Cardama y escáneres portuarios: dos ineptitudes que siguen dando ventaja al narcotráfico

La cara siniestra del mar: U$S 92 millones a bordo de los barcos fantasmas de Cardama

El caso de las patrulleras oceánicas (OPV) es, sin duda, la joya de la corona del despropósito nacional. Un proyecto que la Armada Nacional concibió como el "núcleo de su estrategia naval para los próximos 20 años" ha colapsado de forma estrepitosa. La idea era noble: dotar al país de dos unidades OPV-87 con autonomía para 30 días, esenciales para proteger nuestra soberanía, nuestros recursos pesqueros y, primordialmente, detener el tráfico de droga en altamar.

Pero la realidad, como siempre, supera a la ficción. El proceso, en lugar de una transparente licitación internacional, se inclinó por una dudosa compra directa a un astillero español, Cardama. La inversión proyectada ascendía a U$S 92 millones.

Ahora, el Gobierno entrante de Yamandú Orsi ha puesto la lupa y ha soltado un torpedo: el contrato se rescindió ante "fuertes indicios" de fraude o estafa al Estado. Una crónica digna de los piratas del Caribe, pero con la bandera de la administración pública.

El narcotráfico, que utiliza corredores oceánicos para el transbordo lejos de la costa, ahora opera con la tranquilidad que le da un mar territorial desguarnecido. La flota uruguaya, antigua y limitada, se queda mirando cómo pasa el barco de la droga, mientras el dinero de la Defensa navega, quién sabe dónde.

El impacto no es solo la pérdida de capital; es un deterioro directo de la seguridad pública a largo plazo…

La careta de la Aduana: los años de control "a pedal"

Si la Armada falló en proteger la entrada por mar, la Aduana hizo su parte al dejar la puerta del Puerto de Montevideo abierta, prácticamente de par en par. El principal hub logístico de transbordo en la región se convirtió, por inercia burocrática, en la caja de Pandora del narcotráfico.

La necesidad de escáneres de alta capacidad para la inspección no intrusiva de contenedores se reconoció formalmente en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donación de China y episodios poco claros que sembraron oscuridad con el episodio de la rotura del aparato por un accidente.

Este déficit crónico de inspección sistemática, que se extendió por casi 15 años, fue un cheque en blanco para el crimen organizado. Las grandes incautaciones de cocaína que hemos visto en los últimos años (casi 1.500 kg en un solo procedimiento, por ejemplo) fueron producto de la inteligencia, no de la detección sistemática. La droga pasaba porque el riesgo de escaneo era, sencillamente, ínfimo. Para muestra basta con ver las voluminosas incautaciones de las aduanas de países europeos de la droga que provenía de Uruguay.

Recién a finales de 2024 quedaron operativos los escáneres. En ese momento el director nacional de Aduanas, Cr. Jaime Borgiani, había afirmado que “se tienen las herramientas que no teníamos”. “Dota al personal de capacidad de análisis y de interpretación de las imágenes y es un hito al combate a la contaminación de las cargas”.

A su vez, recordó que Aduanas poseía un solo escáner del año 2007, con una tecnología antigua y destinado casi que exclusivamente al control tributario de las importaciones. “El 99,5 % de las exportaciones uruguayas eran canal verde, es decir, no tenían control, no existía control a los tránsitos, reembarcos y transbordos, y la dotación de personal para el control era escasa”. A confesión de parte relevo de prueba…

El fracaso de las OPV y la demora de los escáneres son dos caras de la misma moneda: una rigidez administrativa y una falta de transparencia en la gestión de compras estratégicas que, de hecho, facilitan la actividad criminal. No se pretende afirmar aquí que la ineptitud de los funcionarios públicos involucrados tengan conexión con el crimen organizado, pero al menos hay que preguntarse los motivos de semejantes retrasos y malas decisiones durante años.