COFE denuncia: «el Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, incumple el compromiso asumido durante la campaña electoral»

En el documento, “COFE rechaza enfáticamente dichas medidas” y, al mismo tiempo denuncia que, este sería “el segundo aumento en menos de un año (…) el 1 de abril de 2020 el aumento fue en OSE del 10,7%, en UTE 10,5% y Antel 9,78 %”.

En su denuncia, la directiva de COFE, recuerda que “el aumento tarifario, funciona como un impuesto encubierto, que provoca una pérdida significativa de poder adquisitivo de la población”, situación “que profundiza el ajuste fiscal que se está aplicando en nuestro país desde el 11 de marzo de 2020 (Decreto 090/2020) y materializado con mayor énfasis en la Ley de Presupuesto Quinquenal (Ley 19.924)”.

Una vez más, el Consejo Directivo de COFE enfatiza que “la Ley de Presupuesto consagra una rebaja salarial permanente y significativa para los trabajadores públicos” y resalta que “el ajuste de salario en enero de 2021 será de aproximadamente un 4 %”, algo que podría variar más negativamente, “si la inflación del año cierra en el entorno de un 9 %”, ya que la pérdida de salario sería del 5 %.

No solo los trabajadores del sector público verán afectados sus salarios, afirma el comunicado que recuerda que, “también los trabajadores del sector privado tendrán ajustes menores que la inflación”, una situación en la que se verán afectadas, además, “las jubilaciones y pensiones de nuestro país”.

Para COFE, “el nuevo aumento de las tarifas en todos los casos es superior al ajuste salarial, así como también supera la inflación acumulada desde abril a diciembre. En efecto: la gasolina sube 6,19%, el supergás 6,9%, la electricidad 5%, el agua 6,5%, los celulares 6,3% y los servicios de internet 9,5%. En 9 meses la UTE subió más de un 16 %, la OSE un 17,8 %, los celulares un 16,7 % y el internet un 20,2 %”.

Con respecto a cómo estos ajustes producen efectos negativos en la población en general, el comunicado recalca que “los servicios públicos son fundamentales para la población, pero en medio de la emergencia sanitaria su consumo se hace imprescindible”.

“El gobierno fija las tarifas públicas y es el responsable de aumentar el costo de vida de los uruguayos, en una situación de emergencia sanitaria, con decenas de miles de uruguayos desempleados, con cientos de ollas populares y merenderos en todo el país, con una rebaja salarial para el conjunto de los trabajadores, así como también para jubilados y pensionistas”.

Para los trabajadores del sector público, agremiados en COFE, “está decisión del Gobierno se sustenta en la visión de bajar el déficit fiscal sobre la base de rebajar el salario, reducir los puestos de trabajo ambas acciones tanto en lo privado como en lo público y aumentar las tarifas de los servicios públicos”.

Y agregan, “nuevamente el Presidente de la República, Dr.Luis Lacalle Pou, incumple el compromiso asumido durante la campaña electoral. Se comprometió a no subir las tarifas públicas y las subió. Se comprometió a mantener el salario real pero el salario se rebajó”.

En el documento se enfatiza que resulta “absolutamente inadecuado utilizar las tarifas como un impuesto encubierto, para cumplir los objetivos de un ajuste fiscal que en las actuales condiciones son absolutamente inaceptables (…) el gobierno debería apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad que hoy sufren los efectos económicos y sanitarios de esta crisis, subvencionando estas tarifas”, concluye expresando el comunicado de rechazo y denuncia a las medidas anunciadas por el gobierno nacional.