Este fin de semana se desarrolló la penúltima audiencia en la vista de apelación de un fallo de primera instancia que se remonta a enero de 2017, cuando recibieron condenas ocho de los entonces 33 imputados y entre los absueltos figuraron 13 uruguayos.
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Este proceso, que empezó en 1999 a partir de una denuncia de cinco mujeres familiares de víctimas de origen italiano, apunta a juzgar a los responsables de 42 casos de desaparición forzada en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de la región.
Durante la transcurrida segunda instancia, debido a que algunos de los acusados murieron, son 27 los represores de Perú, Chile, Bolivia y Uruguay para los cuales se espera el fallo el 8 de julio.
A lo largo de la audiencia se pudo oír a los abogados de los denunciantes y a la defensa de los imputados presentar sus alegatos finales, y las responsabilidades del exmarino Jorge Néstor Tróccoli fueron el centro de todas las intervenciones.
La abogada uruguaya Alessia Liistsro dijo que al tribunal de primera instancia le faltó valentía porque ‘a pesar de reconocer la existencia del Plan Cóndor y del plan de aniquilación de opositores, solo reconoció la responsabilidad de los altos cargos y no de los mandos intermedios por falta de pruebas en los homicidios individuales’.
Liistsro destacó la importancia de las nuevas pruebas presentadas y recordó testimonios acusadores presentados desde 2015, en la lucha de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas uruguayas de la pasada dictadura en pos de la verdad y la justicia.