Brasil: agronegocio, fuego y hambre

Incendios criminales avanzan destruyendo biomas y alterando el equilibrio de nuestro ecosistema ante la omisión cómplice del gobierno brasileño. Una tragedia anunciada que afecta de forma inmediata territorios de pueblos originarios que han tenido que evacuar sus aldeas en medio del fuego y la pandemia. Junto con ellos, la fauna que habita esas regiones, mucha en peligro de extinción, muere o es rescatada con quemaduras. Estas quemadas tienen su origen en la lógica voraz del agronegocio, principalmente la expansión de la soja como monocultivo y la ganadería, enfocado en mercados externos. La producción, en cambio, de productos base de la alimentación de más de 210 millones de brasileños están siendo desplazada, colocando la alimentación del país en manos de la especulación y el lucro. El 70% de los alimentos consumidos habitualmente dependen de un veto presidencial. Brasil es condenado al hambre mientras se financian descaradamente emprendimientos millonarios.

Una tragedia anunciada

La región de Matogrosso, que incluye el bioma Pantanal y el área de protección permanente del mismo nombre, está siendo arrasada por incendios que desde inicio de año hasta el momento alcanza unas 2.349.000 hectáreas, según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama). En la región amazónica, los focos de incendio, solo considerando agosto de 2020, llegan al récord de 7.600 focos. Estos incendios han sido identificados como intencionales, y, según las autoridades de gobierno, se estaría tras la pista de sus responsables, aunque no se sabe muy bien dónde están, quién los financia y ni siquiera existe una orden de prisión. Grandes empresas montan un espectáculo de presión ante la opinión pública para terminar con estas prácticas, pero, por otro lado, acaban financiando los megaemprendimientos que siguen a la devastación.

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, impulsor de la política de pasar a boiada, es quien lleva adelante el plan inicial del gobierno Bolsonaro de desmantelar el ministerio, paralizando prácticamente todas las acciones (educación ambiental, combate al cambio climático, prevención de los efectos de la desertificación, protección de la biodiversidad y promoción de la calidad ambiental urbana, etc.). En este sentido, una de sus estrategias fue ejecutar hasta ahora tan solo el 0,4% del presupuesto asignado para las políticas ambientales. Según el Observatorio del Clima, la falta de ejecución no se debe a la pandemia de Covid-19, ya que en 2019 no fue posible evaluar los resultados presentados por el ministerio porque ni siquiera existía un instrumento de planificación del gasto para ese año.

Fueron evacuados centros urbanos, aldeas indígenas y áreas rurales, dejando a merced del fuego territorios y espacios de vida. Las tareas de rescate y combate al fuego se llevan adelante principalmente por brigadistas voluntarios y equipos de gobiernos locales, ante la falta de apoyo efectivo y a tiempo por parte del gobierno federal.

Yaguaretés, tatúes, pacas, cutías, entre otros mamíferos, son algunas de las especies que están en riesgo severo de desaparición porque, aunque controlen el fuego y puedan recuperarse de las heridas, ya no tendrán donde encontrar alimentos cuando todo el territorio esté tomado por la soja y el ganado.

Oro dorado, oro blanco…

No hay un pronunciamiento oficial sobre el móvil de estos crímenes ambientales, aunque existen documentos y antecedentes suficientes que apuntan a “la mano” del agronegocio, que ya se benefició en el pasado con el uso de antiguas áreas protegidas deforestadas para la expansión constante de la ganadería y el cultivo de soja en gran escala. De acuerdo con la consultora Arc Mercosul, el cultivo de soja aumentará en la temporada 2020-2021 un 3,8%, con más de 38 millones de hectáreas.

La producción de arroz y porotos (base de la alimentación de los brasileños) se ha estancado hace ya 20 años, y ha cedido 30% de su superficie en beneficio de la soja. Gran parte de la producción de arroz y porotos se exporta, con bajo valor agregado, dejando pocos beneficios al resto de la economía. Por otra parte, la importación se ha visto afectada por la suba del dólar frente al real, lo que ha llevado, entre otros factores, a un fuerte aumento acumulado en los precios: 25% para el arroz y 48% para el poroto. Sin dudas esto ha generado una gran inquietud y tensión en la población estos días.

Según el ministro de economía Paulo Guedes, otro “factor” que empuja al alza los precios del sector primario son los pobres que al “mejorar sus condiciones de vida” consumen más. También la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Tereza Cristina, desde una miserable óptica, subestima la capacidad de discernir del público, argumentando que se trata de un aumento de precios pasajero, impulsado por una mayor demanda por parte de esa cuarta parte de la población que vive en la pobreza o extrema pobreza que ha recibido el auxilio de emergencia. Dando continuidad a su lógica genocida, el gobierno culpa a la población de menos recursos, nuevamente, de ser culpable de su propia desgracia.

Asegurando el lucro

En estos tiempos de pandemia, la situación se agrava con la reducción de oferta de alimentos básicos por la caída de la actividad, sumado a los problemas relacionados con el clima o factores de producción. Ante esta situación, desde el gobierno Bolsonaro apelan a la bondad de Dios y al patriotismo de los dueños de las cadenas de suministro para contener los precios. Argumentando que en ese ámbito no consigue intervenir, como lo hace regularmente al intentar violar la independencia de Poderes, la laicidad o los derechos humanos, lo único que puede hacer es “monitorear” la situación.

El fondo ideológico detrás de esta apuesta del gobierno Bolsonaro por la destrucción no es disimulado. Antes de tratarse el PL735/2020, en abril de este año fue emitida una Medida Provisoria por la que R$ 500 millones fueron destinados al Programa de Adquisición de Alimentos, de los cuales se ha ejecutado menos del 10%. Sin embargo, existe previsión financiera y presupuestal para otorgarle beneficios al agronegocio, como acceso al crédito y financiación para grandes productores, así como exoneraciones de aportes a la Seguridad Social e impuestos. Cumpliendo con su compromiso con el capital financiero y los bancos, se abren posibilidades para la inserción del capital extranjero. El Plano Safra 2020/2021, por ejemplo, prevé R$ 236.000 millones para líneas de crédito y costeo de la producción rural, pero excluye a los pequeños agricultores. Así como atacó la Ley de Agricultura Familiar, Bolsonaro promulgó artículos que habían sido vetados por el congreso. El gran ganador es siempre el agronegocio, sector que, pese a haber tenido privilegios, actualmente pretende imponerse absolutamente con la eliminación de cualquier otro modelo alternativo.

Un veto a favor del hambre

A mediados de agosto fue aprobada por el Poder Legislativo, sin votos en contra, el Proyecto de Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar (PL735/2020), que finalmente sufrió el veto del poder Ejecutivo con el argumento de que habilitar recursos para estimular la producción de alimentos no es de interés público. La PL735/2020 garantizaba recursos para la producción y creación de programas para atender la agricultura familiar, campesinos, asentamientos por la Reforma Agraria, comunidades indígenas, quilombolas, etc. (responsables de la producción del 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños). Aunque desde varios puntos de vista es insuficiente, esta ley establecía mecanismos que, a través de programas, aseguraban la adquisición de la producción, facilitando recursos técnicos, educativos, administrativos y logísticos. En Brasil, la gestión de los centros de distribución de alimentos está totalmente en manos del mercado, sujeto exclusivamente al lucro, y la diferencia entre el precio del distribuidor y del consumidor final llega a ser del 180%. Mientras el arroz y los porotos escasean, y su precio se oferta al alza, las grandes compañías mantienen grandes reservas en sus silos. Los únicos planes estratégicos en relación a las zafras y precios por parte del gobierno central son enfocados en los productos de exportación (soja, carne, café, azúcar). A falta de políticas públicas de abastecimiento, la única posibilidad de poder tener un control, o intervención, sobre los precios de algunos alimentos secos (arroz, porotos, etc.) podría ser a través de almacenes de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAG), que han sido vaciados por los gobiernos que siguieron al golpe político de 2016 y de los cuales intentan deshacerse con el pretexto de no poder hacerse cargo de sus costos. Los artículos vetados del PL 753/2020 hubieran permitido una revitalización de la CONAG y otras instituciones y programas.

MST: la reforma agraria y el precio justo

Los trabajadores sin tierra han mantenido los precios de venta final del arroz producido en sus cooperativas, sobre la base de que todos participen en la viabilidad de la cadena productiva. La producción, secado, almacenamiento, fraccionamiento por producto (arroz pulido, integral, parbolizado), distribución y venta al consumidor son regidos por algunos valores: promoción de la salud, justicia social, reforma agraria, valorización de los alimentos orgánicos, ecología y solidaridad. Unas 364 familias integran la Cooperativa de Trabajadores Asentados de la Región de Porto Alegre, con 14 asentamientos en 11 municipios en Rio Grande do Sul. La zafra prevista para 2020 es 18.000 toneladas de arroz y cuenta con 120 puntos de venta directa. La fórmula no tiene secreto: ¡planificación y lucha por mantener la soberanía alimenticia como derecho!