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Columna destacada | neoliberal | Ecuador |

Ecuador

La crisis neoliberal y un desencuentro político sin resolver

El levantamiento indígena abrió paso luego de 18 días a un acuerdo en desarrollo, sin cerrar la crisis crónica del país

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Ecuador vivió el levantamiento indígena más prolongado de su historia reciente que dio lugar a un acuerdo que deberá implementarse en 90 días. Los días de fuego evidenciaron solidez del gobierno por arriba, capacidad del movimiento indígena y nuevamente desencuentro con el correísmo.

Leonidas Iza es esperado por una gran movilización en las afueras del Complejo Judicial en la ciudad de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, a 2.860 metros de altura. Son miles de personas vestidas con colores tradicionales, ropa humilde, hombres, mujeres, jóvenes que aguardan al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que fue convocado para declarar en una causa construida luego de su detención el primer día del paro nacional que se prolongó por 18 días.

“Las condiciones de la vida diaria no dan más compañeros y compañeras, por eso hemos salido a luchar […] los pueblos desde abajo no podemos seguir tolerando niveles de injusticia que han provocado una reacción social, no solo ahora, también en 2019, si hay una reacción social es porque hay pobreza, porque hay desigualdad, injusticia, por eso nos hemos levantando”, dice Iza con su habitual poncho rojo y sombrero negro de ala corta ante quienes lo escuchan. Pasaron cuatro días desde el jueves 30 de junio, cuando el movimiento indígena y el gobierno firmaron un acuerdo en la ciudad de Quito y un plan de 90 días para implementarlo.

“Este juicio ha sido injusto, la justicia no es justa, ¿Cómo pretenden legalizar mentiras? A mí jamás me detuvieron en un delito en flagrancia, estábamos dirigiéndonos como cualquier vehículo, pararon con seis camiones de militares, eso se llama emboscada”, dice Iza, nacido en esta provincia marcada por historias de resistencias indígenas, pobreza, y un imponente volcán de cumbres blancas.

Iza era un dirigente regional al frente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi -parte de la Conaie- que construyó parte de su legitimidad durante el levantamiento de octubre de 2019 frente el gobierno de Lenín Moreno. Ahora es el principal liderazgo nacional, no solamente del movimiento indígena, sino del enfrentamiento contra el gobierno de Guillermo Lasso, que tiene más de 80% de desaprobación. Lo evidenciaron las imágenes del 30 en la noche, cuando fue despedido con aplausos y abrazos en Quito, una ciudad donde los barrios populares, gremios como el de transportistas, y sectores de clases medias progresistas se sumaron al levantamiento más prolongado de las últimas décadas.

Salvar a la banca en el gobierno

Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo de 2021. Su asunción significó la llegada al poder político de un hombre del Opus Dei, accionista central del Banco de Guayaquil, acusado en reiteradas oportunidades por sus cuentas offshore, como quedó nuevamente evidenciado en los meses pasados en el caso de Pandora Papers. Su programa económico al llegar al Palacio de Carondelet era claro: profundizar el modelo neoliberal reinstalado por Moreno, el expresidente recordado por haber traicionado y perseguido a quienes lo llevaron al poder político.

La popularidad de Lasso tuvo un rápido deterioro en el marco de una realidad social marcada por una violencia creciente. Una muestra de eso han sido las masacres en diferentes cárceles, cinco en total desde que inició su gobierno, con un saldo de 276 personas asesinadas. Los índices de pobreza quedaron, a su vez, dramáticamente en evidencia con, por ejemplo, el estudio de la Universidad Central, que informó que 80% de los niños recibidos en sus instalaciones durante el levantamiento indígena tenían “cuadros de desnutrición crónica”.

El paro nacional encontró un gobierno con altos niveles de desaprobación a tan solo un año de mandato. Su reacción ante el inicio del levantamiento fue detener a Iza, decretar estados de excepción en varias provincias, militarizar rutas y ciudades, acciones que en lugar de apaciguar el clima de tensión lo agudizaron. La respuesta represiva fue dominante a lo largo de los 18 días de protestas que comenzaron en las zonas rurales hasta confluir en Quito, centro del poder político. El saldo: seis manifestantes asesinado directa o indirectamente por las fuerzas de seguridad del Estado y un militar muerto en el marco de una represión.

El gobierno debió afrontar no solamente las masivas movilizaciones, sino también el intento de destitución vía la Asamblea Nacional (AN) impulsado por los congresistas de la revolución ciudadana. Lasso, presionado desde las calles y el Legislativo, contó en ese contexto con el respaldo de los sectores de poder económico, político, policiales, militares e internacionales, que se reconfiguraron en su defensa, y le permitieron mantener una posición de inflexión hasta la negociación final, mediada por la Conferencia Episcopal.

Ese respaldo se tradujo en la AN en los votos del Partido Social Cristiano, de Izquierda Democrática, que impidieron que se alcanzara la suma necesaria para la destitución. Puede suponerse que ese apoyo también atraviesa la decisión tomada el Consejo Nacional Electoral el martes pasado al cerrar las puertas al proceso de revocación de mandato impulsado por la coordinadora nacional de la revocatoria del mandato de políticos demagogos. “No hay prueba que sirva como causal para probar algún supuesto incumplimiento del plan de trabajo para iniciar un proceso de revocatoria de mandato en contra del presidente”, afirmó el órgano electoral.

Lasso se encuentra en una situación asimétrica: con una falta de aprobación mayoritaria en la sociedad, pero con un respaldo del círculo rojo de poder. Débil por abajo, fuerte por arriba, y con la ventaja de contar aún con la división que existe en el principal movimiento indígena y el correísmo.

Heterogeneidad indígena y desencuentro

La Conaie demostró ser la principal organización capaz de liderar la resistencia en las calles al gobierno en particular, y al modelo económico en general. Eso mismo quedó en evidencia en el levantamiento de octubre del 2019. El enfrentamiento al neoliberalismo en Ecuador pasa así centralmente, como en la década del 90 y primeros años antes del gobierno de Rafael Correa, por su capacidad de acción.

El movimiento indígena encabeza a su vez demandas tanto sectoriales, como nacionales, transversales. Así, dentro de lo acordado con el gobierno se encuentra la derogación del decreto 95, que permitía ampliar la frontera petrolera, la reducción de 0,15 centavos de dólar al galón de gasolina y diésel, la declaración de emergencia del sistema de salud pública, la implementación de mecanismos de control de precios o el aumento de 5 dólares al Bono de Desarrollo Humano. ¿Cumplirá el gobierno? Es una de las preguntas centrales. En el caso de 2019 no ocurrió.

La Conaie cuenta con una complejidad organizativa que señala Iza: “Los líderes, el consejo de gobierno, estamos obligados a sostener las decisiones de las estructuras de base, si es que se rompe esa lógica prácticamente romperíamos la democracia comunitaria”. Esas decisiones resultan determinantes tanto en el marco de un levantamiento como ante posturas políticas, como la del “voto nulo ideológico” acordado por la Conaie en el balotaje entre Lasso y el candidato correísta Andrés Arauz en 2021. Iza se apegó entonces a esa decisión, lo que le ratificó su lugar de dirección en ascenso en el movimiento y críticas por parte del correísmo y el progresismo latinoamericano.

Esa posición de la Conaie ante el balotaje evidenció un desencuentro de más de una década entre la organización y la revolución ciudadana. El movimiento indígena mostró también sus diferencias durante el levantamiento: mientras por un lado la Conaie impulsaba las protestas, por el otro, el partido Pachakutik, es decir su brazo político, mantenía alianzas con Lasso. Los congresistas de Pachakutik votaron finalmente a favor de la destitución luego de ser presionados por sus propias comunidades y, a sabiendas, en algunos casos, que la votación no alcanzaría para lograr la destitución.

Esa situación expuso la heterogeneidad interna, con un instrumento político autonomizado en gran parte del movimiento social, y una serie de dirigentes siempre proclives a un acercamiento con la derecha antes que con el correísmo o, dicho de otra manera, donde el anticorreísmo funciona como dispositivo para justificar alianzas con la derecha. Yaku Pérez, excandidato presidencial, ahora al frente de su organización Somos Agua, es representativo de ese sector. Otra dirigencia, encabezada por Iza, plantea en cambio salir del clivaje correísmo/anticorreísmo: “Estamos en el tiempo que necesitamos unificar, ya basta de quedar cuidando sus parcelas de poder”.

La separación entre el movimiento indígena y la alternativa electoral progresista representada por la revolución ciudadana beneficia a una derecha reunificada. El correísmo tiene a varios de sus principales dirigentes fuera del país con causas judiciales paradigmáticas del lawfare, en una política de persecución judicial que también golpea al movimiento indígena. Ese escenario sin confluencia es una de las características más complejas de un país que entre 2007 y 2017 vivió una década de avances, y volvió en los últimos años a su imagen clásica: élites enriquecidas, desigualdad, levantamientos indígenas. Las próximas semanas indicarán si habrá cumplimiento de acuerdos o si, por el contrario, el país estará ante probables nuevas protestas y crisis.

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