En Uruguay, desde 2010 los anticonceptivos son prestación obligatoria por ley para todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). En ASSE el acceso es gratuito y en las mutualistas tienen el mismo costo que un ticket de medicamento regulado. Se requiere receta médica una vez al año.
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La organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) publicó un estudio realizado por el Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva sobre anticoncepción durante la pandemia.
La encuesta se realizó online, a través de las redes de MYSU, y fue abierta a todas las personas que tuvieran entre 15 y 49 años, residentes en Uruguay, sin importar su género. Se recabaron 1636 respuestas y más del 95% corresponden a mujeres.
En el informe señalan que estas cifras demuestran que la anticoncepción y la salud sexual y reproductiva se sigue considerando responsabilidad de las mujeres.
La salud sexual y reproductiva (SSR) es un derecho humano, según acuerdos, declaraciones y tratados internacionales a los que Uruguay está sujeto. Esto significa que debe ser protegida, garantizada y promovida.
Durante la pandemia, aseguran, los esfuerzos sanitarios del gobierno se centraron en combatir el coronavirus y otras dimensiones de la salud se vieron perjudicadas. Entre ellas, la SSR.
Los efectos económicos de la pandemia, sumados a la brecha de género, disminuyeron el poder adquisitivo de la pandemia y eso impactó en el acceso a métodos anticonceptivos (MAC), especialmente de los anticonceptivos orales (ACO).
«El acceso a MAC asequibles o gratuitos es esencial para que las personas disfruten del ejercicio libre de su sexualidad y el control de su capacidad reproductiva, sin ningún tipo de coacción ni obstáculo», afirman. Los métodos «deben ser seguros y no perjudiciales para la salud».
El uso de MAC por parte de mujeres que residen en Uruguay ha tenido un aumento constante desde 2011 (83%) hasta 2021 (86%). Los más utilizados son los ACO (58,37%). El uso de MAC de larga duración como el DIU o el implante subdérmico es «muy bajo». Otro dato relevante es la baja incidencia del condón interno o vaginal: solo el 3,63% lo utiliza.
El informe también aborda dónde compran las mujeres los anticonceptivos. El 56% los obtiene en farmacias comerciales frente a un 43% en los prestadores de salud, aunque son más caros en las primeras.
Caras y Caretas dialogó con Santiago Puyol, encargado del observatorio de MYSU, sobre el informe sobre anticonceptivos, la realidad actual y las acciones a futuro.
¿Qué análisis hacen de los resultados de la encuesta sobre anticonceptivos?
En términos generales los resultados se alinean bastante con otros estudios previos de MYSU y otros estudios a nivel nacional, como la encuesta de comportamiento reproductivo del Instituto Nacional de Estadística. En ese sentido no nos resultó llamativo el porcentaje de uso [de MAC].
No nos resultó llamativo que los más utilizados sean ACO y los preservativos externos ya que son los que venían registrando mayor uso en el país. Particularmente los ACO entre las mujeres.
Es llamativo el [bajo] porcentaje de uso de algunos métodos (DIU e implante) en contexto de pandemia, porque son de larga duración. Una vez que se colocan no requieren cambio o ajuste, salvo inconvenientes, hasta que cumplan su ciclo de uso que dura varios años. Nos resulta llamativo que no tengan un uso tan alto como esperábamos.
Algo que no fue tan llamativo pero es preocupante es el bajo uso del condón femenino o interno. Si bien hubo campañas de difusión en ASSE, no ha logrado permear. Viendo la oferta que hay de este método a nivel de farmacias comerciales, no se ha instalado con fuerza en el país. No es llamativo pero es motivo de alarma.
¿La pandemia profundizó el problema de acceso a los anticonceptivos o lo creó?
En algunos sentidos la pandemia trajo problemas nuevos, como la afectación de los servicios, la falta de difusión de cómo estaban funcionando. Muchas mujeres no sabían que seguían funcionando. También estaba el temor al contagio que desalentaba a concurrir a los prestadores de salud para retirar MAC. Pero también se profundizaron algunos problemas con la pandemia.
Había dificultad de acceso a los anticonceptivos. Un claro ejemplo es el preservativo femenino, que últimamente había tenido cierto empuje. La pandemia puso en pausa cualquier posibilidad de intensificar los procesos.
Uno de los resultados que nos llamó la atención es el de retiro y compra de MAC y ACO. Se da en particular en farmacias, donde son sensiblemente más caras que en los prestadores. Estudios previos nos habían indicado que eran menos de la mitad de las mujeres las que retiraban los métodos en farmacias de prestador. Hubo incluso un aumento pequeño de porcentaje, pero no es un cambio tan grande y vemos que la tendencia a obtener los métodos por fuera de los prestadores sigue siendo la norma.
Es de alarma porque es contradictorio con los costos. Hubo dificultades específicamente de la pandemia, consultas, recetas, pero hay otras del propio funcionamiento del sistema como cuáles son los MAC (y los ACO en particular) que se ofrecen en los prestadores.
Muchas mujeres relataban en la encuesta que si bien por indicación médica o por otras razones eran ciertos métodos ACO los que les resultaban mejor para sus cuerpos, sus prestadores de salud no contaban con esos métodos y se veían forzadas a conseguirlos en farmacias comerciales o levantar las opciones disponibles, aun cuando les pudiera hacer mal para su salud. Esto es muy grave. Vulnera el derecho a la salud de las mujeres y personas que requieran MAC. Vulnera sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente el derecho a la libre elección del MAC y de cómo cuidarse en las relaciones sexuales que tengan. Se está minando por un lado el derecho a la salud y por otro a la autonomía. Nos resulta de gravedad.
¿Qué acciones ven como posibles a nivel estatal y desde la organización?
Desde MYSU nos parece fundamental reforzar campañas sobre MAC, sobre la diversidad de métodos que deberían estar por ley disponibles en todos los prestadores de salud del SNIS. También que se difundan, que se haga hincapié en que la SSR y particularmente la anticoncepción no son cuestión solamente de las mujeres.
Nos parece fundamental que desde los prestadores de salud y autoridades sanitarias se ponga foco en los servicios, cómo funcionan en contexto de pandemia y cómo seguirán y, por otro lado, énfasis en que son cuestiones de varones y no se puede seguir recargando a las mujeres. Muchas veces no se les da opción. Optan por métodos en los que no dependen de negociar con sus parejas para utilizarlo, ACO tiene que ver con no negociar el preservativo. Se delega en las mujeres la decisión del uso y los varones no se están haciendo cargo.
Por otro lado, desde MYSU queremos hacer énfasis en que debería regularse el mercado de MAC a nivel de farmacias comerciales. Se debe hacer hincapié en que los prestadores de salud, al contar con la obligación de brindar los ACO, deberían tener la obligación de brindar los que se ajustan a las necesidades de las mujeres y las personas que los requieran.
Es fundamental que los MAC en general sean productos de reporte obligatorio a la Unidad de Apoyo al Consumidor del MEF, ya que de otro modo es imposible llevar un registro de costos y accesibilidad. Eso permitiría que desde la propia unidad se pudiera brindar información a la población, realizar campañas como las que se hicieron durante la pandemia de costo de la canasta básica. Es un déficit en el que no se han realizado estudios independientes para poder evaluar y valorar cómo impacta el costo de los MAC en la economía de las personas y cómo ha afectado la pandemia.