Aumenta la preocupación en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) por el contenido de la Rendición de Cuentas ya que de no haber cambios, consagraría, por segundo año consecutivo, una nueva rebaja salarial para la Administración Central. Así lo explicó a Caras y Caretas Joselo López, secretario general de COFE, quien agregó que solamente los funcionarios de la Presidencia de la República quedan exceptuados ya que se propone el pago de partidas especiales solo para ese sector.
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Precisó que se violó la Ley de Negociación Colectiva al no negociar con los sindicatos y que el proyecto a estudio del Parlamento desregula el ingreso a la función pública ya que restablece los contratos zafrales, entre otros aspectos negativos.
López subrayó que para redactar el capítulo referido a la Administración Central “no hubo negociación colectiva y se violó lo que establece la Ley de Negociación Colectiva en el sector público, que establece que las leyes presupuestales se deben negociar con los trabajadores. No obliga a acordar la ley, pero sí a negociar. Y acá no hubo ninguna instancia de negociación colectiva, ni por los aspectos salariales ni por lo referido al capítulo funcionarios que involucra a trabajadores de la Administración Central. Esa es la primera preocupación”.
Sostuvo que hay “una cuestión que no tiene precedentes desde que se restauró la democracia” y es que “por la vía de los hechos el Poder Ejecutivo va a incluir un mensaje complementario -va a buscar algún vericueto legal para incluirlo porque la Rendición de Cuentas no tiene mensaje complementario-, y va a cambiar gran parte de las normas que estaban en el proyecto original. Es una cosa que no tiene precedentes. Yo tengo más de 30 años de negociación con los sindicatos, hace 18 años que estoy permanentemente en las rendiciones de cuentas y presupuesto, y nunca había pasado una situación como esta. Aparte, los artículos que están incluidos son realmente jodidos para los intereses de los trabajadores públicos”.
Indicó que estos desregulan el ingreso a la función pública porque “se crean algunos contratos que habían desaparecido del Estado como el contrato zafral. Se planteó, además, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para elegir quien ingresa y quién no, a la función pública. Ese contrato no se va a hacer por Uruguay Concursa sino directamente por los jerarcas, lo que va a aumentar el clientelismo y el amiguismo”.
“Se plantea un artículo, el 38, donde todo lo que no debe hacer el Servicio Civil se habilita. Aplica compensaciones especiales para trabajadores que revistan solo en un inciso, el de Presidencia, todo el resto va a tener rebaja salarial pero los que están en la Presidencia de la República pueden llegar a recibir compensaciones especiales discrecionalmente. O sea que legaliza las compensaciones a dedo, que es todo lo que criticó el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil”.
Bajos salarios
Además, desde el punto de vista salarial “nada de lo que se comprometió el presidente de la República, y lo que dice el gobierno está establecido. No hay recuperación salarial como se había comprometido el gobierno, por lo tanto el 1º de enero por segunda vez los trabajadores van a ajustar por debajo de la inflación, lo que va a aumentar la rebaja salarial”.
En este sentido recordó que en diciembre pasado la inflación cerró en un 9,41% y el gobierno ajustó los salarios públicos por un 4,41%, “o sea ahí ya perdimos un 5%. Y ahora, lo que esta establecido para 2021, es que el ajuste va a ser por inflación proyectada que es un 5,8%, aunque todos los analistas dicen que va a estar arriba de un 7,5 u 8%. O sea que ahí se va a configurar nuevamente una rebaja salarial. Que se suma al 5%. Se suma a la rebaja salarial de los trabajadores privados, lo que impacta en el Índice Medio de Salarios. por lo que las pasividades, tanto pensiones como jubilaciones, también van a caer”.
Respecto a probables modificaciones, algunas fueron planteadas en una reunión realizada el pasado miércoles y se seguirán considerando el martes próximo, López dijo que “algunas van en la dirección de los cuestionamientos que hicimos en la comisión parlamentaria, por ejemplo el tema de los provisoriatos y su regularización. Se mejora en el tema del plazo, que de 15 pasa a 12 meses, y se coloca como garantía para aquellos que tienen alguna complicación la formación de un tribunal para evaluarlos, pero este carece de representación de los trabajadores. Eso nos parece grave”.
Para tratar de introducir algunos cambios en el proyecto, además de la negociación, COFE llevará adelante movilizaciones las que darán comienzo el próximo miércoles 18 de agosto. Ese día los trabajadores realizarán una gran caravana que recorrerá 18 de Julio desde el Obelisco a la plaza Independencia y de esta al Palacio Legislativo.
Regresan a la presencialidad
Respecto al regreso a la presencialidad de los funcionarios, que se concretó el pasado lunes, el secretario general de COFE recordó que en la Administración Central “tiene unos 77.000 trabajadores, de los cuales más de 57.000 son policías y militares. Todos esos trabajadores estuvieron prácticamente al 100% de presencialidad, a no ser alguna oficina administrativa”.
Precisó que “el 99% de esos sectores trabajaron en la presencialidad. De los otros 18.000 funcionarios algunos estaban trabajando a distancia en su casa cumpliendo su horario. Esos son los que empezaron ya a volver a la presencialidad. Nosotros no cuestionamos la vuelta de la presencialidad porque creemos que de hecho bajaron loss casos, lo que sí somos celosos es de que se cumpla con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Que haya distanciamiento físico necesario, contar con los elementos de protección, que no haya aglomeraciones de público. Eso lo estamos tratando de cuidar y hasta ahora no hemos tenido mayores sobresaltos”.
“En realidad los que vuelven son los que estaban con teletrabajo y deben ser, en ese universo de la Administración Central, deben estar en el entorno de los 4.000 o 5.000 funcionarios”, subrayó.