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Sociedad gestión de residuos | Montevideo | LGIR

Debate electoral

Organizaciones sociales marcaron la cancha sobre la gestión de residuos de Montevideo

El grupo de trabajo por la Implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos (LGIR) advirtió que sin la inclusión de clasificadores, la gestión de residuos seguirá dando "magros resultados".

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En la recta final hacia las elecciones departamentales en Montevideo, la limpieza de la ciudad se instaló como uno de los temas centrales del debate político. En este contexto, el Grupo de Trabajo por la Implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos (LGIR) —convocado por el Pit-Cnt en 2019 e integrado también por la Universidad de la República, Fucvam y otros actores de la sociedad civil—se posicionó sobre el estado actual de la gestión de residuos, a la luz de lo establecido por la Ley 19.829.

Mediante un comunicado difundido por el mencionado grupo de trabajo, la agrupación lamentó que, a pesar de cinco años de trabajo sostenido, sus aportes generaron escasa repercusión entre las autoridades competentes. Reiteraron que la LGIR establece una perspectiva integral que exige armonizar múltiples dimensiones: desde la minimización de generación de residuos hasta la inclusión efectiva de quienes trabajan en la clasificación. Según expresaron, "para alcanzar estos objetivos se requiere de una firme política pública –como queda establecida en la LGIR– respaldada por recursos adecuados".

Uno de los puntos más críticos señalados en el documento refiere al incumplimiento de los aspectos financieros de la ley. Denunciaron que el Fondo Nacional para la Gestión Integral de Residuos (Fonagres), previsto por la LGIR, no fue implementado y que los impuestos estipulados fueron fijados en cero. “Esto ha dejado la iniciativa en manos de las empresas privadas”, alertaron.

Inclusión de clasificadores

También criticaron con dureza el escaso avance en políticas de inclusión laboral para las personas clasificadoras. En particular, destacaron que en Montevideo no se generaron nuevos puestos de trabajo por iniciativa del Ministerio de Ambiente. "En Montevideo no ha variado la plantilla de las plantas de clasificación –que ya existían– y solo se han creado unos 150 puestos para motocarros –con derechos laborales recortados– y poco más de 20 puestos en emprendimientos cooperativos, cuyos ingresos dependen de las ventas de material recuperado", expresaron en la misiva.

A nivel nacional, señalaron que los vertederos a cielo abierto en el interior continúan funcionando en condiciones precarias: "sin protección a intemperie, con esfuerzos excesivos y condiciones de seguridad deficientes; no tienen otro salario que lo que saquen de sus ventas". Agregaron que su eventual cierre solo sería viable “si se garantiza trabajo digno a todos los clasificadores que trabajan en ellos, y no vemos planes para eso”.

En cuanto a la reducción de residuos, consideraron que las campañas de concientización son insuficientes y que las medidas orientadas a las empresas productoras e importadoras no se han aplicado. Reclamaron una política decidida que frene la proliferación de embalajes descartables, en particular los asociados a las compras electrónicas internacionales.

Por otro lado, enfatizaron que la gestión de residuos debe apuntar a la creación de valor agregado dentro del país, promoviendo el reciclaje y el empleo local antes que la exportación de materiales sin procesar. Según el documento, “la valorización mediante reciclaje debe garantizar un destino final seguro para los productos resultantes, sin dejarlos a merced del mercado”.

Debate electoral

El comunicado también subraya que el debate político ha estado centrado en los sistemas de recolección, con escasa mención al rol clave de los clasificadores. En este sentido, el grupo afirmó que “será más exitosa una gestión cuanto más se priorice la generación de puestos de trabajo dignos por sobre la instalación de nuevos recursos materiales".

Y añadieron: “Basta con observar el magro resultado que ha tenido la sucesiva inversión en costosos camiones y la instalación masiva de contenedores”.

Frente a las propuestas de candidatos que apuntan a avanzar con privatizaciones, el colectivo se mostró crítico: “La gestión de residuos debería basarse ante todo en una sólida plantilla de empleados municipales”. Según evaluaron, las privatizaciones aplicadas en los últimos períodos “han favorecido sobre todo a grandes empresas, incluidas algunas transnacionales, lo que ha reducido fuertemente la cantidad y calidad de residuos que llegan a manos de clasificadores. Es decir, se favoreció el lucro empresarial por sobre la inclusión social, sin que esto tampoco haya dado resultados satisfactorios”.

En cuanto al financiamiento, el grupo subrayó que para lograr un verdadero salto de calidad en la gestión será “imprescindible contar con recursos, especialmente los previstos en la LGIR administrados en forma tripartita por el FONAGRES”. Sin embargo, lamentaron que la administración pasada desestimara esta fuente de financiamiento y, en su lugar, favoreciera “los intereses de grandes generadores, especialmente envasadores e importadores”, que impulsaron el plan VALE, una alternativa que manejará “fondos en mucha menor cantidad que los que se hubieran generado con el impuesto previsto en la ley”.

En la órbita departamental, también cuestionaron que, tras la no aprobación del préstamo del BID en 2022, la Intendencia de Montevideo enviara un proyecto de decreto para crear una tasa a los envases, pero que dicho tratamiento fuera postergado “a pedido de la propia Intendencia”.

Finalmente, recordaron que el cambio de paradigma que proponen —basado en la máxima recuperación de materiales y en una fuerte inclusión social— ya fue presentado a todos los candidatos en el ciclo electoral anterior, y que “nuestros planteos no surgieron de la improvisación, sino que recogieron el fruto de años de trabajo, debate y elaboración”.

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