El agujero negro de la Caja Militar

Por ejemplo, lo que se vierte anualmente para el pago de pasividades militares equivale a 25 veces lo que recibe el Instituto Nacional de Colonización, que tiene un presupuesto anual de 20 millones de dólares. Al respecto, no recordamos que blancos y colorados, que se rasgan las vestiduras por los 32 millones de dólares que invirtió el Gobierno en la compra de 4.400 hectáreas de campo en Florida, pongan el grito en el cielo por lo que se gasta en pagarle a los uniformados retirados. Obviamente, nos esperamos que cuestionen esta transferencia monetaria, porque siempre ampararon a los uniformados y hasta aprobaron una norma, la Ley de Caducidad, que perdonó a quienes cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos durante la dictadura liberticida.

En efecto, incluso con menos dinero de esa partida transferida por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Caja Militar se podría virtualmente solucionar el grave problema de la pobreza infantil, que es realmente escandaloso. Con apenas un 0,4 % del Producto Bruto Interno, que asciende a los 350 millones de dólares, se podría atender adecuadamente a los niños pobres y a sus familias, mediante transferencias monetarias para los hogares más deprimidos con menores de edad, erogaciones destinadas a alimentación y vestimenta, adecuada cobertura de salud y diversas propuestas de inserción educativa, con el propósito de que esos niños pobres no sean los futuros adolescentes pobres ni los futuros adultos pobres.

Sin embargo, seguimos discutiendo cómo financiar soluciones para este problema, que es el más agudo que afronta la sociedad uruguaya, mientras los retirados militares se siguen tragando millones de dólares todos los años, porque tienen una situación deficitaria, no sólo por la relación entre activos y pasivos, sino también por un régimen jubilatorio inmoralmente privilegiado.

Obviamente, este problema tiene una larga historia. En efecto, el pesado déficit fue de U$S 439,3 millones en 2017, ascendió a U$S 465 millones en 2018, bajó a U$S 450,8 millones en 2019, a U$S 405,8 millones en 2020 y a U$S 374 millones en 2021. En tanto, en 2022 volvió a ascender a U$S 452 millones, en 2023 fue de U$S 546,2 millones y, en 2024, de U$S 550 millones. Este año, la transferencia fue de 37 millones de dólares más que el mes pasado.

Sin perjuicio de que a partir de 2032 el régimen jubilatorio de los militares comenzará a equipararse con el de los civiles, hasta el momento el sistema es groseramente desigual, tanto en lo relativo a los años de actividad como a los montos. En efecto, en el caso del personal subalterno, el régimen aún vigente posibilita jubilarse con el 100 % de la última remuneración, si la persona cuenta con 30 años o más de servicios, con el 90 % si cuenta con 25 a 30 años de servicio y con el 80 % si cuenta entre 20 y 25 años de servicio. Empero, en el caso de los oficiales militares, la norma es aún más generosa, ya que los rangos superiores se retiran con el equivalente al cargo inmediatamente superior al que desempeñaban al momento de jubilarse, configurándose una paradoja por la cual perciben retribuciones superiores en retiro que en actividad.

Por supuesto, las normas que rigen y regirán en el futuro para los trabajadores civiles no son ciertamente nada generosas, ya que, sin perjuicio de la ley jubilatoria aprobada por el Gobierno pasado que se aplicará inicialmente para quienes se jubilen desde el 1 de enero de 2033, actualmente un trabajador con 30 años de actividad y 60 años de edad, se jubila con un 45 % del último sueldo y, luego sigue acrecentando su monto por años de trabajo y de edad. Empero, en ningún caso se jubila con el mismo monto que cobra cuando está en actividad y tiene que trabajar, como mínimo, hasta los 60 años de edad. Como se advierte, las diferencias e inequidades son realmente groseras.

Actualmente hay 27.000 efectivos militares en actividad y nada menos que 51.000 jubilados. Este desbalance es una de las causas del oneroso déficit de la Caja Militar, más allá, obviamente, de los beneficios y privilegios ya descritos, que son inaceptables si se les compara con el régimen que rige actualmente para el resto de los empleados rentados, tanto los estatales como los que se desempeñan en el sector privado.

Asimismo, otro privilegio es que los jubilados militares perciben aguinaldo, al cual se denomina sueldo anual complementario. Obviamente, se divide en dos cuotas del 50 % cada una, hasta completar el 100 % de las retribuciones que perciben los pasivos castrenses. Son los únicos jubilados que perciben un decimotercer sueldo, al igual que los trabajadores activos.

Como se recordará, durante la dictadura cívico-militar se eliminó el pago del aguinaldo a jubilados y pensionistas a través del Acto Institucional N° 9, emitido el 27 de octubre de 1979. Esta medida, que afectó a los beneficiarios de las cajas jubilatorias, fue una de las muchas decisiones tomadas durante ese período que restringieron los derechos sociales y económicos de la población. Anteriormente, los jubilados y pensionistas recibían un aguinaldo, también conocido como pasividad anual complementaria.

La decisión de eliminar el aguinaldo se enmarcó en un contexto de restricciones a las libertades civiles y políticas, así como de reformas económicas que priorizaban el ajuste fiscal sobre el bienestar social. Esta medida, entre otras, contribuyó a la profunda crisis social y económica que vivió Uruguay durante el gobierno autoritario.

Empero, pese a los reiterados reclamos de las organizaciones que nuclean a las clases pasivas, este beneficio jamás fue restituido en los cuarenta años de democracia.

Para el caso de los trabajadores uniformados pertenecientes a las tres armas, la nueva ley jubilatoria tendrá un período de transición de 20 años. Es decir, que recién comenzará a regir en su plenitud en 2043, sin perjuicio de que en ese lapso se apruebe un nuevo marco normativo, fruto del diálogo sobre seguridad social convocado por el gobierno de Yamandú Orsi.

Es obvio que el país no puede esperar veinte años para solucionar este problema, que erosiona anualmente las finanzas públicas y condiciona futuras inversiones en políticas sociales prioritarias para la población. Este tema será seguramente uno de los tantos núcleos de debate del denominado Diálogo Nacional 2025 lanzado recientemente por el Gobierno, en cuyo marco se intentará consensuar una reforma integral del sistema de seguridad social que corrija las inequidades de la reforma jubilatoria homologada durante el gobierno anterior e incorpore otras dimensiones que no fueron debidamente contempladas por esa norma.

Con un panorama financiero marcado por la austeridad que se refleja en el proyecto de presupuesto remitido al Parlamento, es menester modificar las reglas de juego en un tema tan sensible como este, para que no haya jubilados de primera categoría y de segunda categoría, acorde al precepto constitucional que establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.