¿Quién es el verdadero responsable?
El enemigo de la clase trabajadora y el principal causante de los problemas ambientales es el mismo: la desigualdad. Un informe de Oxfam (2015), Desigualdad extrema de carbono, revela que el 1 % más rico del mundo emite el 16 % de las emisiones globales de CO, más que el 66 % más pobre combinado. Si todos vivieran como ese 1 %, el presupuesto global de carbono (para evitar un calentamiento de 1.5°C) se agotaría en menos de cinco meses.
Los ejemplos son elocuentes: un solo yate privado emite 7,000 toneladas de CO al año, equivalente a lo que producen 300 personas en el mismo período. Las emisiones del 1 % más rico ya han causado pérdidas agrícolas suficientes para alimentar a 14.5 millones de personas anuales (1990-2023). Para 2050, esta cifra llegará a 46 millones. Además, solo cuatro años de emisiones (2015-2019) de este grupo provocarán 1.5 millones de muertes prematuras por olas de calor hasta 2120, principalmente en países pobres como India y Somalia.
Mientras tanto, las naciones ricas se benefician económicamente del aumento de temperaturas, mientras que los países de bajos ingresos, que apenas contribuyen al calentamiento, sufrirán pérdidas del 2.5 % de su PIB para 2050. Dentro de cada país, los más afectados son los trabajadores rurales, pequeños productores y hogares vulnerables. La lucha ambiental es, por tanto, una lucha de clases.
El caso de Uruguay: soberanía alimentaria y agroindustria
En Uruguay, el cambio climático preocupa porque nuestra matriz productiva depende de commodities, especialmente la agroindustria, gran emisora de gases de efecto invernadero. Sin embargo, existe una contradicción: mientras el país se promociona como "el pastizal que alimenta al mundo", no cubre ni siquiera sus propias necesidades básicas.
Según Gómez Perazzolli (2019), el 94 % de las exportaciones alimentarias uruguayas van a países con baja o moderada inseguridad alimentaria. Solo una fracción mínima llega a zonas con hambre crónica. Además, el 32 % de las calorías exportadas se destinan a alimentación animal. Si ese volumen fuera para consumo humano, podría alimentar a 27.8 millones de personas, pero por la ineficiencia en la conversión, solo alcanza para 8.4 millones menos.
A nivel interno, la producción de frutas y verduras frescas para el mercado local cubre apenas el 50 % del consumo mínimo recomendado por la FAO (146 kg por persona/año frente a los 73 kg actuales). Durante la pandemia, mientras crecían las ollas populares y la pobreza infantil, las políticas públicas priorizaron a los grandes exportadores en lugar de garantizar seguridad alimentaria a los más vulnerables.
La agroindustria y sus impactos
En Uruguay, los grandes consumidores de agua, emisores de contaminantes y destructores de ecosistemas son los actores de la agroindustria, concentrados en pocas manos, con exoneraciones fiscales y baja generación de empleo. Los problemas que antes afectaban solo al campo —como las crisis hídricas o las cianobacterias— ahora llegan a las ciudades.
Durante la pandemia, una crisis de origen zoonótico, las respuestas estatales se orientaron a rescatar a las grandes empresas, mientras la clase trabajadora sufría sin apoyo. Esto no puede repetirse.
Ante la emergencia climática, debemos exigir mejores medidas. No podemos dejar que el shock económico sea dirigido sólo al capital de las empresas, parte de una lucha en contra del cambio climático y por el ambiente es que la clase trabajadora demande una transición ecológica justa, que los empleos tengan como objetivo una capacitación para generar el traspaso a nuevas fuentes de empleo para quienes han perdido su trabajo o están en sectores amenazados por la emergencia climática. Que las primeras respuestas ante fenómenos climáticos, pandemias, entre otros que veremos con más frecuencia estén destinados a los más vulnerables. Que la prioridad ante todo sea la soberanía alimentaria y la respuesta de emergencia de las personas en peores condiciones habitaciones.
La distribución de la riqueza de la que habla la izquierda se tiene que traducir en la distribución de la riqueza de los recursos naturales para la clase trabajadora y una distribución en el tiempo para las generaciones del futuro que van a ser más pobres y más jodidas que las de hoy. A menos que hagamos algo, desde todas las trincheras, en contra de la desigualdad.
