Caso Marset: una red de narcotráfico, política y religión

El fiscal paraguayo Deny Yoon Pak presentó un documento de 414 páginas que expone un esquema criminal sofisticado que combinaba el tráfico de cocaína, el lavado de dinero y la instrumentalización de la religión. Según el informe divulgado parcialmente por El Pais las asociaciones religiosas fueron utilizadas para justificar ganancias ilícitas y financiar campañas políticas estratégicas.

Narcotráfico, política y religión

Sebastián Marset, mencionado 46 veces en la acusación, habría utilizado identidades falsas para ingresar drogas a Paraguay, enviándolas posteriormente a Europa y África. Estas operaciones generaron ganancias millonarias, como lo evidencian incautaciones estimadas en 500 millones de dólares. Por otro lado, José Alberto Insfrán, pastor del Centro de Convenciones Avivamiento en Curuguaty, habría canalizado fondos del narcotráfico hacia la adquisición de propiedades, la construcción de templos religiosos y el financiamiento de actividades políticas bajo la apariencia de donaciones legítimas.

El documento también detalla que Insfrán tenía como objetivo final incursionar directamente en la política, representando los intereses de la organización criminal. Entre las iniciativas respaldadas por este esquema, se encuentra la candidatura de Magno De León Villalba a la Municipalidad de Curuguaty y el apoyo a la postulación al Senado de Juan Carlos Ozorio, quien presuntamente facilitó la logística para el tráfico de drogas y el lavado de dinero mediante empresas vinculadas.

Además, el informe menciona que en octubre de 2021, Sebastián Marset fue detenido en Dubái por portar documentación paraguaya falsa, pero fue liberado el 25 de noviembre tras recibir un pasaporte uruguayo, pese a las advertencias emitidas por diplomáticos a la Cancillería uruguaya.

Como se puede observar, esta investigación pone en el foco un entramado donde la religión, el narcotráfico y la política convergen, exponiendo los riesgos que representan las actividades ilícitas para la institucionalidad y la democracia en la región.