La necesidad de acumular dinero y votos para la campaña electoral lleva a los dirigentes a suplicar el apoyo de los que antes descalificaban. De Juan Sartori dijeron de todo en el Partido Nacional; pero ahora, el mismísimo presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le ha pedido que sea candidato en la interna nacionalista. Los blancos necesitan tanto los votos como el dinero de Míster Sonrisa.
Al intendente de Colonia Carlos Moreira lo echaron cuando se hizo público el audio en el que ofrecía una pasantía a cambio de sexo; pero al poco tiempo descubrimos que seguía participando en actividades del Partido Nacional y, finalmente, terminó siendo candidato nuevamente por ese lema. La verdad es que todo fue una farsa y, de hecho, nunca se fue.
Irene Moreira tendría que haber sido destituida y enviada a un juzgado por haber usado el Ministerio de Vivienda para beneficiar irregularmente a una militante de Cabildo Abierto y acomodar a dedo en un cargo a la esposa del diputado Martín Sodano; pero de inmediato ocupó una banca en el parlamento y quedó a salvo. También su esposo, Guido Manini Ríos, se amparó en los fueros parlamentarios para evitar dar explicaciones a la Justicia por el caso Nino Gavazzo.
Germán Cardoso perdió el Ministerio de Turismo en medio de un escándalo; pero más rápido que ligero aterrizó en el Parlamento quedando a salvo. Luis Alberto Heber también cayó estruendosamente, no solo por su fracaso como ministro del Interior, sino por la reunión/complot que también le costó el cargo a su subsecretario y al canciller Francisco Bustillo; sin embargo, asumió su banca en el Senado y no solo continuará ganando muy buen dinero por mes, más múltiples beneficios, sino que estará blindado con fueros.
En cuanto a Guillermo Maciel, menos de un mes después del falso decapitamiento público y colectivo realizado por el presidente, fue premiado con un cargo como asesor dentro de la vicepresidencia de ANCAP mediante la modalidad de pase en comisión, ya que es funcionario de la Udelar. ¿Asesor de qué? ¿Qué sabe de ANCAP? ¿Necesita ANCAP sus servicios imperiosamente? No hay problema. Que Juan Pueblo pague y siga la joda.
En el colmo del abuso, la Cancillería no ha iniciado todavía una investigación administrativa para saber cómo el documento enviado de manera reservada al exministro Bustillo por parte de Carolina Ache cayó en las manos del publicista Roberto Lafluf, quien terminó destruyéndolo.
Se cubren las espaldas unos a otros y se acomodan de cualquier manera, sin importar la macana que se hayan mandado.
La Comisión Permanente del Senado llamó al ministro de Relaciones Exteriores explicar por qué no ha cumplido con las medidas exigidas por el Parlamento con respecto a Salto Grande. Todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados le habían encomendado el cese de los funcionarios ingresados a dedo por Carlos Albisu; sin embargo, varios continúa hoy con la doble función de ediles y funcionarios de Salto Grande.
En ambos casos, el típico lema de los blancos: “si pasa, pasa”.
El precandidato presidencial blanco Álvaro Delgado ya ha dicho que “es probable” que el publicista Roberto Lafluf integre su equipo de campaña. ¿Delgado lo integrará a su “mesa chica” pese a haber dicho (en un audio hecho público por Carolina Ache) que destruyó un acta notarial para obstruir el trabajo de la Justicia? No tienen vergüenza.
El presidente no tendría que haber aceptado las renuncias de los involucrados en un episodio aparentemente delictivo; tendría que haberlos destituido.
El excanciller Francisco Bustillo continúa cobrando un buen sueldo (ya que es funcionario de carrera) y pese a que cayó por estar involucrado en un complot para evitar que un documento público llegara a manos del Parlamento y la Justicia, ahora hay urgencia para nombrarlo embajador en Portugal con los correspondientes fueros diplomáticos. ¿Cayó por algo tan grave y le darán un premio tan grande? Luego de algo tan escandaloso no le tendrían que dar un cargo ni como auxiliar de limpieza en el consulado más insignificante del planeta.
Lo de Carlos Albisu es tan abusivo como sorprendente. Luego de caer por haber utilizado la CTMSG para acomodar a sus correligionarios políticos será candidato a la Intendencia de Salto. Si no gana, el partido, seguramente, le premiará después con un cargo en alguna parte a modo de pago por los votos y dineros aportados.
A la vez, los blancos la tienen difícil para evitar que al “Pájaro” Carlos Enciso le corten las alas. El embajador de Uruguay en Argentina participó de un acto político en apoyo a Álvaro Delgado, algo que tiene prohibido por la ley 19.841 por su condición de diplomático. La excusa que dio fue que sólo pasó a saludar. ¿No les suena familiar? No parece una tomada de pelo a la ciudadanía. Es una tomada de pelo.
Además, tal como señaló el senador frenteamplista Daniel Caggiani, Carlos Enciso es un “reincidente contumaz”, ya que participó en la campaña a favor de la LUC e hizo consideraciones de orden político cuando aseveró que los empresarios argentinos podrían arrepentirse de invertir en Uruguay si el Frente Amplio gana las próximas elecciones.
¿Qué pasará con este funcionario reiteradamente violador de las leyes? Pues, nada. El canciller Omar Paganini mantuvo una conversación informal con él y le hizo un “llamado de atención”, algo ya había hecho Bustillo por un hecho similar. ¿Violó la ley y le hicieron dos llamados de atención sin mayores consecuencias? En el hipotético caso de que el presidente lo remueva de su cargo, pocas semanas después, sino inmediatamente, lo nombrarán asesor de algo en alguna parte y se asegurarán de que su bolsillo continúe lleno para engrosar las arcas del Partido Nacional con el aporte correspondiente.
El abuso es generalizado
En Artigas, los ediles del Frente Amplio presentaron una denuncia penal contra la Intendencia por el caso de la funcionaria que cobró más de 200 horas extras en noviembre y 196 en diciembre de 2022. Debido a esto fue destituido Rodrigo Caram, secretario general de la Intendencia, pareja de la funcionaria y primo del intendente. Aun así, Pablo Caram lo acomodó poniéndolo al frente de la Dirección de Desarrollo Productivo. O sea, te saco de aquí pero te pongo allá y la familia sigue currando a expensas del pueblo.
En noviembre de 2021, Juan Andrés Oronoz renunció formalmente al cargo de alcalde de Dolores (Soriano), cargo que ya no ejercía por haber sido condenado en marzo por ciberacoso contra un menor de edad. El político blanco había contactado al adolescente para obtener fotografías de contenido sexual. Lo dejaron cobrar hasta el último segundo que les fue posible. En 2023 reapareció en un evento posando junto a un muy reducido grupo de dirigentes del Partido Nacional dando su apoyo a Jorge Gandini.
Lo mismo hicieron con el exsenador Gustavo Penadés. Las figuras más relevantes del Partido Nacional, incluidos el ministro del Interior y el presidente de la República, lo defendieron a capa y espada exponiendo a las víctimas como calumniadoras, mientras que funcionarios de menor rango participaron del “Plan Penadés” para tratar de salvarlo.
La Corte Electoral, ante un pedido de informes de los senadores frenteamplistas, ha respondido que los dos funcionarios y una funcionaria, que usaron el sistema informático para averiguar datos de las víctimas, están afiliados al Partido Nacional.
En medio de todo esto, el silencio de Pablo Iturralde es, por decirlo suavemente, obsceno.
El 31 de agosto de 2022, Luis Calabria, director general de Secretaría del Ministerio del Interior, renunció por haber realizado una consulta en el Hospital Policial el 1 de junio de ese año. La renuncia se debió a que el Partido Nacional le estaba pegando con todo al senador frenteamplista Charles Carrera por la misma causa. Uno de los que le pegó con más fuerza fue el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior Santiago González, quien también debió renunciar tras descubrirse que mintió al decir que nunca se había atendido en el hospital policial y que habían usado su número de documento para retirar medicamentos.
En cuanto a Luis Calabria, en noviembre de 2023 volvió a acomodarse, ya que lo integraron al equipo de asesores del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado.
Con la excusa de las “asesorías”, los políticos nos viven metiendo la mano en el bolsillo para premiar a sus militantes.
Entre varios casos más, el herrerismo decidió premiar a uno de los suyos con una prejubilación de 400.000 pesos mensuales por cuatro años. No se trata de ninguna persona en situación de vulnerabilidad económica, sino de Carlos Gelpi, empresario con varios medios de comunicación y uno de los suplentes al Senado de la lista 404, liderada por Carlos Albisu, expresidente por Uruguay de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y puntal de Álvaro Delgado.
Carlos Gelpi era jefe de seguridad y fue prejubilado con 56 años, pese a que al resto de los trabajadores se les jubila a los 65. ¿Cómo hicieron esto? Crearon un cargo de asesor elevando su escalafón y aumentando su sueldo a un rango de 450.000 a 485.000 pesos. El beneficio terminará siendo de 950.000 dólares en siete años. Durante seis años le pagaremos a Gelpi, sin que trabaje, el 85% de su salario, lo cual disminuirá gradualmente hasta el 70%. Al finalizar ese lapso le daremos un premio adicional equivalente a diez salarios. Por si fuera poco, sus benefactores se aseguraron de dejar plasmado por escrito que cualquier ajuste salarial que se aplique a los trabajadores de Salto Grande también comprenderá a la indemnización otorgada al herrerista.
Guillermo Dati acusó de todo a Carlos Enciso; pero apenas le dieron un cargo de “asesor” en UTE se dejó de joder y terminó siendo su títere y mano ejecutora en Florida.
¿Cuándo detendremos tanto abuso?
¿Hasta cuándo seguirás dormido, Uruguay?