Si Wilson resucitara, lo muele a palos.
En tanto, Guillermo Besozzi se victimiza diciendo que es un “preso político” y que, aún así, continuará en la contienda electoral, y para eso cuenta con el respaldo del directorio de su partido.
Caso Raffo: fue sin querer
De las escuchas telefónicas y la investigación realizadas a Besozzi y su entorno, surge que el exintendente pagó con dinero de la Intendencia el alojamiento de Laura Raffo, su familia y una comitiva durante la campaña electoral pasada, cuando era precandidata presidencial del Partido Nacional y fue invitada a Soriano por la agrupación 903.
El exintendente explicó que el hotel, ante la demora del pago por parte de dicha agrupación, dirigió la factura a la comuna y que, entre las miles de facturas que debe cubrir la Intendencia, ésta pasó desapercibida.
¡Ah, bueno, genial! Yo tengo algunas deudas por cobrar, pero, en lugar de intentar cobrarle a los morosos, voy a enviar las facturas a la Intendencia de Soriano, ya que ahí las pagan sin preguntar quién, dónde, cómo, cuándo ni por qué.
En realidad, fueron dos los hoteles; Brisas del Hum y Colón.
Estos señores feudales creen que la gente es idiota. A lo largo y ancho de la República los intendentes blancos usan los recursos de sus comunas para beneficiar a sus correligionarios, y es que no conciben otro modo de hacer política. ¿Olvidamos acaso cómo se usaron las canastas del Mides durante la pandemia en algunos departamentos para hacer propaganda a listas del Partido Nacional?
¡Pobre Agustin!
Por otra parte, llama la atención que un imputado con tobillera y arresto domiciliario, tenga el beneficio de dar conferencias de prensa desde su casa para descalificar a la Fiscalía, buscando deteriorar la imagen de una institución tan importante para una república democrática. Tendría que estar incomunicado, para evitar que contacte a los demás imputados, condenados y testigos. Ya tenemos el antecedente de Gustavo Penadés, que movilizó a varios funcionarios públicos blancos para obrar ilegalmente a su favor.
En el marco de su defensa, Guillermo Besozzi lamentó la suerte de otro correligionario, recordando que Agustín Bascou, exintendente del departamento, “está cumpliendo siete años, pobre Agustín. Siete años que lo tienen en vueltas y no le han podido comprobar un delito”.
El perito agrónomo, empresario y productor agropecuario no tiene nada de pobrecito. Entre 2010 y 2015 fue suplente de Besozzi y fue electo intendente para el periodo 2015-2020. En 2020 fue formalizado sin prisión por el delito de violación a la ley de prendas, a raíz de la venta de ganado que estaba prendado por créditos bancarios. En 2023 fue nuevamente procesado sin prisión por el caso de la compra por parte de la comuna de combustibles en estaciones de servicio de su propiedad durante su gestión (2015-2020). Todo mientras libraba cheques sin fondos.
La Omertà
Besozzi se defiende diciendo que si él cae preso, todos los intendentes y secretarios generales de los 19 departamentos tendrían que ser condenados. El mensaje es claro: defiéndame o me los llevo conmigo apenas abra la boca.
Varios intendentes, alcaldes, ediles y candidatos a intendentes del Partido Nacional han protagonizado innumerables escándalos en los últimos años. De hecho, los blancos han logrado el récord histórico de alcaldes condenados por la Justicia.
No olvidemos el caso del alcalde blanco Juan Andrés Oronoz, condenado en Soriano por ciberacoso contra un menor de edad, y cómo el Partido Nacional lo mantuvo en el cargo durante todo el año luego de ser imputado. Recordemos que Jorge Gandini propuso su reincorporación tras cumplir su condena.
No olvidemos al alcalde blanco Alfredo Sánchez, condenado en Colonia por asociación para delinquir, fraude, concusión, cohecho calificado, falsificación ideológica y encubrimiento, ni olvidemos al alcalde blanco Humberto Allende, imputado en Cerro Largo por la violación de una anciana de 77 años.
Se dieron hechos de violencia doméstica (edil blanco de Paysandú); lesiones dolosas (edil blanco Darwin Correa, de Maldonado); delitos sexuales contra menores (el ya mencionado Juan Andrés Oronoz, alcalde blanco de Dolores, y Oscar Daniel Fracuelli Fernández, edil blanco de Mercedes); corrupción (media familia del alcalde blanco de Florencio Sánchez y mientras la Justicia investigaba el caso del diputado blanco Omar Lafluf en Río Negro); nepotismo (en casi todas las intendencias derechistas con el intendente de Artigas, Pablo Caram, a la cabeza); compensaciones especiales, ilegales e inmorales (Intendencia de Lavalleja); libramiento de cheques sin fondo (exdiputado blanco por Colonia, Edmundo Roselli); violaciones a la ley de prendas (el mismo Roselli y el exintendente blanco de Soriano, Agustín Bascou) y muchos, muchísimos casos más... Tampoco faltaron los rateros baratos. A fines de noviembre de 2021, un edil blanco quedó registrado por las cámaras de la Junta Departamental de Durazno tras robar una botella de whisky y sándwiches.
Recientemente, en marzo, los blancos bloquearon el planteo del Frente Amplio para someter a juicio político a un edil acusado de desviar fondos de la Junta Departamental de Maldonado.
Para colmo, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y la Agencia de Compras del Estado no han parado de cuestionar los escandalosos contratos de las intendencias blancas con la fundación blanca A Ganar.
Por si fuera poco, luego de que cuatro fiscales de Tacuarembó se abstuvieran de actuar en el caso contra el intendente Wilson Ezquerra, el expediente pasó a fiscales de Durazno. No es para menos. Ezquerra es el dueño de Tacuarembó. Quien no trabaja en la Intendencia lo hace en alguna de sus empresas. Meterse con el amo y señor de la comarca tiene sus consecuencias. La fiscal Fabiana Corbo, que sí estaba dispuesta a continuar la investigación, fue trasladada por orden de la fiscal Mónica Ferrero.
La denuncia apuntaba a un terreno propiedad del intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, que fue declarado de interés municipal antes de venderlo a una empresa. El cambio de categorización del terreno afectó el precio del predio, multiplicándolo por cinco. La Justicia analiza si Ezquerra infringió el artículo 161 del Código Penal.
Justo cuando la gente comenzaba a olvidar el caso del intendente de Colonia Carlos Moreira y su “tenés que venir a convencerme personalmente”, saltó lo del intendente de Tacuarembó, y encima de las condenas al exintendente de Artigas Pablo Caram y la diputada Valentina Dos Santos. Claro, todos inocentes perseguidos por la Justicia…
Según ellos, toda esta lista de imputaciones y condenas es consecuencia, como no podría ser de otra manera, de una maniobra maquiavélica del Frente Amplio contra los impolutos, cristalinos e incorruptibles caudillos blancos.
El senador Sebastián Da Silva dice que hubo un operativo político tenebroso contra Besozzi realizado por una fiscal probadamente antiblanca. Y bueno… Si actuar en contra de los corruptos es ser antiblanco, el senador tiene toda la razón.
El excandidato presidencial Álvaro Delgado publicó en X: “A todas luces parece claro que la detención de Guillermo Besozzi era innecesaria y por tanto se tornó en una medida excesiva y por eso mismo, cuestionable, no solo jurídicamente sino también políticamente. Bastaba con citarlo y no acudir directamente a la detención, con la implicancia que eso tiene”. (…) “Del mismo modo, la medida cautelar de prisión domiciliaria y la extensión de la misma son cuestionables”. (…) “Sin embargo, los hechos no pueden analizarse sin el contexto. Y en ese escenario, lamentablemente, parecen aflorar sesgos políticos frente a quien es el favorito en la elección de mayo”. (…) “Durante los últimos años la Fiscalía ha tenido un protagonismo político que nada bien le hace al sistema. Los fiscales tienen independencia técnica, pero esa independencia técnica de nada vale sin independencia política. Los políticos y los gobernantes no debemos tener privilegios ante la Justicia. Pero tampoco debemos carecer de ella. (…). La credibilidad de todo el sistema de Justicia necesita de objetividad y estar alejado de las pulsiones partidistas. Sin esa garantía se pierde confianza. Y sin confianza se erosiona la legitimidad. No lo podemos permitir. Quienes son responsables de acusar, quienes son los titulares de la acción penal en nombre del Estado no pueden obrar sino en función de lo que la ley manda. Toda preferencia política personal debería quedar excluida. Vigilaremos desde el Parlamento que se cumpla la ley, para el bien del supremo valor de Justicia PARA TODOS. Somos defensores de las leyes, creemos y defendemos en la separación de poderes y no permitiremos que las avasallen”.
¡Bravo! ¡Aplausos! Pero… un momento. ¿No fue acaso el mismísimo presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el que, al hablar con el exsenador Gustavo Penadés, se jactaba de presionar al ex fiscal general de la Nación y maniobrar para que su caso lo tomara una fiscal que, según él, es obediente a esta asociación para… hacer política? Recordemos parte del audio.
“Gómez entendió clarito las referencias a Fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia (Ghione) es nuestra, porque yo hablé mil veces con Jorge Díaz, que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va”.
Cuando esto se hizo público e Iturralde tuvo que renunciar, el senador Sergio Botana lo respaldó diciendo que tuvo “la actitud que debe tener un hombre”. Estos guapos de cuarta, que abundan en ese partido, le causan un daño tremendo a la democracia.
Álvaro… ¿quiénes son los que avasallan las leyes y la separación de poderes?
No era frenteamplista la fiscal que, según ella misma confesó, salvó al presidente Luis Lacalle Pou. Gabriela Fossati, tras renunciar a su cargo, a los tres segundos estaba militando oficialmente en el Partido Nacional.
¿No fueron ustedes los que usaron el Palacio Legislativo (con la carga simbólica que eso conlleva como poder del Estado) para respaldar a Gustavo Penadés mientras se declaraba inocente de los variados casos de abuso sexual por los que está preso? ¿Y no fue respaldado públicamente por el entonces presidente Luis Lacalle Pou, representante máximo del Poder Ejecutivo? ¿Dónde quedó el respeto que pregonan a la separación de poderes?
Ahora, en cuanto al supuesto exceso de ordenar la incautación del celular y la detención de Besozzi, en lugar de pedirle que se presentara cuando al caballero le quedara bien, la fiscal de Soriano, Stella Alciaturi, le respondió con coraje y solvencia, no sólo a Delgado, sino también al senador Javier García y al intendente de Maldonado Enrique Antía. “¿Estamos hablando de que algunos imputados deben tener un trato privilegiado? Yo no lo veo así”.
La fiscal recordó a Radio Sarandí el caso de Agustín Bascou, quien, cuando fue citado a declarar en Fiscalía, no se presentó, y sólo lo hizo cuando en la audiencia se iba a disponer su detención. En cuanto al teléfono, se podría negar o demorar en entregarlo, sobre todo después de la sugerencia de la exfiscal Gabriela Fossati de romper un celular antes de entregarlo a la Justicia. Con todo, la detención se hizo con mayor discreción que con el resto de los involucrados.
Sobre el cuestionamiento que se le hace por, supuestamente, apurar el procedimiento en plena campaña electoral departamental, Stella Alciaturi responde con tranquilidad: “Yo no apuré nada. Hace cinco meses había una elección nacional, después un balotaje… en todas las situaciones hubieran dicho lo mismo y hubieran cuestionado a la Fiscalía”.
Besozzi se defiende argumentando que jamás se llevó un peso a su bolsillo; pero eso no implica que no violara la ley. “A veces los políticos pierden la conciencia de hasta dónde se puede ser generoso con el dinero de otros, de los contribuyentes”, explicó la fiscal.
El punto es que el sistema de caudillaje, practicado en la mayoría de los departamentos del Uruguay, lleva a ignorar leyes como la N.° 19.823, que en su artículo 9 establece que los funcionarios públicos tienen prohibido “tramitar asuntos como gestores, agentes o corredores, y, en general, tomar en ellos cualquier intervención que no sea la correspondiente a los cometidos del cargo o función de la repartición en la que revista”. Además, la Ley Orgánica N.° 9.515, en su artículo 38, numeral 2, dispone que los intendentes no podrán “tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante los municipios”.
Estas normas buscan garantizar la imparcialidad y la integridad en la función pública, evitando conflictos de interés y el uso indebido de la posición oficial en beneficio propio o de terceros; pero, precedido por el “hombre de las mil gauchadas” (exalcalde blanco de Colonia Alfredo Sánchez, condenado por corrupción), Besozzi las violó reiteradamente. Hay por lo menos un audio que demuestra el pago de favores privados con recursos públicos. Un camionero contratado por la Intendencia favorece al candidato blanco transportándole toros
y a cambio del transporte recibe materiales de la Intendencia.
Si es culpable o inocente, lo determinará la Justicia, dando al imputado todas las garantías del debido proceso penal; pero, evidentemente, hay semiplenas pruebas suficientes para que el juzgado accediera a la solicitud de Fiscalía. En tanto, nos quedamos con una reflexión de un usuario de X, @DdnleL, quien, con fino y mordaz sentido del humor, ha escrito: “‘Corrupto pero macanudo’ me parece tremendo eslogan de campaña”.
Esto me hace recordar al popular “rouba, mas faz” (roba, pero hace), un eslogan político brasileño que se refiere al gobernante que, aunque corrupto (y reconocido por la opinión pública como tal), también es visto como alguien que de alguna manera contribuye a la población. La expresión fue acuñada por Paulo Junqueira Duarte en desprecio a su oponente político y exgobernador de São Paulo Ademar de Barros, cuyos aliados electorales respondieron a las acusaciones de corrupción resaltando sus obras.
Como sea, el pánico estalló en el Partido Nacional y con razón. Solo en Soriano ya son más de 30 entre imputados y condenados. Los blancos saben que la mayoría tiene la cola sucia y defienden a Besozzi como una forma de defenderse de antemano ellos mismos. Así lo hicieron con Gustavo Penadés, hasta que no tuvieron más remedio que soltarle la mano.
Incluso, la Fiscalía está analizando la posibilidad de llamar a declarar a Luis Lacalle Pou en la causa por la escandalosa entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Cuando Alejandro Astesiano fue juzgado, Gabriela Fossati se apresuró a cerrar un trato con él para cerrar todos los caminos hacia el expresidente, e incluso reconoció públicamente que lo salvó; pero ahora, fiscales realmente comprometidos con su profesión y la ley estarían dispuestos a averiguar la verdad.
Mientras tanto, espero que el Ministerio del Interior le provea a la fiscal Stella Alciaturi un buen número de guardaespaldas, porque hasta el Directorio del Partido Nacional la ha atacado en un comunicado público, lo cual puede derivar en que algún fanático, de esos que nunca faltan, pueda intentar dejarse llevar por sus impulsos irracionales.
El odio está sembrado y el que pone las semillas es el Partido Nacional. Aquellos que se autodenominan “Defensores de las leyes” están atentando contra las instituciones que las hacen cumplir.
