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ASOCIARMEQuienes defienden los fueros suelen plantear un falso dilema: o existen inmunidades o peligra la independencia del Parlamento y, por ende, la democracia.
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Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ¿por qué dar a los legisladores privilegios que el resto de los uruguayos no tiene?
La respuesta suele esconderse detrás de discursos grandilocuentes sobre la defensa de la democracia; pero la realidad demuestra otra cosa. Los fueros, concebidos hace casi dos siglos para proteger al Parlamento de gobiernos autoritarios, hoy han terminado siendo, demasiadas veces, un refugio para dirigentes que buscan ganar tiempo, evitar investigaciones o simplemente blindarse frente a la Justicia.
Cuando los fueros nacieron, el Uruguay era un país de guerras civiles, persecuciones políticas y gobiernos capaces de encarcelar opositores por la fuerza. Su finalidad era impedir que el Poder Ejecutivo disciplinara al Poder Legislativo mediante detenciones arbitrarias. Eran un instrumento para proteger la institución parlamentaria, no a quienes circunstancialmente ocupaban una banca.
Ese Uruguay desapareció hace mucho tiempo.
Hoy existe un Estado de Derecho consolidado y garantías procesales para cualquier ciudadano. Sin embargo, seguimos manteniendo un sistema que convierte a los legisladores en una categoría especial de uruguayos. Mientras cualquier persona puede ser investigada directamente por la Justicia, cuando se trata de un parlamentario debe intervenir primero una corporación política integrada por sus propios colegas.
Y los hechos hablan por sí solos.
"No me voy a amparar en ninguna clase de fueros si me convoca la Justicia", afirmó Guido Manini Ríos en noviembre de 2019. Ese mismo mes, el fiscal Rodrigo Morosoli pidió su desafuero por haber omitido denunciar los delitos confesados por José Gavazzo. Llegado el momento de comparecer, el discurso quedó atrás y apareció el escudo de los fueros.
La conducta de Charles Carrera fue exactamente la contraria. En plena investigación del caso Astesiano surgieron elementos que revelaban una maniobra para espiar a Carrera y Mario Bergara, fabricarles carpetas y presionarlos para que abandonaran las investigaciones sobre el puerto. Paradójicamente, la misma fiscal que archivó esa denuncia fue quien, faltando apenas un mes para las elecciones, pidió el desafuero de Carrera. El senador respondió renunciando a sus fueros y también a su candidatura, pese a que las listas ya estaban impresas. Compareció ante la Justicia como cualquier hijo de vecino. La diferencia ética resulta evidente.
Los ejemplos continúan. Cuando Irene Moreira fue destituida como ministra de Vivienda por favorecer a una militante de Cabildo Abierto con una adjudicación directa e irregular, regresó inmediatamente al Senado y volvió a quedar protegida por los fueros parlamentarios. Lejos de reconocer un error, declaró sin rodeos: "Lo volvería a hacer".
Alberto Heber tampoco terminó su carrera política rindiendo cuentas. Tras el escándalo que terminó costándole el cargo junto al subsecretario Guillermo Maciel y al canciller Francisco Bustillo, volvió al Senado, recuperó todos los privilegios del cargo y también el blindaje parlamentario. Hoy, ya fuera de lugares protagónicos, deja una trayectoria política con demasiadas preguntas abiertas.
Pero existe otra utilización perversa de los fueros. Bajo el amparo de esa protección constitucional, algunos legisladores han convertido el agravio permanente en una forma de hacer política. Graciela Bianchi difunde noticias falsas con una frecuencia asombrosa y Sebastián Da Silva hace de la descalificación personal y provocaciones de malevo de cuarta un método cotidiano.
La libertad parlamentaria nunca debió convertirse en licencia para injuriar, difamar o calumniar sin consecuencias.
Quienes defienden los fueros suelen plantear un falso dilema: o existen inmunidades o peligra la independencia del Parlamento y, por ende, la democracia. Es falso. Lo que debe protegerse es la función legislativa, no a quienes eventualmente la ejercen. Debe mantenerse la inmunidad por las opiniones y los votos emitidos en sala, porque ello garantiza la libertad del debate parlamentario. Lo que resulta inadmisible es que un legislador disfrute de privilegios procesales inexistentes para cualquier otro ciudadano.
Nueva Zelanda, Suecia y Dinamarca funcionan perfectamente sin este tipo de blindajes. Sus parlamentos no son menos libres ni sus democracias menos sólidas; porque una democracia madura no necesita ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Necesita una sola categoría: ciudadanos iguales ante la ley.
El foro Polo de Izquierda, en su proyecto de reforma constitucional, plantea (entre otras medidas) la eliminación de este privilegio. El artículo es más extenso; pero extraigo lo sustancial:
“Artículo X. (Igualdad ante la ley de los legisladores y protección de la función parlamentaria).
Los legisladores son plenamente responsables ante la ley en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y estarán sujetos a la jurisdicción de los órganos competentes sin necesidad de autorización previa de la Cámara a la que pertenezcan. Ningún legislador gozará de inmunidad de arresto, inmunidad de proceso ni de cualquier otro privilegio o prerrogativa que impida, suspenda, retrase o condicione la investigación, el juzgamiento o la ejecución de resoluciones judiciales dictadas conforme a derecho. Los legisladores no serán perseguidos ni responsabilizados por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias”.
Si esta iniciativa prosperara, estaríamos honrando, por primera vez, uno de los principios más encomiables de nuestra Carta Magna.
¿A qué temen los que se quejan de los controles?
A mediados de junio, el Ministerio de Salud Pública recibió una denuncia desde el interior del Palacio Legislativo en el sentido de que, allí, se estaría incumpliendo la norma que prohíbe el consumo de tabaco en espacios cerrados de reparticiones públicas. Cumpliendo con la normativa correspondiente y el aval de la vicepresidente Carolina Cosse, funcionarios del MSP inspeccionaron los despachos de los legisladores.
Obviamente, no se pusieron a revisar archivos contenidos en carpetas, biblioratos o computadoras. Tampoco lo hicieron solos, sino acompañados por funcionarios de la Comisión Administrativa del Parlamento. Sin embargo, legisladores de derecha intentaron alarmar al país difundiendo que la “autoritaria” que preside la Cámara de Senadores había violentado sus fueros.
¿Para eso quieren los fueros? ¿Para estar por encima de las obligaciones del resto de los ciudadanos?
La ministra Cristina Lustemberg respondió a los cuestionamientos instando a: “Con el marco jurídico y normativo, todos cumplamos con que realmente no se puede fumar en espacios públicos, porque nuestro país tiene un marco normativo que justamente lo ha votado el Parlamento”.
La reacción más patética fue la del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, que en la puerta de su despacho puso un cartel con una advertencia: “Al amparo de la constitución de la república: Prohibido el ingreso a este despacho a todo funcionario del Poder Ejecutivo cuya acción configure una vulneración de los fueros del Poder Legislativo!”.
¿Para estas dramatizaciones ridículas e infantiles pagamos semejantes sueldos?
Juan Martín Rodríguez intenta imitar a los senadores Sebastián Da Silva, Graciela Bianchi y Javier García, buscando prensa a costa de bajar a las cloacas del debate político. Bueno sería que alguna vez nos sorprenda presentando un proyecto de ley que beneficie a los trabajadores, pensionistas o jubilados, en lugar de dedicarse al circo.
El 24 de junio difamó nada menos que a la Jutep con agravios baratos, ruines. Parece que le molestan los controles al poder político.
El Partido Nacional nos regaló en el quinquenio pasado el gobierno más corrupto de la historia nacional; ahora, empeñado en romper récords, nos deja a la oposición más mediocre de todas de las que tengamos memoria.
