Hay dos definiciones sobre la legitimidad del mandato popular en las que he pensado estos días. Una es del profesor Robert Pastor, de la American University. Otra es de mi padre.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El profesor Pastor perteneció a La Comisión Trilateral que orientó en los 70 Zibgnew Brzezinski. Fue asesor sobre América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Carter. Dedicó el resto de su vida la docencia y la investigación académica en la American University. Gustaba confundir con el título de sus libros para generar debate.
En su trabajo Exceder el mandato popular” mucha gene creía que se refería a que quien resulte electo no se quede en el cargo más tiempo que aquel para el cual fue electo. El trabajo trata algo mucho más de fondo. La legitimad legal de un gobernante es imprescindible pero no suficiente. Debe tener, además, legitimidad política. Esto es, cumplir con lo que prometió a la gente. Más aún, no debe hacer sin consultar algo que no votó la gente.
Todo lo que hace el Presidente Lacalle Pou (de licencia en Disney World) lo legitima diciendo que es lo que votó la gente. Pero acá nos topamos con dos problemas. Uno: lo que prometió y no hace. Segundo: lo que dice que prometió, pero se olvidó de avisarle a la gente.
Por ejemplo, prometió bajar los índices de criminalidad y no lo hizo. Criticó al gobierno anterior porque, decía él, responsabilizaba los índices de delitos al “ajuste de cuentas” y el “narco tráfico”. Hoy el crimen organizado y las rapiñas no han dado tregua y su ministro del Interior, con su apoyo, hace los argumentos que él criticaba desde su banca del Senado.
A mayor abundancia: dijo que no tocaría el precio del combustible. Lo ajusta mensualmente. Aseguró que no tocaría las tarifas de servicios públicos, incumplió. Bob Pastor no dudaría de la legitimidad jurídica de su mandato. Cuestionaría, sin embargo, su legitimidad política. El ejercicio de su mandato no responde al que le dio la gente para hacer cosas que no está haciendo y no hacer lo que está haciendo.
Más grave aún es lo que ocurre con la mal llamada reforma de la previsión social. No entro, lo haré en el futuro, al tema de fondo.
Del marketing como forma de enfrentar la opinión pública merece que se digan algunas cosas. El gobierno ha logrado instalar el debate sobre si la seguridad social es redituable o deficitaria. Falta preguntarle por qué tiene que dar superávit. ¿Para qué está el Estado? Pero volvamos a Pastor.
El presidente reconoce que prometió “no cambiar las edades mínimas para el beneficio jubilatorio”. Pero ahora dice que los técnicos sostienen que es imposible cumplir esa promesa electoral. No cierran los números. Con el manejo informativo quiere que alguna gente diga “bueno, no se pudo”. Pregunto: ¿quiere decir que prometió algo que no sabía si era posible? ¿Así de improvisado fue su programa?
Debemos agregar que muchas de las cosas que dice hacer por mandato de la gente fueron negociadas antes del reparto de cargos para conformar la coalición multicolor. O sea, después de la elección. Si la gente ya había votado ¿cómo puede considerar el contenido de esas negociaciones “un mandato popular”?
También me pregunto: ¿cuánto dio a conocer antes de la elección su programa de gobierno? Cada vez que el peso de una medida recae sobre la mayoría más vulnerable, él sostiene que estaba contenido en su programa, el el punto x, inciso xx. Pero no se dio a conocer. El programa obliga y legitima si forma parte de la propuesta y el debate electoral. Si no, no.
Decía Wilson que “la democracia era el gobierno de las mayorías con participación de las minorías”. No obstante, las únicas instancias de diálogo con la oposición son la que esta misma ha generado. De lo contrario, ni a él ni demás integrantes se les puede preguntar la hora sin que, antes de contestar, dediquen la mitad del tiempo a criticar al gobierno anterior.
Tanto él como su delfín y los aspirantes a serlo describen los derechos gremiales como un mal necesario. Pero no consideran legítima la participación de los gremios en el debate estrictamente político.
Sin embargo, Wilson dijo en junio del 83: “No se puede pensar en los cambios estructurales que el país necesita sin la cita participación que el país necesita, sin la activa participación de los trabajadores organizados que en mi país, los representa la CNT, a la que podrán ilegalizar, pero no borrar de la historia de mi país”. Sin comentarios.