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Política

Jutep denuncia falta de colaboración

Caramgate: Un intendente en problemas

Luego de un período de cuatro años y medio de estar al frente del gobierno departamental, el pasado 8 de febrero Pablo Caram renunciaba a su cargo como intendente de Artigas. La despedida, momentánea, según sus aspiraciones dirigidas a la reelección, fue particularmente “estridente”. Fue durante este acto que se produjo la rendición de cuentas del hasta entonces intendente.

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Por Rolando Arbesún

 

“[…] La Administración de Pablo Caram ha sido reconocida dentro y fuera de fronteras departamentales como la que ha concretado más obras e inversiones, al tiempo que mantiene una economía totalmente saneada, manteniéndose al día con sueldos, indisponibles, pago de deudas de gobiernos anteriores y con absolutamente todos sus proveedores […]”.

Los logros, que no se reducen a esta síntesis, fueron ampliamente descritos en el acto de renuncia-despedida-lanzamiento. Daba la impresión que todo el acto mismo era una suerte de rampa de lanzamiento coheteril de una factura y preparación impecables.

No faltaron loas, reconocimientos y agradecimientos, y esto que pudiera ser lo típico de cualquier acto similar, tenía un ligero tono de falsete.

No se mencionaron en ningún momento las evidencias -cada vez más crecientes y documentadas- de una gestión puesta en duda desde dentro mismo de la intendencia, a partir de la denuncia presentada casi dos años antes (2018) por el edil del Partido Colorado Francisco Bandera, con relación a irregularidades en la adjudicación de licitaciones de obra pública a la empresa Pedrera del Norte SRL, por parte de la Intendencia departamental.

Tampoco se mencionó que la Junta Departamental, en reunión extraordinaria y con el acuerdo de todos los partidos políticos, había decidido el 28 de enero elevar a la Justicia el informe que cuatro días antes había emitido la Junta de Transparencia respecto a las irregularidades denunciadas por Bandera en 2018.

La junta acordó, además, que se realizara una auditoría en la comuna y se elevara lo actuado a la Comisión de Ética del Partido Nacional.

Estamos ante una escandalosa despedida y ante una gestión sujeta a muchas sospechas en lo que al manejo de la adjudicación de licitaciones se refiere.

 

Las denuncias, el silencio y la soberbia

EL 10 de octubre de 2018 el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió de parte del edil departamental de Artigas Francisco Bandera una solicitud para que fueran analizadas posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de varias licitaciones por parte de la intendencia departamental.

El denunciante identificaba a la empresa Pedrera del Norte SRL y afirmaba que los socios de dicha empresa eran los señores Rodrigo Jiménez y Martín Bicera, este último, hermano del Cr. Omar Bicera, quien es funcionario de la Intendencia de Artigas y se desempeñaba en la unidad de Proyectos de la intendencia, habiendo integrado varias veces la comisión de adjudicación de licitaciones. Previo a la solicitud enviada a la Jutep, el 6 de diciembre de 2018, el edil Francisco Bandera había denunciado la situación en una sesión de la Junta Departamental. En dicha ocasión señaló que uno de los miembros de la comisión de adjudicación de las obras de la Intendencia es el hermano de uno de los socios de Rodrigo Giménez, dueño de un grupo empresarial que resultó adjudicatario de 16 licitaciones entre junio de 2015 y febrero de 2018.

No se trataba de una sesión cualquiera. En ella estaba presente Pablo Caram, quien cuando Bandera comenzó a realizar sus denuncias, se retiró de la sala afirmando luego a La Diaria que se había retirado porque él no va a estar “aguantando atrevimientos” y por eso se paró y se fue. “¿Cómo un edil va a decir que hay actos de corrupción si no tiene pruebas?”, dijo el intendente, que sostuvo que “todo tiene un límite”.

El edil Francisco Bandera cuestionó además a Pablo Caram por haber contratado al diputado suplente del Partido Nacional Remo Monzeglio para que lo asesore en un proyecto turístico termal. Bandera denunció que el diputado no puede contratar con la comuna ya que el vínculo es incompatible con su cargo de legislador. A raíz de esta denuncia, Monzeglio renunció al contrato de forma retroactiva “para no entorpecer la gestión de la intendencia ni generar debates inconducentes”.

 

El informe de la Jutep

En atención a la solicitud presentada en octubre por el edil Francisco Bandera, la Jutep inició la investigación correspondiente a sus funciones, solicitando, en primer lugar al intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, el pliego de las licitaciones sobre la empresa Pedrera del Norte SRL.

Se solicitó, además, que se aclarara el vínculo familiar entre el funcionario identificado por el edil Bandera y el socio de la empresa Pedrera del Norte SRL.

Pablo Caram, en su respuesta al pedido de la Jutep, afirmó que las compras a la empresa Pedrera del Norte habían sido cinco, por un monto total de ocho millones de pesos.

Confirmó, asimismo, la relación entre el socio de la empresa y el jerarca de la intendencia, pero señaló que el funcionario hermano del empresario había renunciado a su puesto en la comuna en 2017, no habiendo actuado nunca en los tribunales de licitaciones de la empresa en cuestión.

Del proceso investigativo emprendido por la Jutep, emerge que, además de a la empresa Pedrera del Norte SRL, se habían “adjudicado” por parte de la intendencia obras a otras dos empresas, Prenorte y Jiménez Felice Rodrigo, ambas vinculadas a Rodrigo Jiménez, uno de los socios de Pedrera del Norte SRL.

La Jutep solicitó a la comuna un nuevo informe, cuya respuesta no contenía respuestas a la información solicitada por el organismo.

Del trabajo de la Jutep, se resaltan los siguientes datos:

  • Rodrigo Jiménez posee al menos tres empresas: Jiménez Felice Rodrigo, Prenorte y Pedrera del Norte.
  • En las dos primeras aparece como apoderado del escribano Emiliano Soravilla Pinato, quien también es funcionario de la Intendencia de Artigas.
  • Soravilla Pinato ingresó a la Intendencia de Artigas por el mecanismo de designación directa, ocupando varios cargos.
  • Soravilla Pinato, en enero de 2019, tenía un sueldo de 98.198 pesos; cuando había ingresado, tres años y medio antes, cobraba cerca de 25.000 pesos.
  • Como se aprecia, el sueldo de Soravilla se multiplicó por 4,32 en tres años y medio y según consta en diversos documentos, «no se ha registrado un cambio sustancial en las tareas y responsabilidades que efectivamente le fueron asignadas».
  • A la empresa Jiménez Felice Rodrigo se le otorgó un total de 23 licitaciones, a las que se agregaron ocho ampliaciones, por más de 120 millones de pesos.
  • A la empresa Pedrera Norte le fueron adjudicadas siete licitaciones y cuatro ampliaciones, por un total de 18 millones de pesos.
  • A la empresa Prenorte se le adjudicaron cinco licitaciones por algo más de ocho millones de pesos.
  • En sus conclusiones, la Jutep afirmó: “Se ha verificado que el funcionario de la Intendencia de Artigas Cr. Omar Alberto Bicera Hiriart “ha violado los principios de probidad y transparencia y ha incumplido con la obligación de efectuar la Declaración Jurada de implicancias”
  • Con respecto a las empresas Jiménez Felice Rodrigo y Prenorte, la Jutep señaló: “No es posible emitir opinión sobre las eventuales violaciones de los principios de interés público, imparcialidad, implicancias y a la prohibición de intervenir por razones de parentesco” y ello es así por la ausencia de respuestas a la información solicitada a la Intendencia de Artigas.
  • En lo referido al funcionario Esc. Emiliano Soravilla Pinato, surge del análisis efectuado por la Jutep que “habiendo sido apoderado de las empresas “Jiménez Felice Rodrigo y Prenorte no consta la explicitación formal ante la intendencia departamental de tal relación, lo que constituye violación de los principios de probidad, legalidad transparencia, e incumplimiento de la obligación de efectuar la Declaración Jurada”.
  • Ante la ausencia de respuestas de la Intendencia de Artigas sobre las actuaciones y procedimientos que involucran a las empresas “Jiménez Felice Rodrigo y Prenorte, no es posible emitir opinión sobre las eventuales violaciones de los principios de interés público, imparcialidad, implicancias y de las prohibiciones de contratar y de relaciones con actividad vinculada”.
  • En su informe, la Jutep señala: «La falta de cooperación por parte del señor intendente obligó a desarrollar el trabajo recurriendo a fuentes alternativas, lo que no asegura disponer de información completa […] Pese a esa limitación, el detalle realizado en este informe evidencia un notorio incremento de las adjudicaciones realizadas durante el actual período de gobierno departamental a las tres empresas bajo análisis (que registraban adjudicaciones menores en el período anterior) […] Asumiendo que la información recabada no es necesariamente completa, las adjudicaciones a Pedrera del Norte, Prenorte y Jiménez Felice Rodrigo realizadas por la Intendencia de Artigas entre julio de 2017 y enero de 2020 suman $ 146.196.756. Es una cifra muy importante frente a la cual es razonable exigir la mayor transparencia, pero en cambio se evidencian varias e importantes irregularidades».

En el informe publicado por la Jutep se señalan las siguientes irregularidades:

  • “Violación por parte del intendente departamental de Artigas, Pablo Caram, de los artículos 20, 21 y 22 numeral 1 de la Ley N° 17.060 y de los principios de probidad (artículo 11 del Decreto 30/003), legalidad (artículo 14 del Decreto 30/003) y transparencia (artículo 18 del Decreto 30/003)”.
  • “Si bien escapan a los cometidos específicos de la Jutep, cabe señalar que se han constatado diversas violaciones a normas que rigen las contrataciones por parte de las intendencias departamentales y situaciones dudosas en las que, por falta de respuesta de la intendencia, no es posible llegar a conclusiones definitivas”.

Como no podía ser de otra forma, las actuaciones de la Jutep fueron remitidas tanto a la Junta Departamental de Artigas, como al Tribunal de Cuentas, a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Ejecutivo.

El 28 de enero, la Junta Departamental de Artigas, en sesión extraordinaria y con la votación de los ediles de todos los partidos políticos, aprobó elevar a la Justicia el informe de la Jutep respecto a las presuntas irregularidades detectadas, al tiempo que se votó la realización de una auditoría en la comuna y el envío de las actuaciones al Comité de Ética del Partido Nacional.

 

Reacciones

Al día siguiente de la publicación del trabajo de la Jutep, el intendente de Artigas, Pablo Caram, expresó en conferencia de prensa que los acontecimientos revelados por la junta «son absolutamente falsos y mentirosos».

«Viene buscando afectar políticamente la gestión municipal y cuando digo ‘a la gestión municipal’ es la del intendente y la de todo el equipo que viene trabajando y haciendo obras como nunca nadie hizo acá, en el departamento de Artigas»

«Todo esto es mentira, totalmente seguro de que es mentira. Se ha buscado la quinta pata al gato y en esta administración no tenemos nada que esconder. Somos todos vecinos reconocidos, no nos amparamos en un micrófono, pero llega un momento en que tenemos que poner las cartas en el asunto», añadió el intendente, quien “olvidó” decir que no había respondido de forma clara y contundente a lo solicitado en dos ocasiones por la Jutep.

Consultado sobre su posición sobre el pasaje del informe de la Jutep a la Justicia, el intendente respondió: «Tenemos todos los argumentos necesarios, no precisa ni defenderse. Aseguró que la Justicia lee y no va a llamar».

Consultado el entonces diputado Pablo Abdala, en su calidad de miembro del Directorio del Partido Nacional, sobre el documento de la Jutep y sus posibles derivaciones a la Justicia, afirmó, según consigna Montevideo Portal, “que el tema aún no fue analizado por el partido, ya que ningún dirigente lo planteó”.

 

Otras perlas

En el año 2015, cuando Pablo Caram asumió la intendencia, declaraba al diario El Observador que la Intendencia de Artigas tenía unos 1.660 trabajadores, que se llevaban el 89% del presupuesto y que, por tanto, quedaba poco margen de maniobra para «hacer otras inversiones».

«Estamos estudiando la plantilla desde el domingo. Hoy vamos a continuar para ver de dónde sacamos, dónde movemos», dijo entonces el que fuera, hasta hace poco, el jefe comunal de Artigas.

En 2018 la Jutep, recomendaba la no contratación de familiares directos por designación, por parte de políticos y funcionarios del ámbito público que estuvieran ocupando cargos en posiciones de jerarquía.

Al parecer esta sugerencia no fue recibida en la Intendencia de Artigas; allí figuraban:

  • la pareja del intendente, Karina Gómez, estaba al frente de la Dirección de Cultura;
  • la sobrina del intendente, quien hoy es diputada (Valentina dos Santos), fue la directora general de la intendencia;
  • el primo del hoy exintendente revistaba en la Dirección de Desarrollo (Rodolfo Caram);
  • otro primo, Manuel Caram, ocupaba el puesto de director de Desarrollo Social;
  • de acuerdo a lo informado por Leandro Santos, presidente del Frente Amplio en Artigas, al diario La República, la gestión nacionalista al frente de la comuna departamental “tiene 4.000 observaciones del Tribunal de Cuentas”.

Para todos estos casos, como para las denuncias actuales, el exintendente siempre tuvo la misma respuesta: “Son cargos de confianza”.

La respuesta del exintendente arrastra la expresión: y sí, no hay nada “más confiable” que la familia, sobre todo si se pretende gobernar sin quejas, reclamos ni supervisiones.

Parece la típica expresión de un cacique. ¿O no?

Capaz que es por eso que, tal y como consigna La Diaria, en consulta realizada a Caram, sobre las más diversas irregularidades que lo señalan, que este afirma sin ninguna muestra de vergüenza: “Todas las decisiones las tomo yo”.

 

Carnaval y después

El fiscal de Artigas, Raúl Iglesias, citará para después de Carnaval tanto a Bandera, quien aportará nueva documentación, y al exjefe comunal para declarar en la Fiscalía Departamental.

Una vez más, Pablo Caram, ha declarado que las acusaciones y el informe de la Jutep son “una payasada” de connotación política evidente.

Por su parte, el edil Francisco Bandera espera con ansiedad la posibilidad de ampliar sus denuncias aportando nuevas documentaciones que documenten las irregularidades y el esquema de actuación de un exintendente que ha tomado la comuna como su propiedad.

Mientras se cierra esta nota, se supo que el presidente electo participó, a instancias de una invitación del exintendente Caram, en la inauguración del carnaval de Artigas y en un asado con el otrora miembro de Alianza Nacional y hoy su correligionario político.

Al ser consultado por las irregularidades denunciadas, Lacalle Pou, en un singular gesto que cada vez más muestra su patrón de no análisis de señalamientos críticos (recordar el episodio Rivera Elgue y el affaire Da Silveira), prefirió “no opinar”.

Tenía razón Jorge Larrañaga cuando en diciembre de 2017 afirmó al diario El País: “Toda vez que el lacallismo fue grande tuvimos un partido chico.

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