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Hong Kong

La seguridad tiene cara de hereje

Por Daniel Barrios.

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El tiempo récord que insumió su trámite, el secretismo inusual que rodeó su discusión, así como la virulencia de las reacciones locales e internacionales reflejaron la trascendencia y la excepcionalidad tanto para China como para el resto del mundo.

El 30 de junio -en menos de 40 días de un ítem legislativo que en China normalmente lleva años y  que solo se hizo público en el momento de entrar en vigor- los 162 miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) aprobaron por unanimidad la ley para “la salvaguardia de la seguridad nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong”.

El tan anunciado y no menos temido acto legislativo -que fue promulgado inmediatamente por presidente el chino, Xi Jinping- introduce los mayores cambios al ordenamiento jurídico del centro financiero internacional desde que China recuperara su soberanía luego de más de 150 años de dominio británico.

Según los primeros trascendidos publicados por los medios de prensa estatales, la ley de 66 artículos castiga con penas que oscilan desde los tres años de cárcel a la cadena perpetua a comportamientos “independentistas”, que promuevan la separación de Hong Kong o cualquier otra parte del territorio de la República Popular de China, “terroristas”, los que usen la violencia contra personas o propiedades, “subversivos” a cualquier intento de socavar la autoridad del gobierno central o el local y la “confabulación con fuerzas externas y extranjeras”.

Asimismo, Beijing establecerá una nueva Oficina de Seguridad Nacional en Hong Kong, gestionada por los servicios de seguridad de China continental. Ni la oficina ni este cuerpo policial estarán sujetos a la jurisdicción local.

El legislativo chino aprobó la ley a velocidad forzada un día antes del 1º de julio -que conmemora la retrocesión del territorio por parte de Reino Unido a China en 1997-  para prohibir las manifestaciones de protesta que en esa fecha son convocadas por los movimientos prodemocracia y autonomía y contra las autoridades locales y el gobierno central de la República Popular.

El año pasado los manifestantes asaltaron y destrozaron el parlamento en protesta contra un proyecto de ley que permitía la extradición de sospechosos a China continental.

“A la luz de los riesgos para la seguridad nacional cada vez más pronunciados que encara el territorio autónomo, la aplicación de una ley de seguridad nacional por parte del Estado es necesaria y urgente”, declaró Carrie Lam, la jefa del gobierno autónomo hongkonés, interviniendo en videoconferencia en la sesión inaugural del 44º período del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

«Se necesita urgentemente una legislación y garantías de seguridad nacional. Desde el pasado junio Hong Kong vive traumatizada por la escalada de violencia alentada por fuerzas externas”, agregó.

Es evidente que, entre otras, con esta ley Beijing pretende ponerle un fin a las protestas, que desde el año pasado se han manifestado muchas veces con particular violencia, y que solo se detuvieron por la emergencia sanitaria contra la pandemia de Covid-19.

Las reacciones a la aprobación de la controvertida ley fueron tan críticas como tempestivas tanto dentro como fuera de fronteras.

Inmediatamente de conocidos los alcances de la ley, Joshua Wong, el conocido líder estudiantil fundador y secretario general de Demosisto, anunciaba la disolución de la organización prodemocrática e independentista de Hong Kong, creada hace cuatro años.

No obstante el activista anunció que “incluso bajo los malos vientos del mandato directo y autoritario de China, los hongkoneses seguiremos luchando por nuestras libertades y democracia para las próximas generaciones. Cuando la justicia fracasa, nuestra lucha continúa”.

Otros dos movimientos autonomistas, Studentlocalism y el Frente Nacional de Hong Kong, también anunciaron que suspenderán sus acciones en el territorio y solo operarán desde el extranjero.

Para Joshua Rosenzweig, jefe de la representación de Amnistía Internacional en China, “ el hecho de que las autoridades hayan aprobado esta ley sin que la gente de Hong Kong pueda verla dice mucho sobre sus intenciones”. “Su objetivo es gobernar Hong Kong a través del miedo a partir de ahora”.

En un nuevo espiral de confrontación entre las dos superpotencias, Trump anunció que suspendía la entrada a su país de ciudadanos chinos que representan un «riesgo», el fin a las medidas comerciales preferenciales para Hong Kong y una investigación a empresas chinas que cotizan en EEUU, al considerar que la nueva ley elimina el alto grado de autonomía del enclave acordado entre Beijing y Londres en las negociaciones de traspaso de la soberanía.

Para el secretario de Estado, Mike Pompeo, “la decisión del Partido Comunista chino de aniquilar las libertades de Hong Kong obliga a la administración Trump a reevaluar sus políticas hacia el territorio”. Según el jefe de la diplomacia norteamericana, “Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras China engulle a Hong Kong en su boca autoritaria” y anunció que su país dejará de exportar equipamiento de defensa a Hong Kong y restringirá su acceso a productos de alta tecnología de doble uso (comercial y militar).

“No podemos arriesgarnos a que estos bienes caigan en manos del Ejército chino, cuyo objeto es mantener la dictadura del Partido Comunista de China de la manera que sea”, agregó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

«Cualquier declaración o acción que perjudique los intereses de China se encontrará con un firme contraataque», replicó, horas después,  Zhao Lijian a las amenazas de Washington.

«China exhorta a Estados Unidos a remediar de inmediato estos errores y a abandonar su mentalidad de guerra fría», agregó el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Esta vez fueron muchos los que se sumaron al coro de Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque estudia con socios internacionales medidas de respuesta, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó de “deplorable” la ley de seguridad aprobada por el régimen chino.

Para el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, este es “un día triste para la población de Hong Kong” y, al igual que su primer ministro, Boris Johnson, acusó a China de “incumplir” el acuerdo firmado entre ambos países en 1984 por el cual Londres se comprometía a devolver Hong Kong a China el 1° de julio de 1997 a cambio de que la ciudad mantuviera -bajo la forma de Región Administrativa Especial- un amplio grado de autonomía (excepto en temas de relaciones exteriores y defensa), un régimen de libertades civiles, una justicia independiente, libertad de expresión y un parlamento parcialmente elegido por sufragio universal, hasta 2047, según la fórmula “Un país, dos sistemas”.

El gobierno japonés ha calificado la aprobación de la ley como “extremadamente lamentable”.

El antecedente político más importante de la nueva ley se remonta a enero de 2019, cuando  Xi Jinping convocó una reunión de alto nivel del Partido Comunista para discutir la «prevención de riesgos mayores” que representaban los movimientos independentistas de Hong Kong.

El secretario general exhortó a los altos dirigentes a estar en guardia contra los «cisnes negros», refiriéndose a sucesos inesperados y difíciles de predecir que pueden hacer que un sistema se hunda en una crisis irreversible.

Al mismo tiempo Xi Jinping advirtió sobre lo que llamó «rinocerontes grises», aludiendo a riesgos conocidos, pero que nadie se atreve a enfrentar hasta que ya es demasiado tarde.

Sin duda Hong Kong es el mayor desafío que enfrenta esta generación de comunistas chinos y sus consecuencias pueden ser aun más traumáticas que el estallido social que en 1989 desembocó en los dramáticos sucesos de Tiananmen.

Entonces el objetivo de las multitudinarias movilizaciones era político y el reclamo era por mayores libertades individuales, más democracia y soluciones a la crisis económica. Hoy, en cambio, el objetivo de los “herejes” independentistas apunta a la integridad territorial, a la identidad y soberanía china como nación y a la razón de ser del propio Estado y el sistema que lo sustenta. Es esa herejía secesionista que el gobierno y el Partido Comunista nunca van a permitir y para combatirla es que han impuesto la por demás polémica ley de seguridad.

“Esta ley marca un punto de inflexión y pondrá a la región de vuelta en la senda del desarrollo”, afirmó este miércoles Zhang Xiaoming, subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado. La ley apunta solo a un pequeño grupo de criminales que ponen la seguridad nacional en peligro y será una «espada afilada» colgada sobre sus cabezas, agregó el funcionario.

Por el bien de China y del resto del mundo, esperemos que, entre cisnes y rinocerontes, la ley no sea un elefante en un bazar ya agitado e inestable.

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