Uruguay a punto de hacer historia

Lo que sí es serio es que hoy Uruguay discute un tema que muchos quieren evitar: la muerte. Y lo hace con valentía, poniéndose en la vanguardia de América Latina. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de eutanasia (o “muerte digna”) para casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo, y ahora será el Senado el que deba pronunciarse. Si se aprueba, y seguramente lo hará, Uruguay se convertirá en el primer país de la región en reconocer, por vía legislativa, el derecho a poner fin a la propia vida en condiciones de dignidad.

Un proyecto similar, presentado por el diputado colorado Ope Pasquet, había fracasado en 2023; pero un nuevo proyecto planteado por la bancada frenteamplista ha logrado el apoyo necesario de partidos opositores. Colombia y Ecuador llegaron a resolver el tema por medio de fallos de la Corte Constitucional; pero Uruguay será el primer país latinoamericano en lograrlo por la vía legislativa.

La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿de quién es la vida? ¿Del Estado, de la Iglesia… o de quien la vive, sufre o ama hasta el último segundo?

Básicamente, el proyecto de ley dará el derecho al paciente (o a un representante mayor de edad) de solicitar asistencia para poner punto final a su agonía. Se prevé que desde la solicitud (personal y por escrito) el médico tratante tendrá tres días para expresar lo que sería una primera opinión, y se darán cinco días a un médico independiente para dar la segunda, luego de la cual regresa al médico tratante para tomarle al paciente una ratificación o rectificación. En caso de discrepancias entre ambos profesionales se convocará a una junta médica y ésta deberá expedirse en un máximo de cinco días.

Holanda, Bélgica, España y Canadá ya cuentan con marcos legales similares desde hace años. Los uruguayos nos hemos adelantado muchas veces a nivel mundial en derechos humanos: fuimos pioneros en el divorcio a comienzos del siglo XX. En 1907 (primer gobierno de José Batlle y Ordóñez) la Ley 3.245 permitió la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. Posteriormente, en 1912 (segundo gobierno batllista) se aprobó la ley que permitía el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Aprobamos el voto femenino en 1932 (que llevó a la presidencia al general arquitecto Alfredo Baldomir), el derecho al aborto en 2012, el matrimonio igualitario en 2013. Ahora, la libertad toca las puertas de la mismísima muerte.

Los detractores de la ley argumentan que lo primero que se debería hacer es fortalecer los cuidados paliativos. Y tienen razón: los cuidados paliativos deben ampliarse y garantizarse para todos. Pero no es una opción excluyente. Esta ley no sustituye la compasión, la refuerza. Porque no todos los dolores son aliviables, no todos los cuerpos responden igual, y no todos los padecimientos son físicos. No-todos-los-padecimientos-son-físicos. También existen sufrimientos emocionales y espirituales imposibles de medir desde un escritorio parlamentario.

Lo que esta ley establece es simple y profundo a la vez:

1. Que solo quien padece puede decidir.

2. Que habrá garantías médicas y controles rigurosos.

3. Que ningún profesional estará obligado a practicar la eutanasia si su conciencia no se lo permite.

Es decir: nadie está obligado a usar este derecho, nadie está obligado a aplicarlo, pero todos deberíamos estar obligados a respetar la libertad ajena.

Así como ayer debatimos el derecho a divorciarse, el derecho a interrumpir un embarazo o el derecho a casarse con quien uno ame, hoy debatimos el derecho a morir con dignidad.

Este debate será seguido por toda América Latina. Una vez más, Uruguay demuestra que es capaz de abrir caminos donde otros todavía dudan. Y quizá esta discusión marque también nuestra madurez como sociedad: ¿somos lo suficientemente libres como para aceptar que la libertad también abarca el final de la vida?

La verdadera democracia no se mide solo por cómo nos deja vivir, sino también por cómo nos permite morir. Uruguay está escribiendo esa página hoy.

Es respetable que quienes tienen convicciones religiosas sobre la vida y la muerte deseen enfrentar su final hasta el último aliento. Es respetable que crean que irán al infierno si aceleran el proceso e incluso es respetable que sostengan que el único habilitado para terminar una vida es su dios. Lo que no es respetable es que quieran imponer sus creencias a los demás, obligándoles a vivir en un infierno porque así lo determina su pastor, sacerdote, templo, iglesia o libro sagrado. Yo no creo que haya un infierno en el Más Allá (espero que no, porque tengo todos los boletos comprados); pero sí creo que puede haber uno en el Más Acá.

Quienes estén en contra del aborto, pues que no aborten (aun cuando el embarazo sea producto de una violación); quienes estén en contra del casamiento entre personas del mismo sexo, pues que no se casen con personas de su mismo sexo; y quienes estén en contra de la muerte asistida, que no la pidan para sí, que soporten hasta el final el sufrimiento físico y psicológico. Defenderemos su derecho a vivir y morir según sus preceptos; pero también defenderemos el derecho de opción de quienes piensan diferente.

No tiene nada de piadoso obligar a vivir a quien quiere dejar de sufrir. No tiene nada de solidario torturar a un paciente desahuciado a continuar una larga agonía cuando está implorando piedad, cuando está suplicando una muerte digna.

Uruguay es un Estado laico, por lo que imponer ideas religiosas es tanto inmoral como ilegal. Con esta ley, nuestro país dará un paso histórico y, sobre todo, humanista; porque vivir es mucho más que respirar.