Ni con el pétalo de una rosa

Hace unas semanas, el PIT-CNT salió a abrir el telón. Propuso gravar con una sobretasa del Impuesto al Patrimonio al 1 % más rico del país —ese puñado de bolsillos que guarda la mayor parte de la riqueza uruguaya— para financiar políticas de protección social: vivienda digna, inclusión, infancia, ayudas reales. No por caridad, sino por justicia.

¿Un 1 % rico, cuánto pesa?

Ese 1 % —según la central sindical— representa unas 25.000 personas con patrimonios que exceden el umbral de “muy acomodados”. Esa concentración es obscena en un país donde buena parte vive al límite.

Un impuesto de ese tipo podría recaudar aproximadamente 0,8 % del PIB nacional, si se implementa de forma eficaz. Esa suma no es menor: bastaría para inyectar recursos reales en vivienda social, programas de inclusión, refugios, salud, educación, oportunidades. No sería un parche, sino un replanteo como sociedad.

Mientras tanto, la vivienda sigue siendo un lujo

Si ese dinero llegara y fuera redirigido hacia un techo digno, marcaría una gran diferencia, porque hoy —y desde hace demasiados años— conseguir una vivienda digna es casi una hazaña.

Según un informe de Infocasas.com.uy publicado en El Debate, comprar un apartamento de 60 m² en Montevideo puede rondar los U$S 160.000, una cifra que está más allá del alcance de muchas familias con ingresos promedio.

Alquilar tampoco es sencillo: un alquiler mensual para un monoambiente ronda los U$S 622 en zonas céntricas, lo que implica una proporción alta respecto al salario medio.

Paralelamente, otra nota publicada en El País señala que construir no siempre es viable: aunque el costo de producción de un m² puede rondar los U$S 500, el valor de venta suele dispararse hasta unos U$S 800 por m². Eso sin contar el costo del terreno, el que en muchas zonas es un lujo imposible.

En la práctica, los que tienen un ingreso modesto terminan en alquileres caros, viviendas compartidas, barrios vulnerables, hacinamiento y los obvios problemas de convivencia. O directamente sin techo cuando la vida se desmorona. El alquiler cercena la posibilidad de ahorrar, invertir y progresar.

Mientras algunos duermen en cajas, otros acumulan riqueza

A Uruguay no le falta riqueza; le falta un sistema distributivo más justo. Es la riqueza concentrada la que ignora su responsabilidad, la que guarda sus bienes mientras otros duermen en cartones.

La pobreza no surge de la nada. Tiene historia, origen. Es el resultado de políticas fiscales permisivas, de privilegios heredados, de un mercado inmobiliario que trata a la vivienda no como un derecho, sino como inversión, activo especulativo, negocio.

Por eso, cuando alguien dice “un pobre es pobre porque quiere”, está borrando siglos de desigualdad estructural, de oportunidades negadas, de herencias injustas, de abandono social, robo y explotación. No estoy sosteniendo con esto que todo millonario sea un oligarca que ha amasado una fortuna exprimiendo a los de abajo. No. Hay quienes, como Luis Suárez, la hicieron gracias a una genialidad personal e intransferible. Además, ayuda a mucha gente en silencio y no hace ostentación de lujos. Y como él hay otros. Pero no son mayoría.

¿Y si tomamos otro camino?

Si creemos que existe otra forma de concebir la vivienda (no como mercancía, sino como derecho), vale mirar lo que ocurre afuera, por ejemplo, en la República Popular China.

Desde hace años, China adoptó la consigna —oficial y repetida— de que “las casas son para vivir, no para especular” (“houses are for living, not for speculation”). Allí, la tierra es propiedad estatal o colectiva. Cuando una persona adquiere una vivienda, compra el inmueble, sí, pero no la tierra: lo que obtiene es un derecho de uso sobre ella por 70 años, renovable.

Este sistema cambia radicalmente la lógica: no hay tierra privada como acto de especulación indiscriminada; el suelo no se convierte en moneda de cambio para lucrar. La vivienda pasa a ser un derecho social, no un bien de mercado. En ese marco, el acceso a una vivienda digna se regula con prioridad sobre la ganancia privada.

Ese es uno de los pocos ejemplos contemporáneos donde, por decisión estatal y voluntad política, la vivienda deja de ser mercancía primaria de especulación y vuelve a su condición original de refugio, de hogar. Sin embargo (seamos realistas), no parece viable poder establecer ese modelo en Uruguay.

¿Qué busca el proyecto del Boca sobre vivienda?

El senador frenteamplista Óscar Andrade plantea que la vivienda debe considerarse un derecho social, y denuncia que el modelo actual (en que muchas propiedades permanecen vacías u ociosas) agrava la crisis habitacional.

En concreto, su propuesta incluye:

1. Recuperar inmuebles vacíos, abandonados o con deudas compensables. Es decir que casas o padrones urbanos que están “tiesos” (sin uso, sin alquiler, en venta ni habitados) puedan ser expropiados por el Estado o gobiernos departamentales si cumplen ciertos criterios.

2. Facilitar un “suelo urbano accesible” mediante una cartera de tierras y viviendas disponibles, no ampliando la ciudad hacia la periferia, sino re-ocupando lo ya disponible en zonas consolidadas.

3. Promover vivienda social —por cooperativas o alquiler social— para quienes tienen bajos ingresos, como alternativa real frente al mercado inmobiliario especulativo/promocional.

4. Acompañar estas medidas con una mayor inversión estatal: Andrade propone que la inversión pública en vivienda suba hasta 1 % del PIB, para reforzar políticas habitacionales, pensamiento urbano, acceso al suelo y financiación social.

En palabras suyas: recuperar casas vacías, abrir la ciudad a quienes hoy no pueden acceder, construir vivienda digna desde lo estatal/cooperativo, y desactivar la lógica de vivienda como mercancía especulativa en favor de su función social.

Qué pasó hasta ahora: en qué etapa está el proyecto

A fines de 2025, el Parlamento aprobó en general un proyecto clave: la ley de “Inmuebles con Deuda Compensable / Expropiación abreviada” —la iniciativa que impulsa Andrade como mecanismo para recuperar viviendas abandonadas/vacías—. Esa ley aprobada por unanimidad en el Senado ahora pasa a la Cámara de Diputados.

En entrevistas recientes, Andrade advirtió que hay miles de padrones urbanos vacíos (se habla de 97.000 padrones vacíos sin uso en zonas urbanas) y ve en ello una “oportunidad urgente” para vivienda social, cooperativa o alquiler regulado.

Pero la aprobación definitiva —y la implementación práctica de vivienda social, recuperación de inmuebles, regulación del alquiler, etc.— está aún pendiente. Los proyectos deben ser tratados por la cámara correspondiente y luego materializados vía políticas de Estado.

En resumen: la iniciativa ya superó un hito importante en el Senado, pero no es ley 100 % operativa: aún debe avanzar en Diputados y luego activarse mediante las herramientas administrativas correspondientes.

Dificultades, resistencias y por qué esto importa

Andrade subraya que Uruguay tiene un serio problema estructural: un gran número de viviendas vacías convive con déficit habitacional y familias que no pueden acceder a un alquiler digno. Recuperar esos inmuebles implica desafíos: resistencia de propietarios, trámites legales, politización del derecho de propiedad, necesidades de inversión pública.

Además, la propuesta supone apostar fuerte por un modelo de vivienda social/cooperativa, lo que requiere financiamiento público, voluntad política y una revaloración del derecho a la vivienda por sobre la lógica del mercado.

Para Andrade, no hacerlo significa seguir permitiendo que “el lujo (cientos de casas vacías) conviva con la miseria de muchos que buscan techo”.

Datos recientes sobre viviendas vacías / padrones desocupados en Uruguay

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay, tras el censo 2023, informó que de un total de 1.659.048 viviendas registradas en el país, 19,5 % están desocupadas. Eso equivale a unas 322.975 viviendas sin habitar. Ese porcentaje representa un aumento respecto al censo anterior (2011), donde la tasa de desocupación era del 17,7 %.

No todas esas viviendas desocupadas son necesariamente “vivienda vacante” o inmueble abandonado: algunas se usan como casas de veraneo, están en alquiler o venta, o en reparación.

Según los impulsores del proyecto legislativo, hay unos 97.000 padrones vacíos “sin uso, sin alquiler, sin venta ni uso productivo”: casas o inmuebles que no cumplen ninguna función habitacional, comercial o de otra índole. En la capital, Montevideo existirían unos 26.000 inmuebles sin uso.

Qué significan esos números: la dimensión del problema

Tener casi 1 de cada 5 viviendas del país desocupadas —cerca de 323 mil— demuestra que el déficit habitacional no se debe a una “falta global” de casas, sino a una mala distribución o mala utilización del parque habitacional existente.

De esos 97.000 padrones vacíos “sin uso”: son un stock considerable de viviendas o inmuebles que podrían rehabilitarse, refaccionarse o reconvertirse para vivienda social, cooperativa o alquiler regulado.

En Montevideo, los 26.000 inmuebles sin uso indican que incluso en la capital, con mayor densidad y demanda habitacional, existe un gran stock ocioso.

Estos datos —especialmente los de desocupación y vacancia urbana— le dan razón de ser al proyecto que impulsa Andrade (y aliados): no se trata de especulación retórica, sino de una realidad estadística concreta. Si se regula el uso del suelo, se aprovechan inmuebles vacíos, se expropian en casos de abandono/“deuda compensable” y se orienta vivienda al que la necesita, existe un stock viable de viviendas que podría aliviar la crisis habitacional sin necesidad de expandir la ciudad o construir exclusivamente desde cero.

Cuando la mano dura no alcanza

Mientras tanto, en Uruguay hay quienes piden “más penales”, “castigo para la marginalidad”, “mano dura contra la delincuencia”. Exigen leyes más duras, centros cerrados, castigos severos… Y piden hacerlo ya. Pero pocas veces les escuché pedir: casas dignas, trabajo decente, oportunidades reales, techo seguro.

Construir cárceles “adecuadas” cuesta dinero. Mucho. Pero si insistimos en no aumentar impuestos (si cortamos inversión social y pretendemos que los pobres paguen el costo) el resultado inevitable es más abandono, más marginalidad, más exclusión… Más violencia.

Eso no es seguridad. Es cinismo.

Por supuesto que hay que reprimir con firmeza cuando cuadre; pero jamás caer en el simplismo gorilista de los blancos, quienes pese al fracaso de la LUC siguen insistiendo en ver a la represión como el único camino.

Justicia tributaria y dignidad social

La propuesta del PIT-CNT no es magia. No erradicará la pobreza de un día para otro. No eliminará las mantas ni los cartones de la noche a la mañana. Pero podría ser una herramienta (ahora mismo) para revertir parte del desastre acumulado.

El impuesto al 1 % más rico —si se implementa con decisión y transparencia— puede recaudar lo necesario para vivienda social, refugios, políticas de inclusión, protección infantil, educación, salud, obra pública. Para reconstruir dignidad donde hoy hay abandono.

O como dijo (más con cifras que con palabras) la vicepresidente del PIT-CNT: “No pedimos privilegios ni caridad. Pedimos justicia y derechos”.

La pregunta que las y los orientales debemos hacernos no es si podemos gravar a los ricos; la pregunta real es: ¿Queremos un país de cartones y rincones, o un país de techos, oportunidades y dignidad para todos?

El Estado ha dado a las familias más pudientes mucho apoyo: apertura de mercados internacionales, ayuda durante adversidades climáticas, exoneraciones, préstamos blandos, etc. De aprobarse esta iniciativa popular, esas familias estarían devolviendo solo una parte minúscula de lo que han recibido del resto de la sociedad. Es justo y necesario.

Lamentablemente, hay quienes pudiendo hacerlo, no se atreven a tocar a los malla oro ni con el pétalo de una rosa.