ANCAP la mal querida

Las mismas fuentes aseguraron que “cualquiera que no actúe de mala fe puede encontrar en Google la enorme cantidad de movilizaciones públicas, declaraciones y publicaciones que hizo la federación para defender las plantas de portland y a Ancap en general. Lo hemos hecho antes, durante y después del gobierno del FA”.

Cementos del Plata pierde plata porque no se han hecho las inversiones necesarias para que funcione correctamente, explicaron desde Fancap. Durante el gobierno del FA en Minas se instaló un nuevo horno, se cambió su fuente energética, pasando de fuel-oil a carbón de coke, que es muchísimo más barato, se hicieron importantes modificaciones tecnológicas para evitar que las emanaciones de la planta contaminaran el aire sobre la ciudad.

Además se invirtió mucho en materia prima. Hoy Ancap tiene el control de las mejores canteras de calizas operativas en el país. Porque no sirve cualquier piedra, sino que debe tener como componentes otros minerales que no están en todas.

Pero en Minas faltó una parte importante como lo es el molino de piedras, lo que hoy genera un cuello de botella en la producción. En Paysandú es otro el problema. Esta planta cuenta con dos hornos: uno fuera de servicio y el otro al máximo en su capacidad de producción. Por eso es imprescindible instalar ese tercer horno, lo que mejoraría y abarataría la producción, señalaron desde el sindicato.

“A Ancap se le pide que compita con una empresa que se acaba de instalar en Treinta y Tres con una tecnología de punta contra una tecnología de hace 50 años”, dijo Gerardo Rodríguez en declaraciones públicas. Y a la vez consideró “un error del Frente Amplio no haber instalado el horno en Paysandú”.

 

El mercado del portland

A mediados del año pasado se inauguró Cielo Azul, que podría ser la mayor productora de portland, propiedad del empresario Ernesto Correa, brasileño nacionalizado uruguayo y cuyo principal lobbista fue el actual diputado nacionalista Rodrigo Goñi. Aunque si bien su producto se comercializa a menor precio que los otros, aún falta mucho para que ocupe un lugar relevante. Además, fuentes de la empresa han señalado que ellos apuntarán también a la exportación.

Y eso ocurriría porque Uruguay tiene los yacimientos de piedra caliza de mejor calidad en toda una amplia región que abarca a gran parte del sur de Brasil y al norte argentino.

Pero según dos fuentes de la industria, que pidieron reserva de sus nombres, “esa planta tiene problemas graves. Porque no han logrado dar con el punto exacto de funcionamiento de su horno y porque la materia prima con la que cuentan está muy lejos de la calidad que requiere el mercado”.

Tal vez esa sea la razón de por qué, teniendo una planta nueva, Cielo Azul ha mostrado interés en asociarse a Cementos del Plata. Tal vez porque le interesan más las canteras de calizas que controla Ancap que las propias plantas.

En tanto, Cemento Artigas SA es una empresa integrada por la española Cemento Molins y la brasileña Votorantim, la mayor productora de cemento de ese país.

Hoy controla casi el 45% del mercado y es el más fuerte competidor de Ancap.

El 11 de junio del año 2020 y a propuesta del ministerio de Economía y Finanzas el presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución que benefició a Cemento Artigas. Por dicha resolución exoneró del impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE), del impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a empresas administradas por el estudio Posadas, Posadas & Vecino (ver: https://www.carasycaretas.com.uy/sin-piedra-no-hay-cemento/).

En julio de 2016 las empresas Colina Justa SA, Eromar SA y Mondello SA resolvieron “disolverse sin liquidarse y pasar todo su patrimonio a Cemento Artigas SA”.

El trámite ante el Ministerio de Economía se inició en mayo de 2017. Pero la exoneración se otorgó en junio de 2020, un mes antes de que se publicara en el Diario Oficial la liquidación de estas tres empresas y su balance, y por lo tanto recién adquiriera valor legal,

El patrimonio más importante de esas empresas eran los yacimientos de calizas que según fuentes de Dinamige se estiman en aproximadamente 100.000.000 de toneladas.

Cementos Artigas anunció el año pasado una inversión de 40 millones de dólares en su planta de Minas.

Pero hay otra visión sobre la interpretación de la ley en que se sustentó la exoneración y los alcances de la misma sobre los ahora beneficiarios.

En esencia, en este caso no se trata de una inversión, sino de una especie de regalo que se hace a otra empresa (disolverse sin liquidarse y pasar todo su patrimonio). Eso es lo que dice el Diario Oficial. Los pormenores de esa negociación no los conocemos. Pero con una donación se evita el pago de millones en impuestos.

En síntesis, Cemento Artigas cuenta con títulos mineros para explotar importantes yacimientos de caliza, pero ubicados en el departamento de Treinta y Tres.

Trasladar hacia Minas millones de toneladas de piedra para que produzca su planta, significaría un incremento de costos que se reflejarían en los precios de mercado y podrían dejarla fuera de competencia.

Finalmente en el mercado del cemento también participa la empresa Cimsa, propiedad de los futbolistas Diego Godín y Diego Lugano. Pero no producen, sino que importan desde Turquía y embolsan acá.

 

Una asociación con privados no le asegura nada al país

Exactamente desde el año 2000, según un informe divulgado recientemente por el directorio de Ancap, “cementos del Plata da pérdidas importantes”.

En 1998, gobierno de Julio María Sanguinetti,  se firmó un convenio con la empresa argentina Loma Negra, que dio origen a Cementos del Plata SA, integrada entonces con un 55% de Ancap y un 45% de la cementera argentina, que sin embargo tenía mayoría en el directorio. El resultado de esa asociación fue tan deficitario que, según el libro el libro Ancap: una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo, escrito por el contraalmirante Oscar Lebel, “a partir de entonces la División Portland comenzó a dar pérdidas”. Y nunca se recuperó. Hoy Cementos del Plata SA se integra con un 99,8% de la empresa uruguaya y 0,2% de Loma Negra.

Según el contrato de arrendamiento que firmó Ancap con la cementera argentina Loma Negra, Cementos del Plata SA abonaría a Ancap un canon por tonelada extraída de piedra caliza para producción de cemento portland y clinker (cemento elaborado en un 85% de elaboración) con destino a las fábricas instaladas en Minas y Paysandú, que continuarían en propiedad de la estatal uruguaya.

La firma del contrato con Ancap, que incluiría el arrendamiento de la planta de distribución que tiene la empresa estatal en Manga, sería parte de una estrategia del conglomerado industrial argentino Loma Negra para adquirir control sobre los yacimientos de piedra caliza en Pan de Azúcar, los mejores de Uruguay, que están en poder de la Compañía Nacional de Cemento SA, según dijeron al diario La República fuentes sindicales.

La única cementera de capitales uruguayos, explicaron las fuentes, mantiene con Ancap importantes deudas. Loma Negra pretendería adquirir su control, o parte de él, mediante la sociedad comercial que mantiene con Ancap, que asumiría los activos de la empresa deudora.

Pero la inversión de 140 millones de dólares asegurada por la empresa argentina jamás se hizo, aunque se le cedió el control de Cementos del Plata. Y peor, la Compañía Nacional de Cemento Portland que estaba instalada en el km 110, zona cercana a Pan de Azúcar, desapareció a mediados de los 2000.

 

El herrerismo nunca quiso a Ancap

Diez años antes de la creación de Ancap, José Batlle y Ordóñez comenzaba, desde tribunas y en editoriales del diario El Día, su prédica a favor de la creación del ente energético: “La República envía al exterior en pago de alcohol, kerosene y bencina, más de seis millones de pesos por año. Una buena parte del oro que entra en ella, a cambio de sus productos, vuelve a salir inmediatamente a cambio de esos artículos. Y esa masa de dinero que se va, al par que aminora nuestra riqueza, contribuye poderosamente a inclinar en contra de nosotros la balanza del comercio internacional y a pagar las diferencias de cambio como las que agobian a nuestra importación”.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) nació el 15 de octubre de 1931 a propuesta de los diputados colorados Luis Batlle Berres y Arturo González Vidart durante el tramo constitucional de la presidencia de Gabriel Terra, quien en 1933 se convertiría en dictador.

El objetivo claramente expresado en las actas parlamentarias de la época era lograr soberanía energética y evitar la trasferencia al exterior “de millones de pesos” por concepto de impuestos.

Pero también primó un concepto geopolítico. Con el incipiente ingreso de automóviles a nuestro país y la consiguiente necesidad de combustible, dependíamos de las denominadas “7 hermanas” de la industria petrolera, que ejercían dumping.

Por entonces la Unión Soviética irrumpía como una potencia petrolera y nos ofrecía mejores precios y condiciones de pago. Por eso Uruguay comenzó a importar petróleo ruso.

En su libro Historia de los orientales, el escritor Carlos Machado señala: “[…] la aparición en los mercados internacionales de un nuevo vendedor, la Unión Soviética, una vez superadas sus dificultades mayores con la ejecución de su plan quinquenal; Ancap encargó combustibles a la URSS. Demoró en arribar y pudo prosperar una maniobra de las petroleras norteamericanas, quienes adujeron que no les convenía seguir importando por las restricciones del cambio recién aprobadas y que no le alcanzaban sus reservas, conteniendo la entrega y aumentando los precios al consumidor”.

En realidad la palabra nafta significa gasolina en ruso.

Los batllistas de la época ya veían el potencial de Ancap en el desarrollo industrial y de infraestructura del país porque la ley original también preveía el monopolio de la fabricación de cemento.

Pero entonces los herreristas se oponían al monopolio. En un editorial publicado el 18 de octubre de 1931 por La Tribuna Popular, un diario identificado con los sectores herreristas del Partido Nacional, se decía: “El batllismo, si no pone coto a sus atropello,s nos conducirá al sovietismo. El monopolio de la industria de los combustibles es acabadamente leninista y no solo atenta el derecho inalienable de la iniciativa particular, sino que sembrará desconfianzas que impedirán la implantación de nuevas industrias, con grave perjuicio a nuestra economía. ¿Quién será el guapo que se atreva a establecer una nueva industria bajo la vehemencia monopolizadora del batllismo?”, se preguntaba el editorialista.

Y terminaba afirmando: “A esto nos conducirá el sovietismo batllista, que no ha hecho otra cosa que fomentar en todo el curso de su actuación pública, con fines electorales, la empleomanía”,

En 1934 Ancap inauguró en Paysandú la primera planta auxiliar de combustibles y en 1937 comenzó a trabajar la refinería de La Teja con una capacidad de refinación de 600 metros cúbicos de petróleo crudo por día. En el año 1950 esta cifra sería aumentada a 4.100 metros cúbicos por día.

El libro de Lebel aporta un dato desconocido por la gran mayoría. En 1936, ya en dictadura, un ignoto diputado colorado de apellido Baltar, representante del riverismo, logra la aprobación urgente de un proyecto de ley por él presentado.

Esa ley liquidó el monopolio del ente sobre la importación y venta de combustibles y favoreció a un trust integrado por las petroleras Shell, Esso, Atlantic y Texaco mediante la firma de convenios secretos con la empresa pública y por la que el trust se quedó con la mitad del negocio de combustibles.

Increíblemente ese convenio estuvo oculto al Parlamento hasta 1973. Jamás nadie explicó cómo fue posible mantenerlo en secreto. Tanto que ni en la página web de Ancap figura alguna mención a la “ley Baltar”.

De los horrores cometidos en Ancap por todos los gobiernos hay mucha información accesible a cualquier lector interesado. Toda ella reveladora de que una empresa pública que tanto le aporta al país en realidad ha sido mal querida.