Bayardi: “El PN y el PC no estuvieron a la altura de la institucionalidad democrática”

Muchas acusaciones se hicieron luego de que las confesiones del teniente coronel José Gavazzo durante un tribunal de honor trascendieron en la prensa. La oposición acusó al gobierno de esconder esas declaraciones; pero, sin embargo, no votaron las venias para destituir a los militares que participaron en el tribunal de honor. Ante esta situación, el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, habló con Caras y Caretas sobre ese caso polémico y salió a contestar todas las preguntas que surgieron a partir de los últimos hechos.

El ministro afirmó que “la oposición trató de culpar al gobierno” de lo que sucedió en el tribunal militar cuando sus legisladores fueron “los que no estuvieron a la altura de la institucionalidad democrática”.

“Con el expediente y las declaraciones en la mano, deberían haber analizado las consideraciones que hizo el tribunal de honor a la hora de fallar; en cambio, se basaron en sus valoraciones sobre cómo el gobierno procedió para no destituir a los militares que estaban involucrados”, señaló Bayardi.

Además, dijo que si se revisa la historia del país desde 1985, durante los gobiernos de la oposición no se “avanzó absolutamente nada en la búsqueda de la verdad”, exceptuando el período de Jorge Batlle, con la conformación de la Comisión para la Paz.

“Lo único cierto es que hasta que el Frente Amplio [FA] llegó al gobierno no se había avanzado casi nada en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Este es un dato que es incontrastable, por lo cual la eventualidad del ingreso al gobierno de quienes tuvieron responsabilidades de conducción del Ejecutivo del país antes de que llegara al FA, me hace pensar que en realidad no solo no se va a avanzar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, sino que se va a retroceder”, agregó.

El 30 de marzo, el diario El Observador reveló que el teniente coronel José Gavazzo, durante un tribunal militar, confesó que hizo desaparecer en 1973 el cuerpo del integrante del movimiento Tupamaros Roberto Gomensoro, asesinado en torturas en un cuartel militar.

Navazo fue condenado en 2009 como responsable de 28 homicidios muy especialmente agravados; las condenas quedaron firmes en 2011 por fallos de la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, el caso de Gomensoro no se encontraba entre los crímenes por los que fue condenado Gavazzo.

El tribunal de honor que recibió la confesión de Gavazzo no consideró ese hecho como motivo de denuncia, lo que precipitó que el presidente Tabaré Vázquez echara al anterior comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y adelantó la renuncia del exministro de Defensa Jorge Menéndez, quien falleció el 11 de abril.

A pesar de esta situación, la oposición no apoyó el pedido de venia del Ministerio de Defensa para que se pase a retiro obligatorio a los generales que participaron en el tribunal de honor y consideraron no censurable la confesión realizada por Gavazzo.

En las últimas semanas los medios han insistido mucho en el tema de la actuación del tribunal de honor y de la confesión de Gavazzo. ¿Qué piensa sobre todos estos temas y cómo cree que los han tratado los medios?

Creo que lo planteado en el tribunal de honor, que fue una especie de reconocimiento a medias de la situación dada respecto a Roberto Gomensoro, ameritaba un pronunciamiento más firme respecto a la manera que se dispuso el cadáver. Yo no voy a hacer juicio de valor respecto a cómo trataron el tema los medios porque creo que la credibilidad de Gavazzo ha estado en permanente cuestión desde que ofreció sus comparecencias judiciales y sigue siendo en ese sentido un declarante de medias verdades y de ocultamientos. Considero que lo que ha hecho es la estrategia que él siempre ha utilizado, lo que no amerita ninguna otra valoración.

Los medios han tratado el tema de manera diversa y yo no voy a hacer juicios de valor respecto a la forma en que trataron el tema. Lo que sí voy a decir es que los asuntos que salen de este ministerio, especialmente los referidos a derechos humanos, siempre generan un ruido al interior de la sociedad por el grado de sensibilidad que ha despertado a lo largo del tiempo la violación de derechos humanos.

¿Cree que algunos actores políticos pretenden culpar al FA con respecto a lo que pasó con las actas del tribunal de honor?

Sí. Creo que algunos políticos de la oposición trataron de buscar la responsabilidad en las esferas del gobierno cuando en el Poder Ejecutivo ese expediente pasó por más de un ámbito institucional: Ministerio de Defensa y Secretaría de Presidencia. Repito, el expediente, desde que se comenzó a tratar, anduvo por las oficinas con mucha celeridad. Es uno de los expedientes que ha circulado, dentro de la institucionalidad del Poder Ejecutivo, con la mayor celeridad.

Hubo actores dentro del espectro político que trataron de hacer caer la responsabilidad en el Poder Ejecutivo cuando no estuvieron, en mi opinión, a la altura de las circunstancias cuando se les entregó el expediente el 9 de abril. Con el expediente y las declaraciones en la mano deberían haber analizado las declaraciones y consideraciones que hizo el tribunal de honor a la hora de fallar; en cambio, se basaron en sus valoraciones sobre cómo el gobierno procedió para no destituir a los militares que estaban involucrados en el tribunal de honor.

¿Cree que la excusa que tomaron los partidos tradicionales para no votar las venias tenía otra intencionalidad, que buscaba encubrir cierto sector de los militares?

Jugar a las intencionalidades es un tema complicado. Lo que digo es que no estuvieron a la altura de la institucionalidad. Estamos hablando de senadores de la República.

Yo podría decir muchos antecedentes en los que el FA sí estuvo a la altura de las circunstancias. Le señalo uno. En el gobierno del doctor [Luis Alberto] Lacalle, en el periodo 90-95, referentes del presidente en el Parlamento nos preguntaron si íbamos a respaldar una decisión que quería tomar el mandatario respecto a aquel famoso affaire de espionaje entre generales. Lacalle quiso tomar una postura firme.

La actitud que tuvimos nosotros en aquel momento, como FA, cuando fuimos consultados, fue respaldar al gobierno y al presidente de la República en una decisión que tenía que tomar. Me consta, lo voy a decir con todas las letras, que tanto el FA, el Nuevo Espacio en esa época, como los legisladores de la lista 15 del Partido Colorado transmitieron que íbamos a respaldar las medidas que el presidente quería tomar. Así que, desde el punto de vista institucional, sé lo que es estar a la altura de las responsabilidades y creo que en los últimos meses hubo legisladores que no estuvieron a la altura de lo que se requería una vez que tuvieron lo que tanto reclamaron: el expediente.

En función de lo que ha pasado en la historia reciente y la actitud que ha mantenido la oposición cuando fue gobierno en la búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿cree que si los partidos tradicionales llegaran al gobierno, la investigación podría frenarse de alguna manera?

Uno puede revisar la historia desde el 85 hasta el momento actual. En los gobiernos del doctor Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) no se avanzó absolutamente nada en la búsqueda de la verdad. Tampoco se avanzó absolutamente nada en el período de Lacalle (1990-1995). En el período de Jorge Batlle hubo un intento de avance a través de la conformación de la Comisión para la Paz. Esa propuesta fue motivada con buena intencionalidad.

Pero lo único cierto es que hasta que el FA llegó al gobierno no se había avanzado casi nada en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Este es un dato que es incontrastable, por lo cual la eventualidad del ingreso al gobierno de quienes tuvieron responsabilidades de conducción del Ejecutivo del país antes de que llegara el FA, me hace pensar que en realidad no solo no se va a avanzar, sino que se va a retroceder.

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el país para avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos?

El principal desafío es acceder al conocimiento de los hechos que ocurrieron en ese período histórico. Este es un tema que siempre ha estado en la mesa, que se ha demandado y solicitado. Pasó por distintas etapas, en las que hubo avances importantes, también en otras que hubo retrocesos. El desafío es tratar de llegar al mayor grado de verosimilitud de las fuentes para que puedan aportar claridad a la situación. Hay otros desafíos que los tienen que pensar otros poderes del Estado, que tienen que ver con la valoración de la imprescriptibilidad del delito, teoría a la que yo adhiero. Uno de los desafíos del Poder Judicial debería ser superar la interpretación de que los delitos de la dictadura son prescriptibles.

¿Cuál cree que debe ser el papel de las Fuerzas Armadas [FFAA] en la sociedad?

Antes que nada, quiero aclarar que ese papel empezó a ser definido con más claridad desde que el FA llegó al gobierno. Yo fui uno de los precursores de la Ley Marco de Defensa Nacional, en la que se marca la función del componente militar. Las FFAA deben, no solo por formación, sino por definición legal; aportar a la defensa militar de los intereses estratégicos que como sociedad tenemos.

En ese marco de la ley que usted mencionó, ¿qué piensa sobre la propuesta del senador Jorge Larrañaga sobre la seguridad?

Es una propuesta equivocada. Las funciones policial y militar son diferentes. La función militar tiene un componente, desde el punto de vista de su instrucción, de prepararse para defender los intereses estratégicos del país, por lo que están preparados para matar o morir. La función policial tiene otro componente, que pasa por tener la capacidad de prevenir, disuadir y en algunos casos reprimir; además, la Policía debe hacerlo en el marco gradual de la utilización de la fuerza.

El componente militar actúa sujeto a un mando y lo que tiene que hacer es cumplir las órdenes para lograr el objetivo que se plantee en el marco de la defensa de los objetivos estratégicos del país, teniendo en cuenta que puede haber un conflicto bélico. Son funciones completamente distintas. En ese sentido, la propuesta de Larrañaga es un error desde el punto de vista conceptual y doctrinario. Esto no quiere decir que, en determinada situación, bajo la dirección del Poder Ejecutivo, puedan colaborar y cooperar con el estamento policial, pero no como titulares en la potestad de cumplir con la seguridad interna.

En los últimos meses se han tratado varias iniciativas en el Parlamento que implicaban un cambio grande para las FFAA. Entre ellas, el impuesto a las altas pasividades militares, la ley orgánica militar y ahora la reforma de la caja. Los partidos tradicionales siempre se han opuesto a estas propuestas. ¿Qué piensa sobre esta situación?

Las iniciativas que impulsa el FA ya estaban contenidas hace tiempo. En algunos casos pienso que deberíamos haber tenido una posición más propositiva para haber encarado estos temas con anterioridad. La reforma de la caja militar debería haber sido posterior a la ley orgánica. Obviamente creo que eran tareas que estaban pendientes. Las teníamos planteadas desde el primer período de gobierno.

Yo comparto que estas iniciativas hayan sido tratadas, aunque tengo una diferencia en el orden en que fueron aprobadas. Creo que en algún caso se debería haber profundizado mucho más en algunas reformas.

El año pasado, en una comisión parlamentaria, se comprobó que existió espionaje militar durante democracia. ¿Qué piensa sobre este asunto? ¿El ministerio está impulsando acciones?

Uno de los principales avances legislativos que tenía planteado el FA era la ley de inteligencia. Creo que ese marco legal era absolutamente imprescindible. Los temas de inteligencia y, dentro de ellos, la búsqueda de información cerrada, en la que refiere al espionaje, tienen que estar regulados haciendo compatibles la tarea con los derechos de las personas.

Cualquier tarea que se haga respecto a la información cerrada, tiene que estar regulada por ley y sujeta al control de los poderes de Estado. Creo que se ha dado un paso muy importante en dotar un marco legal para poder llevar adelante esas tareas.

Con respecto al pasado, en algunos casos fueron inercias que continuaron a la salida de la dictadura y en otros casos puede haber sido falta de interés político de someter todas esas acciones al control del gobierno.

Un fenómeno que está ocurriendo en Uruguay es la candidatura del excomandante en jefe Guido Manini Ríos. ¿Qué piensa sobre esto?

Es una candidatura que el excomandante en jefe fue construyendo desde su accionar en los años finales cuando estuvo al mando del Ejército. Uruguay ha avanzado muchísimo en la institucionalidad democrática en los últimos años. Eso ha sido reconocido internacionalmente. En ese sentido, creo que la candidatura de Manini Ríos se dirige a un espacio del espectro político que soslaya muchas veces la importancia de la institucionalidad democrática como una construcción colectiva entre todos. Creo que ese espectro político siempre se recuesta de forma equivocada en la búsqueda de ciertas alternativas que terminan criticando algo que ni siquiera han completado cuando estaban en acción. Nosotros ya vivimos sociedades autoritarias, no solo se violaron derechos humanos, sino que tampoco se pudo controlar el incremento del delito, el cual tuvo un crecimiento brutal en la segunda mitad del siglo XX en Uruguay.