Esta organización, al igual que su hermana gemela, la Federación Rural del Uruguay, nació para privilegiar y amparar los intereses de clase de los empresarios agropecuarios y de los latifundistas que detentan la propiedad de la tierra hace dos siglos.
En ese contexto, apoyó virtualmente todos los golpes de Estado, desde el perpetrado por el colorado Gabriel Terra el 31 de marzo de 1933, que cortó el primer ciclo de las reformas batllistas con el apoyo del coloradismo riverista y el herrerismo liderado por el caudillo blanco Luis Alberto de Herrera, hasta la ruptura institucional registrada el 27 de junio de 1973, que fue liderada por Juan María Bordaberry, otro terrateniente de extracción ruralista.
Obviamente, la oligarquía, que en nuestro país siempre tuvo su punta de lanza en las patronales rurales, observó con singular beneplácito el naufragio de la democracia y la implantación de la dictadura cívico militar, porque era su gran oportunidad de saquear el país sin restricciones, sin el freno del estado de derecho ni la resistencia de los sindicatos, que fueron declarados ilegales y sus dirigentes perseguidos, encarcelados y torturados.
Según se estima, en ese contexto de autoritarismo liberticida se operó una transferencia de la clase trabajadora al gran capital de aproximadamente 5.000 millones de dólares, que por entonces equivalía al Producto Bruto Interno (PBI) de un año, calculado a valores de 1983.
Naturalmente, esa no fue la única dádiva que recibió la clase dominante del esperpéntico engendro cívico militar. Al respecto, en 1982, cuando se rompió la denominada “tablita” mediante la cual se fijaba en forma administrativa el tipo de cambio, colapsó el sistema financiero y el Estado “invirtió” 588 millones de dólares en la compra de las deudas incobrables o “carteras pesadas” de los bancos. El resultado fue un desastre de proporciones y pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares. Esta crisis perforó la economía de la dictadura y, a partir de 1983, aceleró el proceso hacia la reinstitucionalización del país.
Por ende, la clase dominante —más allá de su hipócrita fidelidad a los valores democráticos— siempre estará en deuda con los tiranos, porque, en un contexto de represión y de mordaza, hizo su negocio y ganó mucho dinero. Esa concentración de capital benefició, naturalmente, a las siguientes generaciones de las familias más adineradas del Uruguay.
¿Por qué cambiar el discurso si los intereses de clase de los ricos siguen siendo los mismos 154 años después de la fundación de la Asociación Rural del Uruguay, uno de cuyos miembros más destacados fue, en el pasado, Domingo Bordaberry, padre del golpista y dictador Juan María Bordaberry y abuelo del hoy senador colorado Pedro Bordaberry?
El actual presidente de la ARU, Rafael Ferber, al igual que su padre, que también estuvo al frente de la organización, pronunció un discurso de clara impronta elitista, esa que distingue al patriciado rural y también a las patronales nucleadas en las cámaras empresariales que, como siempre, le quieren escribir el libreto a los gobiernos de turno. Esperamos que en el presente esa presión de quienes operan sistemáticamente mediante la extorsión y el terrorismo verbal no surta efectos. Hoy hay un gobierno de izquierda que tiene el mandato ético e histórico de cambiar y dejar atrás la actitud obsecuente con el gran capital que caracterizó a la administración de derecha que lo precedió.
En efecto, la oratoria de este poderoso productor rural, que fue aplaudida a rabiar por sus colegas oligarcas, fue como una suerte de fotocopia del que pronunció, hace exactamente un año, su predecesor, Patricio Cortabarría. La única y no menos importante diferencia es que quien estaba sentado en el estrado no era el exmandatario derechista Luis Lacalle Pou, sino el actual presidente de la República, Yamandú Orsi, y que el hoy ministro de Ganadería Agricultura y Pesca es el combativo Alfredo Fratti y no el colega empresario rural Fernando Mattos, quien —no es casual— fue también presidente de ARU.
Sin embargo, con apenas pequeños matices, más verbales que semánticos, el mensaje de Rafael Ferber no difirió del de sus predecesores, ni siquiera atendiendo a la nueva coyuntura que supone el cambio de siglo ideológico del gobierno. Uno de los pasajes de su oratoria se centró en lo que calificó como “las políticas restrictivas” que, a su juicio, “afectan la competitividad”, a las que consideró “anticrecimiento” y “antidesarrollo”. Obviamente, la ARU, al igual que el resto de los agentes del gran capital, rechaza las regulaciones estatales, porque quiere que la economía sea gobernada por el mercado. Incluso, otro factor que, a juicio de la clase empresarial, afecta la “competitividad” es la planchada cotización del dólar que deviene en “atraso cambiario”. Evidentemente, estos pelucones aspiran a que el Banco Central del Uruguay, que es la autoridad monetaria, sea funcional a sus intereses.
Obviamente, el orador criticó la concentración en la industria frigorífica y la suspensión temporaria de la exportación de ganado en pie. Por supuesto, le molesta esta concentración, que es real, pero no la concentración de la propiedad de la tierra ni de la riqueza que siguen rapiñando las patronales agropecuarias a sus explotados peones.
Concomitantemente, reclamó abatir el costo del Estado y, en ese contexto, eliminar el subsidio al boleto urbano y a la carga del supergás. ¿Qué le importan a este señor las personas que usan el transporte colectivo de pasajeros si él se traslada en un vehículo de alta gama y qué le importan las personas que consumen supergás para cocinar o calefaccionar? Este pope vive en otra galaxia, que no es la galaxia de los trabajadores y jubilados.
Como si no fuera suficiente, al tiempo de advertir que “no hay espacios para más impuestos”, obviando que su sector tributa la tasa más baja de aporte patronal del país, cuestionó los ajustes del salario real del 7 % que beneficiarán a los trabajadores con ingresos más deprimidos que, en su opinión, generarán más desempleo e informalidad. En este caso, incurrió en el habitual terrorismo verbal que caracteriza a los dueños de los medios de producción.
Reclamó mayor “flexibilidad” en las relaciones laborales, seguramente para que su clase social siga explotando a los peones rurales, que son los verdaderos generadores de la riqueza. En ese marco, no omitió fustigar a los sindicatos y criticar ácidamente el derecho de los colonos pobres a recibir tierras del Estado.
Concluyó con un contundente “todo lo que siembra el agro lo cosecha el país”. Para este patrón burgués de apellido alemán el país es únicamente su familia y su clase social.
