Homicidios, drogas, marginalidad, policía

Sobre estas realidades, ya con antecedentes y comienzos conocidos, se extraen nuevamente equivocadas conclusiones, se ignoran nuevamente cosas cruciales, y se proponen nuevamente probadamente inocuas medidas.

Equivocadas conclusiones

Conclusión equivocada uno. Que Uruguay sería pacífico y angelical, salvo por el demoníaco narcotráfico y su gente próxima, que actúan y viven en zonas determinadas, rojas.

Totalmente equivocado por la explicación que implica o la acompaña implícitamente, a juzgar por las medidas políticas que se preparan.

El problema no está, de forma sustantiva, en el narcotráfico y sus territorios y gente vinculada, como parece superficialmente, y sí está (como en todo el mundo) en la prohibición del todo el ciclo de las drogas: financiación-producción-industrialización-transporte-comercialización-realización de los beneficios.

Prácticamente nada de delictivo sucedería si todas las conductas del ciclo estuvieran despenalizadas y si la demanda por drogas estuviera satisfecha por una estructura y dinámica de su oferta similar a la de otros bienes y servicios satisfactores de la demanda socio-cultural. Las cifras delictivas no serían esas si las drogas no estuvieran penalizadas: en lugares y épocas del mundo en que no estuvieron o no están penalizadas, la criminalidad en determinados territorios y personas no está ligada a las drogas. Lo que fabrica una criminalidad vinculada a las drogas y a los grupos vinculados a su ciclo es la prohibición y no el ciclo de las sustancias, fundamentalmente, diagnóstico que, si aceptado, haría variar sustancialmente las medidas que se deberían tomar para enfrentar la criminalidad.

Entonces, el problema está en la prohibición, en los políticos que la fueron imponiendo, en los perversos beneficiarios de esas prohibiciones, y en una opinión pública cooptada por esos trágicos errores que la humanidad empezó a cometer crecientemente, desde el siglo V d.C. hasta el ápice del error en la imbécil, corrupta y contraproducente ‘lucha contra las drogas’ del siglo XX.

Un ejemplo de por qué. Si usted le debe algo a un comercio de venta de drogas - popularmente una ‘boca’- si es que le dejaron deber (poco probable pero ocurre), ¿cómo le cobran? ¿Cómo lo castigan si no paga? Si usted compra algo legal en un comercio legal y no lo paga, su acreedor puede no venderle más, puede mandarlo al clearing de deudores para que no pueda comprar a crédito en ningún otro comercio, más allá de ciertos montos puede ser objeto de denuncia judicial civil, etc. Pero si usted compra algo ilegal en un comercio ilegal, y no paga en el acto, ¿cómo le cobran? Solo mediante un sistema informal forzado de cobro, castigos y persecuciones, a falta de acceso a un sistema judicial público con castigos y persecuciones pacíficas. Y el ‘respeto’ que ese comercio y esos comerciantes puedan cultivar, entre sus pares y entre sus eventuales clientes, se basará en la posibilidad diferencial de perseguir deudores, obviamente con violencia o amenaza, y no como podría un comerciante legal a través de un sistema judicial civil. ¿Y cómo acceden a un inmueble para comerciar? ¿Y cómo compran vehículos, insumos varios? Todo los pone en ilegalidad, por la maldita prohibición, no por las malditas sustancias, ni por los malditos marginales ni por las malditas zonas rojas.

El problema no es el tráfico demoníaco con sus demonios vinculados, sino su ilegalidad y la imposibilidad de recurrir, para lograr ‘justicia’ al interior de esa ilegalidad, a una pacífica persecución pública civil; entonces, hay que tener métodos y personas capaces de disuadir y castigar deudas a falta de un sistema público legal para bienes, servicios; además, los vendedores se vuelven acreedores porque a su vez hay comerciantes ‘mayores’ que les exigen plazos de pago y venta, los que a su vez tampoco pueden recurrir a Justicia pública civil formal, y deben entonces tener también una estructura violenta de ejecución de deudas y deudores. Y como la mercadería debe venderse en plazos perentorios y violentamente exigibles, se deben aceptar, no solo deudores, sino pagos ‘en especie’, vendibles, para poder servir al comprador sin cash. Esto lleva, como puede sospecharse, a robos, hurtos, arrebatos, rapiñas, prostitución, extorsiones, etc., para obtener bienes productores de cash o de objetos sustitutos del cash. Lo que convierte a las ‘bocas’ en receptadoras y puntos de multinegociación de instancias productoras de cash, de intercambio de otras ilegalidades, y de violencias acompañantes de las ilegalidades y de su carencia de institucionalidad pacífica de procesamiento. Gilles Lipovetsky decía que, tal como afirmaba y fundamentaba Norbert Elias (y confirma hasta hoy Yuval Harari), la humanidad es cada vez menos violenta, salvo mediáticamente promocionadas excepciones, o bolsones de violencia en espacios y grupos que no acceden a la Justicia pública estatal-local, o que trabajan en nichos de mercado informales o ilegales. En esos acotados ámbitos se estaría en un contexto pre-estatal de justicia, que abriría el camino para las justicias para-legales, del tipo que vemos en las mafias, que es el importado por los grupos de narcotráfico, también con sus justicias sui generis, informales y más violentas.

Pero como vimos, el comerciante de las bocas tiene que encontrar modos de vender su mercadería, lo que incluye arriesgarse a aceptar deudas y pagos no cash, que frecuentemente implican violencia en la obtención del cash o de las ‘especies’ (o servicios personales ilegales como una fellatio de un menor adicto a un comerciante) y violencia en la persecución del deudor, incluyendo la creación de la ‘fama’ de estricto e imperturbable perseguidor de deudores, como disuasión secundaria, paralela de la judicial en la Justicia estatal. Pero las ‘bocas’ también pueden ser asaltadas por gente que supone que puede exceder su capacidad de resistencia; nuevas razones para disponer de equipamiento violento para impedirlo; una boca atacada no puede ir a una seccional policial o fiscalía a denunciar un hurto o rapiña; tiene que tener respuesta violenta o tener la ‘carga’ en otro lado, por esa eventualidad o la de una inspección policial. O ¿cómo hace un comerciante para defenderse de ataques a su ‘carga’, de sus deudores, si no puede ampararse en la Justicia pública, ni denunciar sus problemas a la seguridad pública ni contratar seguridad privada institucional? Solo con una ‘fuerza’ informal y que se haga respetar como todas las formas de seguridad pre-estatales y para-estatales lo hacen: con violencia y violentos que actúen, amenacen y vigilen, como en el mundo premoderno y preestatal. Las mafias y las barras bravas son grupos humanos semejantes. Son nichos de involución o regresión sociocultural que pueden parecerle, a incautos o a prejuiciados, como focos de atraso o salvajismo, pero que en realidad son producto de pésimos decisores públicos que construyen remedios peores que las enfermedades que supuestamente buscaban enfrentar con ellos. Como con la pandemia en la actualidad.

Entonces, no son las drogas el problema, ni la gente vinculada a ellas, sino su prohibición, que desata una criminalidad secundaria y nichos de violencia vinculados a nichos equivocadamente ilegalizados de mercado. Cuando en una sociedad hay sólidas demandas de consumo por algo, la prohibición de su satisfacción por una oferta legal formal, desata un ciclo de producción-industrialización-comercialización-finanzas, un nicho ‘negro’ de mercado informal ilegal que requiere luego criminalidades secundarias y violencias, no debidas al giro del negocio ni a la índole de sus participantes, sino a la carencia de acceso a transacciones, negociaciones y castigos pacíficos y legales.

Solo la pandemia podrá igualar o superar a la prohibición histórica de las drogas como multi-bumerán de largo plazo para casi todos y beneficio para casi nadie. La prohibición prestigió por tabú a las drogas, y desató una multicriminalidad y violencia que su consumo histórico anterior a la prohibición jamás provocó, y que las sociedades tribales actuales, fuera de la jurisdicción de esa prohibición, tampoco provocan.

El problema, véase, no son ni las drogas, ni sus consumidores, ni el ciclo entero de su existencia social ni las características socioeconómicas o culturales de vendedores y compradores. El problema no son las sustancias ni los actores u operadores prohibidos, sino, más bien, es la estupidez, error y/o maldad de sus prohibidores y controladores. Si las drogas se produjeran, industrializaran, comercializaran, financiaran y consumieran legalmente, como cualquier otro bien o servicio admitido, ninguno de los problemas de ilegalidad, letalidad, saña, inhumanidad o sanidad que se les atribuye, con mayor o menor acierto, existirían.

Solo una despenalización de todo el ciclo de todas las drogas minimizará los problemas que la prohibición ha maximizado; y lo sigue haciendo con creces. Pero ya me veo venir la solución mágica gubernamental: más vigilancia y castigo para el tráfico, sus consumidores y territorios; que es más leña al fuego y más corrupción en puerta. Se hace lo contrario a lo que se debería, casi exactamente, por falso diagnóstico; toda la literatura criminológica les preguntaría a todas las tendencias políticas, que en grado variable han diagnosticado mal y solucionado mal, como lo prueba la evolución de las cifras: ¿son o se hacen?; pero ese fina lluvia acumulada ha hecho que la gente comparta esos errores de diagnóstico y de soluciones; ahora el multierror se vuelve clamor popular; the end.

Conclusión Equivocada Dos. Que es la gente de las periferias marginales metropolitanas, y puntos salteados y variables del interior, la responsable por esta ilegalidad y violencias, como era ya protagonista principal de la otra criminalidad anterior a la aparición de la prohibición de las drogas. Nueva y ahora doble estigmatización de territorios y residentes ‘rojos’, que más que vocacionales victimarios de delitos, son víctimas de un funcionamiento societal que los lleva a recurrir a esas actividades, en esos territorios, para sobrevivir o intentar el consumo mínimo que da reconocimiento y autoestima en la sociedad de consumo-abundancia-espectáculo.

Entonces, conclusión también equivocada, como la uno anterior. No es la gente de esos entornos la intrínsecamente criminal, drogo-consumidora y violenta, aunque los participantes en esas actividades sean, en mayoría relativa, residentes en zonas periféricas metropolitanas, y también estén sobre-representados entre las poblaciones delincuentes, encarceladas y activas en los nichos del ciclo de las drogas. De nuevo, y como lo decíamos recién: los transgresores legales están entre esas poblaciones porque el funcionamiento social los ha relegado, y precisan asumir mayores riesgos al actuar en esos ámbitos, porque ‘es lo que hay’, porque son las actividades que les quedan a los que no tienen el capital social, cultural ni político como para sobrevivir y acceder al paquete de bienes y servicios que la sociedad de consumo, abundancia y espectáculo ha definido como mínimos (velozmente crecientes e imparables) para el reconocimiento social y la autoestima individual. Los criminógenos decisores públicos, que los condenaron a una existencia territorialmente deprivada y estigmatizada son los culpables en definitiva, son sus padres sociopolíticos y político-culturales. Están entre esos ‘malditos’ porque no ‘tienen otra’, dentro de ‘lo que hay’, para sobrevivir en una imparable espiral de consumo e infelicidad inaccesibles. Los culpables no son ni el nicho de las drogas ni el nicho de esos que están en todas las poblaciones desgraciadas, riesgosas y ‘jugadas’; los culpables y criminógenos de fondo son los que decidieron sobre ellos, con poder para hacerlo; así como los conflictos geopolíticos no son producto de salvajismos locales abruptos, sino de las añejas depredaciones imperiales sucesivas que conformaron el absurdo, indeseado, mapa actual global. Ucrania es el cordero sacrificial para que EEUU y sus títeres ataquen a Rusia a dos bandas, y a tres a China. Pero, como vimos, no solo hay conclusiones equivocadas manifiestas, preñadas de consecuencias en inconducentes políticas públicas y en el imaginario social. También hay ignoradas dimensiones causales cruciales para entender procesos aparentemente sorprendentes.

Dimensiones cruciales ignoradas

Ignorancia Uno. La influencia perversa de la despenalización de la marihuana, que yo apoyé y apoyo, pero no para quedarse en lo que ha llegado a ser, sino como paso más viable hacia la despenalización de todas las drogas naturales y sintéticas.

¿Y por qué esa despenalización, desde al menos 2013, muy probablemente haya sido un multiplicador de criminalidad? Sencillamente porque el Estado se convirtió en un competidor legal (y desleal, con enormes ventajas de mercado) de los vendedores ilegales. Competidores desleales que, además, se ufanaban de que les estaban recortando sus lucros al narcotráfico (como si fueran narcotraficantes ilegales de algo ilegal porque se les antojó, como si no prefirieran ser como los vendedores de alcoholes o tabacos, o como las farmacias, clubes canábicos y cultivadores registrados); pues bien, ¿se pensaba el gobierno que los vendedores ilegales con cuotas de mercado recortadas por la competencia estatal y estatalmente protegida simplemente iban a agarrar para otros rubros? De nuevo, ¿tienen capital social, político, cultural suficientes como para cambiar y ya está? ¿De qué van a vivir todos los que comían de esos ingresos, y que a su vez tampoco acceden a sustituirlos así nomás? Se pensaron que los competidores privados ilegales desplazados por la oferta estatal legal se iban a quedar de brazos cruzados frente a eso? No; en la medida que perciben el mercado global como de suma cero tratarán de compartir pedazos de ese mercado ya establecido o, lo más probable, tratarán de arrebatárselos a otros en una violenta puja de poder, con amenazas, heridos, muertos y vendettas sin fin, como en las películas de mafias de Hollywood o Netflix. La despenalización los obligó más aún de lo que la prohibición los había forzado, como vimos; así como su postergación social tendió a volverlos consumidores compulsivos, así también asumieron los riesgos y violencias del mercado negro de drogas, como también de otros mercados negros vinculados; y ahora también pelearán su tajada con sus herramientas propias, las que su modus vivendi les ha prodigado.

Y ¡ojo!, que una despenalización total también tendría que contemplar a todos los que operaban y se alimentaban del nicho despenalizado, del que ahora se encargarán otros, que no necesitan arriesgar como tuvieron que hacerlo los ilegales. Como también debieron haberse contemplado los perjudicados por los operativos barriales de saturación, que de algo y en algún lugar tendrían que seguir viviendo, a como dé lugar.

Entonces, ¿qué hacen las ‘bocas’ ilegales de barrios donde se instaló una farmacia vendedora legal? Está claro que aún están los menores, los turistas, los que quieren otras drogas o aspiran a marihuana más potente; pero igual es una pérdida que muchos pequeños vendedores no pueden asumir ni sustituir, y mucho menos de inmediato, para sostener a quienes básicamente dependen de esos ingresos. La guerra por sub-nichos de mercado sería, sin duda, cruda y dura; los números policiales y judiciales seguramente lo registran. Es muy poco responsable y tilingo festejar la reducción del mercado ilegal, aunque sea más amable el entorno farmacéutico que el de las bocas; no parece que se hayan dado cuenta de las crisis económicas, grupales, familiares e individuales, ni la ola de violencia endógena que desatarían. Los conflictos entre grupos de comerciantes ilegales, sus ajustes de cuentas, no son ajenos a la ciudadanía y a su atención múltiple por el Estado y gobiernos; son los productos de la incapacidad, injusticia e imprevisión de los macro-decisores, más que del salvajismo y malas costumbres de sus víctimas, que se vuelven así victimarios casi forzados. Se necesita una visión más macro y más dinámica de los asuntos públicos.

Por las dudas, subrayo que por el hecho de hipotetizar que la despenalización de la marihuana haya podido incrementar niveles de delincuencia y de violencia no se interprete que abogamos por su reversión legislativa; por el contrario, aspiramos a generalizarla; pero cuidando entonces, también, de que no haya consecuencias imprevistas como ahora, porque ya están advertidos de los desastres que pueden desatar alegres y benevolentes imprevisiones.

Ignorancia Dos. Proliferación de nuevas armas de fuego y cambios en las cárceles.

En primer lugar, la disponibilidad de armas de fuego, legal o no, de armas legalmente obtenidas o no, es siempre una tentación y ocasión mayor de consecuencias graves en un conflicto cualquiera, provocado o meramente reactivo. Además, aumenta también el riesgo de usar inesperadamente y contra lo planificado el arma, y de que sea encontrada y usada por otras personas, hasta infantiles. Pero quizás lo más importante, en el 70% de armas involucradas en homicidios es que las armas son crecientemente más chicas, más precisas, más baratas y disparan más tiros, lo que las hace más peligrosas, disimulables y negociables. Es hoy sencillísimo disponer de una pistola 9 mm, no ya pesados revólveres y pistolones. Uruguay dispone de un arma cada 3 habitantes, y no solo por delictividad, sino hasta por gusto por las armas, algo que se muestra no solo por su abundancia sino porque cuando se editaron colecciones en fascículos sobre armas, armas de guerra y similares, los quioscos informaban sorprendentes ventas durante la década del 80. Cierta aura de pacifismo del uruguayo medio no se sustenta en datos históricos ni en costumbres actuales.

En segundo lugar, la cárcel, que casi nunca resultó en rehabilitación sino en tortura, sufrimiento y posgrados delictivos con ampliación notoria de los contactos criminales para la salida de la cárcel, ha adquirido un inesperado estatus de central de dirección de performances delictivas, centro de comando de la criminalidad externa, con gente que ya no necesita trabajar ni ‘trabajar’, y puede ahora ocuparse full time de los asuntos que lo llevaron a su encarcelamiento, celular ilegalmente obtenido y usado mediante. La cárcel se convirtió en un centro delictivo adentro, en una central de coordinación de delitos externos, y en una fuente de contactos delictivos ampliados a futuro. Un tiro por la culata casi perfecto, pero muy lucrativo para los que les venden ilicitudes a los detenidos. Es de Ripley, surrealista, como de Monty Python, la cantidad de drogas, armas formales y artesanales, y la multitud de contactos delictivos que son realidad cotidiana. Todo eso fortalece las redes delictivas y hace no tan indeseable la cárcel, donde influencia y dinero compran cualquier lujo, ilegal incluso; y desde donde ya no se delinque materialmente pero sí se coordina la delictividad material de otros, afuera de los establecimientos penales.

Reiteradas medidas inocuas que se vienen

Como sucede desde que, a principios del siglo XX (precedidos de oscuros diagnósticos eclesiásticos en el XIX) se comienza a alarmar con auges delictivos e infraccionales, se proponen respuestas oficiales a esas alarmas más o menos fundadas, que jamás, nunca, dieron resultado (como podría prever fácilmente cualquiera que entendiera de seguridad y de sociedad, en definitiva poquitos); y siempre resultaron en denuncias de las oposiciones cuando estas son tales, aunque cuando gobiernas no hacen nada muy diferente de los denunciados por ellos como malo; y serán entonces denunciados por sus denunciados anteriores; es un juego perverso de ajustes de cuentas parlamentario, ya que no solo los hay entre ‘mafias’ hollywoodenses.

Las medidas que vendrá son todas las ya añejamente inocuas que no han disminuido en nada la problemática denunciada, como que son falsas soluciones a falsos diagnósticos. No hay que perder de vista que: uno, la violencia y la criminalidad son ineliminables, inerradicables; dos, que cualquier crecimiento puntual no constituye tendencia, aunque la prensa lucre con el dato y su miedo (aquello de que una golondrina no hace verano); tres, que es imposible eliminar velozmente hechos construidos multifactorialmente a través de mucho tiempo, de modo que no se debe pedir su erradicación ni mucho menos ya; cuatro, es ignorante hacer al ministro del Interior de turno responsable por todos esos errores de expectativa; las causas y motivos fundamentales exceden a los poderes y potestades de los ministros del Interior, que se vuelven solo chivos expiatorios y fusibles; cinco, también es absurdo, dada la larga y añeja lista de factores influyentes en la violencia y la criminalidad, que la Policía pueda influir mucho en ellas; son fenómenos multidisciplinarios, multiministeriales, multidimensionales, que exceden inmensamente las habilidades, capacidades, potestades y conocimientos de la Policía; pedirle a la Policía y al Ministerio del Interior que erradiquen, y ya, la violencia y la criminalidad, es un caso refulgente de petición de peras al olmo. Científicos sociales, criminólogos y penalistas lo saben; políticos, prensa y opinión pública parece que aún no. La prueba del éxito de las ‘soluciones’, en medio de esta ignorancia diagnóstica, es la evolución de las cifras de violencia y de criminalidad, que son siempre reclamadas por las oposiciones y jamás mejoradas por los gobiernos; ambos se turnan en denunciar y hacer fatuas inocuidades. Así va. Y seguirá la calesita de peores cifras, denuncias, malos diagnósticos, malas demandas, malas medidas y vuelta a la calesita. Es lo que hay. De malos diagnósticos solo saldrán buenas soluciones de casualidad, saldrán malas como producto causal; y la ‘casualidad’ es mucho más improbable que la ‘causalidad’. En materia de seguridad, violencia y criminalidad en general se conceptualiza casi todo mal; entonces, sería un milagro que esas cosas anduvieran bien o mejoraran. Tanto las ofertas supuestamente satisfactoras como las demandas, políticas o sociales, son equivocadas. Es una desesperación.