En efecto, sus anuncios sobre rebaja del IRPF y el IASS, que gravan apenas al 30% y al 25% de los asalariados y los jubilados respectivamente, consiste en deducciones que no tendrán un impacto significativo. En concreto, apenas 63.000 personas -en un total de casi 1.700.000 trabajadores cotizantes- dejarán de pagar IRPF y 20.000 jubilados no tributarán más el IASS, en un total de 800.000 pasivos. En este caso, la rebaja será de solo 500 pesos. Es decir, no hay ninguna buena noticia para el 75% de los pasivos ni para el 70% de los activos.
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En concreto, casi 1.200.000 trabajadores y 600.000 pasivos no recibirán nada. El anuncio no contempla a los trabajadores informales (20%), a la multitud de uruguayos que viven en la pobreza -unos 380.000, quienes perciben retribuciones irrisorias de entre 20.000 y 25.000 pesos, que suman bastante más de 500.000 empleados- y a los 156.700 (8,5%) que están desocupados. No en vano, hay un millón de personas en el Clearing, lo cual es una tragedia. La soporífera alocución presidencial ignoró nuevamente a las personas que siguen alimentándose en ollas populares y en comedores del INDA y a los uruguayos en situación de calle, que aumentaron un 50% en tres años.
En lugar de bajar la carga impositiva sobre quienes sí tributan, se debió aumentar sustantivamente el salario mínimo nacional -que hoy está fijado en 21.107 pesos- y la jubilación mínima, que quedó establecida en enero en 17.283 pesos. Es falso que el gobierno no aumentó impuestos y que el Frente Amplio no los bajó. En efecto, cuando asumió el primer gobierno de izquierda en 2005, abatió la tasa básica del IVA de 23% a 22% y la tasa mínima -que grava a frutas y verduras- del 17% al 10%. También eliminó el Cofis, que era del 3%. Todos esos impuestos impactan sobre el consumo. En cambio, este gobierno sí aumentó los tributos, cuando redujo la bonificación del 4% al 2% para compras por medios electrónicos y aumentó el IRPF y el IASS, al modificar la metodología de la base de cálculo. Este fue un ajuste fiscal encubierto, lo cual le permitió a Rentas Generales recaudar 100 millones de dólares adicionales y financiar la raquítica y focalizada rebaja anunciada, que equivale al 0,2% del PBI y opera como una mera devolución de lo que se le rapiñó bajo cuerda a los activos y los pasivos.
En su discurso, el presidente omitió deliberadamente aludir a la evolución de los salarios, que cayeron incesantemente entre 2020 y 2022. En efecto, luego de tres años, más del 60% de los trabajadores siguen lejos de alcanzar el poder de compra de 2019. Al respecto, pese a lo que afirma el gobierno, en el sentido que el salario habría crecido en 2022 un 1,1%, esa lectura es incorrecta y engañosa. En realidad, tuvo una caída del 0,6%. Por ende, no es verdad que el año pasado comenzó la recuperación de las retribuciones, que volvieron a retroceder.
El oficialismo sigue dibujando números y porcentajes que no se condicen con la realidad, mediante un manejo discrecional de algunos indicadores macroeconómicos. Aunque según la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, la recuperación salarial está en marcha y se consolidará en los próximos años, eso no es así. En efecto, el compromiso contraído por el gobierno, que era recuperar lo perdido durante este período y que los trabajadores activos y los pasivos pudieran retomar el poder de compra de la prepandemia, podría cumplirse recién en 2025, cuando esta administración ya no esté en funciones. Si bien según el Instituto Nacional de Estadística se cerró el año 2022 con una inflación del 8,29% y los salarios habrían avanzado en idéntico período un 9,95%, este cálculo aritmético no es lineal.
En ese contexto, es indispensable hilar más fino para entender que, en este tema, como siempre, el gobierno miente. En realidad, el argumento que el Poder Ejecutivo esgrime para afirmar que el salario creció o se recuperó algo más de un 1% surge de la comparación entre los meses de diciembre de 2021 y de 2022 -lo cual se conoce como punta a punta- y no de la evolución real de las retribuciones de los trabajadores durante el año. Según el Instituto Cuesta Duarte, que analiza y trabaja sobre indicadores macro y micro de la economía con la calidad técnica y el rigor que lo caracteriza, tomando el promedio de 2022, que es el correcto para evaluar, el salario no creció. El estudio, que es minucioso y está basado en rigurosos criterios científicos, establece, al analizar los promedios de todo el año, que el salario real medio se ubicó por debajo del nivel de 2021, registrando el tercer año consecutivo de caída. Aunque en este caso los ingresos de los trabajadores se contrajeron solamente un 0,6%, ello permite inferir que los salarios no han detenido su caída y, salvo excepciones, siguen sin recuperar el terreno perdido. Al respecto, el Instituto Cuesta Duarte consideró que la desfavorable trayectoria del salario real en los primeros ocho meses del año no fue compensada por el repunte relativo ocurrido en el cuarto trimestre.
Es decir, a diferencia de lo que afirma engañosamente el gobierno, el salario real sigue ubicándose 3,7% por debajo de 2019, último año de la tercera administración frenteamplista. En efecto, tomando como referencia el promedio del año 2019, el salario real medio tiene una trayectoria descendente en el año 2020 por la aceleración de la inflación y la implementación de una rebaja salarial, en el marco de la llamada “ronda puente”, de la mayoría de las ramas de actividad del sector privado. En tanto, en 2021 la caída se profundizó por la rebaja salarial a los trabajadores públicos, así como por la continuación de la “ronda puente” en la actividad privada. Por su parte, a pesar de los ajustes salariales recibidos en enero de 2022, en el primer semestre de dicho año persistió la pérdida de poder de compra del salario, ya que los porcentajes establecidos fueron muy inferiores a la inflación efectiva. Recién a partir de julio de 2022, con los adelantos recibidos por los trabajadores públicos y los correctivos que tuvieron algunas ramas de la actividad privada, la caída se frenó a fin de año. La visión del Instituto Cuesta Duarte es compartida por el economista Javier de Haedo, un tecnócrata reconocido por su ideología neoliberal, que, siendo muy joven, ocupó la titularidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera. De filiación nacionalista, este técnico actualmente asesora al Partido de la Gente. En referencia a la evolución del salario y el empleo, el técnico señaló la incongruencia de calcular con el criterio de punta a punta y no en base a promedios. Incluso, negó que en 2022 se hayan creado fuentes de trabajo, afirmando que se perdieron 10.000 y los 40.000 empleos que proclama el gobierno corresponden a 2021, cuando la ocupación comenzó a recuperarse luego de los 60.000 trabajos desaparecidos en 2020.
Cómo será la farsa oficialista que un reconocido tecnócrata de derecha coincide con la mirada del Instituto Cuesta Duarte y le otorga la razón, demoliendo la falacia del gobierno multicolor que integra su propio partido.