negado, y “que por orden del canciller Bustillo había sido llevado por el abogado Carlos Mata a Presidencia”.

Bustillo y Mata fueron separados de sus cargos y se les inició un sumario administrativo.

Con toda esta nueva información, el fiscal Machado citará a Lafluf y a Lacalle Pou, para investigar cómo ocurrieron los hechos denunciados y quién dio la orden de destrucción. Pero esto no ocurrirá enseguida que termine la feria porque el fiscal ya anunció que tiene otras causas más prioritarias.

Cardama

Dos buques de patrulla oceánica (OPV 87) encargados al astillero español Cardama por la Armada durante la gestión de Javier García como ministro de Defensa se han convertido en un grave problema para el Gobierno anterior y el actual.

El 22 de octubre pasado, el presidente Yamandú Orsi anunció que el Gobierno se proponía rescindir el contrato con Cardama porque se descubrió que la empresa española había presentado una garantía falsa. Enseguida se presentó una denuncia penal, cuyo texto se desconoce, y hace poco fue ampliada.

Además, la Marina tiene a dos oficiales destacados en el astillero para controlar los cumplimientos. Estos oficiales han informado, no solo sobre notorios atrasos, sino, peor, sobre graves defectos constructivos.

Por el pronto, el Gobierno resolvió no pagar un adelanto de obra hasta tanto reciba un informe contratado a una empresa internacional que audita la construcción de buques.

Nadie sabe por ahora cómo seguirá esta causa.

Estafas millonarias

Dos días después de que Yamandú Orsi fuera elegido presidente en el ballotage, el empresario floridense Gustavo Basso se suicidó impactando su auto Tesla contra maquinaria pesada que trabajaba en la ruta 5.

Un mes después estalló una estafa por unos 400 millones de dólares que tanto Basso como su socio, Pablo Carrasco, y sus respectivas esposas habían organizado con la empresa Conexión Ganadera. Los estafados superan las 4.000 personas.

Inmediatamente, y como un castillo de naipes, uno tras otro cayeron varios fondos ganaderos de inversión. Todos son investigados por estafa y lavado de dinero.

Por el mismo tiempo se descubrió que Gonzalo Campomar, exrugbista, había estafado por unos 65 millones de dólares a varios residentes en Carrasco. En este caso lo hizo con criptomonedas. Un día recibió una pesada amenaza de unos de sus clientes y decidió huir del país junto a su familia. Vinculado a este caso, varias fuentes reportaron que se atentó contra unos cinco vehículos propiedad de personas cercanas a Campomar.

También está investigada la operadora de Bolsa Sara Goldring, de quien se sospecha se apropió de unos 200 millones de dólares propiedad de sus clientes.

Otro operador de Bolsa investigado es Álvaro Correa, expresidente de la Caja de Profesionales, por una maniobra de unos 40 millones de dólares que una ciudadana había legado al Opus Dei y “desaparecieron”.

Investigados, y con la pérdida de sus permisos operativos en Bolsa, están los principales de Pérez Marexiano. En principio se investigaba a una persona que se apropió de una cifra millonaria en dólares. Luego se precisó que trabajaba para la conocida operadora de bolsa.

Sunca y FUS

El fiscal Gilberto Rodríguez ya formalizó a varias personas por apropiarse de varios millones de dólares del Fondo de Vivienda Social, creado por el Sunca y la Cámara de la Construcción.

Varias de estas personas ya fueron condenadas, pero el fiscal sigue la ruta del dinero con la intención de lograr recuperar parte de los fondos sustraídos.

En octubre pasado la Federación Uruguaya de la Salud expulsó a su secretario general, Jorge “Fogata” Bermúdez, y enseguida presentó una denuncia penal por una presunta apropiación de fondos sindicales. Luego de la feria comenzarán las citaciones.

Charles Carrera

A solicitud de la fiscal Sandra Fleitas, en junio pasado la jueza Lorena Juliano formalizó la investigación contra el exsenador del Frente Amplio y dirigente del MPP, Charles Carrera, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

Fue imputado por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada, por la atención que recibió un civil, de forma excepcional, en el Hospital Policial.

Como Carrera no aceptó un abreviado, irá a juicio oral y público, que aún no tiene fecha de inicio.

Wilson Ezquerra

Hace ya casi dos años que el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, fue denunciado en Fiscalía por abuso de poder en beneficio propio. Como no hubo un fiscal en ese departamento que tomara la investigación, lo tuvo que hacer uno de Durazno. Ezquerra ha hecho lo que quiso con las citaciones. Recientemente, y por el mismo caso, fue denunciado el presidente de la Junta Departamental.

El jerarca vendió un terreno de su propiedad a una empresa maderera brasileña que se instalaría en Tacuarembó. El propio Ezquerra envió una nota a la Junta Departamental solicitando la recategorización de la tierra para que la empresa pudiera operar.

Junta Departamental de Maldonado

A solicitud del fiscal Jorge Vaz, la jueza Gabriela Azpiroz formalizó a tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado por corruptos.

La Justicia declaró a los ediles bancos Darwin Correa, José Luis Sánchez y Alexander Infante como presuntamente responsables de un delito continuado de fraude, especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público, ambos en calidad de coautores.

Con la complicidad de los otros, entre los años 2020 y 2025, Sánchez se apoderó de unos dos millones de pesos.

Vaz lleva adelante otra investigación contra 62 ediles que se desempeñaron entre el 2015 y el 2025 por el presunto cobro de un sueldo encubierto. Tuvo que recurrir a la Justicia para que la Junta le entregara toda la documentación que reclamó. Y luego le solicitó al Tribunal de Cuentas que realizara una auditoría sobre la administración de la Junta en el período 2020-2025.

El informe del TCR aún no es público, pero cada año observó ese gasto. Ahora encontrará otra cifra millonaria que desde el 2020 la Junta paga mes a mes a algunos periodistas y medios en forma totalmente arbitraria, sin que exista un plan publicitario y sin tener nada para publicitar.