Colectivo Otras: “Necesitamos un nuevo paradigma sobre el comercio sexual”

En nuestro país el comercio sexual se encuentra reglamentado desde el año 2002. Sin embargo, las trabajadoras sexuales que se nuclean en el colectivo Otras entienden que esta normativa no está adaptada a la realidad actual del trabajo y que no contempla la voz de las personas que lo ejercen. Por tal motivo, en el mes de junio se agruparon y comenzaron una campaña de recolección de firmas. Su objetivo fue el de lograr el apoyo necesario para modificar la legislación actual.

Ambas activistas fueron coincidentes al considerar que si bien en Uruguay el comercio sexual fue reglamentado y reconocido como un trabajo, la ley actual es anticuada para estos tiempos. Afirmaron que no contempla las condiciones laborales de dicha actividad. “Esta ley fue pensada con una mirada en los años 90. Está enfocada en las necesidades de los dueños de los locales, de los clientes. No tiene en cuenta las modalidades nuevas de trabajo ni la opinión de las trabajadoras”, comentó Bogarín.

Según contaron las trabajadoras, uno de los principales problemas de la reglamentación actual es que el oficio está contemplado bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP). Consideran que debería ser del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). De esta manera, generarían aportes para poder jubilarse y también facturar como unipersonales. “Además, nuestra foto esta fichada en el Ministerio del Interior y esto demuestra que el trabajo sexual es visto como un crimen, como explotación, y no siempre se da en estas condiciones”, aclaró Bogarín.

Asimismo comentaron que el problema no es sólo el vacío legal y la falta de políticas  adecuadas que regulen esta actividad. Sino también el poco flujo de información y difusión para las personas que ejercen este trabajo. “La información no llega. La mayoría de trabajadores sexuales no sabe que existe la posibilidad del monotributo. Eso prueba que hay cosas que es necesario adecuar”, explicó.

Por otro lado, la modificación que plantean las activistas del colectivo Otras implica controles de salud integral. “Actualmente nos controlan epidemiológicamente y no integralmente. Los controles no abarcan las especificidades del trabajo que llevamos adelante. Apelamos a una atención que vaya más allá de sacarnos sangre una vez por mes para descartar sida”, expresó.

Otro de los problemas de la ley actual, a entender de las trabajadoras, es que plantea que el ejercicio de este trabajo debe llevarse a cabo únicamente en zonas especialmente determinadas, así como en prostíbulos, whiskerías, bares de camareras y locales habilitados. Para las entrevistadas, esta delimitación genera que los dueños de los locales actúen como “dueños” de las trabajadoras y que se generen otras irregularidades en la cotidianeidad del trabajo. “En estos lugares, los dueños ponen el precio de lo que se debe cobrar. Deciden a quién se debe atender, obligan a las trabajadoras a tomar tragos con los clientes. Y si no haces determinada cantidad de copas, no podes pasar al cuarto. Las chicas que trabajan en whiskerías saben lo violento que es y la explotación sexual que hay en estos lugares”, contó Ximena.

Según comentaron, las whiskerías y otros locales similares suelen ser tierra de nadie en lo que refiere a controles. “La ley debería imponer y controlar un sistema de visitas a estos lugares para que las chicas estén protegidas y tengan una herramienta real a la cual recurrir cuando las explotan”, expresó Bogarín.

Las activistas consideran que se debería modificar el apartado que hace referencia a  los lugares habilitados para ejercer el trabajo. Y, de esta forma, las trabajadoras podrían optar dónde trabajar y en qué condiciones hacerlo. “Somos 12.000 personas trabajando en este comercio. No podemos permitir seguir a la merced de los dueños de los establecimientos que han monopolizado el negocio del trabajo sexual. Yo me prostituyo sin el permiso de nadie porque el cuerpo es mío y hago con él lo que se me antoja”, comentó Núñez.

“Muchas personas optan por trabajar en sus casas o a través de páginas web, pero la reglamentación actual no contempla estas modalidades, aunque existen, y de esta manera muchas trabajadoras permanecen desamparadas por la normativa”, agregó.

Entre firmas y debate

Núñez nos contó que la campaña de recolección de firmas está en pleno desarrollo, que hay diálogo con todos los sectores, y que ya contarían con el apoyo de algunas mujeres políticas, como la diputada Cristina Lustemberg y las senadoras Daisy Tourné y Constanza Moreira, entre otras. Por otra parte, comentó que aunque se generan ámbitos de discusión con integrantes de colectivos feministas o con abolicionistas del comercio sexual, muchas de ellas apoyan la modificación. “Yo no me considero ni reglamentarista ni abolicionista del comercio sexual. Soy reduccionista, entiendo que se debe apostar a reducir el tiempo de permanencia de las personas en trabajo sexual por la exposición que implica”.

La discusión se da porque mucha gente confunde el comercio sexual con la trata de personas, explicó Núñez. “Una cosa es la explotación sexual, con la que no estamos de acuerdo. Otra muy diferente es ejercer el comercio sexual por voluntad propia. Yo me considero una trabajadora sexual liberta y opto por este trabajo sobre otros. Somos muchas que estamos en esa situación. Tenemos derecho a elegir en qué queremos trabajar, al igual que el resto de las personas”, expresó la activista.

“Es importante que quienes ejercen el comercio sexual se perciban como trabajadoras, como sujetos de derecho,  y que entiendan que los patrones y los clientes no son sus dueños. Si logran incorporar este concepto, se produce un fortalecimiento”.

Un mecanismo para lograr una nueva mirada de la sociedad sobre el trabajo que ejercen, según Núñez, debería ser a través de campañas de promoción de derechos para los trabajadores del comercio sexual. Y, asimismo, educación para el consumo responsable, y el respeto. Para ellos, interpelan a la sociedad y apelan al apoyo del estado. “No tenemos por qué manejar un discurso de victimización para que nos apoyen porque de alguna manera elegimos lo que hacemos. Se han hecho planes de fortalecimiento de mujeres de todas las áreas, pero nunca orientados a trabajadores del comercio sexual. No se nos tiene en cuenta”, denunció.

Las trabajadoras reconocieron que si bien son autónomas, el trabajo que realizan tiene un estigma. Y “si algún día decidimos cambiar de rubro, a los ojos de los demás seguimos siendo prostitutas. Esa mirada moral nos acompaña el resto de nuestra vida. Necesitamos construir un nuevo paradigma sobre el comercio sexual y que la sociedad nos saque la cruz de la vagina”, concluyó Núñez, del colectivo Otras.