Algunas de las cifras que vamos a exponer en esta nota tendrían que sacudir no solo al gobierno, sino a todo el espectro político y social, para que, en conjunto, coordinen acciones urgentes a efectos de superar un desequilibrio alarmante.
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Los números que saltan del proyecto de Rendición de Cuentas dejan, nuevamente, al centralismo montevideano sobre el tapete. La preferencia por la capital a la hora de asignar recursos es, por decirlo de un modo elegante, inmoral.
Tal como ha señalado la Federación Médica del Interior (FEMI), existe una clara asimetría cuando se analiza la realidad montevideana versus el resto del país.
Los números hablan por sí solos
- El presupuesto de ASSE es de $50.000.000.000 (cincuenta mil millones de pesos), pero a los centros del interior del país solo se destina el 50 % del monto total, pese a que estos centros atienden a más del 70 % del total de los usuarios.
- Mientras que en Montevideo hay 79 médicos por cada 10.000 habitantes, en el interior hay 21 médicos para la misma cantidad.
- Mientras que en Montevideo hay 1 médico por cada 126 personas, en el interior hay 1 médico cada 476 personas; o sea que, a un médico del interior del país le corresponde cubrir la salud de 350 personas más que a un colega de la capital.
- Mientras que en Montevideo hay aproximadamente 1 pediatra por cada 107 niños o adolescentes, en el interior hay 1 pediatra por cada 350.
- El interior tiene, aproximadamente, un 40 % menos de los pediatras que debería tener para atender a tiempo y de manera aceptable a sus pacientes.
- Solo el 30 % de los médicos reside en el interior del país, y menos del 7 % al norte del Río Negro.
- El Centro Departamental de Salto tiene la mitad de presupuesto que el Hospital Maciel, siendo el Hospital de Salto el segundo en cantidad de usuarios en todo el país y referente a nivel regional.
Cuando ante una emergencia falta el sentido de urgencia
El sistema ha mejorado muchísimo en los últimos años, sobre todo, y dicho objetivamente, con los tres gobiernos del Frente Amplio; sin embargo, queda mucho por hacer y tenemos un problema: la falta de sentido de urgencia en el poder político. Es más; a la luz de las cifras aportadas, queda claro que también falta sentido común, el menos común de los sentidos.
Se consideró urgente facilitar el lavado de dinero mediante la LUC, pero parece que la salud puede esperar. Se consideró urgente criminalizar algunas formas de protesta; pero las personas que están enfermas y con escasos recursos económicos, que tengan paciencia.
Lo que sucede al norte del Río Negro es deprimente. Faltan pediatras, médicos de emergencia, traumatólogos, médicos familiares y comunitarios, ginecólogos, anestesistas y oftalmólogos.
En cuanto al exageradamente llamado “interior profundo”, que alberga a 400.000 personas, los médicos rurales brillan por su ausencia. Hasta 2019 existían 200 médicos rurales o de pequeñas comunidades. Hoy hay poco más de 70. Que el artículo 287 del proyecto de Rendición de Cuentas prevea recursos económicos para crear 10 cargos para médicos rurales con Función de Alta Dedicación (FAD), por un lado es bueno; por otro, parece broma, considerando la magnitud del problema.
Lo peor, y difícil de resolver, es que carecemos de interesados en cubrir estas vacantes. Cuando estuve en Venezuela ví a Hugo Chávez solucionar esto de manera muy sencilla y rápida: cubrió el territorio con médicos cubanos. Podrán decir lo que quieran de él; pero tenía lo que nos falta a nosotros: sensibilidad social, sentido de urgencia y coraje. Coraje, sí; porque para que haya dinero para solucionar los problemas del sistema de salud hay que recortar privilegios en alguna parte. El dinero sobra; pero lo tenemos mal distribuido.
Los médicos rurales y de pequeñas comunidades reciben $50 pesos/hora por guardias de retén. Después pretendemos que no se vayan a la capital o a otro país…
Otras cifras que alarman
Uruguay ocupa el tercer puesto en tasa de suicidios en América Latina, superando a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. En el sistema carcelario tenemos un récord histórico de suicidios.
El departamento con menor tasa de suicidios es Montevideo, siendo Treinta y Tres, Lavalleja y Soriano los de tasas más elevadas. La FEMI ha denunciado que “el departamento de Treinta y Tres es por segundo año consecutivo el que presenta la tasa más alta de suicidios. Sin embargo, hay solamente un psiquiatra dentro de ASSE con cargo FAD (Función de Alta Dedicación). En este departamento no se implementaron equipos de salud mental de acuerdo con la ley. El servicio no es el adecuado, no hay posibilidad de un tratamiento riguroso ni seguimientos en tiempo y forma, a lo que se suma la dificultad en la accesibilidad a la medicación”.
En lo que va de 2023, 14 policías se han quitado la vida. Hasta que no veamos el tema de la depresión como una enfermedad gravísima (aunque no es la única causa de los suicidios) esto continuará empeorando.
La toma de conciencia sobre el concepto de salud mental parece algo incipiente para quienes elaboran el presupuesto.
Peor aún: pese a que en Uruguay mueren más de 430 personas por año en accidentes de tránsito y que hay más de 2.000 lesionados graves y más de 20.000 lesionados leves, voceros de la coalición se han manifestado en contra de las multas de tránsito y los radares, y hay varios proyectos que van en contra de la seguridad vial. Es más, un diputado de Cabildo Abierto ha propuesto eliminar la obligatoriedad del botiquín en los vehículos. Y ni hablar del presidente, haciendo apología de manejar con una copita encima, o del senador Sebastián Da Silva, haciendo apología de exceder los límites de velocidad. Paradójicamente, es del Partido Nacional el edil que el 9 de setiembre provocó un accidente de tránsito fatal. Héctor Curutchet circulaba de madrugada con 1,51 gramos de alcohol en la sangre, rumbo a Juan Lacaze. La criminal imprudencia culminó con la muerte de dos personas y otras tres resultaron lesionadas; entre ellas, una niña de 8 años.
Por otra parte, Lacalle Pou sacó dos decretos para contrarrestar las medidas antitabaco de Tabaré Vázquez y beneficiar a las tabacaleras, una de las cuales (Monte Paz S.A.) aportó dinero para su campaña. Uno de los decretos fue frenado por la Justicia, porque era demasiado el abuso.
Las decisiones de nuestro presidente obedecen a un patrón: lo económico por encima de la salud.
Los que luego tienen que salir a lidiar con las consecuencias de semejantes irresponsabilidades no son los políticos, sino esas personas que van a trabajar vestidas de blanco.